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jaque a la trata de mujeres


Con la nueva ley ya fueron rescatadas 110 mujeres y hubo 82 detenciones. La voluntad política de combatir la trata y la herramienta que significa la nueva ley permitieron en los últimos seis meses concretar tres o cuatro procedimientos por semana. Un mapa de la prostitución posibilitó conocer la realidad en todo el país.
[Mariana Carbajal] Argentina. Ciento diez mujeres, casi la mitad niñas y adolescentes, fueron rescatadas en distintos allanamientos del infierno de las redes de trata para explotación sexual en los últimos seis meses, según las estadísticas del Ministerio de Justicia a las que tuvo acceso Página 12. La decisión política de combatir a las mafias que lucran con cuerpos femeninos, sumada a la aplicación de la nueva ley, está dando resultados. Cada semana se realiza un promedio de tres a cuatro procedimientos en cabarets y burdeles: en un total de 85 procedimientos practicados entre mayo y el jueves último fueron detenidas 82 personas, acusadas de formar parte de esas bandas en alguno de sus eslabones: como reclutadores, a cargo del traslado de mujeres o como proxenetas.
Con el testimonio de víctimas liberadas se armó el mapa de la trata en el país: hay regiones de reclutamiento, zonas con centros de ‘ablandamiento’ o ‘adiestramiento’, ciudades en las que se produce la distribución y reventa de chicas y provincias receptoras.
"A las niñas las reservan como las frutillas del postre. Suena horrible pero lo que se cotiza es el genital joven", graficó el destino de las menores chupadas por redes de trata para explotación sexual la abogada Silvina Zabala, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia y titular de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas del Delito de Trata, creada luego de la sanción de la ley de trata. La norma, que tipificó el delito y lo puso en la órbita de la Justicia federal, entró en vigencia el 29 de abril. Desde ese día hasta el jueves último –cuando se rescató a una chica de 16 años–, se contabilizaron 85 procedimientos ordenados por la Justicia y realizados por distintas fuerzas de seguridad, principalmente Policía Federal y Gendarmería. De las 110 mujeres liberadas en seis meses, 55 son mayores y sobre 14 no se precisó la edad. El resto, 41 niñas y adolescentes, de acuerdo con las estadísticas oficiales, entre ellas las hermanitas de 11 y 14 años de Misiones, entregadas por su madre a un rufián y rescatadas a partir de la denuncia de su hermana de 16, que había podido escapar.
En uno de los allanamientos que se hicieron el sábado 18 de octubre en cabarets de la localidad bonaerense de Carlos Casares, al oeste de la provincia, encontraron un book con fotos en ropa interior de una de las niñas rescatadas. "Las deben ofrecer a determinados clientes a precios diferenciales", señaló Zabala. En esos procedimientos fueron liberadas cinco chicas de 13 a 17 años que eran obligadas a prostituirse y detenidas seis personas acusadas de ser las encargadas de los prostíbulos. Esta semana tres mujeres fueron apresadas en otro operativo en un edificio del barrio porteño de Mataderos, después de que una mujer denunciara que su hija de 16 años era explotada sexualmente en ese lugar. Las cifras de liberadas y detenidos se acrecientan cada semana.
Las torturas a las que son sometidas las jóvenes y niñas al caer en las redes van desde violaciones sistemáticas para ‘ablandarlas’ y ‘adiestrarlas’, ingesta compulsiva de drogas, quemaduras con cigarrillos si se resisten, poca alimentación, hasta ‘trabajo’ sin respiro entre cliente y cliente. La descripción la brinda a Página 12 Claudia Lascano, la Susana Trimarco del noreste argentino, líder de la Coalición Alto a la Trata, que articula a varias ONG, entre ellas la que ella preside en Posadas y que está trabajando ahora en coordinación con el Ministerio de Justicia. Sabe de tantas atrocidades por el relato de decenas de víctimas que en los últimos años ha escuchado. "Aunque tengan documentos falsos y digan que son mayores, un cliente no puede no darse cuenta de que está teniendo sexo con una chica menor de edad. Lo que ven son chicas totalmente enajenadas, con la mirada perdida, que no saben si es de noche o de día, que no tienen frío ni calor. Es imposible que no sepan que son nenas. A una la encontramos con los talones cortados: se los habían cortado en el burdel para que no se escapara", cuenta Lascano. Hace una semana y media hubo un operativo en Comodoro Rivadavia: rescataron a una adolescente de 17 años del cabaret La Casita de Amor. La muchacha contó que fue subida por la fuerza a un auto en Oberá, donde ejercía la prostitución en una plaza, y que la llevaron en auto hasta la ciudad chubutense, donde la mantenían en condiciones de esclavitud. Hubo cuatro detenidos. Otra joven, liberada de una parrilla que funcionaba como prostíbulo en la localidad de Lisandro Olmos, partido de La Plata, el 5 de septiembre junto con otras tres mujeres, todas paraguayas –una de ellas menor de edad–, declaró que la obligaron a hacerse un aborto con cinco meses de embarazo y que al feto lo enterraron en una caja el fondo del local. Efectivos de la Policía Federal volvieron al lugar y encontraron el pequeño cadáver. Se estimó que llevaba una semana bajo tierra. Tres personas involucradas en esa presunta red que traía chicas de Paraguay quedaron detenidas.
Una chica de 16 años rescatada hace un mes y medio de un prostíbulo de la localidad bonaerense de Lanús declaró en un juzgado de Lomas de Zamora que la obligaban a atender aun con menstruación y le daban una sucia esponja para que disimulara el sangrado. Su testimonio fue clave para dictar la prisión preventiva a un hombre y una mujer que regenteaban el local, informó a este diario Zabala. La oficina que encabeza la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia prepara emocionalmente y acompaña a las damnificadas por redes de trata hasta que prestan declaración en tribunales. Durante ese tiempo, son alojadas en hoteles o conventos religiosos –con los que tienen convenio–, con la asistencia de una psicóloga y custodia policial. Después pasan a la órbita de la Secretaría de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social, donde lamentablemente todavía no se ha creado una estructura consistente para acogerlas, contenerlas y acompañarlas a su regreso a la vida después de la muerte.
Ese camino no es sencillo: muchas veces las propias familias las rechazan porque vuelven con el estigma de haber ejercido la prostitución o porque fueron los mismos hogares los que las entregaron o expulsaron. O porque en el vecindario vive la reclutadora que las engañó o las condiciones de vulnerabilidad y pobreza que las empujaron a entrar en esa noche eterna no han variado. "Se deberían crear áreas especiales para atenderlas en los hospitales: no son exactamente víctimas de violencia familiar ni de violación. Su problemática es distinta", opinó Zabala.
En el Hospital Fátima, de Garupá, a 12 kilómetros de la ciudad de Posadas, hace más de tres meses está internada con un grave cuadro de estrés postraumático una adolescente de 16 años, argentina, rescatada de un prostíbulo en Brasil, de la localidad de Dionisio Cerqueira, fronteriza con la misionera Bernardo de Irigoyen, en el extremo oriental de la provincia. Hacía tres años que estaba desaparecida de su casa. "Vino por cinco días pero todavía la estamos atendiendo", contó a Página 12 la médica psiquiatra Carolina Cobas, que se está especializando en la atención de víctimas de trata. "Son una caja de Pandora, no sabemos con qué nos vamos a encontrar", describió. La muchachita es del interior de Misiones, su familia es muy pobre y no está en condiciones de contenerla, según evaluó la Justicia. Contó que tuvo un hijo, hace un año y medio, y que se lo sacaron.

