hienas cobran pensión honorífica
15 de septiembre de 2008
[Diego Martínez] Argentina. Un militar prófugo de la Justicia y al menos otros once procesados por crímenes de lesa humanidad cobran la pensión ‘honorífica’ que el gobierno nacional paga a ex combatientes de Malvinas. Seis meses atrás, a partir de la denuncia de organismos de derechos humanos, la Anses suspendió preventivamente el beneficio a ocho represores, incluido el marino Jorge Acosta, jefe de inteligencia de la ESMA. En teoría, la Anses y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos iban a controlar cada mes el padrón de beneficiarios para que los nuevos procesados dejaran de cobrar y sólo volvieran a hacerlo si eran absueltos. En la práctica, pese a la insistencia de Página 12, fue imposible conocer oficialmente si los controles derivaron en nuevas exclusiones, pero sí fue posible confirmar que al menos una docena de retirados de dudosa honorabilidad cobra su pensión.
El caso más insólito es el del coronel retirado Norberto Ricardo Villegas, con pedido de captura de la Justicia federal de Tucumán desde febrero de 2006 por el caso Vargas Aignasse y por la desaparición y el robo de la casa de Marta y Rolando Coronel en 1977. Según el sitio web de la Anses, Villegas puede retirar su pensión a partir del 22 de septiembre en la sucursal Luis María Campos del Banco Nación. El riesgo de quedar detenido es ínfimo: la Unidad Especial de búsqueda de prófugos, creada por una ley del Congreso que la presidenta Cristina Fernández promulgó en mayo, se resiste a existir. El 9 de agosto, Aníbal Fernández adjudicó la demora a que la Jefatura de Gabinete no le transfirió los fondos y anticipó que la creación se concretaría esa misma semana. No volvió a dar señales de vida.
La Zanahoria
La pensión para los colimbas que pelearon en Malvinas fue impulsada por los Centros de Ex Combatientes durante los ’80 y se concretó por ley 23.848 a fines de 1990. El pago equivalía al modesto sueldo de un cabo del Ejército. Carlos Menem la extendió a militares en situación de retiro o baja voluntaria. En 2004, por decreto 1357, Néstor Kirchner traspasó la administración del beneficio de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social a la Anses, la transformó en pensión ‘honorífica’, aumentó el monto hasta el equivalente a tres jubilaciones mínimas (poco menos de dos mil pesos) e igualó a sobrevivientes con derechohabientes de los caídos.
La zanahoria se volvió sabrosa y la Comisión Nacional de Ex Combatientes, dependiente del entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, comenzó a presionar para que el pago se extendiera a los militares, que desde 1994 cobran un plus salarial como ex combatientes. Lo logró en 2005: por decreto 886 pasaron a cobrar todos los miembros de las Fuerzas Armadas "que hubieran estado destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas", incluidos marinos mercantes y miles de oficiales y suboficiales que no se movieron de las bases continentales.
Los primeros en cuestionarlo fueron los ex conscriptos, obligados tras la derrota a firmar en Campo de Mayo un compromiso de silenciar estaqueamientos, desnutrición y torturas que padecieron de sus superiores. "Los militares fueron a la guerra por vocación, cobrando un sueldo, cumpliendo su deber, y al volver siguieron cobrando. A los soldados se les dio de baja y cada uno se las arregló como pudo", explica Ernesto Alonso, presidente del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (Cecim) de La Plata. "Reconocer a los militares con una pensión honorífica es un acto que coloca bajo el manto del olvido el reclamo de verdad, justicia y memoria que los soldados sostenemos desde hace 25 años", agrega.
Los abusos contra colimbas, que el cineasta Tristán Bauer instaló en centro de la escena en ‘Iluminados por el fuego’, derivaron en 2007 en una denuncia ante la Justicia federal de Río Grande, Tierra del Fuego, presentada por el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, actual secretario del Consejo de la Magistratura. La presentación detalla 73 hechos que podrían ser considerados delitos de lesa humanidad e identifica a 62 imputados, varios de ellos aún en actividad. La instrucción está a cargo de la jueza Lilian Herraez y del fiscal Mario Rapoport. Aún hoy resta que declaren más de sesenta personas, entre víctimas y testigos. Cuando lo hagan, la jueza comenzará a citar a indagatoria y se producirán las primeras detenciones.
