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ventana al infierno del circuito camps


Empezó el megajuicio por el secuestro y desaparición de 281 víctimas en el circuito represivo de Ramón Camps. Durante un año y medio, más de 500 testigos contarán cómo fue el operativo en el que se secuestró a la hija de Chicha Mariani, cómo se torturó a los chicos de la Noche de los Lápices, qué le hicieron a Jacobo Timerman, entre otras causas emblemáticas.
[Alejandra Dandan] Argentina. Esas palabras que podían llegar a perforarles los oídos a medida que bajaban esposados de los móviles del Servicio Penitenciario Federal se potenciaron, abrumadoras, dentro de la sala, acaso acentuadas por las escenográficas formas del Teatro platense de la AMIA. Víctimas y sus victimarios se juntaron cuando todo estaba listo para comenzar un juicio histórico: el primero oral por los crímenes cometidos durante la dictadura en los centros clandestinos que integraron el llamado Circuito Camps. Pese a eso, a que todo estaba listo, algo pasó. Durante veinte minutos la sala estuvo sin los jueces del Tribunal Oral Criminal Federal 1. Como en un ritual en el que de pronto se alteran todas las rutinas, las víctimas, solas, frente a las espaldas de los acusados, soltaron lo único que tenían a mano: sus palabras. ¡Cobardessss!, gritó alguien. ¡Asesino! ¡Hijos de putaaaa!, decía la sala convertida en una única voz. ¡Abusadores! ¡Violadores! ¡Pervertidos!, seguían. Y empezaron a pronunciar el nombre mántrico de los caídos: Jorge Julio López, Adriana Calvo. "¡Pónganle esposas al segundo que se hace el rengooo!", dijeron. "¡Contestá dónde está López!", se oyó. Dijeron y cantaron "Como a los nazis...". Dijeron presente por los 30 mil desaparecidos. Volvieron a cantar hasta que entonces sí, dos horas después del comienzo previsto, y mucho después de que cada uno haya ocupado su lugar, el presidente del TOCF 1 Carlos Rozanski entró a empezar con el juicio.
El proceso que comenzó en La Plata tiene las dimensiones de una megacausa. Varios tramos de seis centros clandestinos que integraron el circuito de la Jefatura de Policía bonaerense a cargo del brutal Ramón Camps confluyeron en este juicio que reunirá durante un año y medio el tránsito de más de 500 testigos, por 281 víctimas, entre las que hay menores de edad y embarazadas, en contra de 26 represores, entre los cuales están las figuras negras de la represión de la provincia.
El jefe de la Brigada de Inteligencia de la Policía Bonaerense –el primer lugar al que llegaban las víctimas secuestradas y espacio de distribución de los prisioneros–, el policía Miguel Etchecolatz todavía no había llegado a la sala cuando empezó la audiencia. En ese comienzo, en cambio, se habían sentado los otros acusados, tres de los cuales subieron al escenario arrastrados en sillas de ruedas. Entre ellos, dos de los tres militares juzgados: Ibérico Saint Jean, ex gobernador bonaerense que llegó al juicio defendido por su hijo. Agustín Arias Duval, el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y entre los dos se sentó el médico de policía Jorge Bergés, también reducido a la silla de ruedas. El resto ocupó otras tres tumultuosas hileras. En un extremo, se sentó el primer civil con rango de ministro que llega a ser juzgado por delitos de lesa humanidad: Jaime Lamont Smart, ex ministro de Gobierno de Saint Jean, pero además abogado que consiguió poco más tarde la autorización del Tribunal para asumir su propia defensa. La decisión, complicada, criticada en otras jurisdicciones porque de ese modo puede preguntar a los testigos y convertir el interrogatorio en una suerte de careo, le permitió rápidamente desplazarse, maletín en mano, de la silla de acusado a la mesa de los abogados. Los otros acusados son mayoritariamente los ex policías de la Bonaerense que libraron la batalla en nombre de la represión. Entre ellos, Norberto Cozzani, mano derecha de Etchecolatz, y Hugo Alberto Gullana, su chofer, acusado de robarse a Clara Anahí, la nieta de María Isabel "Chicha" Chorobick de Mariani.
Chicha también estaba ahí. Pese a sus ojos casi ciegos, a su bastón, se sentó a la espera, como en cada comienzo de juicio, de que, a lo mejor, alguno de ellos, esta vez, diga algo. "Para mí es muy distinto este juicio de los otros porque se va a juzgar el caso de Clara Anahí", dijo Chicha. "No tengo muchas esperanzas porque los veo tan crueles, tan duros, pero uno siempre espera en un rincón del corazón que uno de ellos diga la verdad, es cierto que ya se murieron muchos, pero tengo la esperanza de que alguno hable."
El hijo de Saint Jean en calidad de abogado dijo que su padre de 89 años tiene problemas de salud avalados por informes de tres peritos forenses: "¡Es estéril e ilegal que esté presenciando el debate en esta sala!", clamó. La abogada de Arias Duval pidió lo mismo e invocó un cuadro de cáncer terminal. Se sumó el abogado de Rodolfo Campos, el tercer militar juzgado, subjefe de policía de Camps.
Rozanski reprendió al Servicio Penitenciario por las demoras. Y el más demorado fue Etchecolatz, que llegó después de la una de la tarde. Ante la ausencia, el juicio empezó con la lectura de los dos únicos tramos que no lo tienen de acusado. Uno, contra Bergés por falsificación de documentos en la apropiación de Pedro Luis Nadal García, y el otro contra el policía retirado Santiago Antonini por el secuestro de Chicha Mariani el 10 de diciembre de 1976, en su casa, durante media hora, pero cuando la patota que integraba buscaba a su hijo, a días del ataque a la casa de la calle 30. Ese comienzo azaroso por la ausencia de Etchecolatz se convirtió sin embargo en una entrada simbólica porque plantó en medio de la sala el ataque a la imprenta de Montoneros y el asesinato de los militantes de la calle 30.
Antonini estuvo en la casa de Chicha Mariani después del ataque. Ella lo reconoció en una audiencia de los Juicios por la Verdad, pero él participó a su vez del ataque a la casa de la calle 30, como surge de sus fojas de servicio. La Jefatura lo felicitó después del ataque "por haber participado" y abatir a quienes mantenían ocultas armas y hacer un hallazgo que calificaron de "sorprendente", por la imprenta de Montoneros. El ataque, se recordó en la sala, buscó "anular el funcionamiento de una imprenta oculta ingeniosamente en la pared, donde se imprimía material de Montoneros". Y "el objetivo principal fue exterminar a los ocupantes de la casa". Recordaron el impresionante despliegue de fuerzas militares y policiales, la presencia anticipada de morgueros: "Esta es una muestra de la brutalidad que tenía quien comandó ese ataque, que fue Miguel Etchecolatz", recordó la elevación. Hubo despliegue de todo tipo de armamentos, explosivos, lanzacohetes. "De allí que no hubo un enfrentamiento, sino una verdadera masacre planificada que cumplió con su objetivo de eliminar a los ocupantes para hacer tronar el escarmiento a implantar en La Plata y en el país y llevarse como trofeo a la pequeña hija de dos militantes de Montoneros."
Ese será un eje al que volverá el debate en los primeros tiempos. De acuerdo con el cronograma, el debate comenzará con los casos que rodearon el ataque de la calle 30, el robo de Clara Anahí y el secuestro de Chicha. Esa escala permitirá ingresar a uno de los microcircuitos integrado por la Brigada de Investigaciones de La Plata, Comisaría V con jurisdicción en el lugar y el Pozo de Arana.
Claudia Belingieri es perito de la causa, investigadora a cargo de los archivos de la ex Dipba, la Dirección de Inteligencia de la Bonaerense. "Los 29 centros clandestinos que incluyó el Circuito Camps funcionaron en comisarías, puestos y destacamentos, es decir –dice–, estaban montados sobre la estructura de la Policía Bonaerense que conducía Camps y Camps militarizó a la policía para ponerla al servicio de la represión."
El debate avanzará así en causas emblemáticas que tuvieron lugar en ese tramo: el secuestro de los Graiver, el de Jacobo Timerman, Julio López y Adriana Calvo, quien seguramente encontrará la forma de estar presente pese a su muerte, porque la fiscalía pidió que se incorpore uno de sus últimos testimonios filmados. Lo mismo se hará con Julio López.
Emilce Moler era estudiante de Bellas Artes cuando empezó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios. Parte de los jóvenes secuestrados en la llamada Noche de los Lápices, otro de los casos que integrarán la primera parte del juicio. Emilce, que estuvo ayer en la sala, aclaró que no los secuestraron por la pelea del boleto estudiantil, que eso sucedió un año antes, que los secuestraron por la UES. Ella pasó el primer tramo de su secuestro en el Pozo de Arana, de ahí pasó a la Brigada de Quilmes, luego a la Comisaría de Valentín Alsina y luego quedó blanqueada en el Penal de Devoto hasta 1978, en que salió en libertad vigilada. "Yo siento que éste es un juicio bueno y reparador", dijo al comienzo, todavía en la entrada. "Un juicio de esta magnitud es muy emblemático porque se puede centralizar el Circuito Camps, pero porque también aparece un civil, policías y militares: es una muestra de lo que pasaba con los distintos actores que intervinieron desde distintos lugares para que la represión de una dictadura cívico-militar pudiera darse en los distintos grados."
Afuera, mientras tanto, estaban los que todavía no iban a entrar. Las banderas de HIJOS La Plata y de las agrupaciones que montaron una radio abierta. Las fotos de Jorge Julio López. El paso raudo de Etchecolatz más tarde bajando en medio de nuevos gritos de cobarde y de asesino. Las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo. Vera Jarach, Carmen Lapacó, Enriqueta Maroni, Mirta Baravalle, Elsa Pavón, Adelina de Alaye, Alba "Nieca" Martino. Las querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Justicia Ya!, Abuelas de Plaza de Mayo y Alejo Ramos Padilla, que acompañó por última vez a Chicha Mariani porque asumirá de juez en los próximos días. Entre el público, hubo sobrevivientes de todos los centros. La audiencia seguirá hoy y se hará lunes y martes en La Plata.
13 de septiembre de 2011
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la hora del circuito camps