¿En qué condiciones llegó al hospital?
Se hizo con ella lo que no hay que hacer: la tuvieron primero en una comisaría y después en una clínica psiquiátrica privada. Según la historia clínica, había intentado incendiar la sala de internación y escaparse y relataba que escuchaba voces de mujeres y varones que la maltrataban y sentía olor a alcohol. Yo lo interpreto como parte de su cuadro de estrés postraumático, por lo que debe haber sufrido en su cautiverio. Pero los médicos que la atendieron antes la medicaron. Llegó muy medicada. Yo empecé a sacarle la medicación. Cuando llegó estaba enajenada, disociada, no se comunicaba, respondía con monosílabos y a veces las respuestas no coincidían con lo que se le preguntaba. Tenía reacciones de desconfianza, de miedo. Sus dibujos eran muy rudimentarios, escribía solo la letra A. Ahora ya recuerda que hizo hasta 7º grado. Una consecuencia del estrés postraumático es quitar destrezas adquiridas. Lo que hacen con las víctimas de trata es una aniquilación de la personalidad.

¿Se está recuperando?
Tiene iniciativas, se comunica más. Desde el principio me impresionó que era una chica muy inteligente pero que se comunicaba muy poco. Sufre situaciones de reexperimentación de lo vivido. Según relató, antes de llegar a Brasil estuvo en boliches de Córdoba, Corrientes y Buenos Aires.

Así quedan las víctimas. Son cadáveres vivientes cuando estuvieron mucho tiempo privadas de su libertad. En el Nuevo Hospital de Río Cuarto atendieron a chicas con VIH y con embarazos de alto riesgo que estaban encerradas en prostíbulos. "Les ves la cara, les ves el cuerpito y lo primero que pensás es cómo las pueden consumir corporalmente", dice a este diario una integrante de una red de ONG por los Derechos de la Infancia, de Río Cuarto, que trabajan contra la trata. Pide que su nombre se resguarde: tiene miedo. Ella y las demás activistas están amenazadas. En esa zona sojera, al borde de la A5 –la circunvalación que rodea a Río Cuarto– se suceden decenas de prostíbulos. Es una de las rutas principales del Mercosur.
¿Cuántas chicas estiman que hay en estas redes explotadas sexualmente en el país? –le preguntó PáginaI12 a Zabala.
–Muchísimas ... Lejos, ellos están mejor organizados, pero por lo menos ahora no se pueden mover con tanta impunidad –plantea la funcionaria.

27 de octubre de 2008
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allanan afjp por sospechas de fraude


Allanadas por sospecha de vaciamiento. El juez Bonadio envió a brigadas de la policía federal a las sedes de las diez AFJP. En los procedimientos se buscaron pruebas documentales de que las administradoras salieron a dilapidar activos de sus afiliados en cuanto trascendió que el Gobierno las iba a eliminar por ley. Se secuestraron carpetas y soportes informáticos.
[Irina Hauser] Argentina. En un megaoperativo desplegado por orden del juez federal Claudio Bonadío, varias brigadas de la Policía Federal allanaron ayer las sedes porteñas de las diez AFJP en busca de documentación sobre las operaciones que efectuaron en los últimos días, sus carteras de inversión y composición societaria. Se llevaron cajas con carpetas, papeles y con soportes informáticos que el magistrado podría enviar a peritar con expertos. El procedimiento apuntó a recoger pruebas que podrían permitir cotejar (o no) las sospechas que planteó una denuncia del fiscal Guillermo Marijuán: que las administradoras salieron a vender bonos y acciones a través de maniobras ilegales apenas trascendió que el Gobierno eliminaría el sistema privado de jubilaciones, lo que se reflejó en el desmoronamiento de la Bolsa y el valor de los títulos.
Las AFJP tienen bloqueada su actividad financiera al menos por el lapso de una semana a raíz de una medida cautelar que dispuso el martes Bonadío con el fin de evitar que modifiquen sus activos. Así lo había pedido Marijuán, como titular de la unidad que investiga delitos de la Seguridad Social (Ufises). El fiscal federal que ahora interviene en el caso es otro, Miguel Angel Osorio, quien dio impulso a la presentación de su colega y como primera medida sugirió hacer los allanamientos a las administradoras en busca de documentación relativa a los movimientos de compra y venta en las últimas 72 horas previas al anuncio oficial de que el Estado promueve por ley pasar a tomar el control de todas las jubilaciones.
Los allanamientos todavía no habían terminado ayer a la noche, según informaron allegados a la investigación. Estuvieron supervisados por Bonadío pero ejecutados por la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal. Se hicieron en dependencias de Capital Federal de las diez AFJP existentes: Arauca Bit, Consolidar, Profesión Auge, Futura, Previsol, Máxima, Met, Nación, Orígenes y Unidos.
Al parecer, el volumen de papeles y soportes informáticos incautados es tan grande que sería resguardado, en principio, en dependencias policiales. Hoy comenzaría a ser analizado por personal del juzgado y de la fiscalía de Osorio. El fiscal planteó en su requerimiento de investigación que si en breve se detectan irregularidades en algunas AFJP habría que designar veedores o interventores en ellas. También propuso rastrear registros del Banco Central y de la Superintendencia de AFJP de donde pudieran surgir indicios de operaciones sospechosas. Ayer ya se habrían pedido informes a Mercado de Valores y Mercado Abierto Electrónico sobre todas las operaciones financieras realizadas en los últimos días por las administradoras.
La denuncia de Marijuán señalaba "la posible comisión del delito de administración fraudulenta por parte de los responsables de las AFJP no sólo en perjuicio de sus afiliados sino del Estado Nacional (...) dilapidando fondos en clara violación a las disposiciones vigentes". Esa figura establece una pena máxima de seis años de prisión para quienes sean identificados como responsables. Marijuán habla de un posible "vaciamiento" o "una administración infiel" de estas empresas, que hasta ahora manejan fondos por 98.000 millones de pesos, colocados en títulos públicos y acciones, locales y extranjeros.
Lo que la investigación penal debe determinar, en principio, es si a través de sus maniobras violaron o no la ley que las regula y si tuvieron efecto ruinoso. Para eso, según explicaron fuentes cercanas al expediente, sería clave que entre toda la documentación que se obtenga aparezcan las llamadas "minutas de inversiones" que elaboran los operadores a pedido del Comité de Inversiones que de cada AFJP (que toma las decisiones estratégicas), de donde surgiría la génesis y detalle de cada operación. No es seguro que estén entre la maraña cosechada en los primeros allanamientos ya que son papeles sueltos, difíciles de identificar porque la mayoría no están foliados.
Según una versión que circulaba ayer en tribunales, la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Ministerio de Justicia, evaluaba presentarse como querellante o tomar algún tipo de intervención en la pesquisa. Esa dependencia se ocupa, entre otras cosas, de detectar movimientos sospechosos de dinero que puedan dar lugar, por ejemplo, a maniobras de lavado de dinero. Mientras tanto, la fiscalía de Osorio y el juzgado preparan nuevas medidas que podrían conocerse hoy.