El Decreto
El problema es que ni una imputación por estaquear a un soldado hasta convertirlo en hielo ni un procesamiento por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura impiden cobrar la pensión ‘honorífica’. El decreto 886/05 de Kirchner excluyó a condenados por violaciones a los derechos humanos, traición a la Patria, delitos contra el orden constitucional, la vida democrática, o sedición, pero no sentó ningún criterio sobre los procesados, situación jurídica que exige un considerable cuadro probatorio, pero no es sinónimo de culpabilidad: somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Según los registros del programa Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del CELS, al día de hoy existen 421 procesados, 42 prófugos y más de trescientos denunciados por secuestros, torturas y asesinatos, contra apenas 32 condenados, los únicos excluidos del cuadro de honor.
En marzo, ante el reclamo de organismos de derechos humanos, el entonces director ejecutivo de la Anses, Claudio Moroni, ordenó suspender el pago a los represores procesados, "teniendo en consideración el especial espíritu que ilustra, motiva y conlleva el reconocimiento". Fueron excluidos entonces los marinos Jorge Acosta, Antonio Pernías, Juan Carlos Rolón, Ricardo Corbetta, Hugo Enrique Damario y Juan José Lombardo, el general Osvaldo Jorge García y el suboficial del Ejército, Juan Carlos Camicha.
Moroni también convino con el Ministerio de Justicia un control mensual para que dejaran de cobrar y sólo volvieran a hacerlo en caso de ser absueltos. Desde hace dos semanas Página 12 intenta infructuosamente que la Anses, que dirige Amado Boudou, informe si el control existe y si hubo nuevos excluidos. El ministro Fernández informó por medio de su vocero que cada mes el Registro de Reincidencia actualiza el padrón de procesados, aunque ignora si hubo nuevos excluidos. En los recuadros que acompañan esta nota se enumeran once casos de militares procesados por secuestros, torturas y homicidios que ponen en duda su honorabilidad y que aún cobran la pensión. A ellos debe agregarse el prófugo Villegas y también ex carapintadas que no llegaron a ser condenados sólo porque se fugaron del país a tiempo, como el mayor médico Pablo Santiago Llanos.
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Argentina. El capitán Carlos Esteban Plá, ex subjefe de policía en San Luis, está sindicado como el autor material del asesinato de la estudiante Graciela Fiochetti. El ex chofer del servicio de inteligencia de la policía Jorge Velázquez declaró que Fiochetti fue torturada y violada. Le hicieron firmar un acta de liberación, pero al día siguiente volvió a verla en un centro clandestino. Dos noches después la llevaron junto a otro secuestrado a un descampado. Plá los obligó a arrodillarse. "¿Van a hablar o no van a hablar?", gritó. Ante el silencio, les disparó a la nuca. Plá fue detenido el 26 de septiembre de 2007, después de dos años prófugo.
Argentina. El capitán de fragata Julio César Binotti fue durante 1976 y 1977 jefe de la sección ‘tiradores’ del Batallón de Infantería de Marina 2, en Baterías, donde funcionó un centro clandestino que la Justicia federal de Bahía Blanca aún no investigó. En 1982 integró la única unidad naval que combatió cuerpo a cuerpo con los ingleses, el Batallón de Infantería de Marina 5, que tras la derrota se replegó en orden y con sus oficiales a la cabeza. El Centro de Ex Combatientes de Corrientes denunció que Binotti ordenó estaquear a un soldado chaqueño, de apellido Ferreyra, por un supuesto acto de indisciplina. "Lo ataron al suelo por los pies y las manos y le tiraron encima una lona, que no lo dejaba ver qué podían hacerle. Lo tuvieron así desde la mañana hasta la media tarde, durante siete horas", relató el soldado Orlando Pascua. Tras la derrota, Binotti se integró al Grupo de Operaciones Especiales de la ESMA, con los alias ‘Fernando’ o ‘Ciscardo’. El sobreviviente Víctor Basterra, que lo fotografió disfrazado de policía, contó en el Juicio a las Juntas que Binotti participó de secuestros, torturas y traslados, entre otros el de René Haidar. "¿Ustedes ahora terminan?", le preguntó Basterra. "Este gobierno termina. Los grupos de tareas de la Armada nunca terminan", respondió hace un cuarto de siglo el marino, ahora preso en Marcos Paz.
