argentina

represor con orden de arraigo

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La Justicia prohibió salir del país a un ex funcionario acusado de complicidad con la dictadura.

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Mendoza, Argentina. El juez federal Walter Bento tomó esa medida contra el exsubsecretario de Seguridad de Mendoza Carlos Rico, imputado por la Cámara Federal como presunto partícipe en crímenes de lesa humanidad. El hombre había sido señalado por organismos de derechos humanos por haberse hallado su firma en documentos que indicaban el traslado de detenidos en forma clandestina y por haber trabajado en el Centro de Instrucción Contrasubversivo, que manejaba la Policía Federal.
El abogado Diego Lavado, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, precisó que "lo primero que aparece es la participación de Rico en el Centro de Instrucción Contra Subversivos, y el alegó que era simplemente un instructor, un represor teórico". Según el letrado, el acusado "daba las instrucciones de cómo actuar" y "lo que después fue surgiendo es su participación directa dentro del Departamento de Información de la Policía de Mendoza" donde "tenía un rol de actor directo sobre este tipo de cosas".
En tanto, diputados radicales pidieron al gobierno de la provincia que sea querellante en este caso. "Todo el gabinete debería asistir a la Cámara Federal, incluido el candidato a gobernador del PJ Francisco Pérez, para aportar todos los datos necesarios a fin de que se esclarezca el caso", sostuvieron a través de un comunicado.
"Este señor fue el secretario de Seguridad durante los primeros meses de la actual gestión provincial, cuando el justicialismo tercerizó la seguridad mendocina y la dejó en manos del Partido Demócrata", dijeron los legisladores Daniel Dimartino, Roberto Infante y Néstor Parés, quienes formalizarán el pedido mediante un proyecto de resolución que pedirán tratarlo el miércoles durante una sesión.
18 de septiembre de 2011
17 de septiembre de 2011
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marcha de la noche de los lápices

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Memoria, Verdad y Justicia. Marcha para recordar La Noche de los Lápices.

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Argentina. Estudiantes, organismos de derechos humanos, sindicatos y militantes de distintas organizaciones sociales y políticas marcharon en La Plata para recordar el 35 aniversario del secuestro y desaparición de un grupo de alumnos secundarios, militantes de la UES, durante la última dictadura militar.

Además de los familiares y compañeros de las víctimas, estuvieron presentes, entre otros, dirigentes del Ateneo Jauretche, de la agrupación John William Cooke, del Movimiento Evita, de la Juventud Sindical, de la CTA provincial y de la Unión de Estudiantes Secundarios, la organización en la que militaban los adolescentes secuestrados. Andrés Larroque, de la Cámpora, afirmó que "las nuevas generaciones que recuerdan a aquellos chicos de la Noche de los Lápices son quienes construirán la Argentina del futuro", y atribuyó la masiva concurrencia de jóvenes a que "la política volvió a enamorar, porque no traicionó las convicciones". "Este Gobierno marcó un antes y un después acerca de los derechos humanos", agregó.
Adelina de Alaye, integrante de Madres de Plaza de Mayo, señaló que la movilización de la jornada demostraba "el triunfo de la verdad, porque la gente aquí presente nos está diciendo que lentamente estamos acumulando pruebas para construir la memoria".
El titular de Suteba, Roberto Baradel, por su parte, aseguró que "estamos orgullosos de ser protagonistas de este tiempo histórico y político. (...) Hay que profundizar la lucha contra la impunidad", concluyó.
El gobierno de la Provincia, a su vez, estableció que durante toda la semana del 16 de septiembre alumnos y profesores de las escuelas secundarias conmemoren la "Semana de los Derechos de los Estudiantes Secundarios". En coincidencia con un nuevo aniversario de "La Noche..." el Concejo Deliberante de La Plata aprobó por primera vez el Boleto Universitario, al que podrán acceder los estudiantes que cursen en las universidades públicas de la ciudad.
18 de septiembre de 2011
16 de septiembre de 2011
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le quitaron el sueldo

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El Consejo de la Magistratura resolvió que se le deje de pagar a Otilio Romano. La decisión de cancelarle los haberes, que según los consejeros rondan los 40 mil pesos, fue unánime. Se tomó en respuesta a la huida del suspendido camarista a Chile para eludir los procesos que se le siguen por su participación en crímenes de lesa humanidad.

