Blogia
mQh

argentina

drogas, tratamiento o cárcel


Entrevista a la ministra de la Corte Suprema, Carmen Argibay. "El drogadicto es un enfermo, no un delincuente". Anticipa que la Corte sentará posición sobre la tenencia de droga para consumo personal. Dirá que el drogadicto no tiene que ir preso sino hacer un tratamiento.
[Irina Hauser] Argentina. "Perdón, soy una farmacia ambulante", se excusa Carmen Argibay cuando está a punto de tomar uno de los remedios que tiene desplegados sobre el escritorio. Su amplio despacho huele a menta. Antes solía hablar con un cigarrillo en la mano, un hábito que abandonó desde que su corazón le dio un sobresalto. Ahora acompaña sus palabras con un pocillo de café, que saborea con felicidad. La pasión que pone para transmitir sus pensamientos –y que queden bien claros– es la de siempre.
Desde que el gobernador Daniel Scioli salió a pedir bajar la edad de imputabilidad de los menores y el gobierno nacional clamó por cárcel y mano dura como respuesta al delito, el tema –dice– la "tiene loca". Antes de culpabilizar a los niños en conflicto con la ley, sugiere que el Ejecutivo revise sus prioridades y las ubique más cerca de "proteger a los jóvenes" que de instalar "el tren bala". Es parte, cuestiona, de "la esquizofrenia de los argentinos", que piden más prisión como castigo "pero dicen ‘qué barbaridad’" si alguien termina declarado inocente después de haber pasado dos años detenido antes de la sentencia.
Argibay se queja de que "los legisladores no trabajan" y la Corte termina diciéndoles "lo que deben hacer". Así como empujó a restablecer un índice de movilidad jubilatoria, anticipa que el tribunal está próximo a invalidar la norma que castiga la tenencia de droga para consumo personal y, con eso, propiciar un cambio en la ley de estupefacientes. También podría impulsar la revisión de las políticas y condiciones de privación de la libertad de los menores, y a la larga encauzar una reforma penal juvenil de la que muchos hablan pero nadie concreta "porque no da votos". Apuntalar políticas de Estado es ya un clásico de esta Corte. Lo hizo también con el Riachuelo, y hace unos días con un sorpresivo fallo sobre libertad sindical que la jueza no firmó pero aquí deja en evidencia que comparte.
El trato a las minorías, empezando por las mujeres y niños, es uno de los asuntos que más sensibilizan a Argibay. Sus críticas no sólo apuntan al poder político sino al propio sistema judicial. "En este Palacio de Justicia –comenta– hay 19 baños pero sólo dos son para mujeres: uno está en el séptimo piso, junto a los tribunales de menores, y otro en la planta baja. Los estudios de abogados suelen mandar a secretarias mujeres a hacer trámites acá toda la mañana. Hacen colas, ven expedientes, toman nota, y si quieren ir al baño, sólo tienen esas dos opciones. Este edificio es de 1910, época en las mujeres no cortaban ni pinchaban y no tenían funciones en el Poder Judicial. Casi no había abogadas. No éramos ciudadanas de primera."

¿Cómo es posible que siga igual si pasaron casi cien años? –pregunta este diario.
Nadie lo planteó, nadie lo miró. Sólo se han adaptado baños para las empleadas que se han ido incorporando, pero no hay baños públicos para mujeres. Yo se lo reclamé con mi mejor sonrisa al arquitecto de la Corte, porque estamos previendo algunas reformas para el año que viene, ya que son varios los problemas. Y en lo posible, que recuerden que muchas mujeres vienen con chicos y pongan una mesa rebatible para cambiar pañales. Hasta en los aviones hay.

¿En otros edificios del Poder Judicial pasa lo mismo?
Claro. En Comodoro Py (tribunales federales porteños) hay tres tribunales orales de menores, o sea que hay madres con chicos. ¿Hay algún lugar donde los chicos pequeños puedan ser atendidos mientras sus madres hacen trámites? No. Siempre dependen de la buena voluntad de los empleados de las secretarías tutelares que entretienen a los niños. ¿Y si tienen que declarar como testigos? Lo mismo. El concepto es "arréglese como pueda porque tiene que venir a declarar". Y si no viene, la buscan con la fuerza pública. Y si no tiene dónde dejar a los chicos, "tráigalos", aunque nadie sabe dónde los pondrán. Es mucho más molesto para las mujeres hacer cualquier trámite en tribunales, lo cual representa una causa de discriminación más. Por lo tanto, hay que eliminarla.

De Aborto, Droga y Pibes Chorros
El gobierno amaga con despenalizar la tenencia de droga para consumo personal, pero en el Congreso no pasa nada. ¿Es otro de los casos en que la Corte va a terminar instando a una reforma?
Y, va a terminar siendo así, porque tenemos una causa.

Que ya tiene mayoría de cuatro votos.
Igual no sé si llegamos a que salga este año, por algún problema en la circulación. Pero es probable que la Corte defina esto antes que el Congreso. Pero no es, como se escandaliza mucha gente, que la Corte va a despenalizar la droga en general. Si sale el fallo tal como viene, en todo caso va a decir que el drogadicto no tiene que ir preso, que tiene que hacer un tratamiento. Es un enfermo, no es un delincuente si tiene droga para uso personal. Si eso es despenalizar la droga, yo soy japonesa. No tiene nada que ver. En los países donde se han despenalizado las drogas, no se han despenalizado todas, sino las blandas. La marihuana, y algunos llegan hasta el hachís. Lo que hay son programas de recuperación para los adictos que consumen cocaína, heroína o lo que sea. El Estado se hace cargo de un programa de desintoxicación sin que entren en crisis de abstinencia.

¿Por qué este tema se dilata a nivel político? ¿Hay connivencia del poder con la comercialización?
Zaffaroni dice que no se puede comercializar si no hay connivencia de la policía y del poder político. Yo no me animo a aseverarlo así, pero es posible. No hay ningún sector que sea perfecto ni haga todo bien.

¿La lógica del sistema penal que expulsa y afecta a las mujeres, como en el ejemplo de los edificios de los tribunales, es la misma que encierra a los niños que delinquen? Hasta el poder político pide meter presos a los menores desde que Scioli llamó a bajar la edad de imputabilidad a 12 o 14 años.
Es una de las cosas que a mí me tienen loca. Todo el mundo ya sabe lo que yo pienso sobre el aborto, así que cuando aparecen con estos planteos yo digo: ¿para qué quieren que nazcan? ¿Para qué? Para maltratarlos, para meterlos presos, para abusarlos, para explotarlos, para dejarlos en la calle, para matarlos. Para eso quieren que nazcan (suspira). Sin palabras.

¿La Corte va sentar posición sobre la edad de imputabilidad? Tienen un fallo pendiente sobre la constitucionalidad del régimen de privación de la libertad de los menores de 16 años en institutos.
Es el caso del Instituto San Martín. Algo vamos a hacer. En su momento decidimos no liberar a todos los menores internados allí porque son blancos móviles. A esos chicos, que han tenido algún conflicto con la ley penal pero son inimputables porque son menores de 16 años, la policía ya los tiene marcados. A veces no tienen dónde ir, o los maltrata la familia, o la familia no los quiere tener. No se los puede largar a la calle así, porque los van a matar. No quiero esas muertes sobre mi conciencia. Primero buscamos averiguar cuántos son, qué jueces de menores intervienen y qué conocen sobre cada caso. Sabemos que ni los institutos de menores ni las cárceles son una maravilla, pero eso no depende de nosotros. Lo que sí podremos hacer es intimar a los poderes públicos para que se ocupen de que los institutos funcionen como deben y tengan lo que necesiten. Pero no hay un planteo sobre la edad de imputabilidad.