El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, presidido por Carlos Rozanski, comenzó el juicio en el que se juzga a 26 represores, por delitos de lesa humanidad cometidos contra 281 víctimas, en seis centros clandestinos de detención.
Argentina. Entre los 22 expolicías de la Bonaerense y los tres exmilitares que presenciaron el primer día de juicio estuvieron el excomisario Miguel Etchecolatz, condenado a cadena perpetua en 2006, y el exministro del Gobierno bonaerense, Jaime Smart, primer civil con rango de ministro juzgado por delitos de lesa humanidad.      

Antes de la lectura del pedido de elevación a juicio para cada imputado, que dio comienzo al juicio, los familiares de las víctimas repitieron las denuncias que esperaron 30 años hasta el inicio del juicio: "asesinos", "genocidas", "violadores", "devuelvan a los chicos que se robaron".
Smart, por su parte, consiguió que el tribunal le permita ejercer personalmente su propia defensa. La decisión fue por mayoría, luego de que la querella y el fiscal Hernán Schapiro rechazaran esa posibilidad, ya que los jueces Mario Portela y Roberto Falcone consideraron el pedido. En tanto, el presidente del Tribunal, Carlos Rozanski, votó en contra al considerar que "la sola designación resulta en sí misma una afectación de las víctimas".
La decisión se fundamentó en el Código Procesal Penal, la Constitución y diversos tratados internacionales a los que Argentina adhiere permiten la autodefensa.
Durante la audiencia, Schapiro había advertido que "si el Código Procesal Penal autoriza al imputado ejercer su propia defensa, aclaro que esto es siempre y cuando ello no obste a la normal sustanciación del proceso. La posibilidad de que un imputado como Smart interrogue a los testigos personalmente, es uno de los supuestos que debería considerarse como una obstrucción a la continuidad del proceso".
"Pedimos que el tribunal reformule la petición y entendemos que Smart terminaría teniendo un careo con los testigos, que han sido víctimas y para preservar a las víctimas de este proceso, es que realizamos este pedido", agregó el fiscal.
En la sala del teatro platense de la AMIA, que fue preparado para desarrollar el proceso judicial, estuvieron los ex militares Ibérico Saint Jean, Agustín Arias Duval y Rodolfo Campos, y los ex policías bonaerenses Miguel Etchecolatz, Jorge Bergés (médico), Eros Tarela, Domingo Almeida, Hugo Guallama, Luis Patrault, Norberto Cozzani, Sergio Verduri, Roberto Cabrera, Santiago Antonini y Rubén Páez.
También estuvieron los ex agentes policiales Miguel Kearney, Pedro Ferriole, Jorge Lencinas, Carlos García, Horacio Luján, Fernando Svedas, Jesús Corrales, Raúl Machuca, Julio Argüello, Mario Sita y Roberto Grillo.
Etchecolatz, que cumple perpetua en el penal de Marcos Paz, se demoró en ingresar a la sala, otros tres lo hicieron en sillas de ruedas -Bergés incluido- y con bastones, mientras otro acusado llevaba un aparato de oxígeno. Uno de los abogados defensores explicó que su patrocinado tenía un cáncer terminal y pidió que se excusara su asistencia.
Las acusaciones incluyen cargos por privación ilegítima de la libertad, vejaciones, tormentos, desaparición, asesinato y sustracción, retención y ocultamiento de menores. El presidente del tribunal, Carlos Rozanski, acompañado por sus colegas Roberto Falcone y Mario Portela, explicó que para este proceso se unificaron centros clandestinos de detención que integraron parte de los que estaban a cargo del entonces jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps, "para evitar tener que hacer juicios separados que demorarán más tiempo del necesario".
Y agregó que "estos juicios, 35 años después, representan cuestiones complicadas; es un desafío para la Justicia porque no está preparada para celebrar juicios tantos años después y en el caso de Argentina porque fue el único país que tomó la decisión política y jurídica de llevar delante estos procesos".
Las audiencias son en la ex AMIA de La Plata los lunes y martes. Según Rosanski, "la dimensión de los testimonios tampoco aconseja que se haga de manera diaria porque el contenido, ritmo y los propios procesados que están afectados en su salud no admitirían este ritmo".
Los magistrados analizarán los delitos cometidos en perjuicio de 280 víctimas, entre ellas 11 mujeres embarazadas, tres niños nacidos en cautiverio y otros cuatro secuestrados junto a sus padres, en un juicio de varios meses, con unos 500 testigos.
Los seis centros clandestinos, al mando de Camps, funcionaron en la comisaría 5ta. de La Plata, la Brigada de Investigaciones de esa ciudad, el Destacamento de Arana, la subcomisaría de Don Bosco (Puesto Vasco), el Centro de Operaciones Tácticas (COT) I de Martínez y la Brigada de San Justo.
Desde 2004, cuando se iniciaron las actuaciones judiciales, fallecieron el militar Reynaldo Tabernero y los policías Osvaldo Sertorio, Rodolfo González Conti, Juan Fiorillo, Óscar Antonio Penna, Mario Alberto Jaime, Eduardo Maire, Carlos Vercellone, Alfredo Fonseca, Mario Tocho y Alberto Rousse.
En el proceso se abordarán casos emblemáticos de la represión ilegal, entre ellos el secuestro del director del diario La Opinión Jacobo Timerman; la desaparición de la niña Clara Anahí Mariani, nieta de la Abuela de Plaza de Mayo María "Chicha" Mariani; los secuestros y asesinatos de la llamada "La Noche de los Lápices", durante la cual fueron secuestrados varios militantes políticos adolescentes, muchos de los cuales continúan desaparecidos, y las torturas sufridas por el albañil Jorge Julio López, desaparecido desde hace cinco años tras declarar justamente en el primer juicio a Etchecolatz.
El testimonio de López registrado por la Comisión por la Memoria en 2006 será utilizado como prueba, ya que formó parte del "Circuito Camps" cuando fue secuestrado por primera vez. Los jueces buscarán esclarecer además la privación ilegal de la libertad de Mariani en un operativo en su casa tras el secuestro de su nieta y los secuestros de miembros de la familia del banquero David Graiver y 18 apropiaciones de menores.
Fiscales y querellantes presentarán la ampliación de la imputación por 10 casos de homicidios de detenidos desaparecidos, cuyos cuerpos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EEAF), e insistirán con la acusación de genocidio. Esa acción fue admitida por el TOF 1 al condenar a Etchecolatz, al sacerdote Cristian Von Wernich y a los agentes penitenciarios de la Unidad 9.
13 de septiembre de 2011
12 de septiembre de 2011
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romano será juzgado antes de fin de año


El Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura realizó una reunión de "emergencia" en la que decidió realizar "antes de fin de año" el juicio contra el exjuez de Mendoza Otilio Roque Romano, quien se fugó a Chile al ser suspendido en su cargo por 103 delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
Argentina. Los tiempos del jury, que legalmente podía extenderse hasta febrero para analizar la destitución de Romano, se aceleraron al conocerse el pedido de asilo político en el país trasandino. El presidente de la Corte Suprema de Chile, Milton Juica, aseguró que la Justicia "tramitará" un eventual pedido de la Argentina para extraditar al exjuez.      

Lo resuelto por el jurado en la reunión de "emergencia" acelera el inicio de las audiencias, previstas en principio para la segunda quincena de octubre, para alcanzar la destitución y pedir la captura internacional. El viernes pasado, el fiscal general Omar Palermo había reclamado el pedido captura internacional contra Romano, al afirmar que el suspendido camarista ya no cuenta con fueros que lo protejan, decisión que está en manos del juez federal Walter Bento.
Bento fue quien encontró al exjuez como partícipe primario en más de un centenar de casos que van desde torturas, pasando por secuestros, desapariciones, robo de bienes y allanamientos ilegales, en el tiempo en el que Romano se desempeñaba como fiscal y juez subrogante entre 1975 y 1983.
El 24 de agosto, Romano viajó rumbo a Chile, 24 horas antes de que el Consejo de la Magistratura lo suspendiera en sus funciones. En el país trasandino pidió una visa temporaria que le fue otorgada por ocho meses y, posteriormente, reclamó su condición de refugiado, al considerarse un perseguido en su país de origen.
Mientras la justicia argentina analiza los pasos a seguir, se espera la decisión del gobierno de Sebastián Piñera, quien por intermedio del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, aseguró que con Romano se respetará lo que marca la ley para estos casos.
Por su parte, el presidente del máximo tribunal chileno señaló que "se trata de una persona que está pidiendo asilo y hay un mecanismo político para eso. Pero también hay un mecanismo jurisdiccional si las autoridades judiciales argentinas requieren a los tribunales chilenos la extradición correspondiente".
Juica recordó que la Justicia chilena sólo podría intervenir en este caso si las autoridades argentinas emitieran un pedido de extradición. "Las garantías procesales son universales y Chile y el Poder Judicial tienen que cumplir con esas garantías. Esperemos lo que decida el Gobierno en esta materia", advirtió.
13 de septiembre de 2011
12 de septiembre de 2011
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dónde está lópez 48