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[Irina Hauser] Argentina. El suspendido camarista Otilio Romano, apoltronado en una playa chilena para evitar ser juzgado en Argentina por violaciones a los derechos humanos, no podrá cobrar su sueldo mientras siga fugitivo y pidiendo refugio al país vecino. Así lo resolvió ayer por unanimidad el Consejo de la Magistratura, que el 25 de agosto último había ordenado la apertura del juicio político en su contra. El organismo fundamentó que la "conducta" de Romano de sustraerse al juicio penal donde se le imputan 103 casos de crímenes de lesa humanidad y eludir el proceso de remoción es "incompatible con el mantenimiento de las prerrogativas" de "un juez federal". El razonamiento de los consejeros es que el Estado no debe financiarle su estadía como prófugo en ninguna parte. También votaron que su huida debería ser un agravante en el proceso de destitución.
Según calculan en el Consejo de la Magistratura, los haberes de Romano deben rondar los 40 mil pesos. Hasta ayer se supone que podía retirarlos desde el exterior con su tarjeta de débito o crédito, pero el cuerpo de consejeros resolvió que ya no se los depositará. La decisión fue tomada en un plenario al que faltaron el camarista antikirchnerista Ricardo Recondo –quien está en el exterior– y el diputado de la UCR Oscar Aguad. El senador Mario Cimadevilla y el abogado mendocino Daniel Ostropolsky, ambos radicales, plantearon dudas sobre si correspondía quitarle el sueldo teniendo en cuenta que no fue destituido. Se acordó que mientras siga sin presentarse ante la Justicia y el jury de enjuiciamiento no cobra. Si vuelve y lo hace, hay marcha atrás.
Después de lograr dilatar durante un año y medio la apertura del juicio político en su contra Romano fue suspendido el 25 de agosto último. Se va a Chile un día antes. Ante el gobierno de Sebastián Piñera pidió asilo político y le dieron ocho meses de visa mientras evalúan su petición. El Consejo recuerda en su resolución de ayer que la acusación aprobada contra el camarista se basó en "gravísimas imputaciones" relacionadas con su actuación como fiscal y juez subrogante en complicidad con el terrorismo de Estado, ya desde la época de la Triple A. Señala, además, que el cuerpo tuvo en cuenta que estaba procesado por "su participación en numerosos delitos de lesa humanidad" como secuestros, desapariciones, robo de bienes y allanamientos ilegales, por los que además "existe un requerimiento de elevación a juicio oral".
Todo indicaría que, de acuerdo a la legislación y las convenciones a las que adhirió Chile, no hay razones para que cobije a Romano. El camarista suspendido estuvo anteayer ante la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. Todo indicaría que alega ser un "perseguido político". En un próximo paso tendrá una entrevista de "elegibilidad".
Todo esto se podría transformar en un juicio de extradición si la Justicia argentina pidiera la captura y detención de Romano, y el Gobierno solicitara que lo devuelvan para juzgarlo. El fiscal Omar Palermo, que ha llevado adelante la investigación penal en su contra ya le pidió al juez del caso, Walter Bento, la captura internacional. Hasta ayer Bento no había tomado decisión alguna. No está descartado que tome alguna resolución intermedia, como una exigencia de que comparezca en su tribunal. Una de sus principales dudas pasaría por si Romano tiene o no inmunidad de arresto, teniendo en cuenta que aún no fue destituido y conserva el cargo de juez. Según Palermo ya no tiene protección de los fueros. Entiende que los fueros son a la función, que el camarista suspendido abandonó para evitar comparecer ante la Justicia. En ese caso, la inmunidad de arresto, según el fiscal, sería garantía de impunidad.
El Consejo evaluó ayer que "la intención del magistrado acusado de sustraerse al proceso judicial en trámite tanto ante la Justicia federal de Mendoza, cuanto el proceso de remoción iniciado ante el jurado de enjuiciamiento (...) denotan el apartamiento de los deberes mínimos indispensables para hacerse acreedor de la contraprestación correspondiente al estatus judicial". El consejero Hernán Ordiales –representante del Poder Ejecutivo– e impulsor del dictamen que llevó a Romano al jury, tradujo: "Un juez que se fuga no tiene derecho a cobrar su sueldo porque le estaríamos financiando la contumacia de prófugo". El cuerpo de consejeros, además, resolvió pedirle al jurado de enjuiciamiento que incorpore como un cargo más el hecho de que Romano se haya escapado para evitar ser juzgado.
El jurado de enjuiciamiento, que tiene plazo formal hasta mitad de febrero para resolver si remueve a Romano, se hizo eco de lo que algunos de sus miembros consideraron una situación de suma gravedad y se reunió el lunes último para analizar las posibilidades de acelerar el proceso. Según los cálculos, para respetar todos los plazos procesales empezarían en noviembre. Se podrá hacer en ausencia del acusado, pero tendrá que estar siempre su defensor oficial, Fabiana León, designada porque Romano no presentó abogados propios. En el ínterin, habrá que ver qué hace el gobierno chileno y, si hay pedido de extradición, sus jueces.
17 de septiembre de 2011
16 de septiembre de 2011
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carlotto recibió premio de unesco