23 de octubre de 2008
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cristina quiere estatizar pensiones


Va al congreso el proyecto que pone fin al doble circuito previsional y crea uno integralmente público. Habrá un solo sistema y lo administra el Estado. Una dura condena al régimen de capitalización y descalificación para quienes criticaron el proyecto oficial coronó el discurso con el que Cristina presentó el proyecto.
[Sebastián Premici] Argentina. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó ayer el proyecto de ley por el cual se reemplazará el sistema de capitalización por un único régimen público que se denominará Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). "Estamos haciéndonos cargo de las consecuencias de las políticas de saqueo. Vivimos el final de una época a nivel mundial. Es por este contexto que decidimos avanzar en una decisión estratégica", aseveró Fernández de Kirchner durante un acto realizado en el edificio de la Anses, flanqueada por los ministros de su gabinete, gobernadores y legisladores de ambas cámaras. Por su parte, el titular de la Anses, Amado Boudou, aseveró que con el nuevo sistema "se dará por terminado con el experimento fracasado del régimen de capitalización", que se inició bajo la tutela del inefable Domingo Cavallo. El funcionario agregó que los fondos en mano de las AFJP pasarán a ser administrados por la Anses a través de un fideicomiso y que se absorberán todos los trabajadores del sistema privado. Mientras que el ministro de Economía, Carlos Fernández, confirmó que una vez que se apruebe el proyecto, habrá una modificación del Presupuesto 2009.
El gobierno nacional remitirá hoy al Congreso el proyecto de ley que elimina el actual régimen de capitalización. La iniciativa lleva la firma de la presidenta, el jefe de Gabinete, Sergio Massa y el titular de la Anses, Amado Boudou. El Estado absorberá el sistema privado y garantizará a los afiliados y beneficiarios de las AFJP "la percepción de iguales o mejores prestaciones que los que gozan actualmente". "El sistema de capitalización deja el futuro de los ingresos de nuestros trabajadores y jubilados a merced de los avatares del mercado financiero, es decir, sujeto a operaciones de riesgo, tal como se hace evidente ante la crisis financiera internacional", puede leerse en el mensaje del proyecto.
De los 445.000 beneficiarios del régimen de capitalización, el Estado concurre en el pago del 77 por ciento de esos casos mientras que 179.000 jubilados de las AFJP reciben complementos, para que su haber no sea inferior a la mínima garantizada. Además, según indicó Boudou existen 33.000 casos que ya tienen su cuenta de capitalización totalmente consumida, y por lo tanto es el Estado el que les paga la jubilación.
"Estamos impulsando esta medida en un momento de crisis internacional, donde los países que forman parte del G-8 salen a proteger a sus bancos y empresas. En cambio, nosotros decidimos proteger a nuestros trabajadores", aseveró Fernández de Kirchner, con tono épico.
El anuncio y la firma del proyecto se llevó a cabo en el edificio de la Anses, dentro de una carpa levantada para la ocasión. Estaban todos los ministros del gabinete, también los gobernadores del Chaco, San Juan, Entre Ríos, entre otros. En la primera fila se encontraban bien ubicados –aunque apretados–, los senadores K José Pampuro y Miguel Pichetto, los diputados Agustín Rossi y Eduardo Fellner, los sindicalistas Hugo Moyano y Julio Piumato. También estaban las Madres de Plaza de Mayo. Fuera del edificio, sobre la avenida Callao, los bombos y cánticos de los sindicatos UPCN y del Personal de los Organismos de Previsión Social, entre otros.

–Para mí este es un día histórico –le dijo a Página12 el diputado de la CGT Héctor Recalde–. Encima fui trabajador previsional. El liberalismo te esclaviza y no te deja salir. ¿Qué contradicción, no? Ahora las cosas están cambiando. Sin vacilar, Néstor y Cristina entendieron mejor que nunca el sentido de la oportunidad para tomar esta medida y no lo dudaron –respondió el diputado.

–¿Por qué este proyecto ahora, y de manera tan abrupta? ¿Tiene que ver con las necesidades de pago de deuda para 2009? –consultó este diario al senador Nicolás Fernández, que partió raudamente antes de que llegara la presidenta, debido a lo pequeño del lugar.

–Esto ya lo veníamos analizando aunque quizás no de esta manera. Pero no es un tema de caja y sí una medida para salvar la plata de los jubilados frente a la timba financiera –respondió el senador.