¿No haría falta, en realidad, una reforma penal juvenil que contemple a los menores como tales?
Claro que hay que reformar el sistema. Hay cincuenta mil proyectos en el Congreso, pero no los tratan. Porque no les interesa, porque no da votos, porque el Poder Ejecutivo pide cosas más urgentes y porque los legisladores no trabajan mucho. El Congreso es una institución fundamental, el foro de discusión de la ciudadanía, donde se representan los distintos modos de pensar y se debería buscar consensos. Sin embargo no lo hacen, no cumplen con lo que deben. ¿Entonces qué pasa? Pasa que la Corte tiene que decirles "oigan, señores, ustedes tienen que hacer esto". Como sucedió con el caso Badaro: tienen que fijar un índice (de movilidad de las jubilaciones). Les damos un tiempo, si no lo hacen lo vamos a tener que hacer nosotros. Pero ahí es cuando nos acusan a los jueces de querer gobernar. Con el tema de los menores puede terminar pasando exactamente lo mismo, porque no hay una ley penal juvenil o como quieran llamarla. ¡Que se ocupen de los menores! Pero que se ocupen, y no como si fueran mayores. A un chico de diez años, ¿quién le enseñó a usar una pistola?

¿Cuáles deberían ser los pilares de la reforma?
Bajar la edad de imputabilidad seguro que no. Por lo pronto, la protección y la educación siempre. Y el hacerles entender que son personas que tienen derechos y valen. La sensación que tienen ahora es que su vida no vale nada. Por eso el paco. Si le decís a un chico de 19 años cómo se ve el año que viene, te contesta "muerto". Si no lo mata el paco, lo mata la policía. Tendría que ser un régimen destinado a proteger, no a estigmatizar o encerrar.

¿Por qué cree que hay quienes se escandalizan cuando usted y otros penalistas advierten que la salida no es endurecer penas ni la cárcel?
Hay días que creo que los argentinos somos esquizofrénicos. Me lo podrán rebatir los psicoanalistas, pero yo me puedo dar el lujo de decir alguna estupidez. Nosotros nos jactamos de tener una Constitución maravillosa, con todas las convenciones de derechos humanos incorporadas, somos mejores que todos, los norteamericanos, los europeos, pero después no la queremos cumplir. Cuando la Constitución dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio, no dice en un diario, ni en la televisión, ni en una marcha. Entonces pasa lo que pasa ahora en San Isidro, donde hay una marcha porque lo mataron al ingeniero Barrenechea y otra porque Brian está preso y es un pobre chico que vive en la villa. Las dos marchas a la vez: en una dicen que al chico hay que matarlo porque es un asesino y en otra, que lo discriminan porque es menor y negrito. Es la misma sociedad, totalmente esquizofrénica. Si el día de mañana tienen a un tipo preso dos años y luego el tribunal oral lo absuelve porque fue un invento de la policía, todos los diarios, empezando por el del amigo (Fernán) Saguier, se rasgarán las vestiduras diciendo "qué barbaridad, dos años preso y era inocente". Todos los presos sin condena son inocentes. Lo dice la Constitución, que después no queremos respetar.

¿Pero no es que los jueces proveen una "puerta giratoria", como dijo su colega Ricardo Lorenzetti?
Fue una expresión muy desgraciada de mi colega. Que me expliquen por qué están llenas las cárceles si acá hay una puerta giratoria. Nosotros tuvimos que meternos con las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Le tuvimos que decir al ministro de Justicia de Felipe Solá que hicieran algo con las cárceles y que sacaran a los chicos de las comisarías. ¿Y con las cárceles de Mendoza? Tenemos un problema con la Corte Interamericana que el Estado argentino se comprometió a solucionar, pero cada dos por tres tenemos un inconveniente con una cárcel. ¿Por qué? Porque las cárceles están superpobladas. ¿Y no era que había una puerta giratoria, y todos entran por un lado y salen por el otro?

¿Sirvió de algo que la Corte interviniera por las cárceles bonaerenses?
Entiendo que mejoraron, pero no todo lo que deberían. Era la época de Solá. Ahora tenemos un gobernador que quiere meter a los niños presos.

¿Qué solucionó el gobierno de Scioli al anunciar, tras el crimen del ingeniero, una reforma policial y judicial, incluido un proyecto para limitar las excarcelaciones?
Nada. No es solución decir "vamos a hacer pi, pi, pi, pi, pi".

Hasta la presidenta Cristina Kirchner lo avaló, responsabilizó a los jueces, pidió más presos y medidas más duras...
Esto también es un problema de educación, pero de los políticos, que están acostumbrados y preparados para reaccionar de acuerdo con la sensación térmica de la sociedad y lo que la gente quiere oír. Hoy esa sensación es que a los menores hay que matarlos. De pronto, ya no hay delincuentes mayores. Durante el conflicto del campo no pasó nada en este país para los medios: no hubo robos, no hubo ningún problema delincuencial. Después, con lo del ingeniero Barrenechea, subió otra vez la sensación térmica. ¿Y la plata para la educación? ¿La plata para alimentar a esos chicos? ¿Para las madres embarazadas?

Si usted tuviera en sus manos la posibilidad de diseñar políticas de seguridad y sobre minoridad, ¿qué haría?
Primero necesitamos educación básica, que es lo que está perdiéndose desde el golpe de 1930 en adelante. Cada golpe fue estropeando más la educación. Por ahí hay que empezar. Esto implica la inclusión de todos los chicos en edad escolar en el sistema educativo. Para eso hace falta un plan de gobierno que disponga de medios económicos para eso, y no para decir que le van a dar una computadora a una escuela de campo que no tiene electricidad. Pero también tenemos que tener comida: un pibe que no come no puede sentarse a aprender nada, porque no está alimentado como debe. Ya sé, esto lleva tiempo, pero algún día hay que empezar. ¿Qué hacemos con los que ya están en el problema? Tenés, por ejemplo, a los que son enfermos, los que consumen paco, que tienen poca esperanza de vida, pero la poca que tienen hay que mejorársela. Que no digan que esto cuesta plata, yo creo que se gasta mucha más plata en una gran cantidad de cosas inútiles. Quiero que me arreglen los trenes que están, antes de que me pongan el tren bala. Con lo que va a costar el tren bala, que va a ser caro y pocos podrán usar, ¡apliquemos ese dinero a otra cosa! Hay que fijar prioridades y la prioridad deberían ser los jóvenes.

Libertad Sindical
¿Por qué usted no votó el fallo sobre libertad sindical?
Yo no declaro inconstitucionalidades de oficio, es decir, cuando nadie las pidió. En este caso no estaba pedida por la parte. Por eso no voté, no porque no estuviera de acuerdo con lo que decían mis colegas. Ya va a salir un voto mío en otra causa similar que tenemos en trámite.

¿Qué impacto cree que va a tener esa resolución en los ámbitos laborales?
Va a tener un impacto muy bueno. Le va a permitir a la gente tener mayor libertad de afiliación sindical y evitará que sea un sindicato el que domine el esquema laboral en general. Si tenés un solo sindicato que domina todo, no hay posibilidad de discusión ni opiniones diferentes. No puede ser, ¿acaso no vivimos en una democracia?

¿Es correcta la apreciación del Gobierno de que los lineamientos del fallo son sólo para el sector público?
No sé de dónde sacaron eso. Es lo que ellos interpretaron (se sonríe). El día que nos planteen eso concretamente, veremos qué decimos nosotros.

¿El gobierno estará obligado a reconocerle la personaría a la CTA a partir de esta sentencia?
No es que estén obligados. Si el fallo los impulsa a tomar esa medida, mejor. No estaría mal.

¿Usted cree que, como advirtieron la CGT y la Confederación General Económica, el nuevo escenario va a complicar las negociaciones laborales?
Sí, claro... (acentúa el tono irónico). En una empresa chica, por ejemplo, ¿cuántos sindicatos puede haber? ¿Dos? Como mucho.

Pronto también tendrán que resolver la constitucionalidad o ilegalidad de las retenciones móviles. ¿Cuál es el sentido de que la Corte se pronuncie sobre un tema que ya tuvo una salida política?
No he visto la causa, no sé. A lo mejor no tiene sentido. Puede ser que la Corte diga que no tiene nada que decir. Depende de cómo llegue el planteo. A veces los recursos llegan tan mal fundados, que hay que rechazarlos. Nosotros no nos levantamos una mañana y se nos ocurrió fallar sobre la libertad sindical para hacer un desparramo y ponernos en contra a la CGT, a Piumato y todos los demás. Esto se viene trabajando hace tiempo porque había un caso. En el tema de las retenciones, así como podría ser abstracto, también podría ser que tengamos que interpretar la cuestión de la delegación de las facultades legislativas en el Ejecutivo, el tema principal. Si avanzamos, de todos modos, la primera discusión será si es un impuesto, una tasa o qué diablos es.