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Estela de Carlotto recibió el Premio Fomento de la Paz en la sede de la UNESCO junto a Cristina Kirchner. El organismo concedió ayer su distinción más importante a las Abuelas de Plaza de Mayo en reconocimiento a su labor. Estela de Carlotto agradeció: "Tenemos el compromiso de no renunciar a la lucha". También habló CFK.

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[Victoria Ginzberg] París, Francia. "Abuelas de la Plaza, el mundo las abraza." La frase resonó en el gran salón de la Unesco en el momento en que la directora del organismo internacional, Irina Bokova, y el ex presidente de Portugal Mario Soares concretaban la entrega formal a Estela de Carlotto del premio Félix Houphouët-Boigny de Fomento de la Paz. "No somos heroínas ni diferentes, sólo somos mujeres, madres, abuelas", resumió después la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Y le contestó una ovación.
Desde temprano, los alrededores de la Place de Fontenoy, donde queda la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se fue llenando de gente que hacía fila bajo un estricto operativo de seguridad. La parte superior de la torre Eiffel se podía ver con solo levantar la cabeza. Túnicas brillantes, pañuelos, vestidos y sombreros de colores fuertes poblaban el lugar, ya que la distinción otorgada a las Abuelas fue establecida por los países africanos (lleva el nombre del primer presidente de Costa de Marfil independiente) y sus delegaciones eran mayoría.
Adentro, los argentinos se ubicaron en las primeras filas del auditorio. Allí estaban las abuelas Rosa Roisinblit, Elsa Oesterheld y Buscarita Roa, los nietos que recuperaron su identidad y los funcionarios que habían acompañado a la Presidenta en su viaje a París. En el escenario, delante de una pared con el logo de la Unesco y las banderas de todos los países miembro, se sentaron Estela de Carlotto, Cristina Kirchner, Bokova, Soares (fue el presidente del jurado), el ministro de Justicia y Libertades francés, Michel Mercier, y una decena de representantes de naciones africanas. En un costado se ubicó el coro de la Unesco, que dio inicio a la ceremonia con el "Laudate Dominum" de Mozart.
El acto continuó con los discursos de casi todos los que estaban en el escenario, empezando por los presidentes de los países que habían impulsado la creación del premio y que dedicaban varios minutos a agradecerse una y otra vez entre ellos. Pero el lugar distaba de ser solemne. Cada vez que uno de los jefes de Estado se acercaba al micrófono, una barra lo vivaba con melodías de cancha, chiflidos y agite de banderines. "Son los groupies", describió una persona del lugar.
Cuando le tocó el turno a Cristina Kirchner, los argentinos no fueron menos y alentaron y aplaudieron de pie. "Hoy estoy aquí en mi doble condición. No solamente como presidenta de la República Argentina, sino como una ciudadana más", comenzó CFK. "Quiero hacer un homenaje –dijo– en la figura de Estela a todos aquellos que durante muchísimos años reclamaron justicia. Estas mujeres jamás preconizaron o hicieron uso de la violencia. Al contrario, aun cuando casi todos habían perdido las esperanzas, siguieron reclamando ante los tribunales, ante los jueces del país, ante el Parlamento argentino, ante los distintos Poderes Ejecutivos, justicia, memoria y verdad. Recuerdo haber dicho en mi intervención en la Cámara de Senadores (en el debate por la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida) que no sé si a mí me hubieran arrebatado un hijo y no lo hubiera podido ni siquiera llorar o llevar una flor a su tumba, si hubiera tenido la entereza y la fortaleza para reclamar justicia, memoria, verdad en el tono y en la forma en que estas mujeres lo hicieron. Creo que esto es lo distintivo de ellas. No es solamente haber logrado recuperar identidad, sino haber podido persistir sin caer en esas falencias de la condición humana, que son muchas veces los instintos de venganza o de querer hacer justicia por la propia mano. Nada más alejado de estas mujeres que parecían muy débiles, que algunos calificaron de locas y creo que eran las más cuerdas y las más racionales en aquellos momentos en la Argentina."
