dictador de llanto fácil y cuentas secretas
29 de agosto de 2008
[Diego Martínez] Tucumán, Argentina. Fue amo, señor y fusilador número uno de Tucumán. En 1987 el punto final de Raúl Alfonsín le garantizó impunidad. Comenzó entonces una extensa carrera política, siempre con epicentro en una provincia abrumada por la miseria y que aún lucha por desmantelar una carga brutal de adoctrinamiento ideológico impuesto a sangre y picana. A fines de la década del ’90, la difusión de la información sobre sus cuentas secretas y millonarias en el exterior le hizo derramar sus primeras lágrimas en público. Pero recién ayer, 32 años después de sus mayores hazañas, el Mussolini tucumano de llanto fácil conoció la Justicia.
Antonio Domingo Bussi nació en Entre Ríos el 17 de enero de 1926. Tiene 82 años. Su vida pública comenzó en diciembre de 1975, cuando reemplazó al frente del Operativo Independencia a Acdel Vilas, general insano pero sobre todo impune que pasa sus días bien guardado en un departamento de Palermo. Antes de irse, Vilas anunció que la guerrilla tucumana había sido derrotada. A Bussi le tocó "rematar a la subversión", explicó alguna vez.
El 24 de marzo del ’76 se convirtió en interventor federal y jefe militar de Tucumán, concentración de poder que no ostentó ningún otro gobernador de facto. Siempre desbordante de pistolas y granadas para infundir sumisión, extendió al infinito el concepto de "subversivo", que no excluyó ni a los mendigos: la noche helada del 16 de julio de 1977 ordenó levantarlos de las calles y tirarlos en un desierto de Catamarca. En 2006 perdió un juicio contra el escritor Tomás Eloy Martínez, que al recordar la historia lo calificó de "tirano" y "feroz exterminador de disidentes".
Según la Comisión Bicameral Investigadora, el 70 por ciento de los 507 secuestros registrados en Tucumán se produjo durante los dos años de su gobierno. Sólo una de cada cinco víctimas tenía militancia política o gremial conocida. "Nueve de cada diez fueron secuestrados en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública por personas armadas que actuaban con una superioridad numérica de 15, aproximadamente, contra 1", apuntó la Comisión. "Siempre los Bussis (sic) nos hemos batido en minoría", mintió ayer. En los registros militares consta que la Compañía de Monte del ERP tuvo, en su momento de mayor despliegue (1975), entre 120 y 180 efectivos.
Tras explayarse sobre torturas, uñas arrancadas con tenazas y hombres enterrados hasta el cuello, el ex gendarme Omar Torres relató dos fusilamientos que presenció. "El general Bussi se apersonaba y daba la orden con un disparo ejecutando a una persona." Sus subordinados remataban al resto, que caían a un pozo. Luego "se echaba leña, aceite y gomas de automóviles". Juan Martín describió el método de entierro en vida, contó que obligaban a los detenidos a rezar el Padrenuestro y el Ave María: "Y nos exhortaban a dar gracias a Dios por haber vivido un día más". Los jefes de los campos se ufanaban de haber aprendido a torturar en Vietnam, donde Bussi fue como observador invitado por el ejército norteamericano.
Lo salvó el punto final, pero también la Justicia tucumana. La Corte Suprema reprendió con dureza a la Cámara Federal que no lo procesó pese a la abundancia de pruebas. Un año después, en 1988, fundó Fuerza Republicana, partido que lo llevó a la gobernación y al Congreso Nacional. El pueblo tucumano le permitió ganar ocho elecciones. En 1993 asumió como diputado nacional y dos años después como gobernador. En 1998, una Comisión Especial Investigadora reveló sus propiedades y depósitos bancarios. Poco después se conocieron sus cuentas secretas, millonarias, en bancos de Suiza y Luxemburgo. "Imperfecciones propias de mi naturaleza humana", dijo ayer.
En 1999 volvió a ser electo diputado. La APDH lo impugnó por sus crímenes y por haber ocultado sus cuentas en 1993. La Cámara le impidió el ingreso. El año pasado la Corte Suprema falló que debió respetarse el voto popular, pero el mandato había concluido. El Tribunal de Honor del Ejército, que nunca le cuestionó secuestrar o torturar, lo sancionó por mentir. En 2003 fue electo intendente de San Miguel de Tucumán por una diferencia de 17 votos, pero su detención le impidió asumir. Fue en la misma causa que ayer derivó en su condena. El juez federal Jorge Parache le concedió arresto domiciliario en su casa de Pilar, que violó según denunció la Secretaría de Derechos Humanos provincial.
De la mirada de hielo de hace treinta años no quedan ni rastros. Si el general Menéndez se esmera en mantener su estampa de guerrero, la barba y las lágrimas de Bussi sugieren abandono y conciencia de la derrota. La única buena noticia que podrá escuchar de aquí en adelante es que le permitan seguir en su country de Yerba Buena. Es improbable: ya violó su arresto domiciliario, demostró –pese al tubito– que tiene buena salud, y ningún condenado por crímenes de lesa humanidad goza de ese privilegio.