¿Sobre la eliminación de las AFJP llegó algún planteo?
Todavía no. En algún momento seguramente llegará.

¿Con qué nos va a sorprender la Corte antes de fin de año?
No sé, hay cosas que a ustedes los sorprenden y que para nosotros son normales.

Para convalidar la obtención de muestras de ADN en allanamientos con el fin de determinar la identidad de posibles hijos de desaparecidos, ya tienen mayoría de cuatro votos. ¿Podría salir ese fallo?
Es uno de los que podría salir antes de fin de año. Igual siempre, en este tipo de casos en que tratamos de que la mayoría sea lo más fuerte posible, hay muchas idas y vueltas, a menudo hasta por discusiones académicas entre nosotros.

30 de noviembre de 2008
©página 12 
rss

última amenaza de un chacal


Tensión en Tucumán durante el velatorio del ex represor y ex policía suicidado. Su viuda juró "matar" por venganza, mientras ex policías decían que fue un buen hombre. Intimidaciones.
[Carlos Rodríguez] Argentina. "Lo hizo para perpetuarse, para quedar en la historia. En Tucumán, a partir de la figura de (Antonio Domingo) Bussi y de la dictadura, mucha gente tiene incorporado el discurso de la mano dura, de la ley y el orden. Y en ese marco, para muchos, el Malevo Ferreyra no era un asesino, era un justiciero." El periodista, de un diario alternativo de Tucumán, definió el perfil del policía tucumano Mario ‘El Malevo’ Ferreyra y analizó el porqué de su cinematográfico suicidio, el viernes, frente a las cámaras de Crónica TV, imágenes cuya difusión fue prohibida por una jueza porteña, por pedido del presidente del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Juan Gabriel Mariotto. "Fue fanfarrón y prepotente hasta el último minuto de su vida. Se mató para no sufrir la humillación de una nueva condena por asesino." Otro periodista, de un medio importante de la provincia, coincidió en la visión de un "suicidio premeditado, para convertirse en un mito para sus seguidores". Los dos periodistas pidieron reserva del nombre, por razones de seguridad, mientras que los abogados de Derechos Humanos de Tucumán también se llamaron a silencio, por ahora. "El clima en la ciudad está muy denso, es mejor esperar", comentó una dirigente local ante la consulta de PáginaI12. La decisión fue tomada luego de una reunión que se hizo ayer por la tarde.
Para alimentar el mito, anoche los familiares del Malevo Ferreyra seguían velando sus restos a cajón abierto, preservando los elementos que lo hicieron famoso. Su imagen era la misma que levantaba desprecio en muchos y que, al parecer, genera devoción en otros tantos: lucía su típico sombrero de paja y su camisa negra de siempre, lo que disimulaba la mortaja que cubría parte del cuerpo.
El sepelio fue demorado para hoy a las 11, en el cementerio de la localidad de Los Pereyra, Cruz Alta, al este de San Miguel de Tucumán, donde había nacido hace 63 años. Los allegados confirmaron que Ferreyra será enterrado con su sombrero característico. El velatorio comenzó ayer, antes del mediodía, y ayer por la tarde se esperaba la llegada de otros familiares, su madre y un hermano, que viven en Buenos Aires, y un hijo que reside en los Estados Unidos.
La vigilia, que anoche se hacía a la luz de las velas, era amenizada por sus ex compañeros de armas llevar, policías y algunos ex militares o paramilitares. "Era un tipo que siempre iba de frente, que se jugaba por la sociedad. No era un asesino como dicen los de los derechos humanos", expresó en voz alta un ex policía, como para que lo escucharan los periodistas y fotógrafos de los medios locales que fueron hasta la finca de San Andrés, donde vive la familia Ferreyra, a cubrir el velatorio. "Cuando entrábamos con él en algunos barrios peligrosos, los delincuentes nos respetaban, porque él se sabía hacer respetar". Para imponer tanto "respeto" cometía atropellos, torturas y asesinatos, de los que fue acusado a lo largo de toda su vida.
Por un triple crimen, cometido en 1991, cuando se desempeñaba como jefe de la Brigada de Investigaciones, fue condenado en 1993 a la pena de prisión perpetua, pero en septiembre de 1996, por un decreto del entonces gobernador Antonio Domingo Bussi, le redujeron la condena a 20 años y un año después a 18. Desde septiembre de 1998 comenzó a gozar de salidas transitorias para ir a trabajar y en 2002 obtuvo la libertad condicional. A pesar de tantos beneficios, ayer, sus ex compañeros, seguían expresando sus críticas "a la persecución del gobierno nacional y provincial, que llevó a la muerte al mejor policía que tenía la provincia". Comentarios de este tipo se repetían a cada minuto.
María, la esposa de Ferreyra, estaba ayer acompañada por cuatro de sus hijos. En medio del llanto, juró venganza: "Me voy a encargar de hacer justicia. Si tengo que matar al hijo o al nieto lo voy a hacer", aseguró la viuda ante un grupo de allegados y ante los medios de prensa locales.
No precisó a quien se dirigía, aunque muchos pensaron en el juez federal subrogante Daniel Bejas, que investiga los crímenes cometidos durante la dictadura militar en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, y que fue quien pidió, el 11 de noviembre, la detención del Malevo.
La abogada María Arraigada, que representa a los familiares de Ferreyra, culpó a la Gendarmería por el suicidio de su cliente. "No me dejaron trabajar. Nos dieron diez minutos para que entráramos a disuadirlo, pero cuando caminábamos hacia la tranquera para hablar con él, irrumpieron los gendarmes y entre gritos, escuchamos el disparo".
Los familiares tuvieron ayer un entredicho con los policías, en actividad, que habían hecho un cerco en torno de la casa donde se hace el velatorio. "Déjennos elaborar el duelo, pongan una guardia mínima", le manifestó uno de los hijos del Malevo al jefe del operativo. Una bandera roja había sido colgada en lo alto del tanque de agua al que se subió Ferreyra para resistir la detención. En ese lugar se suicidó ante las cámaras de Crónica Televisión. Todavía se observaban los restos de sangre que había dejado el policía, en su gesto final.
Ayer, durante todo el día, fue incesante el paso de amigos, vecinos y parientes que le dieron el último adiós, en la vivienda que está en la calle Del Cielo, en el barrio San Andrés. "No tengo nada que ver. Que investiguen, que vayan a los lugares, que busquen. Si miento, que me fusilen", había dicho Ferreyra negando su participación en los crímenes ocurridos durante la dictadura militar.
Laura Figueroa es la abogada que lleva la causa en representación de la parte querellante. Ayer, por la tarde, participó de una reunión con dirigentes de varios organismos de derechos humanos. Resolvieron llamarse a silencio, por ahora, dado que existe en la provincia "una gran tensión y no queremos alimentar reacciones de ningún tipo", le dijo a este diario una dirigente provincial. "El clima está muy tenso y todos saben que la gente que rodea al Malevo es gente de acción. La situación es complicada porque incluso, antes de morir, Ferreyra había amenazado a quienes lo estaban acusando".