También describió al país como "un modelo de lo que debe ser un estado de derecho respetuoso de la vigencia de los derechos humanos en forma irrestricta" y recordó al ex presidente Néstor Kirchner. "Quiero decirles–-agregó– que la Argentina necesita de la memoria, necesita de la verdad, necesita de la justicia para dar vuelta esa página dolorosa que vivimos. Queremos dar vuelta esa página dolorosa, queremos recuperar a los nietos que nos faltan todavía y queremos, además, que, finalmente, se termine dando justicia a todos aquellos que la han reclamado."
Antes, la directora de la Unesco dijo que como madre y como abuela saludaba la lucha de las Abuelas y su valentía: "A través de sus gestiones, ustedes han abierto el camino para una nueva Argentina". La última en hablar fue Carlotto, que agradeció a la Unesco en nombre de todas las Abuelas y también elogió a Néstor y Cristina Kirchner.
Dijo que las mujeres que integran la organización que preside están lejos de ser el prototipo de la abuela de cabello blanco y anteojos caídos sobre la nariz que se abraza a su nieto en un sillón mientras le cuenta historias: "No estamos sentadas, el sillón está tan vacío como los brazos. En constante peregrinaje por el mundo en busca de nuestros hijos y nietos nació una lucha colectiva de Madres, Abuelas y Familiares que reclamaban por sus seres queridos". Carlotto señaló que su tarea está guiada por amor y sentimientos pacíficos, pero que eran implacables en la convicción de buscar la verdad y la justicia y que, por su tarea, que tiene repercusiones en diferentes ámbitos, las llaman "abridoras de caminos".
"Tenemos el compromiso de no renunciar a la lucha. Y la advertencia de que este despojo no podrá repetirse en ningún lugar del mundo porque habrá mujeres que, como nosotras, se levanten para defender el cachorro. Se sabrá que hay lucha en paz para que nunca más sea posible tal despojo. No somos heroínas ni somos diferentes, sólo somos mujeres, madres, abuelas", cerró su discurso y fue aplaudida por todo el auditorio, del que formaban parte, entre otros, la ex primera dama francesa Danielle Mitterrand, el ex primer ministro Lionel Jospin y el actual alcalde de París, Bertrand Delanoe.
Como cierre de la ceremonia del premio que ya recibieron Lula, Nelson Mandela, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin y Shimon Peres, entre otros, el pianista y embajador Miguel Angel Estrella tocó con su cuarteto cuatro ritmos del Unasur, entre ellos "Alfonsina y el mar". CFK y Carlotto escuchaban desde el escenario. La presidenta de Abuelas miraba al público. La sala estaba oscura, pero sabía que allí cerca estaban ocho de los 105 chicos que habían recuperado su identidad. Uno de ellos, Horacio Pietragalla, la miraba y lloraba.
15 de septiembre de 2011
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revelaciones en caso raquel negro

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Un bebé aislado y sin nombre. Una enfermera contó que hubo un bebé internado como NN y aislado del resto en la sala de neonatología del Instituto Privado de Pediatría. Se presume que sería el mellizo varón de Raquel Negro y por cual se juzga a seis represores.