La investigación sobre el destino de López no dio resultados. En el último año, el juez federal Manuel Blanco no ordenó medida alguna, mientras se fueron perdiendo los recursos humanos a disposición de la pesquisa. Unos sesenta cuerpos NN fueron a parar al expediente, pero no aportaron nada.
[Adriana Meyer] Argentina. A cinco años de su desaparición, la investigación sobre el destino de Jorge Julio López no dio ningún resultado y está paralizada. Hubo diferentes hipótesis sobre las razones de la desaparición del testigo, entre ellas que un conocido suyo intentó convencerlo de desdecirse en el juicio y como se negó lo desapareció una patota integrada por ex militares y ex policías, con apoyo de uniformados en actividad. En los hechos, el final del juicio a Etchecolatz estuvo en vilo porque los abogados que iban a hacer su alegato en base a la existencia de un genocidio no tenían un poder de López, sino que eran sus patrocinantes. Esto es, era necesaria su presencia en la sala. Sin embargo, la querella de Justicia Ya presentó un recurso extraordinario que fue aceptado por los jueces, y así pudo haber sentencia, para decepción de la defensa del ex jefe de Investigaciones de la Bonaerense.
Los primeros meses la familia se sintió investigada. Ruben dice que fueron criticados por haber tenido "una actitud tranquila, por no haber salido a cortar calles, pero cuando tuvimos que hacer alguna crítica lo hicimos en la cara, y luego en los medios". Y agrega: "Al principio pensamos que podía estar extraviado, en la causa no hay una mínima pista de nada, no se puede acusar a nadie porque no hay una sola prueba real. (López) no estaba enfermo, pero pensamos que quizás ese día que se tenía que presentar ‘le saltó la térmica’. Los días siguientes encontramos sus escritos, vinieron psicólogos y pensamos que todo podía haber sido por lo que llaman stress postraumático. Estaba lo más bien hasta el domingo a las 10 de la noche". Como cada protagonista de la historia de López, su hijo mayor tiene su propia teoría sobre las razones de su desaparición. "Alguien se le acercó con algún motivo, antes de esa mañana. Se fue, cerró con llave, apagó la luz, no tomó mate, guardó la llave ahí (debajo de un rosal donde fue encontrada meses después) porque va a volver. Probablemente quien se lo llevó era conocido de él, para nosotros se va por su voluntad."
Irene asiente: "Lo sacaron engañado, quizá fue una venganza de las personas que perjudicó, pero no hay pruebas". Y se reprocha a sí misma por no haber "sentido nada" la noche del 17. Ruben agrega que él no estaba porque tenía que trabajar en Capital, y acota que su hermano tampoco se quedó con López a ver "los partidos que miraban siempre". De algo están convencidos: si no hubiera declarado estaría con ellos, dicen. "Teníamos miedo de que le pasara algo, nos reprochamos no haber ido a averiguar si alguien lo iba a proteger, por eso pedimos que se investigue quién tuvo la responsabilidad de hacerlo", explica Ruben. "Nunca se imaginaron que iba a volver a pasar una cosa así", agrega Irene. Se refieren a la denuncia que hizo la familia contra los funcionarios judiciales de la causa y las abogadas del testigo, hecho que consolidó la brecha entre los familiares de López y sus compañeras de cautiverio primero, y de querella después.
El juez federal del caso, Arnaldo Corazza, se apartó por "violencia moral" tras esa denuncia. Ruben López se pregunta si acaso la familia no sufrió lo mismo "cuando dejaron en la nada la denuncia de Atalaya o la de Misiones". Si bien ese magistrado no había logrado ningún avance, a partir de su apartamiento el expediente entró en una maraña judicial que sólo llevó a su actual parálisis. En el último año el juez federal Manuel Blanco no ordenó medida alguna, en medio del lento desmantelamiento de los escasos recursos humanos que la querella había arrancado a la burocracia judicial. El secretario que la Procuración había destinado para la instrucción se fue y nadie lo reemplazó. A principios de año la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que tenía a su cargo el sistema de entrecruzamiento de datos, renunció a la investigación. Las "brigadas de la Policía Federal", que en su momento había puesto el ministro Aníbal Fernández a disposición, están en Capital y como carecen de conducción judicial no tienen nada que hacer. En febrero el ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Ricardo Casal, acercó un testigo por cuyos dichos se armó el megaoperativo del parque Pereyra Iraola. El resultado fue negativo y el informante resultó ser "trucho". En los últimos días, una denuncia sobre un cadáver NN en una morgue judicial demostró cuán errática es esta investigación: sobre el mismo se habían dispuesto medidas en 2007, que finalmente no habían sido continuadas y provocaron que por más de cuatro años el cuerpo quedara allí. Unos sesenta cuerpos NN encontrados en todo el país fueron a parar al expediente, sin que aportaran nada.
La AEDD definió a la causa como el "monumento nacional a la impunidad". Para esa agrupación que nuclea a sobrevivientes de la dictadura, el día que coronaban sus esfuerzos de 30 años con la inminente condena al genocida Etchecolatz fue un volver a empezar. "Miles salimos a la calle en La Plata, bajo una lluvia torrencial, el viernes de la primera semana, gritando desesperadamente y después de tantos años ‘aparición con vida y castigo a los culpables’", recordaron. Esa noche, el gobernador bonaerense Felipe Solá y sus ministros les dijeron que "estaba en peligro la gobernabilidad de la Bonaerense porque al momento de la desaparición de López había en sus filas 3 mil efectivos que en los años 1976 y 1977 estuvieron destinados a dependencias donde funcionaron centros clandestinos, y a quienes ningún gobierno había separado e investigado". Hoy afirman que fue la evidencia de que el destino de López nunca sería esclarecido.
12 de septiembre de 2011
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a cinco años de la desaparición de lópez


Historias de militancia y cautiverio del testigo cuyo paradero se desconoce desde el 18 de septiembre de 2006. Los familiares y compañeros de la Asociación de Ex Detenidos reconstruyen la vida de Jorge Julio López. "Me pareció perfecto lo que hizo, más allá de las consecuencias que tuvo", dice su hijo Rubén sobre la declaración del testigo en la causa Etchecolatz.
[Adriana Meyer] Argentina. La angustia se había apoderado de Irene luego de la primera desaparición de Tito, durante la dictadura. Ese vacío, como si le faltara una parte de sí misma, aumentaba de noche al punto de quitarle el sueño. Desde entonces sólo se dormía con pastillas y por eso la segunda vez no escuchó nada. "Me da bronca, me queda ese dolor de decir cómo no lo sentí porque la cama estaba abierta, como que se iba a acostar, y yo no sentí nada", dice Irene durante una larga charla que Página/12 mantuvo con ella y su hijo mayor, Ruben, en la casa de Los Hornos. Esta mujer de pocas palabras pone énfasis, casi por única vez, para expresar su impotencia por lo irreparable, por el cierre trágico de un ciclo que empezó en 1976. Así como desapareció dos veces, la última hace casi cinco años para nunca más aparecer, Jorge Julio López vivió varias vidas. Sus compañeros de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) le rindieron homenaje con una edición especial de su revista, en la que reconstruyeron los detalles de su militancia y su cautiverio, y que completan el relato familiar de quien sobrevivió a los sicarios del Estado hace más de treinta años, y desapareció en democracia tras acusarlos por los delitos de lesa humanidad que cometieron.
Era callado, tranquilo, cuidaba sus plantas, no sólo los malvones que se veían en el jardín, también cultivaba tomate, acelga, orégano y perejil. En sus últimos días tenía que comer sin sal, Irene le preparaba pescado y pollo. "Típico de albañil, comía la carne vuelta y vuelta, así que de chico aprendí yo a hacer asado", dice Ruben. Y se ocupaba de sus perritas, a las que había enseñado a salir solas a la calle.
Jorge Julio López era hijo del español Eduardo López y de Consuelo Rodríguez. Había nacido el 25 de noviembre de 1929 en Elordi, un pueblo cercano a General Villegas. "Ahí pegó mucho la desaparición, cuando fui sin avisar se armó un revuelo enorme", cuenta su hijo mayor sobre uno de los tantos operativos de búsqueda de los que participó, en ese caso con la Policía Federal y la Secretaría de Inteligencia. Sus padres eran cuidadores de un campo de la zona, y Jorge Julio dejó los estudios primarios en cuarto grado para ayudarlos. Tenía cuatro hermanas y un hermano. Hizo el servicio militar en San Martín de los Andes y cuando terminó se fue a las afueras de La Plata, a trabajar en la zona de quintas. Allí conoció a quien sería su mujer, Irene, al parecer en un baile. Tras dos años de noviazgo se casaron en 1962 y tuvieron dos hijos, Ruben y Gustavo. Para entonces ya trabajaba en la construcción, oficio que aprendió de su primer patrón, el dueño de una empresa que hacía remodelaciones. Irene también tiene cinco hermanos y, al igual que su marido, trabajaba en las quintas. Pero sus habilidades iban más allá, cosía y tejía por encargo. "Tejí toda mi vida, a mano, me traían la revista con ese punto y así salía. Ahora se ríen, pero en ese momento se usaba mucho, tuve que dejar porque no me daba la vista. Me entretenía, por aquellos años no había televisión, no había nada. Sólo la radio", dice Irene. "No era muy conversador, no contaba cosas del trabajo, era muy cerrado. Después de que le pasó eso empezó a renegar más, a enojarse con la situación, pero no mucho, yo no quería que me hablara de esas cosas, de política nunca supe nada, y menos después de que pasó eso", cuenta sobre su esposo. En esa zona había por entonces apenas tres casas, Julio compró una pequeña en 68 y 140 y la fue ampliando con sus propias manos, luego con sus hijos.