Durante su discurso, la presidenta dejó en claro que esta medida no fue tomada como una forma de hacer caja. "Cuando intervenimos en Aerolíneas, no pensamos en la caja y sí en la conectividad del país. Cuando decidimos hacernos cargo de Aguas Argentinas no pensamos en la plata. Lo mismo con la movilidad en las jubilaciones. En todo caso, si pensamos en una caja fue en la de la Anses. Ahora quisiera saber, los que defienden a las AFJP, ¿en qué cajas estarán pensando?", se cuestionó la mandataria.
En la carpa preparada para la ocasión había muchas federaciones de jubilados, que habían sido invitados hace quince días para participar de una junta consultiva sobre la movilidad jubilatoria, de la que participaría Cristina Fernández de Kirchner. Pero todo se vio supeditado a la presentación de ayer. Igual, los jubilados chochos.
Muchos de ellos peronistas, alzaron sus dedos en V a la hora de cantar el himno e insultaron con fuerza cuando desde un video se mostraron imágenes de Carlos Menem y Domingo Cavallo, mientras que una voz en off decía: "Las AFJP perdieron hasta el 20 por ciento de su rentabilidad". Luego del video, el titular de la Anses hizo la siguiente correlación de hechos: "El mismo que creó el sistema de las AFJP, bajó las jubilaciones un 13 por ciento en 2001". Los jubilados insultaron a los innombrables y aplaudieron nuevamente.
Entre junio de 2000 y el mismo mes de 2007, el saldo administrado por las AFJP se multiplicó, pasando de 18.714 millones de pesos a 95.871 millones. "Algunos dicen que esto es una forma de saqueo. Pero la verdad es que desde que se implementó el sistema de capitalización, en la década del ’90, la deuda pública se incrementó en 100.000 millones de dólares", aseveró Boudou, quien dejó entrever nuevamente que se está estudiando un aumento de las jubilaciones antes de fin de año.
En el mismo momento en que los países del "primer mundo" están aplicando políticas de estatización, cuando antes las criticaban, el proyecto de ley que termina con las AFJP es un signo de que las cosas pueden estar cambiando. "Aquel relato que inundó nuestras vidas sobre la inviabilidad de un Estado fuerte, se derrumbó estrepitosamente", señaló Fernández de Kirchner. Incluso Boudou remarcó, tal como está escrito en el texto de la ley, que países como Estados Unidos, Francia, España y Canadá sostienen un sistema previsional público. "Cuando las medidas estatistas las toma Estados Unidos, resultan simpáticas. Si las tomamos nosotros, nos tildan de setentistas", retrucó la presidenta.
La semana que viene la Cámara de Diputados empezará a tratar el proyecto. La discusión parlamentaria promete ser dura, al menos desde la retórica. "Habrá muchas presiones, de toda índole. Son pocos los intereses en juego pero muchos los dividendos", advirtió Fernández de Kirchner a sus legisladores.

22 de octubre de 2008
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veintidós siguen en los cuarteles


Pese al reclamo de defensa.
[Diego Martínez] Argentina. Hace más de un mes, el Ministerio de Defensa pidió a los jueces federales que los militares procesados por crímenes de lesa humanidad sean retirados de los cuarteles, donde cumplen prisión preventiva custodiados por subordinados obligados a respetar su jerarquía. De los 22 uniformados en esa situación, ninguno fue aún trasladado a una cárcel común y sólo un juez –subrogante– acusó recibo.
El pedido de Garré abarcaba dos aspectos: no alojar a los represores en cuarteles de las Fuerzas Armadas y no acatar pedidos de traslados y custodias de criminales de lesa humanidad que cumplen arresto domiciliario.
Más de la mitad de los 22 uniformados presos en cuarteles se alojan en el Cuerpo III de Córdoba por orden de la jueza federal Cristina Garzón de Lascano. Ante reiterados pedidos de querellantes y fiscales, tanto la jueza como la Cámara Federal de Córdoba respondieron que para revocarles el arresto VIP antes deben probar que existe riesgo de fuga o que ponen en peligro la investigación. Esos son los requisitos que la ley exige para revocar una prisión domiciliaria, prevista para mayores de 70 años o personas con enfermedades terminales. Lo que no explican los magistrados es por qué militares que no reúnen las condiciones para gozar del arresto en sus hogares deben permanecer en cuarteles. Si ese criterio se combinara con el principio de igualdad ante la ley, Christian von Wernich debería estar preso en una capilla, Víctor Brusa en un juzgado y Rafael Di Zeo en la Bombonera. Sólo un oficial preso en un cuartel presentó un hábeas corpus para no ser trasladado a una cárcel, recurso que la Justicia aceptó y que el ministerio apeló.
El otro aspecto de la resolución incluía a los mandados cuestionados por el ministerio, que detalló Página 12. Estos incluían trasladar a generales al Hospital Militar, acompañar al dictador Reynaldo Bignone a la pileta del Círculo Militar y custodiarlo durante sus cuatro horas semanales de natación, o al coronel Pascual Guerrieri durante sus caminatas en el Regimiento de Patricios.
El juez federal Ariel Lijo calificó el pedido de Defensa como "una medida correctiva interesante". Informó que suspendió los traslados y custodias del Ejército y se los encomendó al Servicio Penitenciario Federal. También solicitó a los penitenciarios que determinen en qué instalaciones carcelarias puede caminar Guerrieri si no prefiere comprarse una cinta y quedarse en casa. Lijo explicó que cada solicitud para nadar o caminar se funda en una prescripción médica corroborada por forenses de la Corte Suprema de Justicia.
El juez federal Daniel Rafecas consideró que "es una cuestión del Ejecutivo saber qué fuerza pone a disposición". Aclaró que la asistencia de las Fuerzas Armadas a la Justicia en casos de militares imputados "es algo que estuvo pautado desde que comenzaron las detenciones", es decir durante la gestión de José Pampuro como ministro. "Defensa dio instrucciones y se ofreció como representante del Poder Ejecutivo para llevar adelante esa medida, y no teníamos por qué ofrecer reparos", explicó Rafecas, quien advirtió que ya no tiene represores a su disposición porque elevó las causas del Primer Cuerpo al Tribunal Oral Federal 5.
Desde ese tribunal, que por estos días instruye su quinto juicio por delitos de lesa humanidad, aseguraron que nunca recurrieron al Ejército para custodiar traslados y que ningún imputado les pidió salidas para caminar o nadar. La fuente aclaró que en diciembre pasado, cuando el prefecto Héctor Febres murió envenenado con cianuro en su dúplex VIP de Prefectura, los jueces revocaron otro arresto privilegiado que permitían. El comisario Carlos Enrique Gallone, luego condenado por la Masacre de Fátima, estaba a sus anchas en instalaciones de la Policía Montada y fue trasladado a la cárcel de Villa Devoto.
El juez Sergio Torres, que instruye la megacausa ESMA y encomendaba a la Armada la detención de marinos en desgracia, también aceptó el pedido de Defensa. "Si es la mejor manera de hacerlo, no hay problema, pero necesitamos que alguien lo haga. Si el Servicio Penitenciario cumple, no hay problema", respondió. Torres aclaró que a fines de 2005, cuando la Cámara Federal porteña le dio la instrucción de que los militares procesados con prisión preventiva debían ser trasladados y custodiados por el Servicio Penitenciario, esa fuerza le respondió que no contaba con personal suficiente para encargarse de la tarea.
Desde el juzgado federal de San Martín, a cargo de Alberto Suares Araujo, surgía el mayor caudal de trabajo para la dirección de Asuntos Humanitarios del Ejército, que todas las mañanas retiraba de sus hogares a los generales procesados por crímenes en Campo de Mayo y los trasladaba al Hospital o al Círculo Militar. Dos semanas atrás, los abogados querellantes solicitaron al juez que ordene los traslados al Servicio Penitenciario, verifique que se realicen con esposas y evite que los agentes de la Policía Federal los reciban con besos y abrazos.
Al margen del sondeo de Página 12, el único juez que respondió al pedido del Ejecutivo fue Guillermo Molinari, subrogante de Santiago del Estero. Molinari explicó que la cárcel provincial no está en condiciones pero que giró oficios a las unidades penitenciarias más cercanas pidiendo cama y comida para los militares detenidos. Los otros magistrados con represores en cuarteles son Carlos Vicente Soto Dávila de Corrientes, Jorge Raúl Parache de Tucumán, Héctor Raúl Acosta de Mendoza, Daniel Herrera Piedrabuena de La Rioja, y Horacio Aguilar, de Jujuy.