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[Juan Cruz Varela] Paraná, Argentina. Cierta conmoción causó en la sala de audiencias el testimonio de una enfermera del Instituto Privado de Pediatría. No tanto por la contundencia ni por la sensación que dejó en el ambiente de que tal vez guardara para sí algún dato, sino por lo sorpresivo del testimonio. Ciertamente, nadie lo esperaba; y entonces obligó a reorientar algunas estrategias en el juicio contra seis represores por robo de bebés. "Me parece que había un niño proveniente del Hospital Militar, pero estuvo poco tiempo, tal vez un día y medio o dos; lo tenían separado, estaba aislado en otro sector de la sala de neonatología, en una incubadora de emergencia que se utilizaba para chicos en riesgo; eso me quedó grabado", dijo Imelda Princic. Fue toda una novedad lo que contó la enfermera que trabajó solo unos meses en el Instituto Privado de Pediatría (IPP). "El que le daba atención era el doctor (Miguel Alberto) Torrealday", dijo al tribunal, aludiendo a uno de los dueños de la institución y actual asesor del Ministerio de Salud de Entre Ríos, que declaró dos veces la semana pasada en este juicio. Además, un militar retirado afirmó que mujeres detenidas eran trasladadas a Paraná a tener familia y luego desaparecían y sus hijos tenían "destino desconocido".
La enfermera volvió a poner de relieve el rol que desempeñó uno de los propietarios del instituto privado al que fueron derivados los hijos mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos durante el cautiverio de su madre en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978.
La sala de neonatología del IPP estaba dividida en dos espacios, uno para incubadoras y otro para cunas, pero también tenía un codo en el que había una incubadora sin caparazón, separada del resto, cerca de la sala de enfermeras, donde se ubicaba a chicos "con alguna situación especial o de mayor gravedad", según dijo. Lo que llamó la atención a esta mujer es que "este nene estaba bien, normal", pero también el hecho de que en la tarjeta de identificación que tenían la incubadoras ésta decía NN.
El chico provenía, según dijo, del Hospital Militar, pero no recuerda que le hubieran comentado que se tratara del hijo de una "guerrillera" o "extremista", como refiriera otra enfermera, y tampoco que alguien fuera a visitarlo mientras duró su estadía en la sala de neonatología. Sin embargo, cuando preguntó al médico por qué la tarjeta decía NN, Torrealday "primero no quiso contestar y después dijo que la familia estaba viendo qué hacer con el bebé". Luego de varias repreguntas, y con ciertas dudas, terminó por manifestar que el médico le refirió que "los familiares del chico no sabían si le pondrían el apellido del padre o de la madre", aunque ella misma consideró que "fue una respuesta medio confusa con la que me quiso conformar". Y acotó: "En esa época no se podía preguntar y si alguien preguntaba, los médicos no contestaban".
Más tarde declaró un militar retirado que se desempeñaba en el predio donde funcionaban los batallones de comunicaciones e ingenieros -allí estaba el centro clandestino de detención más importante de la provincia de Entre Ríos- y también el Hospital Militar. Joe Erbetta, que hacía guardia en la barrera de ingreso, contó que cada persona que ingresaba quedaba registrada en una planilla y apuntó que "en los primeros años ingresaban muchos agentes de inteligencia, pertenecientes a lo que en esa época se llamaban grupos de tareas. Llegaban desde Rosario, Santa Fe y Paraná y, por lo general, estaban vestidos de civil". A pedido de los fiscales, se paró frente a los seis represores imputados y reconoció a Juan Daniel Amelong como uno de ellos.
Erbetta dijo además que el coronel Ulises Schort, que era jefe de distrito militar, le contó sobre la presencia de mujeres que eran trasladadas desde otros centros clandestinos de detención a dar a luz en Paraná. "Entraban mujeres embarazadas a parir en el Hospital Militar", dijo sin poder precisar cuántas ni con qué frecuencia. "Schort tenía reuniones permanentes con Trimarco y después me comentaba que estaban pasando cosas raras, que ingresaban mujeres a tener familia y que luego las mujeres desaparecían y los hijos tenían destino desconocido. Incluso en ese momento se mencionó mucho un parto de mellizos". Pero no pudo dar más datos.
El militar tiene un hermano que fue secuestrado el 16 de agosto de 1976 y permanece desaparecido. El 10 de septiembre, menos de un mes después, fue convocado a la oficina del general Juan Carlos Trimarco, entonces el jefe de la represión en Entre Ríos, quien lo amenazó apuntándole con un arma para que no busque más a su hermano; y a partir de ese momento tuvo limitados sus movimientos dentro del predio.
Ayer declaró también el periodista Carlos Del Frade, quien dio cuenta de los encuentros y entrevistas que tuvo con Eduardo Costanzo, el ex agente de inteligencia e integrante de la patota rosarina que rompió el pacto de silencio militar.
15 de septiembre de 2011
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el plan de los genocidas