Primera Desaparición
López tenía 47 años cuando se acercó a la Unidad Básica Juan Pablo Maestre, en Los Hornos. Un grupo de jóvenes platenses de la Juventud Peronista y de Montoneros, entre ellos Ambrosio de Marco y Pastor Asuaje, la habían creado en junio de 1973 con el nombre de ese militante de las FAR, secuestrado y asesinado. Un día López planteó que "esos que gritan Perón, Evita, Partido Socialista, no son peronistas", y a partir de entonces lo apodaron "Partido Socialista". Pero esas diferencias se saldaron rápido, como muestran sus palabras sobre Patricia dell’Orto, compañera de De Marco. "Llevó a chiquitos desamparados a Mar del Plata a conocer el mar, ella y otras chicas andaban en bicicleta para ahorrar, para darles de comer a esos chicos, eran mujeres de oro", describió López en uno de sus testimonios, reproducido en la edición especial de Tantas voces, tantas vidas, la publicación de la AEDD. Para Irene, "no era una unidad básica de otra cosa, por lo que yo sé, nunca fui, aunque a lo mejor era política, él iba un rato los fines de semana, cuando podía". El recuerdo de su hijo es que "iba a una unidad de ayuda social, hacían carreras de embolsados y daban chocolate y juguetes para el Día del Niño". Ruben agrega que "de ahí se llevaron a 10 o 12 personas la misma noche y los días siguientes". Se refiere al 27 de octubre de 1976, cuando López fue secuestrado por primera vez. "Serían las 10 de la noche, los chicos, que tenían 11 y 8 años, estaban durmiendo. Entraron por la puerta a la fuerza", dice Irene. Ruben le vio la cara a uno de la patota del represor Miguel Etchecolatz. La mujer cuenta que la pusieron contra la pared, que les pidió por los chicos y le dijeron que se quedara tranquila, que no les iba a pasar nada. "No sé por qué se lo llevaron, era un hombre de trabajo", agrega.
La familia fue al ex Regimiento 7, a Tribunales, a la comisaría de Los Hornos, pero no tuvo noticias de López durante seis meses. Según Ruben, cuando pasó por la comisaría 8ª, "donde los ponían bien para blanquearlos", supieron que estaba vivo por el cuñado de un vecino que era policía. El hijo apela una vez más a sus vivencias. "Cuando lo pasaron a la Unidad 9 lo visitábamos, era una sensación horrible ir a la cárcel, sólo nos daban media hora." Irene acota que su familia la ayudó durante esos tiempos, que hizo tareas de limpieza en una panadería porque "había que comer". Una vez que lo liberaron, dice, los patrones lo recibieron como si nada hubiera pasado. "Yo tenía miedo de que volviera a pasar lo mismo, entonces no quería que hable, así que muchas cosas se las guardó. Por eso muchas cosas no las sé, lamento haber sido así porque quizá tenía cosas para contar. Nosotros tampoco preguntábamos, era como un acuerdo", resume.
Los 160 días que estuvo detenido-desaparecido pudieron ser reconstruidos a partir de sus testimonios, que tenían un alto nivel de detalle. López estuvo en silencio muchos años, pero cuando se jubiló empezó a escribir lo que había vivido en papeles sueltos, hojas de publicidad, boletas y hasta bolsas de cal. Así armó carpetas que su familia sabía que existían pero no dónde estaban, hasta su segunda desaparición. Eran tres y las había guardado en una caja, en el doble fondo de una valija. Ruben confiesa que pudo leer apenas una parte porque le resultó "muy doloroso". Irene nunca quiso siquiera mirar el material con que López había hecho su catarsis. El paso que va del rompecabezas de textos y dibujos de su puño y letra, con las caras de represores y detenidos, hasta la decisión de declarar ante la Justicia lo pudo dar cuando lo contactaron los familiares de Patricia dell’Orto, a fines de los años ’90, y por la motivación de la promesa que le había hecho a ella cuando ambos estaban en cautiverio: si López salía tenía que decirle a su hija, Mariana, que su mamá la quería.

La Tortura
Lo subieron a un carromato, le pusieron un pulóver en la cabeza y lo ataron con las mangas y con un alambre. Fue torturado toda la noche. A la mañana sintió olor a chancho y se dio cuenta de que estaba en la antigua división Cuatrerismo de Arana, sabía que por ahí había un criadero de cerdos. En sus testimonios habló de fosas comunes, lo que se confirmó con el hallazgo de restos óseos en 2009. Allí la reconstrucción de los compañeros y el relato familiar se complementan. "Estaban calcinados, como decía mi viejo, que los mataban y los quemaban con cubiertas", afirma Ruben. En los reconocimientos judiciales de la causa Etchecolatz, López fue muy preciso y, junto a la sobreviviente Adriana Calvo, fallecida en 2010, identificó el recorrido de su calvario. Estuvo detenido junto a Francisco López Muntaner, uno de los chicos de la Noche de los Lápices, y con sus ex compañeros de la unidad básica, Ambrosio y Patricia. López pudo ver por un agujerito de su celda el fusilamiento de ambos. "Patricia pidió que no la mataran porque quería criar a su hijita", declararía años después. De Arana pasó a la comisaría 5ª de La Plata, luego a la 8ª y en marzo de 1977 a la Unidad 9, donde estuvo 812 días a disposición del PEN.
En 2006, cuando declaró ante el Tribunal 1 de La Plata estuvo acompañado por sus dos hijos, su sobrino y su nuera. "Ahí entendimos que aunque hubiéramos intentado convencerlo de que no declarara no lo habríamos logrado. Al haberlo escuchado me pareció perfecto lo que hizo, más allá de las consecuencias que tuvo. Cumplió su deber como ciudadano, hoy la gente tiene miedo hasta de salir de testigo de un choque", dice Ruben. Tras aquella audiencia, que se proyecta en cada aniversario y vuelve a estremecer, López planeaba festejar su cumpleaños y la condena a Etchecolatz con una gran comida a la canasta, en la que quería juntar a la familia y los compañeros. Pero el 18 de septiembre de 2006, cuando tenía que presentarse para los alegatos, no apareció. Fue su segunda desaparición.
Entonces volvió a profundizarse la distancia entre la familia y los organismos de derechos humanos que lo sostuvieron durante el juicio. Mientras Ruben López decía en TV que su papá podía estar extraviado, Adriana Calvo, Nilda Eloy y sus abogadas supieron casi de inmediato que no estaban ante una averiguación de paradero, como se caratuló la causa durante los primeros años, sino ante una nueva desaparición forzada. López había identificado y acusado a Etchecolatz y a otra media docena de genocidas.
12 de septiembre de 2011
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aceleran pedido de expulsión