23 de noviembre de 2008
©página 12 
rss

tres obispos en truculenta trama


Una novela gótica involucra a tres miembros del Episcopado católico, Ponce de León, Maulión y Laguna. El primero fue asesinado en 1977 simulando un accidente. El segundo no responde desde mayo las preguntas judiciales sobre la exhumación irregular de los restos de su predecesor. El tercero está al borde del procesamiento por falso testimonio y encubrimiento.
[Horacio Verbitsky] Argentina. Una novela gótica que involucra a tres miembros del Episcopado católico se desarrolla en una de las diócesis industriales más castigadas por la represión dictatorial. El primer obispo, que acompañaba a los trabajadores perseguidos, fue asesinado en 1977 simulando un accidente de ruta. El segundo no responde las preguntas judiciales sobre la exhumación irregular de los restos del anterior, lo cual alimenta la sospecha de que pudo producirse un reemplazo para frustrar la investigación. El tercero fue indagado y se ha pedido su procesamiento por falso testimonio, que podría extenderse a encubrimiento del crimen. También había desaparecido el expediente judicial por la muerte del primer obispo. Tremendas presiones se ejercen sobre el fiscal subrogante que pidió la reapertura de la causa, descubrió la exhumación irregular del cuerpo, redactó las preguntas que el segundo obispo no contesta, encontró el expediente en el escritorio de un enemigo manifiesto del obispo muerto y pidió el procesamiento del tercer eclesiástico, quien durante la dictadura fue uno de los enlaces oficiales de la Conferencia Episcopal con la Junta Militar. El comportamiento de la jerarquía católica y las complicidades judiciales ante la persecución a quienes desde sus filas denunciaban los crímenes de la dictadura y seguían los lineamientos de la encíclica Populorum Progressio y de los documentos episcopales de Medellín y de San Miguel son el telón de fondo de esta historia truculenta.

El Cadáver Desaparece
El obispo de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León, murió el 11 de julio de 1977 en una colisión carretera. Veinte años después se inauguró una ermita en el lugar de su muerte, con asistencia de una delegación de las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) y una misa en la catedral que tuvo gran repercusión. Al mes siguiente, el cadáver desapareció de la Catedral. El fiscal federal Juan Patricio Murray impulsa la reapertura de la causa desde hace cuatro años. Una de las diligencias que solicitó fue la exhumación de los restos y la realización de un peritaje antropológico forense para determinar si las lesiones en su esqueleto resultaban compatibles con traumas producidos por un choque en la ruta y cuáles fueron las causas de su muerte. Pero antes de que el juez Carlos Villafuerte Ruzo respondiera, por diversos testimonios e informes Murray supo que los restos de Ponce de León habían sido extraídos de su tumba de la Catedral "de donde estuvo fuera una cantidad de días no determinados", se supone que en el cementerio local y en una funeraria. El cadáver fue manipulado "con el justificativo de la necesidad del cambio de la caja metálica y de su ataúd" pero ni en la Municipalidad, ni en el Obispado ni en la cochería se encontró documentación alguna. Por eso, antes de cualquier peritaje es preciso certificar mediante un análisis de ADN que los restos de Ponce no fueron sustituidos.

Educando a Franca
Al mismo tiempo desapareció del archivo de los tribunales locales el expediente por el homicidio de Ponce de León. Un día de 2004, Murray tocó la puerta del despacho del defensor oficial Héctor H. Hernández, e ingresó sin esperar respuesta.
–Acá estamos matando un obispo –bromeó el prosecretario administrativo de la Defensoría, Luis Ré (un viejo funcionario judicial, hijo de un militar).
Murray se acercó y vio sobre el escritorio de Hernández un viejo expediente, abierto en una página con fotos de dos vehículos después de un choque. De pie junto a Hernández, la empleada Franca Padullo observaba las fotos. Muy molesto con la situación, Hernández explicó:
–Franquita tenía la versión transmitida por sus padres de que al obispo Ponce de León lo habían asesinado en la época del Proceso, y yo le estaba mostrando el expediente para que verificara que había sido un accidente, que no era posible que personas honorables como un juez, su secretario, un fiscal, un abogado defensor, tres jueces de Cámara, un secretario y un fiscal de Cámara se hayan puesto de acuerdo para hacer aparecer como accidente un atentado.

El ADN
Murray se retiró sin hacer comentarios. Pocos días después el expediente volvió al archivo. Hernández es hermano de un sacerdote y autor de una interminable biografía del asesinado ex presidente de la organización integrista Ciudad Católica, Carlos Sacheri. En vida de Ponce de León fue uno de los organizadores de las legiones que lo denunciaron como subversivo y comunista y llegó a provocar un escándalo en la Catedral, leyendo en forma ostensible un libro durante la homilía. Es habitual colaborador del diario Norte en el que sin mencionar su involucramiento niega que el obispo haya sido asesinado.
Ante las "dudas razonables acerca de la identidad" de los restos, el fiscal pidió que se consultara al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia qué análisis de ADN se deberían realizar para establecer en forma fehaciente si pertenecen o no a Ponce de León. El Cuerpo Médico Forense no respondió a la solicitud y en el oficio al EAAF el juez omitió consignar qué era lo que le solicitaba. Como la prueba solicitada es de vital importancia el fiscal pidió la suspensión del peritaje de autopsia hasta que no se estableciera la identidad de los restos. Pero el juez Villafuerte suspendió la exhumación de los restos.
También dispuso tomar declaración testimonial al actual Arzobispo de Paraná, Mario L. B. Maulión, quien era obispo de San Nicolás cuando se retiraron de la catedral los restos de Ponce de León. Las preguntas fueron enviadas en mayo y seis meses después Maulión no las contestó. Murray pidió que el Correo Argentino respondiera si la carta certificada fue recibida en el Arzobispado de Paraná y, en caso afirmativo se intimara a Maulión a responder en el término perentorio de cinco días hábiles. Pero el juez se limitó a inquirir al secretario del Arzobispado de Paraná si había recibido el oficio por pieza certificada. Como era de esperar, la respuesta fue negativa. Villafuerte envió un nuevo oficio con las preguntas y no fijó plazo alguno para la respuesta. Murray también pidió que se citara a declarar como testigo al autor de esta nota, cosa que el juez rechazó, aduciendo que con la documentación incorporada a la causa basta para acreditar "la inteligencia ilegal" que los servicios hacían sobre Ponce de León y su diócesis.

Falso Testimonio
A la muerte de Ponce de León el Vaticano designó como administrador apostólico de San Nicolás al entonces obispo de San Isidro Oscar Justo Laguna. Villafuerte Ruzo lo llamó primero como testigo. El popular obispo de la televisión invocó su condición de "alto dignatario de la Iglesia" para acogerse al privilegio de contestar por escrito, pese a la oposición del fiscal Juan Patricio Murray. Laguna envió sus respuestas tres semanas después de recibir las preguntas. Dijo haber sido administrador apostólico de San Nicolás entre julio y diciembre del año posterior a la muerte de Ponce de León, 1978. Murray lo denunció por falso testimonio, porque su desempeño fue entre esos meses pero de 1977. El juez entendió que se trató de un inocente error material, que no afectaba la investigación y lo sobreseyó. Pero Murray apeló y la Cámara Federal de Rosario, por voto unánime de sus miembros, le dio la razón y sugirió al juez que recibiera más testimonios y realizara careos. Para el camarista Fernando Barbará la muerte del obispo conmocionó a la zona, por su similitud con la del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, un año antes, de manera que "cuesta pensar" que sea posible la confusión... (la biografía oficial del ex nuncio Pío Laghi, en cuya redacción Laguna se atribuye una parte decisiva, acusa de "extremismos" a Ponce de León y Angelelli). Laguna declaró que recuerda ese año porque estaba en San Nicolás cuando murió Pablo VI. Barbará señala que si las fechas mencionadas hubieran sido las reales, Laguna también habría estado en San Nicolás en ocasión de la muerte de Juan Pablo I y la elección de Juan Pablo II y que la muerte y elección de dos papas son difíciles de olvidar o confundir por un obispo. El "hipotético falseamiento deliberado" de las fechas "podría no haber constituido un fin en sí mismo sino la excusa para callar una verdad conocida", sobre otros aspectos de la investigación. El juez José Guillermo Toledo adhirió a este voto pero agregó que como Laguna pudo haber tenido alguna responsabilidad por hechos posteriores vinculados al homicidio, debían excluirse aquellas declaraciones sobre hechos propios que pudieran resultar en una responsabilidad penal porque "la falta es cometida por la necesidad de salvarse o protegerse a sí mismo". Ahora el fiscal insistió en que Laguna fuera procesado por falso testimonio. Según el artículo 275 del Código Penal, la pena por ese delito es de hasta cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta por hasta ocho años.