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El alegato del fiscal federal Gonzalo Stara.

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Argentina. En el marco de la causa Díaz Bessone ayer fue el turno del alegato del fiscal federal Gonzalo Stara, quien profundizó sobre "la formación y el plan de los genocidas". Entre sus argumentos el fiscal sostuvo que tanto el fallecido comandante Agustín Feced como el ex general Ramón Genaro Díaz Bessone "tenían en claro desde mucho antes del golpe del 76 cuáles eran sus responsabilidades para llevar adelante su lucha contra la subversión". Y que las torturas y desapariciones eran parte del plan sistemático premeditado.
En esta primera parte de la presentación, Stara analizó la estructura, ideología y normativas con las que los militares argentinos llevaron adelante el denominado "Proceso de Reorganización Nacional".
Retomó el documental ‘Escuadrones de la muerte. La escuela francesa de Marie-Monique Robin’, quien fue una de las testigos que desfiló ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 a través de una teleconferencia desde Francia. En este trabajo mostró cómo el aparato militar local actuó bajo la influencia de la formación francesa y su experiencia en Argelia. Además, recolectó los testimonios de militares argentinos, entre ellos el principal imputado de la causa, Díaz Bessone, ex jefe del II Cuerpo del Ejército.
En sus relatos los represores reconocieron la aplicación de un plan sistemático en el que la detención, interrogatorios con torturas y posterior desaparición de personas fueron pensadas de antemano. Stara retomó una de las frases dichas por los militares en la que afirmaron que "no es necesario dañar mucho al enemigo ni mutilarlo, sino que para eso existe la picana", en relación al proceso de obtención de información.
Con este documental se intentó comprobar que las enseñanzas de la escuela francesa tuvo a "Díaz Bessone como su mejor alumno pero también a ex jefe de la policía Agustín Feced". Además de demostrar que la figura del desaparecido fue introducida y premeditada, ya que los mismos represores reconocieron que no mantenían a los detenidos presos porque en un futuro podían ser liberados por un gobierno constitucional teniendo la posibilidad "de volver a tomar las armas". Tampoco consideraron adecuada la opción del fusilamiento porque "se nos hubiese venido encima el Papa y el mundo".
El fiscal también detalló cómo cada jefe de los diferentes Cuerpos de Ejército tenía las directivas claras de cómo llevar adelante las acciones que se le asignaban y eso lo citó de un documento que fue llamado el Plan Ejecutivo para el Marco Interno de 1972.
14 de septiembre de 2011
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piden perpetua para díaz bessone

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Pedido de penas de Familiares y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Solicitaron prisión perpetua para Díaz Bessone y Lofiego y 25 años de prisión para Marcote, Vergara, Scortechini y Chomicki. Es la primera querella que reclamó condena para el ex militante que terminó siendo miembro de la patota de Feced.

