la hora del circuito camps
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, presidido por Carlos Rozanski, comenzó el juicio en el que se juzga a 26 represores, por delitos de lesa humanidad cometidos contra 281 víctimas, en seis centros clandestinos de detención.
Argentina. Entre los 22 expolicías de la Bonaerense y los tres exmilitares que presenciaron el primer día de juicio estuvieron el excomisario Miguel Etchecolatz, condenado a cadena perpetua en 2006, y el exministro del Gobierno bonaerense, Jaime Smart, primer civil con rango de ministro juzgado por delitos de lesa humanidad.
Antes de la lectura del pedido de elevación a juicio para cada imputado, que dio comienzo al juicio, los familiares de las víctimas repitieron las denuncias que esperaron 30 años hasta el inicio del juicio: "asesinos", "genocidas", "violadores", "devuelvan a los chicos que se robaron".
Smart, por su parte, consiguió que el tribunal le permita ejercer personalmente su propia defensa. La decisión fue por mayoría, luego de que la querella y el fiscal Hernán Schapiro rechazaran esa posibilidad, ya que los jueces Mario Portela y Roberto Falcone consideraron el pedido. En tanto, el presidente del Tribunal, Carlos Rozanski, votó en contra al considerar que "la sola designación resulta en sí misma una afectación de las víctimas".
La decisión se fundamentó en el Código Procesal Penal, la Constitución y diversos tratados internacionales a los que Argentina adhiere permiten la autodefensa.
Durante la audiencia, Schapiro había advertido que "si el Código Procesal Penal autoriza al imputado ejercer su propia defensa, aclaro que esto es siempre y cuando ello no obste a la normal sustanciación del proceso. La posibilidad de que un imputado como Smart interrogue a los testigos personalmente, es uno de los supuestos que debería considerarse como una obstrucción a la continuidad del proceso".
"Pedimos que el tribunal reformule la petición y entendemos que Smart terminaría teniendo un careo con los testigos, que han sido víctimas y para preservar a las víctimas de este proceso, es que realizamos este pedido", agregó el fiscal.
En la sala del teatro platense de la AMIA, que fue preparado para desarrollar el proceso judicial, estuvieron los ex militares Ibérico Saint Jean, Agustín Arias Duval y Rodolfo Campos, y los ex policías bonaerenses Miguel Etchecolatz, Jorge Bergés (médico), Eros Tarela, Domingo Almeida, Hugo Guallama, Luis Patrault, Norberto Cozzani, Sergio Verduri, Roberto Cabrera, Santiago Antonini y Rubén Páez.
También estuvieron los ex agentes policiales Miguel Kearney, Pedro Ferriole, Jorge Lencinas, Carlos García, Horacio Luján, Fernando Svedas, Jesús Corrales, Raúl Machuca, Julio Argüello, Mario Sita y Roberto Grillo.
Etchecolatz, que cumple perpetua en el penal de Marcos Paz, se demoró en ingresar a la sala, otros tres lo hicieron en sillas de ruedas -Bergés incluido- y con bastones, mientras otro acusado llevaba un aparato de oxígeno. Uno de los abogados defensores explicó que su patrocinado tenía un cáncer terminal y pidió que se excusara su asistencia.
Las acusaciones incluyen cargos por privación ilegítima de la libertad, vejaciones, tormentos, desaparición, asesinato y sustracción, retención y ocultamiento de menores. El presidente del tribunal, Carlos Rozanski, acompañado por sus colegas Roberto Falcone y Mario Portela, explicó que para este proceso se unificaron centros clandestinos de detención que integraron parte de los que estaban a cargo del entonces jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps, "para evitar tener que hacer juicios separados que demorarán más tiempo del necesario".
Y agregó que "estos juicios, 35 años después, representan cuestiones complicadas; es un desafío para la Justicia porque no está preparada para celebrar juicios tantos años después y en el caso de Argentina porque fue el único país que tomó la decisión política y jurídica de llevar delante estos procesos".
Las audiencias son en la ex AMIA de La Plata los lunes y martes. Según Rosanski, "la dimensión de los testimonios tampoco aconseja que se haga de manera diaria porque el contenido, ritmo y los propios procesados que están afectados en su salud no admitirían este ritmo".
Los magistrados analizarán los delitos cometidos en perjuicio de 280 víctimas, entre ellas 11 mujeres embarazadas, tres niños nacidos en cautiverio y otros cuatro secuestrados junto a sus padres, en un juicio de varios meses, con unos 500 testigos.
Los seis centros clandestinos, al mando de Camps, funcionaron en la comisaría 5ta. de La Plata, la Brigada de Investigaciones de esa ciudad, el Destacamento de Arana, la subcomisaría de Don Bosco (Puesto Vasco), el Centro de Operaciones Tácticas (COT) I de Martínez y la Brigada de San Justo.
Desde 2004, cuando se iniciaron las actuaciones judiciales, fallecieron el militar Reynaldo Tabernero y los policías Osvaldo Sertorio, Rodolfo González Conti, Juan Fiorillo, Óscar Antonio Penna, Mario Alberto Jaime, Eduardo Maire, Carlos Vercellone, Alfredo Fonseca, Mario Tocho y Alberto Rousse.
En el proceso se abordarán casos emblemáticos de la represión ilegal, entre ellos el secuestro del director del diario La Opinión Jacobo Timerman; la desaparición de la niña Clara Anahí Mariani, nieta de la Abuela de Plaza de Mayo María "Chicha" Mariani; los secuestros y asesinatos de la llamada "La Noche de los Lápices", durante la cual fueron secuestrados varios militantes políticos adolescentes, muchos de los cuales continúan desaparecidos, y las torturas sufridas por el albañil Jorge Julio López, desaparecido desde hace cinco años tras declarar justamente en el primer juicio a Etchecolatz.
El testimonio de López registrado por la Comisión por la Memoria en 2006 será utilizado como prueba, ya que formó parte del "Circuito Camps" cuando fue secuestrado por primera vez. Los jueces buscarán esclarecer además la privación ilegal de la libertad de Mariani en un operativo en su casa tras el secuestro de su nieta y los secuestros de miembros de la familia del banquero David Graiver y 18 apropiaciones de menores.
Fiscales y querellantes presentarán la ampliación de la imputación por 10 casos de homicidios de detenidos desaparecidos, cuyos cuerpos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EEAF), e insistirán con la acusación de genocidio. Esa acción fue admitida por el TOF 1 al condenar a Etchecolatz, al sacerdote Cristian Von Wernich y a los agentes penitenciarios de la Unidad 9.
13 de septiembre de 2011
12 de septiembre de 2011
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