Buscan acelerar el juicio político contra Romano. Si el jury avanza pronto y destituye al camarista prófugo, facilitaría su detención. Los encargados de juzgarlo se reunirán mañana para apurar la puesta en marcha del proceso.
[Irina Hauser] Argentina. El jurado de enjuiciamiento que tiene por delante la misión de realizar el juicio político al camarista mendocino prófugo Otilio Romano hará mañana una reunión de emergencia en la que sus integrantes tratarán de acordar una estrategia para acelerar el inicio de las audiencias, que originalmente estaban previstas para después del 23 de octubre. Si el jury avanzara pronto y resolviera la destitución, facilitaría la detención del juez, suspendido en sus funciones y procesado en una causa penal por 103 casos de torturas, secuestros, desapariciones, robo de bienes y allanamientos ilegales en los que se lo acusa de haber sido partícipe primario entre 1975 y 1983, cuando actuaba como fiscal y juez subrogante.
El fiscal de esa causa, Omar Palermo, pidió el viernes la captura y la detención de Romano porque considera que en su condición de fugitivo ya no lo protegen los fueros, que pretende usar "como garantía de impunidad". El juez Walter Bento decidirá esta semana los próximos pasos. Así las cosas, con o sin inmunidad de arresto, lo único que podría salvarlo es que el gobierno de Chile, que le dio una visa para quedarse ocho meses, también le otorgue el asilo político que pidió.
El juicio político podría comenzar sin él o hacerse íntegro en su ausencia, mientras exista la presencia permanente de un defensor oficial en las audiencias. Romano, de hecho, no presentó abogado defensor dentro del plazo que tenía para hacerlo. El trámite por el cual Chile debe resolver si lo expulsa o le da protección puede demorar uno o dos meses, aunque haya pedido judicial de captura. El juicio penal no se puede realizar sin el imputado presente.
Romano, un histórico todopoderoso de la Justicia de Mendoza, fue suspendido en sus funciones el 25 de agosto último por una decisión unánime y de todos los sectores del Consejo de la Magistratura. El camarista prófugo había logrado dilatar un año y medio el inicio del juicio político con toda clase de artimañas. En la acusación, se lo responsabilizó de haber actuado de manera "funcional" al terrorismo de Estado al haber "omitido en forma reiterada y prolongada" en el tiempo la investigación de "delitos de lesa humanidad de los que habría tomado conocimiento" como funcionario judicial. El dictamen está basado en las imputaciones penales de la Justicia mendocina.
Desde que se votó la suspensión, empezó a correr el reloj para el jurado de enjuiciamiento, que tiene por ley seis meses para dictar una sentencia. Los cálculos de los miembros del jury apuntaban a noviembre. La huida de Su Señoría, sin embargo, empujó a cambiar los planes. Sobre el final de la semana, los consejeros que actuarán como fiscales –el delegado del Ejecutivo, Hernán Ordiales, y el diputado K Carlos Moreno– pidieron informalmente al tribunal que intente acelerarlo. Ordiales le dijo a Página/12: "Pretendemos que el jurado inicie el enjuiciamiento a la mayor brevedad posible para poder salir de esta situación de incertidumbre e irregular; lo haremos desde ya respetando el debido proceso, el derecho de defensa y los plazos previstos. Es importante para que se pueda resolver la causa penal y hacer el juicio oral contra Romano".
Para los consejeros, el camarista todavía goza de la protección de los fueros, lo que impediría detenerlo, o en caso de que Chile lo mande capturado en breve, deberían liberarlo en Argentina a menos que ya esté destituido y haya perdido definitivamente el cargo. En cambio el abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) Pablo Salinas –uno de los organismos impulsores de la investigación– y el fiscal Palermo creen que a esta altura, y con Romano en condición de prófugo, carece de inmunidad. "Los fueros protegen a un juez en su función judicial, no cuando está prófugo. Ahora debe ser detenido y extraditado", reclamó Salinas. Palermo se pronunció el igual sentido al pedir la captura.
Ahora el juez Bento tendría básicamente dos caminos: pedir la captura internacional y disponer la prisión preventiva, o dictar algo así como una "comparencia compulsiva" para que se presente sí o sí en el juzgado. Romano ya está encaminado a un juicio oral, con procesamientos confirmados en primera y segunda instancia. Los graves delitos que se le atribuyen podrían depararle en una sentencia las máximas penas. Bento tiene que responderle a Interpol un pedido para que explique el Estado de la causa, requerido en rigor por el Ministerio del Interior chileno. Seguramente cuando conteste informará sus próximos pasos.
En cualquier caso, el gobierno chileno tendrá que decidir si le da asilo político a Romano o bien, si la Justicia mendocina ordena detenerlo, tendrá que evaluar si le revoca la visa transitoria. Las normas de ese país excluyen la posibilidad de asilo a personas implicadas con "fundados motivos" en "delitos contra la humanidad".
El subsecretario del Interior de Chile, Rodrigo Ubilla, sugirió el viernes que el caso de Romano no sería utilizado en represalia por el asilo político que Argentina le dio al ex guerrillero Galvarino Apablaza. En la Casa Rosada todavía se reservan una cuota de duda, según pudo saber este diario. Ven el tema casi como "una prueba de amor" o de "solidaridad" del gobierno de Piñera "en un caso que involucra delitos de lesa humanidad".
12 de septiembre de 2011
11 de septiembre de 2011
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premian a abuelas de plaza de mayo