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[José Maggi] Argentina. El equipo jurídico de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Rosario y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, culminó ayer su alegato y pidió que se condene a la pena de prisión perpetua e inhabilitación perpetua y absoluta a Ramón Genaro Díaz Bessone y a José Rubén Lofiego y a la pena de 25 años de prisión e inhabilitación perpetua y absoluta a Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Antonio Scortechini y Ricardo Miguel Chomicki, por ser autores del delito de genocidio.
El rasgo distintivo de este pedido que conmovió a los presentes en la sala de audiencias del tribunal federal fue el pedido contra Chomicki, ex militante devenido en miembro de la patota de Feced a quien calificaron como "como partícipe necesario en los delitos de la privación ilegal de libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por su duración, en perjuicio de José Aloisio, Gustavo Píccolo, Ana María Moro de Cheroni, María Inés Luchetti de Bettanin, Elba Juana Ferraro de Bettanín, Juan Carlos Ramos, Generoso Ramos Peralta, Juan Alberto Fernández, Marcelino Panicalli, Francisca Van Bove de Espinoza, Benito Espinoza, Máximo Antonio Mur y Analía Minetti".
Asi como el delitos de "privación ilegal de libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por su duración, en concurso real con el delitos de tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos de Mirta Isabel Castellini, Osvaldo Daniel Bas y Mansilla, Adrián Jorge Sánchez y Hugo Cheroni". Todo esto "en concurso real con el delito de asociación ilícita agravada en carácter de miembro" por lo que pidieron la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
En su alegato Gabriela Durruty argumentó que "todas las víctimas cuya suerte se investiga en esta causa sufrieron delitos de tal magnitud que repugnan a la humanidad como tal. El recuerdo de tales acontecimientos se vuelve insoportable cuando ante ellos la sociedad reacciona como si fuesen un acontecer más dentro del orden corriente de las cosas, cuando en realidad ha obedecido a un orden que en nuestro presente nunca aceptaríamos voluntariamente como orden corriente de nuestra vida social. Aquello que permanezca como injusto en la memoria social tiene que ser declarado injusto en la memoria jurídica, y la memoria jurídica ha de coincidir con la memoria social", apuntó la letrada que conforma una equipo junto a Leticia Fascendini, Daniela Asinari y Jesica Pellegrini.
"Si algún sentido tiene en estos casos la sanción penal, es precisamente redignificar a las víctimas y la disuasión o prevención general negativa. El concierto de las naciones no pudo imaginar crímenes más terribles. Por eso los calificó de lesa humanidad. Por eso son imprescriptibles", señaló Durruty.
Un planteo novedoso que introdujo la querella fue solicitar además la condena por el delito de Desaparición Forzada Agravada recientemente incorporado al Código Penal cometido contra Oscar Manzur, Carlos Ignacio Kruppa, Osvaldo Matoski Severin y Alberto Tion.
Las abogadas solicitaron además al Tribunal que los penados cumplan sus condenas en cárceles comunes, al cuidado del Servicio Penitenciario Federal y desde el momento mismo del dictado de la sentencia. "Si luego de la búsqueda de justicia durante tantos años, frente a quienes se resistieron a ello, no se los condena a cumplir su condena en una cárcel común, es una forma de seguir perpetuando la impunidad y de desbaratar todo el sistema jurídico argentino, que se caracterizará por tener las cárceles llenas de personas socialmente excluidas condenados por delitos menores, y a los genocidas cómodamente en su casa, burlando nuevamente la ley".
Cabe destacar que de los seis imputados en la causa, sólo Díaz Bessone se encuentra con prisión domiciliaria, el resto permanece en libertad.
La audiencia continuará hoy a las 9.30. Se esperará la evolución del estado de salud del imputado Díaz Bessone quien a través de su abogado manifestó encontrarse enfermo. De proseguir la audiencia comenzará el alegato de la Fiscalía a cargo de Gonzalo Stara.
14 de septiembre de 2011
13 de septiembre de 2011
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aceleran juicio político de romano

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El proceso para destituir al juez Romano podría comenzar en octubre y concluir antes de fin de año. El jury se reunió para analizar cómo avanzar con el enjuiciamiento al camarista mendocino que huyó a Chile. Mientras, el juez Bento evalúa pedir la captura internacional de Romano por delitos de lesa humanidad. Para la fiscalía, perdió la inmunidad de arresto.