12 de octubre de 2008
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otro preso más


Después de diez años en su casa le revocaron el arresto domiciliario a Videla. Fue llevado al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, que está custodiado por el Servicio Penitenciario Federal. "La gravedad de los hechos resulta un escollo insalvable para el otorgamiento de la libertad ambulatoria", señaló el juez.
[Diego Martínez] Argentina. Hace casi un tercio de siglo lideró el golpe que dio comienzo al terrorismo de Estado. Hace 22 años fue sentenciado a prisión perpetua por la Cámara Federal porteña, condena que comenzó a cumplir servido por subordinados en una unidad militar. Hace 17 años recuperó su impunidad gracias al indulto de Carlos Saúl Menem. Hace una década el juez federal Roberto Marquevich ordenó encerrarlo en la cárcel de Caseros por robo de bebés nacidos en cautiverio, pero 37 días después la Cámara Federal de San Martín le concedió el arresto domiciliario. Estuvo en su casa durante diez años. Ayer, a los 83 años, el dictador Jorge Rafael Videla volvió a pisar una cárcel: la unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, ex Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, ubicada en el predio militar de Campo de Mayo pero con custodia de agentes penitenciarios.
Videla llegó a los tribunales de Comodoro Py acompañado por un uniformado del Servicio Penitenciario pero, a diferencia de los ladrones de gallinas, sin esposas. Vestía un traje gris jaspeado y llevaba una carpeta abajo del brazo. El juez federal Norberto Oyarbide lo hizo pasar a su despacho y le comunicó que había revocado su arresto domiciliario, que desde 1998 cumple en su departamento de avenida Cabildo 639. Videla salió de Tribunales hacia Campo de Mayo con "cierto enojo sereno", describió un abogado que se lo topó en el tercer piso.
El 11 de agosto pasado, una delegación de familiares y víctimas del terrorismo de Estado encabezada por María Isabel ’Chicha’ Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, se presentó ante Oyarbide para recordarle que Videla era el único represor condenado con arresto domiciliario y pedirle que lo enviara a la cárcel. El abogado Alejo Ramos Padilla, que ya había logrado el traslado al penal de Marcos Paz de Miguel Etchecolatz y su patota, recordó en su escrito que la prisión hogareña "no es un derecho automático", según estableció la propia Corte Suprema de Justicia, y que no pueden existir "diferencias ni privilegios" a favor de Videla. Luego de esa presentación, formulada en la causa por el plan sistemático de apropiación de menores, hizo lo propio la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la causa por el secuestro extorsivo de los empresarios Federico y Miguel Gutheim.
No sólo los abogados de Videla se opusieron, invocando que llevaba más de diez años detenido sin eludir la acción de la Justicia. El fiscal federal Federico Delgado argumentó que los efectos del indulto de 1990 seguían vigentes porque, si bien la Cámara Federal había confirmado su inconstitucionalidad, la defensa del dictador había presentado un recurso extraordinario que aún esperaba respuesta. Pero el trámite siguió su curso, los peritos médicos determinaron que Videla podía ser trasladado a un lugar de detención siempre que tuviera una atención médica acorde con su edad, y Oyarbide tomó ayer la decisión histórica.
"Al perder virtualidad jurídica el decreto de indulto" menemista "Videla volvió a ostentar carácter de condenado" por la sentencia del Juicio a las Juntas, sostuvo Oyarbide. Recordó que se le atribuye responsabilidad en 27 casos de sustracción, retención y ocultación de menores nacidos en cautiverio o robados a sus padres, en concurso con el delito de sustitución de identidad, por lo que su condena inevitable –si la muerte no lo salva– sería de cumplimiento efectivo. La elevación de la causa a juicio oral y público es inminente. Videla compartirá el banquillo de los acusados con los generales Reynaldo Bignone, Cristino Nicolaides y el marino Jorge ‘Tigre’ Acosta, entre otros.
"La gravedad de los hechos que se endilgan a Videla resulta un escollo insalvable para el otorgamiento de la libertad ambulatoria –agregó el juez–. El carácter permanente de los delitos que se le imputan implica necesariamente la sucesiva renovación del dolo", es decir su voluntad de continuar ocultando el destino de las criaturas robadas.
Oyarbide evaluó que "cualquier intervención negativa en la investigación afectaría seriamente el desarrollo de la pesquisa al punto de tornar estéril la labor del Tribunal, enderezada a la búsqueda de la reconstrucción de los hechos criminosos", y consideró que la unidad penal de Campo de Mayo, que aloja a varios gerontes, "cuenta con el equipamiento, la infraestructura y el personal necesario" para atender cualquier emergencia médica que pudiera sufrir el dictador.
Todo indica que el primer juicio oral y público que deberá afrontar Videla será en la causa Plan Cóndor, radicada en el Tribunal Oral Federal 1, aún sin fecha de inicio. Antes, los magistrados deben aceptar o rechazar un pedido de unificación con la causa Automotores Orletti, la cueva que albergó secuestrados a disposición de varios dictadores sudamericanos. En abril, el juez federal Daniel Rafecas lo indagó además por 570 secuestros, 270 tormentos y 29 homicidios en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército que no formaron parte del Juicio a las Juntas y por los que también deberá rendir cuentas.
"Haber recibido llamados de Abuelas, Madres y familiares para agradecerme es la mayor satisfacción profesional que puede recibir un abogado que pretende buscar justicia. En realidad soy yo quien les tiene que agradecer a ellos", comentó emocionado Ramos Padilla. "Era vergonzoso que Videla estuviera en su casa, con innumerables privilegios, cuando hay gente de baja jerarquía cumpliendo prisión preventiva en cárceles comunes, que a diferencia de Videla no fueron condenados", agregó.
"Es una buena noticia, signo de que al fin algunos jueces y fiscales están despertando. Videla es el genocida mayor, con mayúsculas. Siento que se hace un poco de justicia, nada más que un poco porque ¿dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde está mi nieta, que ya tiene 32 años?", se preguntó ayer Chicha Mariani, que dos meses atrás exigió la cárcel para Videla junto con Elsa Pavón, Mirta Baravalle, Clara Petrakos, Paula Logares, Genoveva Dawson de Teruggi y Rosaria Valenzi.
"Este gobierno es el que más ha hecho por los derechos humanos, lo aplaudo y agradezco, pero falta lo principal: los desaparecidos. Porque así como uno no tiene a sus nietos tampoco tiene la tumba de los hijos para llevarles un flor", explicó la fundadora de Abuelas, que hace tres décadas busca a su nieta Clara Anahí Mariani.