Estela Carlotto habló con Página/12 a días de la entrega del premio que la UNESCO le concedió a las Abuelas de Plaza de Mayo. La ceremonia de entrega del galardón será el miércoles en París y estará presente la presidenta Cristina Fernández, quien en su visita a la capital francesa se reunirá con su par, Nicolas Sarkozy. A Carlotto la acompañarán, además, un grupo de nietos recuperados.
[Victoria Ginzberg] Argentina. "Nosotras éramos unas tontas, por la generación a la que pertenezco y mi nivel social, lo que queríamos tener era un tapado de piel y viajar alguna vez a Europa", sentencia ahora Estela Carlotto, que recuerda haber mirado con admiración (y un poco de aburrimiento) las diapositivas que algunas de sus amigas mostraban luego de haber conseguido el trofeo de cruzar el océano. Ella, en su luna de miel, conoció Mar del Plata. El viejo continente lo pisó más de veinte años después, en circunstancias más apremiantes. En 1979 fue a Suecia a visitar a dos de sus hijos, que estaban exiliados. Y en 1981 hizo una gira por once países, que incluyó Italia, Alemania, España y Francia, para contarles a líderes políticos y sociales lo que pasaba en la Argentina del terrorismo de Estado y pedir solidaridad para buscar a los niños que habían sido secuestrados junto a sus padres o habían nacido en cautiverio y luego habían sido apropiados. Por esa tarea, que continuó sin interrupciones, tanto en el país como en el exterior, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo fue premiada por la comunidad internacional, en este caso por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). "Hay un trabajo permanente que los organismos de derechos humanos llevamos a cabo desde hace 34 años. El reconocimiento también es para eso, para un país que no bajó los brazos", dice Carlotto a Página/12 a pocos días de la entrega del premio Félix Houphouët-Boigny, de fomento de la paz, evento para el que viajará especialmente la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Carlotto llegará a París el martes, un día antes de la ceremonia de entrega del premio y un día después que la Presidenta, quien además se reunirá con su par francés, Nicolas Sarkozy. Junto a la titular de Abuelas estarán también otras integrantes de la agrupación, Rosa Roisinblit, Buscarita Roa y Elsa Oesterheld y siete nietos que recuperaron su identidad durante el transcurso de estos 34 años: Manuel Goncalves, Horacio Pietragalla, Victoria Montenegro, María José Lavalle Lemos, Francisco Madariaga, Pedro Nadal y Leonardo Fossati. Carlotto salió de Buenos Aires el jueves e hizo una escala en Italia, donde fue a dar charlas, presentar libros y reunirse con las personas que están trabajando para concretar la desclasificación de los archivos diplomáticos de ese país durante la última dictadura.
El premio Félix Houphouët-Boigny fue creado en 1989 por la Unesco y se entrega todos los años a personas, institutos u organizaciones "que hayan hecho un aporte significativo al fomento, la salvaguardia o el mantenimiento de la paz". En ocasiones anteriores lo han recibido líderes internacionales como Nelson Mandela, Yitzhak Rabin, Shimon Péres, Yasser Arafat, Jimmy Carter, el rey Juan Carlos I de España y Luiz Inácio Lula da Silva, que fue el último galardonado.
La propuesta de que este año el reconocimiento fuera para las Abuelas de Plaza de Mayo fue realizado por el senador Daniel Filmus, que también es miembro del Comité Ejecutivo del organismo internacional. "Este es el premio más importante que da la Unesco y no tiene que ver solamente con lo que una persona o una organización hagan en su país sino también con la repercusión y la contribución que hayan hecho para otros países", señala Filmus, y para ejemplificar nombra dos grandes aportes de las Abuelas al mundo: el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y el trabajo sobre el derecho a la identidad que se volcó en la Comisión Internacional de los Derechos del Niño.
El BNDG fue creado a propuesta de las Abuelas cuando todavía no se trabajaba con análisis de ADN y era difícil determinar la filiación de un chico en ausencia de sus padres. Las Abuelas recorrieron el mundo en busca de científicos que las ayudaran y finalmente llegaron a elaborar lo que se conoció como "índice de abuelidad", técnica que luego fue mejorada con el ADN. La existencia del Banco, donde los familiares de niños desaparecidos dejan a resguardo sus muestras genéticas –que fue un ejemplo para otros países del mundo– permitirá conocer la identidad de quienes fueron bebés o chicos secuestrados durante la última dictadura aun cuando sus abuelos ya no estén.
En la Convención Internacional de los Derechos del Niño también se conocen como "los artículos argentinos". El número siete dice, por ejemplo, que "el niño deberá ser registrado inmediatamente después de su nacimiento y tiene derecho desde este momento a su nombre, nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser criado por ellos". Las Abuelas pidieron en su momento a la comunidad internacional de Naciones Unidas que contemple este derecho. Ahora, la comunidad internacional les retribuye por sus aportes.

¿Qué significa recibir este premio? –le preguntó Página/12 a Carlotto.
Para nosotros es una enorme emoción porque es un premio muy importante. Ha sido otorgado a personas para nosotros muy estimables, muy valiosas, por ejemplo a Lula, Mandela, es una nómina bastante extensa. Lógicamente es un reconocimiento a una labor que nosotros no dimensionamos, la hacemos. Expresa que estamos haciendo cosas importantes y esto nos alegra y nos hace mucho bien, teniendo en cuenta que en nuestro propio país sectores –minoritarios por suerte– han tratado de desmerecernos, de dudar de la fidelidad de nuestro trabajo. En todo momento un reconocimiento viene bien, pero en este momento más que nunca. La Argentina está siendo reconocida a nivel mundial por sus méritos en avances de derechos humanos sobre el terrorismo de Estado. Como en ningún lugar de Latinoamérica, se están llevando adelante juicios. El encuentro de los nietos es romper con el plan sistemático de robo de bebés y devolverles a los chicos sus derechos. Hubo cosas muy importantes, como la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, y hemos sentado precedentes en el ámbito jurídico y en el psicológico. La memoria, que mantenemos en cada centro clandestino... Hay un trabajo permanente que los organismos de derechos humanos llevamos a cabo desde hace 34 años y ahora también el Estado. El reconocimiento también es para eso, es a un país que no bajó los brazos. Nosotros formamos parte de este país y el mérito, si es que lo tenemos, es la perseverancia, la tozudez y haber hecho las cosas con amor y en paz, jamás por venganza o con odio, sino con un sentimiento muy sano de reparación, reconstrucción y de establecer que esto pasó en la Argentina, pero esto pasó en el globo, concierne al mundo entero. Por eso el Nunca Más debe ser para todos los países del mundo.

¿Es la primera vez que concurren nietos, jóvenes que recuperaron su identidad a un evento de este tipo?
Hace unos años atrás fuimos a la delegación de Naciones Unidas en Nueva York, donde nos acompañaron Néstor y Cristina. Fuimos dos abuelas y cuatro nietos, que fueron invitados por el Estado argentino porque presentamos una muestra de Abuelas de Plaza de Mayo. Fue una muestra itinerante en el edificio más importante de Naciones Unidas y asistió el secretario general a la inauguración, lo que fue muy honroso para nosotros. Pero esto es más abarcativo si van más nietos, invitados especiales, cuatro abuelas. Todos nos dicen que este premio tiene mucha trascendencia y que a veces es un anuncio del Premio Nobel de la Paz. Ojalá que así sea, pero lo que interesa acá es que este es un premio de una organización como Naciones Unidas, que nuclea a tantos países, y la Unesco es parte de esto. Además, la Unesco ya ha galardonado a la Argentina poniendo un centro único en el mundo en la ESMA.

¿Ayuda en algo recibir un premio, además del reconocimiento, la ayuda económica? ¿Por qué es importante?
Ayuda mucho porque de esto se va a hablar en el mundo. Se publica en todo el mundo y todo el mundo va a saber algo más de las Abuelas de Plaza de Mayo, aunque ya se sabe bastante. El mundo va a saber que fuimos premiadas muy seriamente por Naciones Unidas y esto también repercute en la Argentina, y los detractores se van a tener que callar un poco. De todas formas, lo que más nos interesa no es tener fama, sino que esto posibilite la conciencia de mucha gente que sabe cosas y no lo dice y muchos chicos que dudan y no se animan. Que sepan que no somos las brujas, sino las Abuelas que los esperamos con amor.