No Sabe, No Contesta
En su pedido de procesamiento Murray dice que Laguna incurrió en una serie de falsedades e intentó justificarlas con la transposición en el tiempo. No sólo invocó su presunto arribo a la diócesis un año después de los hechos. También dijo que le había llamado la atención que el Vaticano tardara tanto en cubrir el cargo, cuando en realidad su designación se produjo en tiempo record. Los sacerdotes nicoleños que declararon en la causa atribuyeron esa premura a una decisión del nuncio Pío Laghi para adelantarse al propio presbiterio antes de que designara a un administrador diocesano, como había dispuesto Ponce de León. La modificación de la fecha de su desempeño le permitió alegar que nunca nadie le habló de otra cosa que de un accidente debido a la niebla ni de las amenazas que recibía Ponce de León, tal como está acreditado en la causa. Con el mismo pretexto dijo que no le mencionaron los portafolios que llevaba el obispo en el auto chocado, ni supo nada de su correspondencia epistolar que desapareció del Obispado, ni de su testamento, abierto según Laguna un año antes de su llegada. Sin explicar la razón, no contestó si había dado instrucciones y a quién para que el Obispado reclamara por daños y perjuicios a los propietarios, el conductor o la aseguradora de la Camioneta Ford F-100 que se le cruzara en la marcha a la Renoleta del Obispado que manejaba Ponce de León y que quedó destruida. Tampoco dio mayores referencias sobre Víctor Oscar Martínez, quien acompañaba al obispo en el momento de la colisión y luego estuvo secuestrado en la Prefectura local.

Una Persona Lúcida
"Quienes profesamos la fe en la Santa Iglesia Católica Apostólica de Roma, y somos televidentes de sus micros emitidos todos los martes por Crónica TV, apreciamos sus conocimientos sobre temas espirituales y temporales, y la lucidez mental con que se expresa y manifiesta", dice el fiscal. Por eso no es posible suponer que la transposición de fechas fuera accidental. Por el contrario "tuvo la intencionalidad de omitir o callar la verdad sobre otros puntos sobre los cuales se lo estaba interrogando". Tanto "el hecho falso afirmado como aquellos callados que indudablemente tuvo que conocer Laguna, guardan relación con los hechos de la causa en que se investiga la muerte del Obispo Ponce de León".
También desaparecieron las Cartas Pastorales emitidas por Ponce de León después de febrero de 1975, fecha que para el fiscal "no carece de importancia". En esos días, dice, comenzó la experiencia piloto de terrorismo de Estado en toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires y sur de la provincia de Santa Fe "para reprimir las huelgas de los obreros metalúrgicos de la vecina ciudad de Villa Constitución". Citando distintos testimonios de la causa el fiscal recuerda que muchos de los obreros de las plantas de Acindar y Metcon vivían en San Nicolás y eran feligreses de Ponce de León, quien "tuvo un protagonismo destacado en defensa de los detenidos, de los desaparecidos y de los perseguidos en general por parte de las fuerzas represivas". En su portafolio llevaba documentación sobre "desapariciones y asesinatos durante el terrorismo de Estado".

La Comisión de Enlace
En un tramo central de su dictamen, Murray sostiene que Laguna "no era una persona ajena a la temática. Integraba –por designación del Episcopado y según sus propios dichos– la comisión de enlace con las autoridades militares, la que tenía como función (según lo por él declarado) hacer reclamos por los desaparecidos y por los derechos humanos violados... Cuando llegó a San Nicolás, el jefe del Area Militar le reclamó por actitudes "que seguían teniendo sacerdotes que habían actuado codo a codo con Monseñor Ponce de León". La correspondencia incorporada a la causa da cuenta del trato constante entre Laguna y el jefe de la represión en la zona, el hoy procesado coronel Manuel Fernando Saint Amant. En una carta a Laguna, Saint Amant se refiere a "la tirantez de relaciones que existe entre este batallón y la anterior conducción diocesana", habla en forma despectiva de "los curas progresistas que usted conoce" y los tilda de "escollos" que se hace necesario remover "como ya se lo señalara en su oportunidad". Uno de los presbíteros de entonces, José Káraman, declaró que ante el pedido de los sacerdotes Laguna se negó a salir en defensa de unos muchachos que habían sido detenidos, salvándose de "que un cura lo cagara a trompadas. Yo fui testigo. Y lamento haber intervenido para sacar al cura". Según el procurador fiscal, la desaparición de las cartas pastorales, la correspondencia epistolar y la documentación sobre personas desaparecidas y asesinadas por el terrorismo de Estado "tiene un vínculo estrecho posible con las causas de la muerte del obispo y puede hacer a hechos ocurridos con posterioridad a la misma para encubrir un presunto homicidio producto de un atentado". Murray sólo acusó a Laguna por falso testimonio (artículo 275 del Código Procesal), pero esta referencia a un posible encubrimiento extiende el campo de sospecha al delito que el artículo 277 del mismo código castiga con prisión de hasta tres años, a quien después de la ejecución del delito ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a procurar la desaparición, ocultamiento o alteración de los rastros, pruebas o instrumentos del delito.

23 de noviembre de 2008
©página 12
rss

sangriento fin de chacal argentino


El Malevo Ferreyra se pegó un tiro cuando estaban a punto de detenerlo por una causa de la represión. El ex policía tucumano, condenado por violencia y gatillo fácil, brindaba un curioso reportaje mientras la Gendarmería rodeaba su casa. Al terminar, sacó un arma y se disparó ante la cámara.
[Pedro Lipcovich] Argentina. "He tratado de obrar con la mayor coherencia", dijo Mario Ferreyra mientras, con absoluta serenidad, se disponía a matar a un hombre que, en este caso, era él mismo. "Bienvenidos –les había dicho a los periodistas de Crónica TV–, porque van a transmitir algo que es real". Segundos después, se disparó un tiro en la sien; la sangre empapó a uno de sus siete hijos, que lo abrazaba ya muerto, mientras los ojos en blanco del ex comisario empezaban a multiplicarse en las pantallas de la televisión.
Todo sucedió sobre el tanque de agua del techo de su casa, adonde una comisión de Gendarmería había llegado para detenerlo, acusado de participar en la detención ilegal de un hombre y en la violación de una mujer durante la última dictadura militar. El Malevo había saltado a la fama en 1993, cuando escapó de la sala donde un tribunal acababa de condenarlo por el asesinato de tres hombres en 1991, cuando comandaba la Brigada de Investigaciones de Tucumán. Luego de 79 días fugado en el monte, fue detenido. Pero sólo pasó cuatro años y medio preso: en 1998, gracias a dos reducciones de pena dispuestas por el entonces gobernador Antonio Bussi, recuperó la libertad. En 2006 fue nuevamente detenido por lesiones, amenazas de muerte y tenencia de armas, pero otra vez lo dejaron libre. El 11 de noviembre pasado, nuevamente un juez había dispuesto su captura, por primera vez en relación con la represión ilegal que había comandado Bussi.
El 11 de noviembre pasado, el juez federal subrogante Nº 1 de Tucumán, Daniel Bejas, libró orden de detención contra Ferreyra y contra el ex comisario Francisco ‘Pancho’ Orce, en la megacausa que investiga la existencia de un centro clandestino de detención en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, durante la última dictadura militar. La investigación se refiere a unas 80 víctimas de un total de mil, que se estima pasaron por ese centro durante la intervención militar de Bussi, en Tucumán. Ferreyra y Orce están acusados de haber participado en la privación ilegítima de la libertad de Carlos Osores y en la violación de Graciela Osores, su hermana.
La medida tomada por Bejas había sido recomendada por los jueces Ernesto Wayar, Graciela Fernández Vecino y Marina Cossio de Mercau en su fallo del 17 de septiembre pasado, que confirmó el procesamiento de Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Alberto Cattáneo y Mario Alberto Zimmermann por delitos de lesa humanidad cometidos en el ex Arsenal; en el caso de Bussi, se le imputó la autoría material del homicidio de Luis Eduardo Falú (hermano de Ricardo Falú, ex diputado nacional y ministro de la gobernación de Ramón Ortega).
Ayer, antes de suicidarse, Ferreyra sostuvo que "persiste la actitud de querernos detener. Si no hay decisión suprema, esto no va a tener fin. La policía –afirmó– tiene que adaptarse a cualquier tipo de gobierno, y somos nosotros los que tenemos que pagar las consecuencias". El jueves pasado, la Justicia había dispuesto medidas de protección para los jueces Bejas y Alicia Noli y para la asesora en derechos humanos Laura Figueroa, quienes habían sido amenazados por Ferreyra.
Antes de 1991, como jefe y caudillo de la Brigada de Investigaciones –sombrero Panamá, camisas negras, patillas inmensas–, había protagonizado varios amotinamientos policiales durante el gobierno de Ramón Ortega. El 10 de octubre de ese año, al mando de ocho efectivos, persiguió a tres hombres; no vaciló en salir de su jurisdicción, en la provincia de Salta, los capturó y, en Laguna de los Robles, los mató a tiros. Después pretendió que había sido un enfrentamiento, pero el 14 de diciembre de 1993, la Sala I de la Cámara Penal tucumana los condenó, a los nueve, a cadena perpetua por homicidio. Cuando terminó de leerse el fallo, el Malevo, esgrimiendo una granada de mano que nadie le había impedido portar, se alzó y, contemplado por los agentes de custodia, escapó con cinco de sus hombres. Estos se entregaron poco después, pero Ferreyra huyó al monte. Lo acompañaba María de los Ángeles Núñez, de 19 años, que estaba embarazada de él. Pasaron 79 días hasta que una patrulla lo rodeó y lo capturó cerca del pueblito de Zorro Muerto, en Santiago del Estero.
Sin embargo, Antonio Domingo Bussi, gobernador de Tucumán, en septiembre de 1996 le redujo la condena a 20 años, y en diciembre de 1997 se la achicó otro diez por ciento. La buena conducta en la cárcel, obviamente acreditada por el Servicio Penitenciario provincial, le permitió obtener la libertad condicional el 16 de septiembre de 1998. Dos días después ya tenía trabajo como ‘supervisor de cobranzas’ en una empresa cuyo dueño era Jorge Soria, ex integrante de la Brigada de Investigaciones. El sábado 20 fue homenajeado con un asado por 300 personas –muchas llevaban sombreros como el del Malevo–, en el que participó Enrique Artigas, secretario de Salud del gobierno de Bussi.
En 2003, corrió riesgo de perder la libertad condicional por trabajar en una empresa de seguridad privada, pero nada sucedió. En 2006, una vecina lo denunció, a él y a María de los Angeles Núñez, por pegarle hasta causarle lesiones y amenazarla de muerte. Cuando, por orden del fiscal, fue allanada su vivienda, se encontraron armas de fuego y proyectiles –todas conductas prohibidas en una persona bajo libertad condicional– y se ordenó su detención. Después de dos semanas, el 10 de mayo, se entregó. Pero el 3 de junio la jueza Emma de Nucci le restituyó la libertad condicional, bajo una caución de 5000 pesos. En noviembre de 2007, el propietario de una granja en la localidad de Mista lo acusó de haber ingresado en sus tierras con maquinaria pesada y, junto con varios cómplices, haber cosechado por su cuenta 20 hectáreas de terreno, llevándose 25 toneladas de cereal por valor de 12.500 pesos. Ferreyra declaró ante una fiscalía, y tampoco esa vez le fue retirada la libertad condicional.