¿Qué cree que debería hacer la presidenta? –le preguntó Página 12.
Creo que la doctora Kirchner, a quien respeto, debe pedirles a los militares que digan dónde están los chicos. Como jefa de las Fuerzas Armadas tiene el derecho y el deber de hacerlo. Los militares, empezando por Videla, tiene que decir quién los tiene. Ellos lo saben. Sé que la presidenta trabaja mucho, pero espero que tenga tiempo para hacerlo antes de que yo decida partir.

11 de octubre de 2008
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política antinarcóticos mata


"A veces lo que mata no es la droga, sino las políticas de drogas". Dênis Petuco, de la Asociacion Brasileña de Reductores de Daños. El sociólogo propone ir más allá del reparto de jeringas. En Brasil, atienden a alcohólicos y consumidores de crack, pero también combaten prejuicios en el área de la salud.
[Pedro Lipcovich] Argentina. La palabra es acolhimento. Aun el alcohólico que nunca querrá dejar de beber, aun el adicto que jamás dejará su droga merecen acolhimento, es decir, merecen ser recibidos, refugiados, abrigados. La calidez de ese término de la lengua portuguesa expresa el modo como el sociólogo Dênis Petuco –de la Asociación Brasileña de Reductores de Daños– resume su tarea. La reducción de daños –ligada desde su origen con la escena en que un operador le brinda a un adicto una jeringa limpia, sin exigirle que abandone el consumo– es aplicable a otras adicciones y actividades humanas. Petuco contó su experiencia que, en relación con el alcoholismo, se centra no sólo en el trabajo con quienes beben en exceso, sino en la acción para que los agentes de salud superen los prejuicios que los llevan a negar atención a las personas que persisten en beber. El sociólogo y reductor de daños también habló del crack, que es a Brasil como el paco a la Argentina, y explicó por qué, en su criterio, "a menudo lo que mata no es la droga, sino las políticas de drogas". Dênis Petuco visitó la Argentina para participar en la VI Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, que organizó la Asociación Civil Intercambios.

–La política de reducción de daños en Brasil, como en gran parte de América latina, empezó en relación con la prevención del VIH/sida. Nuestra primera experiencia fue en Santos, en 1989. En esa época todavía se nos planteaban problemas con policías y jueces, para quienes ofrecer jeringas estériles se equiparaba con el tráfico de drogas. El tiempo pasó y las resistencias disminuyeron, aunque no totalmente, y se desarrollaron programas de reducción de daños en todo el territorio nacional. Muchos de ellos siguen vinculados con la prevención del VIH, pero la reducción de daños fue ampliando sus alcances en salud mental: el Ministerio de Salud de Brasil tiene un programa integral para usuarios de alcohol, cuyo marco central es la reducción de daños.

¿Cómo se aplica la reducción de daños en el alcoholismo?
Distintos estudios reconocen que muchas personas que abusaban del alcohol, o de otras sustancias, eventualmente abandonaron el consumo pero no por acción de algún servicio de salud, sino por cambios en su vida personal: un amor, un nuevo empleo, alguna de estas mudanzas de orden simbólico. Entonces, si tantas veces el cese en el consumo llega por otro lado, ¿cuál es el papel de los servicios de salud en relación con el alcoholismo? Antes sólo se pensaba en políticas de salud que ayudaran a detener el consumo pero eso, en los equipos de salud, actuó como un prejuicio. Si alguien llega alcoholizado a un servicio de salud y es rechazado, ese rechazo le hace daño, y disminuir el prejuicio que lo causa es una tarea de reducción de daños.

¿De qué modo se expresa ese prejuicio contra la atención al alcohólico?
Se expresa mediante distintos preconceptos: por ejemplo, que a la persona no se le pueden suministrar determinados medicamentos mientras tome alcohol, lo cual muchas veces no es cierto y sin duda no lo es respecto de los tratamientos contra el virus del sida, que no tienen ninguna incompatibilidad con la ingesta de alcohol. Entonces, lo primero es garantizar a las personas, por más que sigan bebiendo, el acceso a los programas de salud. No ya decirle que primero deje de beber y después vuelva. No: vamos a atenderla por más que beba, y, si no para de beber, seguiremos dándole acolhimento... ¿Existe esta palabra en español?

En español habría que decir "acogimiento", "refugio", "abrigo"; tal vez sea más expresiva la palabra en portugués.
En salud pública, hay investigaciones específicas sobre estrategias de acolhimento: no se puede exigir que una persona pare de beber para recién entonces recibirla. Las personas no tienen que hacer nada para merecer acolhimento; deben ser acolhidas y punto.

Usted hablaba de una mayor presencia de la reducción de daños en la salud mental en general...
Desde hace más de 20 años existe en Brasil un movimiento social muy importante que llamamos de la reforma psiquiátrica, vinculado con la idea de poner fin a los manicomios. Los militantes de la reforma psiquiátrica en Brasil desarrollaron estrategias humanizadas, innovadoras, para romper el esquema manicomial, pero los servicios que trataban el alcoholismo y otras drogas seguían siendo tan medievales como siempre. Esto empezó a cambiar hace muy pocos años, precisamente a partir del diálogo entre el movimiento de reducción de daños y los activistas en el campo de la salud mental. La reducción de daños también puede ser un dispositivo de la reforma psiquiátrica.

Volviendo a la reducción de daños en alcoholismo, ¿esta estrategia es compatible con abordajes como el de Alcohólicos Anónimos?
Es plenamente compatible. Lo único que Alcohólicos Anónimos le solicita a la persona es que tenga el deseo de detener el consumo; puede ir todos los días a contar que no lo logró, y será recibida. Nosotros vamos más allá: tampoco exigimos la voluntad de parar.