¿Qué significa la presencia de la Presidenta?
Miguel Ángel Estrella (representante argentino ante la Unesco) nos informó que, cuando se otorga este galardón, el presidente del país de los galardonados es invitado. Con Cristina no teníamos mucha seguridad, porque había parado un poco los viajes, pero decidió concurrir y para nosotros es una alegría enorme. Nos sentimos acompañadas por una amiga. Cristina es como una hija. Tenemos un trato permanente, no profundo, porque no somos parte de la gestión, pero si hay una convocatoria permanente, este es un gobierno de puertas abiertas.

La ceremonia se realizará en la sede de la Unesco en París, muy cerca del Champ de Mars, donde los turistas esperan para subir a la Torre Eiffel. Carlotto dice que de Francia le gustan las baguettes, pero sobre todo aprecia que fue una comunidad que desde temprano apoyó a los organismos de derechos humanos argentinos. "Incluso durante la dictadura nos encontramos con mucha solidaridad, con el exilio en acción. Recordemos que había manifestaciones frente a la embajada argentina de la que participaban actores de primer nivel, como Yves Montand, Catherine Deneuve y Simone Signoret, además de políticos y científicos. Llevaban una bandera que ahora tenemos en resguardo las Abuelas y vamos a ver si la ponemos en nuestra casa en la ESMA. Hubo grupos que nos apoyaron y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Madame Danielle Mitterrand, con su fundación France Liberté, es gran amiga de las Abuelas". La presidenta de Abuelas recuerda que la embajada argentina en Francia, que la nombró Chevalier, fue la primera delegación extranjera en poner en sus jardines una placa por los desaparecidos de su país y que en París se condenó en ausencia al ex marino Alfredo Astiz cuando en la Argentina había leyes de impunidad. Pero señala que "también tuvieron culpas que lavar", en referencia al entrenamiento recibido por los represores argentinos de los militares que combatieron en Argelia.
Las Abuelas han recorrido un largo camino, como se dice. A treinta años de aquella primera visita a Europa, un perro y su dueña juegan en una pequeña plaza de París que tiene el pasto cuidado y glorietas con rosas, muy cerca del Sena. El cartel dice que el lugar se llama "Jardín de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo" y que es un homenaje a dos movimientos argentinos que buscaron a los jóvenes y niños que desaparecieron en la dictadura militar argentina de 1976 a 1983. Un homenaje de la Comuna de París a las mujeres argentinas que buscaron justicia durante y luego de la dictadura. El miércoles, las Abuelas recibirán otro reconocimiento por su labor, esta vez, de toda la comunidad internacional.
12 de septiembre de 2011
11 de septiembre de 2011
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reabren causa contra ex juez lona


Reabren la causa contra el ex juez federal Ricardo Lona. Lo dispuso la Cámara de Casación Penal. Consideró que los delitos que se le imputan no prescribieron porque están vinculados con crímenes de lesa humanidad. Lona está acusado por encubrir el secuestro y la desaparición del ex gobernador de Salta Miguel Ragone.
Argentina. La Cámara de Casación Penal decidió reabrir la causa en la que se investiga al ex juez federal Ricardo Lona por encubrir el secuestro y la desaparición del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, el 11 de marzo de 1976. Lona había sido procesado en el 2007 por los delitos de encubrimiento y prevaricato, pero la Cámara Federal de Apelaciones de Salta lo sobreseyó el 10 de marzo del 2009 al evaluar que esos crímenes habían prescripto. Los jueces consideraron que el accionar de Lona ante el caso de Ragone se encuadra dentro de los crímenes de lesa humanidad de los que fue víctima el ex gobernador.
Hace diez días, el fiscal que sigue el caso, Horacio Azzolin, pidió la reclusión perpetua para el jefe de la guarnición militar salteña, Carlos Mulhall; el jefe de la policía de Salta, Miguel Gentil, y el jefe de Seguridad de la policía provincial Joaquín Guil.
Los mismos nombres figuran, junto al de Lona, en el fallo del juez Marcelo Pío Castellani del 2007 por el cual Guil fue procesado por su rol de "garante y coordinador" del operativo que dio cumplimiento a la orden de "eliminar" a Ragone; Gentil y Mulhall fueron procesados por impartir esa orden. En aquel fallo, el juez consideró que Lona se había comportado como un "encubridor" ante ese delito porque favoreció la impunidad de los responsables y procuró la desaparición de los rastros y de las pruebas del crimen. "Subjetivamente, obró con la finalidad de favorecer la impunidad", dijo el juez en aquel entonces. Sin embargo, dos años después, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta sobreseyó a Lona, con el argumento de que el delito de encubrimiento no es, en sí mismo, un crimen de lesa humanidad, y por lo tanto había prescripto.
La respuesta de Casación, que demoró dos años luego de que la Secretaría de Derechos Humanos presentara un recurso en 2009, fue unánime: la desaparición forzada de personas supone una violación de los derechos humanos que comprende a otros delitos que hacen a la indefensión, la vulnerabilidad y la desprotección legal del sujeto. La complicidad, por parte de Lona, con los efectivos policiales y militares que implementaron la desaparición de Ragone es, por lo tanto, un crimen contra la humanidad.
La sala II de la Casación, presidida por Guillermo Yacobucci e integrada por Angela Ledesma y Luis García, fundamentó además que la propia Cámara Federal de Apelaciones salteña había procesado a Guil, por el delito de encubrimiento, en la misma causa. Otro argumento que aportaron para el procesamiento fue la figura del "delito conexo": según afirman en el fallo, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos el encubrimiento y la omisión por parte del Poder Judicial implicarían, en casos como el de Ragone, una reproducción del delito.
Lona incurrió en varias acciones ilegales para ocultar la desaparición de Ragone y evitar que se hiciera justicia con quienes lo secuestraron y desaparecieron. En primer lugar, consideró que no existían autores del hecho y, partiendo de esa premisa, dispuso el sobreseimiento de la causa, sin haber ordenado ninguna medida de prueba. Luego, se hizo cargo del caso argumentando, sin ningún tipo de evidencia, que Ragone había incurrido en "actividades subversivas", lo que le permitió intervenir en el caso.
El fiscal Azzolin pidió reclusión perpetua para el policía Andrés del Valle Soraire como autor directo del secuestro, y para Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera por encubrimiento. Para Jorge Héctor Zanetto, un integrante de la Triple A que días antes del secuestro amenazó a Ragone, Azzolin pidió diez años de prisión efectiva. Si bien no se solicitó una pena para el subjefe de la policía provincial, Virton Modesto Vendíaz –también sobreseído por la Cámara de Apelaciones local– el fallo de Casación considera que se trata de un caso asimilable al de Lona.
[Informe de Sol Prieto.]
11 de septiembre de 2011
10 de septiembre de 2011
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