[Diego Martínez] Argentina. Otros dos hijos de militantes políticos secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura militar recuperaron ayer su identidad. Se trata de Laura Catalina De Sanctis Ovando, que habría nacido en el Hospital Militar de Campo de Mayo a mediados de 1977, y de Federico Cagnola Pereyra, que nació en la ESMA en febrero de 1978. Son dos jóvenes que después de treinta años tienen la posibilidad de conocer su verdadero nombre y su verdadera historia. En el caso de Federico, fue gracias a una investigación de la agrupación HIJOS. La noticia se anunciará formalmente hoy a las 12 en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, Virrey Cevallos 592.
[Adriana Meyer] Argentina. Llega puntual y pide un cortado. A casi dos años de la desaparición de Jorge Julio López, el juez federal Arnaldo Corazza acepta conversar con Página 12, aunque aclara que no le gusta dar entrevistas. "No estamos preparados para casos especiales como el de López", confiesa respecto de la magnitud de la investigación sobre el testigo que contribuyó a la condena del represor Miguel Etchecolatz y del que se perdió todo rastro el 18 de septiembre de 2006, justo antes de la sentencia. El magistrado cree que a López lo habrían matado porque se negó a desdecirse de su acusación contra el ex comisario. Corazza admite que es el caso más complejo de su vida, pero asegura que no perdió la esperanza de resolverlo porque "no existe el crimen perfecto, alguien se va a quebrar". Sin embargo, del repaso de la causa surge que no hay "ninguna pista nueva ni sólida", y que los casi 30 cuerpos del expediente resumen 24 meses de inoperantes esfuerzos que no condujeron a nada, de pistas falsas y absurdas para distraer y líneas auténticas arruinadas por las propias fuerzas de seguridad.
[Irina Hauser] Argentina. La Corte Suprema ya tiene mayoría para declarar la inconstitucionalidad de la ley que castiga la tenencia de drogas para consumo personal y motorizar, así, su despenalización. Sus Señorías volverían –aunque con algunos toques aggiornados– a la esencia de un fallo de 1986, conocido como "Bazterrica", que ubicaba la posesión de estupefacientes para uso propio entre "las acciones privadas de los hombres" resguardadas por la Constitución. Aquella doctrina defendía la "autonomía de conciencia", "la voluntad personal" y la "libre elección", pero quedó sepultada por la Corte de Carlos Menem con otra sentencia que proclamaba "valores morales" y hasta hablaba de una amenaza para la "subsistencia" de la "humanidad".
[Diego Martínez] Argentina. Por orden expresa de jueces federales de todo el país, militares y marinos en actividad ofician de remiseros, cadetes y custodios, y a la vez de policías y guardiacárceles, de camaradas retirados procesados por crímenes de lesa humanidad. Los mandados encomendados por Sus Señorías incluyen desde detenerlos y trasladarlos a tribunales o al Hospital Militar hasta apreciar durante dos horas las dotes de nadador del general Reynaldo Benito Bignone en la pileta del Círculo Militar, u observar al coronel Pascual Oscar Guerrieri durante sus caminatas en el Regimiento de Patricios, el mismo donde intentó refugiarse cuando un cronista lo descubrió raqueta en mano violando su arresto domiciliario. Como la Ley de Defensa Nacional prohíbe a las Fuerzas Armadas realizar las tareas de seguridad interior que paradójicamente ordenan jueces de la Nación, la ministra de Defensa, Nilda Garré, dispuso reiterar por tercera vez a los magistrados que revean el criterio de alojar represores en cuarteles y usar a los militares de che pibe, y, por primera vez, prohibió a los jefes de las tres fuerzas acatar sin su autorización expresa requerimientos de detenciones, traslados y alojamientos de criminales de lesa humanidad.
[Adriana Meyer] Tucumán, Argentina. Alias ‘Cachorro’, alias ‘Chacal’, alias ‘Hiena’. El más bravo de los sicarios del Estado en dictadura, el que se animó a cuestionar a los jefes de la Junta Militar por blandos, uno de los represores con más imputaciones en procesos judiciales. El genocida Luciano Benjamín Menéndez, poderoso ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército entre 1975 y 1979, fue autoridad máxima en Córdoba durante los años del terror y estuvo a cargo de la represión en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.