22 de noviembre de 2008
©página 12 
rss

represor se mató ante las cámaras


Cuando iban a detenerlo, el ‘Malevo’ Ferreyra se mató ante las cámaras de TV. En una escena armada con todo dramatismo, el polémico ex comisario se pegó un tiro en la cabeza mientras daba una entrevista a un canal de cable.
Buenos Aires, Argentina. El ex polémico comisario Mario ‘Malevo’ Ferreyra se mató esta tarde de un tiro en la cabeza, en momentos en que efectivos de Gendarmería intentaban cumplir una orden de captura en su contra lanzada por la Justicia, que lo investigaba por violaciones a los derechos humanos en la dictadura.
Ferreyra se subió al tanque de agua de su casa para evitar ser detenido por los efectivos. Y allí se disparó un balazo, ante la mirada de los gendarmes. Toda la secuencia fue filmada por un canal de cable. Pese a que fue llevado de inmediato a un hospital cercano, los médicos comprobaron que al ingresar ya había muerto.
Ferreyra era buscado intensamente por la Justicia, que investigaba presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco de la megacausa por el funcionamiento del centro clandestino de detención ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.
Desafiante, el ex comisario había proclamado su inocencia en una entrevista con el diario tucumano La Gaceta. "No tengo nada que ver. Que investiguen, que vayan a los lugares, que busquen. Si miento, que me fusilen", dijo. Y agregó: "Me declaran prófugo, y aquí estoy. Si viene Gendarmería, que me acribille; ya no me interesa".
Ferreyra había sido condenado en 1993 a prisión perpetua por un triple homicidio, ocurrido dos años antes, cuando se encontraba al frente de la Brigada de Investigaciones de la policía tucumana.
Sin embargo, horas después de la sentencia protagonizó una cinematográfica fuga de los Tribunales, con una granada de guerra en la mano. La Justicia lo encontró tres meses después, escondido en un paraje de Santiago del Estero. Tiempo después, la Justicia le otorgó la libertad condicional.