En este caso, el trabajo que ustedes hacen es ante todo con el personal de los servicios de salud...
Ciertamente. En Brasil, el reductor de daños tiene clara su doble función: atender directamente a usuarios de drogas, y sensibilizar a la red de trabajadores de la salud. Claro que hay reductores de daños que trabajan directamente con alcohólicos. Por mi parte, actualmente trabajo en especial con usuarios de crack, un derivado de la cocaína cuyos efectos y alcances sociales se parecen a los del paco en la Argentina.

Cuéntenos...
El uso de crack tomó fuerza en los inicios de esta década. Hasta entonces era muy fuerte en Brasil el problema del uso de drogas inyectables, y la reducción de daños empezó a partir de las lógicas de intercambio de jeringas. La introducción del crack hizo necesarias nuevas estrategias. Seguían sirviéndonos las tecnologías para adentrarnos en redes de usuarios clandestinos, pero no ya la del intercambio de jeringas. En relación con el crack, usamos mucho la distribución de cremas para protección labial. A menudo estos jóvenes usan y comparten, para fumar el crack, latas de gaseosas o de cerveza. Esas latas les lastiman los labios y todo eso termina en el peligro de trasmisión de virus como el de la hepatitis; también hay personas que sacan sus latas de la basura y terminan muriendo de leptospirosis, enfermedad trasmitida por roedores. Los protectores labiales son cremas cicatrizantes; cerradas las heridas de los labios, dejan de ser puertas de entrada para infecciones.

¿Qué alcances tiene la reducción de daños en usuarios de crack?
Es claro que el crack, como el paco, ponen a los jóvenes en niveles de vulnerabilidad que van mucho más allá de lo que un protector labial puede resolver. Es frecuente que, cuando vamos a un lugar donde estuvimos la semana anterior y preguntamos por tal joven con quien veníamos trabajando, la respuesta sea: "Murió". ¿Murió? "Le pegaron un tiro." En Brasil usamos la expresión "secar el hielo" para referirnos a un trabajo imposible: en reducción de daños, muchas veces sentimos que estamos tratando de secar el hielo. Esto pasa cuando los jóvenes mueren, no a consecuencia del uso de drogas, sino de las políticas prohibitivas que conducen a lógicas de violencia; a menudo lo que mata no es la droga, sino las políticas de drogas.

En el ejemplo que dio recién, ¿quién le pegó el tiro a ese joven?
Pudo ser la policía, pudo morir en el marco de las guerras entre traficantes, pero tanto la violencia policial como la guerra de tráfico son dinámicas producidas a partir de las políticas de prohibición. Por eso la reducción de daños no es sólo una estrategia de salud, sino también una estrategia política. Nuestra clínica debe ser una clínica política. Muchas veces los usuarios de estas drogas son chicos de la calle, que padecen distintas enfermedades, infecciones; en un joven que vive y duerme en la calle y que usa drogas, el mayor problema no es la droga, sino la miseria. Y a menudo la mayor contribución que podemos hacer como reductores de daños es, antes que cambiar jeringas u ofrecer protectores labiales, procurar que los servicios sociales hagan su trabajo.

¿Qué edades suelen tener los usuarios de crack en Brasil?
Son muy jóvenes; pueden tener hasta menos de diez años. El crack, en Brasil, es consumido principalmente por los jóvenes, en particular jóvenes pobres, que viven en la calle sin vinculación con sus familias. En el orden de las drogas ilícitas, el crack es el mayor problema. Claro que la droga que más problemas trae sigue siendo el alcohol.

¿Puede discernirse una relación entre el consumo de crack y la trasmisión del VIH, como la hay sin duda respecto del compartir jeringas?
El crack no plantea ya esa relación objetiva que planteaba el uso compartido de jeringas. Pero sí plantea una serie de relaciones no objetivas, indirectas. Así, como decíamos, en muchas ciudades brasileñas lo usan chicos y también chicas de 14 años, de 12 años, que viven en condiciones miserables. El crack es una droga muy barata en Brasil: una dosis, una "piedra", cuesta cinco reales, algo así como diez pesos argentinos. Estas chicas se prostituyen para comprarla: cobran lo mismo que les cuesta la droga, cinco reales. Pero no usan sólo una piedra, sino varias por noche; por lo tanto deben prostituirse varias veces, la mayoría sin preservativo.

O sea que esa relación existe también para el crack.
Hay una relación entre uso de drogas, miseria y VIH, pero esta relación no es ya directa, sino más sutil. Hay estudios que muestran cómo la población que usa drogas sigue siendo más afectada por el VIH, aun sin uso de jeringas. Pero los financiadores pueden no percibir que la droga sigue involucrada en la cuestión del VIH/sida. De hecho, en Brasil han disminuido los recursos destinados a programas de reducción de daños: hoy sólo unas cien ciudades reciben financiación del gobierno federal para estos programas; en la segunda mitad de los ’90, eran muchas más.

11 de octubre de 2008
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nuevo escenario de la despenalización