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[Irina Hauser] Argentina. El Jurado de Enjuiciamiento se reunió ayer para encaminar los trámites del juicio político al camarista mendocino Otilio Romano, que huyó a Chile el 24 de agosto pasado, un día antes de terminar suspendido en su cargo por haber actuado como fiscal y juez subrogante en complicidad con el terrorismo de Estado. Los integrantes del jury hicieron cálculos para acelerar el enjuiciamiento respetando todos los pasos y plazos y estimaron que podría comenzar entre fines de octubre y noviembre. Las audiencias se pueden hacer en ausencia del acusado. Mientras tanto, el juez Walter Bento analiza –en función de un planteo del fiscal Omar Palermo– la posibilidad de pedir la captura internacional y detención de Romano en la causa en la que está procesado como partícipe primario en 103 casos de secuestros, torturas, desapariciones y otros delitos de lesa humanidad.
Todo indicaría que el dilema del juez Bento pasa por un punto: si Romano tiene o no inmunidad de arresto. Para que pierda formalmente su cargo tiene que destituirlo el jury de enjuiciamiento, y para eso habrá que esperar todavía algunas semanas. Sin embargo, el fiscal Palermo considera que ya no goza de la protección de los fueros y por eso pidió su captura y detención en un dictamen de catorce páginas. Sostuvo que la "inmunidad de arresto" es "una protección a la función judicial", pero "en modo alguno puede blindar de impunidad a la persona del funcionario". Señaló que la suspensión de Romano y las pruebas en la causa penal muestran que con su fuga "está eludiendo la acción de la Justicia". "La inmunidad –sostiene el fiscal– ya no protege a la función que ha sido abandonada por el propio enjuiciado" y "se está volviendo el instrumento garantizador de la impunidad" frente a los delitos de lesa humanidad que se le atribuyen.
Apurar el paso del jurado de enjuiciamiento despejaría un punto de discusión, si es que el proceso terminara, como se perfila, en la destitución. Por ahora, la situación real es que Romano tiene ocho meses de visa transitoria para estar en Chile, mientras el gobierno vecino analiza si le da el asilo político que pidió. Ayer tenía la posibilidad de presentarse a dar argumentos ante la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, pero no lo hizo. El presidente de la Corte Suprema chilena, Milton Juica, dijo ayer que si bien hay un mecanismo político ante pedidos de refugio, "también hay un mecanismo jurisdiccional si las autoridades judiciales argentinas requieren a los tribunales chilenos para el pedido de extradición correspondiente". Es decir, el juicio de extradición se hará sólo cuando haya un pedido de algún juez argentino y de todos modos podría llevar varios meses.
"La importancia de que el juez Bento pida la captura y detención es que eso garantiza dos cosas: que Romano se queda sin refugio, porque Chile debe aplicar las convenciones contra la tortura, las desapariciones forzadas y de refugiados, que excluyen de ese beneficio a los acusados de crímenes de lesa humanidad. Pero además, aunque demore la extradición, podría quedar detenido en territorio chileno", le dijo a Página/12 el abogado Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza, impulsor de las causas contra el camarista suspendido.
Bento le pidió ayer al Consejo de la Magistratura que le notifique en forma oficial la situación de Romano. Enseguida le contestaron que está suspendido y se debe sustanciar el juicio político. Una de las variantes que analiza el magistrado es exigir a Romano su inmediata comparecencia en la causa. En despachos judiciales mendocinos y organismos de derechos humanos temen que si nadie pide su captura, escape de Chile a otra parte.
En la reunión de ayer, el jury, que preside la jueza tucumana Alicia Noli, pasó en limpio la situación y calculó cuál sería la fecha más próxima en que podrían comenzar las audiencias. Como Romano no se presentó ni puso abogados, le asignaron una defensora oficial, Fabiana León. Le notificaron la acusación y tiene diez días para contestar, que se cumplen la semana próxima. Luego hay 15 días para la producción de pruebas y luego un mes para las partes. A menos que alguien desista de algún paso, es difícil que el proceso comience antes de noviembre. El jurado, de todos modos, apuesta a dictar sentencia antes de fin de año. Si Romano no es expulsado de Chile ni vuelve al país, León lo representará en el juicio político.
En el Congreso, los diputados Diana Conti, Remo Carlotto y Adela Segura presentaron un proyecto para repudiar la fuga de Romano. En el texto dicen que es "indispensable que Chile devuelva a Romano" para juzgarlo. En Mendoza, presentó un proyecto de repudio el diputado justicialista Gustavo Arenas.
13 de septiembre de 2011
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