22 de noviembre de 2008
©clarín 
rss

se acabaron las afjp


El senado aprobó el proyecto oficial y creo el sistema integrado de previsión argentino. Con 46 votos a favor y 18 en contra, el kirchnerismo sancionó la ley que devuelve al Estado la administración de las jubilaciones. Además de los senadores oficialistas, el gobierno sumó el apoyo de legisladores socialistas, del MPN y del ARI fueguino.
[Miguel Jorquera] Argentina. Era un final anunciado, pero no por eso menos importante. El Senado selló ayer el fin de las AFJP. Sin sorpresas ni sobresaltos, con 46 votos a favor, 18 en contra y una abstención, el oficialismo consiguió convertir en ley el proyecto que devuelve a manos del Estado el manejo sobre todo el sistema previsional. A los votos oficialistas se sumaron los de varios opositores. Los aristas fueguinos, el socialismo y el Movimiento Popular Neuquino respaldaron la eliminación del régimen de jubilaciones privadas. En cambio, el radicalismo, la Coalición Cívica, el peronismo anti K y algunos partidos provinciales rechazaron de plano el proyecto del gobierno.
Tras casi un mes de trámite parlamentario, el Congreso transformó en ley el proyecto que la presidenta anunció públicamente el 20 de octubre en un acto en la Anses. A los senadores les llevó ayer casi doce horas de debate en el recinto fijar posiciones que ya se conocían y definir en la votación el destino final del sistema privado de capitalización –creado por Carlos Menem y Domingo Cavallo–, que convivió durante catorce años con el estatal de reparto. Ahora, a partir de la promulgación de la ley, la Anses manejará el Sistema Integrado de Previsión Argentino (SIPA) y todos sus recursos económicos.
"Estamos ante un cambio de trascendencia histórica, tal vez después se pueda mejorar. Pero acá estamos defendiendo el núcleo duro del tema: que el Estado maneje los recursos del sistema previsional. El sector privado ha fracasado", dijo el jefe del bloque k en el Senado, Miguel Angel Pichetto. Hacia el cierre del debate, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la Anses, Amado Boudou, seguían la sesión en el recinto junto al presidente de la comisión de Previsión de la Cámara baja, el formoseño Juan Carlos Díaz Roig. "No estamos violando el derecho de propiedad", sentenció el senador rionegrino para ahuyentar los fantasmas sobre la litigiosidad que, según empresarios y opositores, los aportantes al sistema privado desatarán contra el Estado.
Nadie, ni defensores ni detractores del proyecto oficial, arrojó un salvavidas a las administradoras privadas. La mayoría de los 39 oradores arremetieron contra el "saqueo" que las AFJP ejercieron sobre los aportes de los trabajadores. Toda la discusión giró alrededor de la "necesidad" de otorgar más tiempo a la discusión sobre una "reforma integral" del sistema previsional y los controles que, de ahora en más, deberían ejercerse sobre el manejo de los recursos por parte de la Anses: un fondo de entre 80 y 90 mil millones de pesos que recibirá del sistema privado, más un flujo anual de entre 12 y 14 mil millones de pesos entre aportes de los trabajadores y contribuciones patronales.
Así, el oficialismo logró alinear al grueso de su tropa detrás del proyecto oficial, que llegó con algunas modificaciones desde Diputados, y dejó a la oposición sin aliados. Sólo quedaron afuera los rebeldes salteños Juan Carlos Romero –que presidió la Comisión de Presupuesto del Senado cuando se aprobó la creación del sistema privado– y su compañera Sonia Escudero. El cordobés Roberto Urquía, que tampoco avalaba la iniciativa, faltó a la cita. En cambio, los díscolos santafesinos Carlos Reutemann y Roxana Latorre acompañaron en general, pero prefirieron no expresar sus disidencias en particular durante el debate. La chaqueña Elena Corregido se plegó en general, pero expresó sus "observaciones".
Algunos bloques opositores también respaldaron en general el proyecto: el MPN, el socialismo y el ARI de Tierra del Fuego. "Para los socialistas es volver a la Constitución. El artículo 1º determina la vuelta al sistema de reparto, aunque vamos a plantear serios reparos en particular. Los socialistas estamos votando con la misma convicción que en ’93, cuando dijimos que la privatización del sistema previsional iba a ser una gran estafa", dijo el santafesino Rubén Giustiniani.
Desde la oposición, el arista José Martínez fue uno de los más acérrimos defensores del regreso del sistema previsional al Estado. "Coincidimos con el gobierno, a pesar de todas nuestras críticas, en que el Estado es el que debe manejar los recursos jubilatorios", dijo. El senador fueguino recordó que su provincia se enfrentó a Menem y Cavallo y se negó a privatizar el sistema previsional. El ex radical k Pablo Verani –que planea su regreso al redil radical opositor– pidió "permiso para abstenerse".
El resto de la oposición mantuvo su rechazo al proyecto. "La Anses va a manejar el Fondo Monetario Nacional, con el 40 por ciento del PBI y sin ningún tipo de control", arrancó el radical Gerardo Morales para luego pedir que el Banco Nación maneje los fondos que la Anses heredará del sistema de capitalización. Aunque admitió que "las AFJP saquearon y ralearon los bolsillos de los trabajadores". Por la CC, María Eugenia Estenssoro rechazó de plano el proyecto oficial. "Proponemos un plazo de siete meses para discutir un sistema único de reparto, porque la precariedad institucional de este proyecto es gravísima". Y advirtió sobre la catarata de juicios que afrontará el Estado.
Adolfo Rodríguez Saá fue la voz del peronismo anti k, con citas a Perón y críticas a un proyecto que "afecta la propiedad privada" y "la seguridad jurídica". Chiche Duhalde prefirió no hablar en el recinto, pero también votó en contra. Sin representantes en la cámara, el macrismo recurrió al clamor desesperado para sostener con vida a las AFJP: los diputados Federico Pinedo y Julián Obiglio se ganaron un espacio en los medios al pedirle a Julio Cobos que, en su calidad de vicepresidente a cargo del Ejecutivo, vetara la ley. Nadie en el kirchnerismo le prestó seriamente atención al pedido. Ya habían pasado casi trece horas de debate y ni el tratamiento en particular había logrado alterar los 46 votos oficialistas. El funeral de las AFJP ya estaba en marcha.

21 de noviembre de 2008
©página 12
rss

los sueldos en las afjp


Ciento cincuenta altos ejecutivos de las administradoras embolsaron cerca de 200 millones de pesos el ultimo año. Página 12 accedió a registros de las administradoras que revelan los suculentos ingresos de sus máximos directivos. El presidente de Consolidar cobró 2,1 millones de pesos en doce meses; el de Orígenes, 1,5 millón en un semestre.
[Roberto Navarro] Argentina. Mientras los afiliados a las AFJP vieron caer el monto de sus cuentas individuales durante los últimos meses, hecho que, de no mediar la reestatización del sistema previsional, los condenaba a una jubilación paupérrima, los principales ejecutivos de las administradores de fondos de pensión cobraron cifras fabulosas en concepto de sueldos, premios y bonificaciones. Página 12 tuvo acceso a los registros de las propias compañías que detallan los ingresos de esos ejecutivos. Carlos Horacio Peguet, el presidente de Consolidar AFJP, cobró en los últimos doce meses dos millones cien mil pesos; Eduardo Sánchez Wrighton, titular de AFJP Orígenes, recibió ingresos por un total de un millón y medio de pesos en el último semestre. Los salarios de los presidentes de las AFJP van de los 47.000 a 110.000 pesos; los de los gerentes, de 28.000 a los 70.000 pesos. A esos haberes se suman bonos extras por la rentabilidad de la compañía, que está asegurada aun cuando las inversiones que realizan generan enormes pérdidas a sus afiliados. Estos fabulosos salarios se pagan con las elevadas comisiones que las AFJP cobran por administrar el dinero previsional de los trabajadores.
Consolidar, la compañía del banco español Bilbao Vizcaya Argentaria y su filial argentina, BBVA Banco Francés, es la AFJP líder, al administrar un stock de más de 17 mil millones de pesos. Además de Peguet, que ejerce la presidencia del directorio, Consolidar cuenta con cinco directores más, que ganan un poco menos que su jefe. También el gerente de inversiones tiene ingresos similares. El staff de ejecutivos de primera línea se completa con otros nueve gerentes, que ganan un promedio de 30.000 pesos por mes más premios y bonos por rentabilidad. En total, la primera línea de Consolidar recibe ingresos por casi 20 millones de pesos al año: dinero suficiente para pagar 30.500 jubilaciones mínimas.
Máxima, de la aseguradora norteamericana New York Life International y el HSBC Argentina, está quinta en el ranking de fondos, pero gasta casi lo mismo en los haberes de sus ejecutivos. Su vicepresidente primero, Andrés Germán Hammar Aldatz, cobra un sueldo de 71.000 pesos mensuales y este año recibió un bono por 350.000 pesos y otro por 290.000. En los últimos doce meses ganó un millón quinientos ochenta mil pesos. El ejecutivo no trabaja tiempo completo en la AFJP. También cobra haberes por su puesto de director en HSBC LA y en HSBC New.
Entre las diez AFJP que operan en el mercado suman 150 ejecutivos de primer nivel y gastan en sus remuneraciones cerca de 200 millones de pesos por año, cifra con la que se podrían pagar 305.000 jubilaciones. El vocero de una de las compañías líderes del mercado justificó las remuneraciones con el argumento de que "administran un capital de 90 mil millones de pesos". En realidad, el 55 por ciento de esos fondos están invertidos en títulos públicos, que en su mayor parte se compran y se guardan hasta su vencimiento. Un 8 por ciento está depositado en plazo fijo, operación que puede realizar cualquier ciudadano, sin que se requieran conocimientos extraordinarios. Casi un 10 por ciento está invertido en fondos comunes de inversión, para que sean administrados por otros gerentes. El trabajo más complicado de los ejecutivos de las AFJP es administrar el 11 por ciento de los fondos que están invertidos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el 5 por ciento que se opera en Wall Street.
Óscar Schmidt, presidente de Met Life, que pertenece a la multinacional de seguros del mismo nombre, cobra 89.330 pesos por mes de sueldo. A mitad de año, además, cobró un bono por un millón de pesos. En total, en los últimos doce meses Schmidt ganó dos millones doscientos mil pesos, una cifra equivalente a 3000 jubilaciones mínimas. Los directores de las administradoras cobran bonos que dependen de la rentabilidad que logra la AFJP. Los gerentes reciben, además, premios por cantidad de traspasos desde otras administradoras y por el aumento del stock que administran, cifra relacionada con el nivel de clientes que consiguen. Para lograrlo su principal estrategia es formar buenos equipos de promotores.
La rentabilidad promedio para el período anual finalizado el 30 de septiembre fue del -2,25 por ciento. En total llevan perdidos 8000 millones de pesos durante 2008, un 9 por ciento del total de los fondos. Ese capital, además, perdió aproximadamente un 20 por ciento contra la inflación. Es decir que los fondos deberían sumar 120 mil millones de pesos y sólo suman 90 mil. El 27 por ciento perdido se verá reflejado en las jubilaciones futuras. A pesar de haberles provocado semejante perjuicio a sus clientes, los ejecutivos de las AFJP siguieron cobrando sus fabulosos ingresos.
Junto con la mala administración de los fondos, las altísimas comisiones que cobran las compañías fue una de las principales razones que derivaron en que los jubilados de las AFJP terminaran cobrando mucho menos que los que se quedaron en el sistema de reparto. En los primeros años llegaron a quedarse con el 30 por ciento de los aportes. El 33 por ciento del costo total de una AFJP es el pago de haberes a sus principales ejecutivos. El segundo gasto es el de promoción, fundamentalmente el salario de los promotores.
Eduardo Sánchez Wrighton es el presidente de Orígenes, cuyos accionistas son ING Latin American Holdings B.V y ING Insurance International B.V. Su sueldo es de 111.000 pesos mensuales y en abril recibió un bono por 727.000 pesos. Sólo en los últimos seis meses cobró 1,5 millón de pesos. Jorge Saumell es el presidente de la AFJP Arauca Bit, cuyo principal accionista es OSDE. Saumell cobra un sueldo de 44 mil pesos y en los últimos doce meses, con bono incluido, ganó 750 mil pesos.
La cuarta AFJP del sistema, medida en fondos administrados, es la del Banco Nación, que maneja más de 14 mil millones de pesos. Su presidente, Matías Kulfas, renunció a su salario, aduciendo que ya cobraba un sueldo como director del Banco Nación. Los gerentes de la AFJP estatal cobran 14 mil pesos mensuales por todo concepto.
Los salarios de los gerentes del Anses, que administran los 20 mil millones de pesos de fondos del sistema de reparto y que pasarán a controlar la carta de activos que se transferirán de las administradoras al Estado luego de la aprobación de la ley en el Senado, son bastante más bajos que los de los ejecutivos de las AFJP. Se ubican entre 10.000 y 11.000 pesos mensuales.