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[Ramiro Rearte] Tucumán, Argentina. Los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados a prisión perpetua por el secuestro y desaparición del senador provincial Guillermo Vargas Aignasse. El Tribunal Oral Penal de Tucumán los encontró culpables de asociación ilícita, desaparición forzada, violación de domicilio, violación ilegítima de la libertad agravada, condiciones tortuosas de detención, aplicación de tormentos reiterados y homicidio calificado, delitos de lesa humanidad cometidos entre el 24 de marzo y el 6 de abril de 1976. Los jueces resolverán recién después del 5 de septiembre si Bussi será trasladado a una cárcel común o no. Esa indefinición ocasionó que los manifestantes, que se encontraban en la puerta de la sala de audiencias, se desbordaran al demostrar su descontento. La intervención de la Gendarmería Nacional terminó en una refriega con unos treinta militantes de derechos humanos heridos al igual que otros quince efectivos de esa fuerza de seguridad. Hubo corridas a diestra y siniestra ante la lluvia de gases lacrimógenos.
Tucamán, Argentina. Se trata de la primera condena por delitos de lesa humanidad que recibe Bussi, de 82 años, gobernador de la provincia de Tucumán (noroeste de Argentina) durante el gobierno de facto y en democracia (1995- 1999).
[Mariana Carbajal] Argentina. Nueve de cada diez argentinos cree en Dios, pero las tres cuartas partes concurren "poco o nunca" a los lugares de culto y prefiere rezar en su casa, sin intermediarios, y vivir la religión por su cuenta. Aunque el 76 por ciento de la población se declara católico (¡casi un cuarto no lo es!), una amplia mayoría rechaza los preceptos morales impuestos desde el Vaticano: más de seis de cada 10 está a favor de la despenalización del aborto en algunas circunstancias (violación, malformación fetal, peligro para la salud o vida de la madre); 9 de cada 10 quiere que el Gobierno promueva el uso de preservativos para prevenir la infección del VIH; 9 de cada 10 está "muy de acuerdo" con que se brinde educación sexual en los colegios y 8 de cada 10 con que se hable en las aulas de "todos" los anticonceptivos. La mayoría también piensa que una persona puede usar algún método contraceptivo y seguir siendo "un buen creyente" y considera como "una experiencia positiva" las relaciones prematrimoniales. La sociedad argentina al mismo tiempo le exige a la Iglesia Católica un mayor compromiso con los pobres y con la defensa de los derechos humanos. El estudio le pone números además al avance evangélico en el país: del 24 por ciento de la población que se declara practicante de una religión, el 60 por ciento pertenece a ese credo. Casi un tercio de la población alguna vez fue a un curandero. Los datos surgen de la Primera Encuesta sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina, realizada en el país a través de un trabajo articulado entre cuatro universidades nacionales.
[Ramiro Rearte] Tucumán, Argentina. El fiscal general federal Alfredo Terraf acusó a los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez de ser los autores materiales y necesarios en la desaparición, tortura y secuestro del senador tucumano Guillermo Vargas Aignasse, hechos ocurridos entre la madrugada del 24 de marzo de 1976 y el 6 de abril de ese año. Con ese fundamento pidió prisión perpetua para ambos y el alojamiento en una cárcel común: el penal de Villa Urquiza. La defensa de los represores pidió la absolución y de mínima la prisión domiciliaria.
[Diego Martínez] En 1976 fundó junto al obispo Jaime De Nevares la filial Neuquén de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que contuvo a sobrevivientes y organizó las primeras denuncias. En 1982 publicó con los fundadores del CELS seis folletos sobre terrorismo de Estado. En democracia impulsó la causa y tras las leyes de impunidad publicó ‘Buscados. Represores del Alto Valle’. Mañana se sentará sobre el almohadón de su temible Falcon amarillo, cruzará a fondo el río que separa Cipolletti de Neuquén y se explayará ante un tribunal sobre vida, obra y atrocidades de los militares que investiga desde hace tres décadas. Noemí Labrune, una señora menuda de 78 años con energía de treintañera, abrirá la ronda de testigos del primer juicio por delitos de lesa humanidad del sur argentino.
[Adriana Meyer] El Laucha Corres tenía padrino, en el sentido literal del término. El empresario Héctor Lapeyrade tiene de ahijado a este represor y habría sido el financista de las dos fugas que protagonizó, según determinó una de las dos fuerzas que investiga los pasos del militar. Los investigadores siguieron los movimientos de Lapeyrade desde que llegó de Alemania a principios de mes, y establecieron que en su ausencia su hijo fue quien visitaba a Corres en la delegación de la Policía Federal en Bahía Blanca, donde estaba detenido con flexibilidad de movimientos. Mientras tanto, el juez federal Alcindo Alvarez Canale llamó a indagatoria a Corres, a lo cual se opuso el fiscal federal Hugo Cañón porque consideró que "no hay una responsabilidad penal (de Corres) en la medida en que no hubo un hecho violento, pero sí la hay para los que facilitaron la fuga".
[Adriana Meyer] Argentina. "Tráiganmelo como sea", había sido la orden del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Aníbal Fernández. Es que el represor Julián ‘Laucha’ Corres se había fugado de la delegación de la Policía Federal de Bahía Blanca, una fuerza que depende de su cartera, y desde el primer momento los investigadores sospecharon que el escape ocurrió con la complicidad de los azules bahienses. Y con el apoyo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), pudieron cumplir con el jefe. Pasado el mediodía de ayer, Corres fue detenido en la casa de su madre, en la localidad santafesina de Villa Constitución, tras 23 días de estar prófugo de la Justicia. "Lo encontraron en un placard", le dijo a Página 12 el ministro Fernández. Más tarde, en conferencia de prensa diría: "Si uno hablaba de anomia o de desidia hablaba de hombres, no de la institución, era muy importante que la fuerza no quedara manchada, era todo un desafío para el Ministerio y para la Federal, y creemos que hemos cumplido; era nuestro deber pero nos hacía sentir muy mal". Uno de los investigadores dijo a este diario que el entorno de Corres sabía que estaba rodeado.