La discusión sobre la despenalización del consumo de drogas. En la segunda y última jornada sobre políticas de drogas, funcionarios, legisladores, jueces y expertos debatieron cómo debe prepararse cada área para el momento de despenalizar la tenencia de drogas. Qué hacer en salud, educación y trabajo.
[Emilio Ruchansky] Argentina. El cierre de las Primeras Jornadas sobre Políticas Públicas de Drogas mostró un cruce interesante, con momentos cómicos y trágicos al mismo tiempo, entre funcionarios, abogados, activistas, académicos, docentes, médicos, diputados, psiquiatras y particulares. Con un clima más íntimo que el del primer día, se tocó el aspecto no penal del paradigma venidero –la despenalización de la tenencia para consumo personal– en los diferentes paneles sobre salud, educación y trabajo. Se preguntó mucho, hubo más debate y hasta aparecieron los reproches. Es que además de ser un tema "complejo" (palabras preferida de todas las jornadas), el tema de las drogas hiere sensibilidades e intereses.
"Bienvenidos señores adictos", fue la frase de recibimiento a la primera charla del día: las políticas de reducción de daños en salud. "Bienvenidos adictos al auto, adictos al consumismo, adicto al trabajo, a la peluquería, a las uñas, al gimnasio, a la almohada", continuó Juan Sylvestre Begnis, presidente de la Comisión de Salud del Congreso nacional. Eran las 9 y faltaba gente. Y el doctor prosiguió explicando que el tema de la adicción excede a las drogas, sean legales o no. Enumeró entonces "lo que hay y lo que falta hacer" para estar a la altura de las circunstancias. "O construimos más cárceles", bromeó.
Primero explicó que el sistema de mil becas para el tratamiento de las adicciones de la Sedronar, la actual secretaría a cargo del tema, y las comunidades terapéuticas no son suficientes y tampoco han resuelto el tema. Luego advirtió que el sistema sanitario deberá capacitarse e informarse; "dimensionar" el tema porque "no está preparado para la demanda". Por suerte, ironizó, la mayoría de la gente no consulta por su adicciones: "Es lo que pasa con los fumadores de tabaco, por ejemplo".
Si hay voluntad de parte de la persona, indicó, se le debe ofrecer talleres multidisciplinarios, pero la más importante es entender la necesidad de trasladarse a los lugares más marginales, donde por su (mala) calidad las drogas son más dañinas y tóxicas. "La adicción es una patología de la sociedad, exacerbada por la pobreza. Y nosotros atendemos sus consecuencias. Hay que instalarse cerca de la pobreza, aunque esto implique ser partícipe necesario de la inequidad", reconoció.
Sentado a su lado, Carlos Ramín contó que en su primer día como titular de Toxicología del Hospital Fernández conoció "la crotera", la sala donde anónimos y familiares depositaban a los alcohólicos crónicos y a indigentes, al que cambió por un centro de asistencia integral en el tema. El toxicólogo Ramín recibió varias preguntas de usuarios terapéuticos de cannabis. Dijo conocer los potenciales de su uso el tratamiento de los efectos colaterales del tratamiento del VIH, cáncer y glaucoma "pero las medicinas convencionales para los mismos tratamientos son más efectivas que la marihuana", aseguró.
"Te comento mi experiencia", le dijo la activista Edith Moreno, quien contó que le habían recetado varios medicamentos para la acidez y los vómitos, derivados del tratamiento del cáncer. "Y sólo encontré el alivio pleno fumando cannabis índica en un vaporizador y eso que probé con el Sesamet (un medicamento que contiene el principio psicoactivo del cannabis) pero no tuve resultados positivos."
El moderador, el diputado Leandro Gorbacz, cerró la mesa con una definición tajante: "Hay una gran simulación en este tema. Se simula una política de atención cuando se ofrecen insuficientes, se simula una voluntad de tratarse por parte de la gente porque si no los meten presos, se simulan las derivaciones a centros médicos o granjas cuando termina siendo un destierro. Se simula una internación cuando en la práctica es una detención".
La charla de Educación comenzó con un sinceramiento: "Estos temas generan dudas, ansiedades, angustias a los docentes, empecemos por ahí", dijo Alberto Sileoni, secretario de Educación. Y siguió: "El tema de las adicciones no es otra cosa más, es inherente, absolutamente esencial, a la condición de educar. Hace poco vi un grafitti en Ciudadela que me impactó. Decía: ‘La droga mata lentamente. No importa, yo no tengo apuro’. Y me impactó porque habla de la falta de un proyecto de vida, y eso es justamente lo que les pasa a los chicos que están fuera de la escuela".
Fue entonces cuando esbozó uno de los caminos a seguir en educación bajo la premisa de "ver los conflictos como oportunidades". "Hay que trabajar en la identificación de los factores de riesgo, generar espacio de inclusión, hacer promoción para la vida. No estamos pidiendo nada extraño para los docentes", concluyó. ¿Da la sensación de que los propios maestros y profesores conocen poco del tema?, preguntó Página 12. "Es cierto –concedió–. Estamos revisando los contenidos que aprenden los docentes. Es un tema difícil porque tenemos que adecuarnos a cierto clima de época."
En la mesa de Trabajo hubo anuncios sobre futuros convenios para la asistencia a través de programas de responsabilidad social empresaria en el tema y un futuro programa para jóvenes por "más y mejor trabajo". La doctora Mónica Nápoli detalló el sistema que utilizan varias empresas para detectar el consumo crónico de calmantes, alcohol, marihuana y cocaína "con consentimiento informado y confidencialidad". Se hacen en general por sorteo, como en el fútbol, y participan todos los niveles jerárquicos de la empresa. A las personas que padecen adicción se les ofrece tratamiento, voluntario. "Varias filiales argentinas de empresas mutinacionales lo están haciendo, obviamente interesadas en mejorar la productividad de sus trabajadores, ayudarlos termina siendo más económico", destacó ante el escrutinio de varios jueces garantistas.

11 de octubre de 2008
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ex dictador videla en cárcel común


Ex dictador argentino Jorge Videla es trasladado a una cárcel común. El ex gobernante cumplía arresto domiciliario en el marco de una causa por el secuestro de dos empresarios durante su mandato.
Buenos Aires, Argentina. Un juez federal ordenó hoy el traslado a una cárcel común del ex presidente argentino Jorge Videla, quien hasta ahora cumplía arresto domiciliario en el marco de una causa por el secuestro de dos empresarios en 1976 y 1977.
"Se dispuso la detención en una prisión común a los fines de este proceso, siguiendo un pedido de la querella", explicó una portavoz del juez federal Norberto Oyarbide, quien pidió no ser identificada.
Videla será alojado en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal ubicada en la localidad de Campo de Mayo -unos 25 kilómetros al oeste de esta capital- donde se encuentran detenidos otros militares acusados de delitos de lesa humanidad.
Oyarbide investiga el secuestro extorsivo de los empresarios textiles Federico y Miguel Gutheim entre noviembre de 1976 y abril del año siguiente.
Los empresarios fueron liberados luego de ser obligados a cerrar un acuerdo de compraventa de algodón con una firma de Hong Kong, un negocio en el que, según ellos mismos denunciaron, estaba interesado el entonces ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz.
Los Gutheim fueron obligados a firmar documentos relacionados con la operación comercial en su lugar de detención, según denunciaron.
En el proceso están acusados Videla, Martínez de Hoz y el entonces ministro del Interior, el general retirado Albano Harguindeguy.
La causa por el secuestro de los Gutheim fue archivada en 1990 cuando los tres militares fueron beneficiados por un indulto del entonces Presidente Carlos Menem. En 2006 la justicia federal anuló los indultos presidenciales por entender que el secuestro extorsivo de los empresarios constituyó un delito de lesa humanidad.
Videla, de 83 años, está también acusado en otras causas por crímenes de lesa humanidad como el robo de hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio y el Plan Cóndor, un acuerdo de cooperación entre las dictaduras de Sudamérica en la década de 1970 para perseguir a opositores.
Videla llegó al poder el 24 de marzo de 1976 tras el golpe militar que derrocó a la Presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón. En 1981 pasó a retiro y fue reemplazado por al general Roberto Viola.
Su mandato es considerado como la etapa más represiva del régimen, en la que se produjeron la mayor cantidad de secuestros y asesinatos.
Según diversos cálculos oficiales y defensores de derechos humanos, entre 9.000 y 30.000 personas fueron muertas durante la dictadura de 1976 a 1983.

10 de octubre de 2008
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