9 de noviembre de 2008
©página 12 
rss

tres condenas y nadie a la cárcel


Una prisión perpetua y dos penas a 25 años en el juicio por Mansión Sere y La Cueva marplatense. El coronel retirado Alberto Pedro Barda, responsable de la represión en Mar del Plata, seguirá con prisión domiciliaria. Los brigadieres Hipólito Rafael Mariani y César Miguel Comes permanecerán en libertad hasta que la sentencia quede firme.
[Diego Martínez] Tres ex jefes de subzonas militares, responsables de los centros clandestinos Mansión Seré y La Cueva de Mar del Plata, fueron condenados ayer por el Tribunal Oral Federal 5 en el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad que concluye durante 2008. El coronel retirado Alberto Pedro Barda, responsable máximo de la represión en Mar del Plata, recibió la pena de prisión perpetua, aunque gracias a sus 82 años seguirá detenido en su departamento de Libertador 4496. Los brigadieres Hipólito Rafael Mariani y César Miguel Comes, primeros oficiales de la Fuerza Aérea condenados por secuestros y torturas desde la reapertura de las causas en 2003, deberán afrontar penas de 25 años de prisión, aunque continuarán excarcelados al menos hasta que la sentencia quede firme.
A pesar de la acordada de la Corte Suprema de Justicia que la semana pasada ordenó garantizar la publicidad de los juicios, el tribunal que preside Guillermo Andrés Gordo impidió el ingreso a camarógrafos y reporteros gráficos. Permitió a los canales de televisión tomar la señal de circuito cerrado para verlo a él leyendo la sentencia –que los represores siguieron desde sus casas–, pero prohibió por la mañana que la sociedad conozca y escuche las últimas palabras de los acusados.
Los querellantes se mostraron satisfechos con las penas, aunque esperan que al confirmarse las cumplan en una cárcel. "Son genocidas añosos, no ancianos. En base a lo que sembraron deben esperar la muerte en prisión", explicó el abogado marplatense César Sivo. "Barda debió ser condenado a los 50 años, no a los 80. Es inaceptable que sólo se tome en cuenta la edad en personas que durante años se ocuparon de sortear a la justicia", agregó. "Estamos conformes con los 25 años, pero pedimos la revocatoria de la excarcelación, tanto por la posibilidad de que se fuguen para no ir presos como de que entorpezcan el avance de las investigaciones en zona oeste, ya que les esperan varios juicios", consideró Liliana Mazea, abogada de Justicia Ya! El fiscal federal Félix Crous, que también pidió cárcel común, prefirió esperar a conocer los fundamentos de la negativa.
A primera hora de la mañana los fotógrafos se encontraron con la mala nueva. Pese a la orden suprema para que el tribunal garantice la difusión de juicios "de trascendencia pública que generan gran interés en la sociedad", los secretarios de Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías, se vieron en el ingrato rol de tener que explicar la interpretación de Sus Señorías.
–No tienen problema en que ingreses, pero sin la cámara –fue la memorable explicación que recibió el fotógrafo de Página 12.
Un día antes, la orden había sido ignorar la acordada. "No fuimos notificados", explicaron a los primeros reporteros que intentaron acreditarse, conscientes de que nadie iba a notificarlos. Como el martes la resolución se publicó en el Boletín Oficial, apelaron a la lectura mezquina. "Dice ‘permitir la difusión radial y televisiva’, que se garantiza con el circuito cerrado", sostuvieron. Cuando les recordaron que la acordada ordena decidir "la ubicación de cámaras de televisión y reporteros gráficos" no supieron qué responder. A instancias de la agrupación HIJOS, un escribano certificó el incumplimiento de los jueces, cuya conducta deberá analizar la Corte Suprema. La Asociación de Reporteros Gráficos (Argra) repudió ayer "la postura obstruccionista" del tribunal, que "tergiversó su potestad de reglamentar el acceso a la prensa para transformarlo en lisa y llana prohibición de ejercer la tarea periodística".
Tanto por la mañana, cuando dijeron sus últimas palabras, como a la hora de la sentencia, la sala estuvo repleta de víctimas, familiares y miembros de organismos. Apenas tres hombres mayores fueron a ver a los brigadieres. Luego de rechazar planteos de prescripciones e incompetencias, Gordo leyó la condena a Barda, la decimoprimera prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad de 2008.
–¡Bravo! –gritó una persona, y fue suficiente para que Gordo frunciera el seño y con esmerada voz grave amenazara con desalojar la sala.
Barda fue condenado por los homicidios agravados de Analía Magliaro y del abogado laboralista Jorge Candeloro más los secuestros y tormentos de ambos y de la mujer de Candeloro. "Pasaron 31 años, parece mentira", confesó tras el fallo Marta García, que padeció a Barda en La Cueva y ya declaró 45 veces. "Es demasiado larga la espera para aceptar el privilegio de que siga en su casa. Y debe ser juzgado como jefe de subzona por todos los crímenes que cometió, no sólo por tres casos", reclamó.
Mariani y Comes comandaron en 1977 y 1978 la Fuerza de Tareas 100, creada para cumplir "funciones antisubversivas" en zona oeste, donde funcionó Mansión Seré, y fueron condenados por ocho y seis secuestros y tormentos agravados respectivamente. La pena de 25 años de prisión surge de los votos de Obligado y Farías. El contenido de la disidencia parcial de Gordo se conocerá el miércoles cuando se lean los fundamentos. El tribunal también ordenó que se investigue al capitán Fortunato Valentín Rezett, que recibió a la secuestrada Magliaro en el Grupo de Artillería que comandaba Barda antes de que la asesinaran, y al brigadier mayor Miguel Angel Osses, superior de los aviadores que recibió la orden para que la Fuerza Aérea se encargara de la "lucha contra la subversión" en los partidos de Merlo, Moreno y Morón. "Estamos contentos, ahora queremos cárcel común", reclamó Martín Sabbatella, intendente de Morón, que convirtió Mansión Seré en una Casa de la Memoria y aportó su investigación a la causa. Destacó la importancia "de enfrentar al Estado terrorista desde el propio Estado" y de haber confirmado "la responsabilidad de la Fuerza Aérea en el plan sistemático en zona oeste".

6 de noviembre de 2008
©página 12 
rss