argentina

homosexuales con más derechos

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Anses reconoce la pensión por viudez y diputados trata un proyecto que garantiza la cobertura de obras sociales. Después de años de negar el derecho a la pensión, la Anses anunció ayer el beneficio que regirá a partir de esta semana. Los viudos deberán demostrar que convivieron con su pareja.

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[Pedro Lipcovich] Argentina. Dos medidas contra la discriminación a parejas gays se anuncian para esta semana: además de la resolución de la Anses, por la cual se reconocerá la pensión por viudez a parejas del mismo sexo, la Cámara de Diputados tratará un proyecto –avalado por los bloques mayoritarios– para que las obras sociales garanticen a las parejas del mismo sexo las mismas coberturas que otorgan a parejas heterosexuales. "Desde 2003 veníamos efectuando pedidos a la Anses y efectuando reuniones con funcionarios en procura de este resultado", declaró a Página 12 Marcelo Sunheim, de la Comunidad Homosexual Argentina. "Estamos muy contentos, pero la solución de fondo sólo podrá venir de la mano de la aprobación de la ley de matrimonio", sostuvo la titular de la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales (FGLBT). Según los activistas gays, la falta de un marco legislativo general requiere la multiplicación indefinida de normativas (o, cuando no las hay, de recursos individuales) para resolver cuestiones que van desde la autorización para que personas encarceladas reciban visitas de sus parejas del mismo sexo, hasta el permiso para que una persona internada en terapia intensiva pueda ver el rostro y escuchar la voz de su pareja.
Ayer, Amado Boudou, director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), anunció que el organismo "reconocerá el derecho a la pensión por viudez a las personas del mismo sexo, al igual que lo reconoce para los convivientes de distinto sexo, sin necesidad de recurrir a la Justicia". La resolución, que entraría en vigencia mañana, requerirá demostrar la convivencia durante por lo menos cinco años –mediante facturas de servicios, manifestaciones de testigos, etcétera–, tal como ya sucede con las parejas convivientes heterosexuales.
Hace dos semanas, desde la Anses convocaron a los dirigentes de la CHA, Marcelo Suntheim y César Cigliutti, y a los abogados de esa organización, para solicitar asesoramiento legal necesario para dictar la nueva normativa. El apuro obedecía a que en el Ejecutivo detectaron que una de las demandas que se tramita en la Corte Suprema está en camino de tener sentencia favorable.
"Es un paso muy importante –comentó María Rachid, titular de la FGLBT–. Lo reclamábamos desde hacía mucho y, ya hacía un año, el Inadi había sostenido que la interpretación que hacía la Anses era discriminatoria".
Ya habían llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuatro reclamos de personas a quienes la Anses les negaba el derecho que ahora reconoce. En cada uno de estos casos, el Inadi emitió dictamen a favor del reclamo. Su titular, María José Lubertino, señaló que "caracterizamos esa restricción como inconstitucional y discriminatoria".
Además, "esta semana la Cámara de Diputados tratará un proyecto de ley que garantiza, a nivel nacional, que las obras sociales cubran a parejas del mismo sexo en igualdad de condiciones con las de distinto sexo –anunció Rachid–. El texto unifica varios que habían sido presentados, tiene dictamen favorable en comisiones y es apoyado por las principales bancadas".
De todos modos, "estos avances no hacen más que reconocer derechos puntuales, y el camino hacia la igualdad jurídica requiere la aprobación del derecho al matrimonio", subrayó la titular de la FGLBT. Bruno Bimbi –activista de la Fglbt– comentó que "las medidas puntuales no modifican una discriminación básica que se expresa de muchas maneras: así, la mayoría de los hospitales sólo permiten, para pacientes en terapia intensiva, visitas de ‘familiares directos’, lo cual puede excluir a una pareja del mismo sexo". Hace unos días, el Servicio Penitenciario de Santa Fe aceptó que se le permitiera a una reclusa ser visitada por su pareja lesbiana.
En la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto de ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo ya reunió unas 40 firmas de la mayor parte de los bloques: el Partido Socialista aprobó una resolución orgánica que establece, como principio, apoyar una ley de este orden; la mayoría de los diputados de la Coalición Cívica también apoya el proyecto, aunque Elisa Carrió sugirió su posición en contrario; también lo apoyan los legisladores del SI, varios de UCR e independientes como Claudio Lozano. Vilma Ibarra, presidenta de la comisión que debe tratar el tema, se manifestó a favor. Pero, afirmó Bimbi, "nada de esto será suficiente si no hay una decisión política del Ejecutivo nacional, como la que tomó en España el presidente José Luis Rodríguez Zapatero". Lubertino, por su parte, destacó que "el Inadi considera discriminatoria la falta de una ley que garantice el matrimonio entre personas del mismo sexo".
Rachid también requirió "la sanción de la ley que garantice el respeto por la identidad de las personas trans, permitiéndoles modificar sus documentos de identidad. Y la derogación de los códigos contravencionales que contienen cláusulas discriminatorias: en nueve provincias hay cláusulas que explícitamente criminalizan la homosexualidad o el travestismo; en otras, la discriminación aparece encubierta bajo figuras que aluden a la ‘moral y las buenas costumbres’".

19 de agosto de 2008
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la despenalización de hecho

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Los fiscales bonaerenses ya no procesan a los consumidores. En el conurbano, los fiscales admiten que ya no inician causas por tenencia de drogas para consumo. Y sostuvieron que la Policía Bonaerense ya bajó la cantidad de detenciones por casos menores. "Esa detención provoca más problemas que soluciones", dicen.

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[Raúl Kollmann] "Mire, el consumo de paco, cocaína o marihuana está despenalizado de hecho", dice, categórico, un fiscal del conurbano bonaerense. La misma opinión tienen otros integrantes del ministerio público fiscal consultados por Página 12. "Yo le aseguro que no hay un solo procesado por consumo en todo el distrito. Las causas se archivan", jura otro fiscal de Lomas de Zamora.
"Supongamos por un momento que la policía me trae un consumidor de dos gramos de cocaína o de un porro de marihuana –relata ahora un fiscal de San Martín–. Me pregunto: ¿lo dejo detenido una noche?, ¿le tomo declaración al día siguiente? La respuesta es no. Porque le hago perder el trabajo, si lo tiene. Y eso es mucho peor. Voy a tener una persona que ya tiene un problema, que consume droga, al que le agrego un problema todavía más grande: que pase a no tener trabajo."
El mayor de los absurdos surge cuando se habla de, efectivamente, seguir una causa penal por consumo. "Viene el policía y dice: ‘Este señor estuvo consumiendo cocaína. Le aplicamos el reactivo al polvo y dio de color azul, lo que demuestra que es cocaína’. Sin embargo, para el expediente, ese análisis no basta. Se necesita una pericia, con control de las partes. O sea que el imputado tiene que designar un perito, por una dosis o por un porro, para que se determine si es cannabis o no. Igual, el turno para hacer esa pericia lo dan, más o menos, para dentro de tres meses."
El que habla ahora es otro fiscal, esta vez de La Matanza. "Toda la noción es un despropósito porque la ley a uno lo pone en la disyuntiva de procesar u obligar a la rehabilitación. Pero la realidad es que procesar no se procesa a nadie. Entonces se envía, en los poquísimos casos en que se detiene a alguien por consumidor, a un CPA, Centro de Prevención de las Adicciones. Empieza ahí el tratamiento, pero en buena parte de los casos lo abandona. Entonces se lo intima a que lo retome, cosa que ocurre muy pocas veces. Se lo vuelve a intimar, pero lo cierto es que nunca se lo procesa."
"Es que desde el punto de vista legal, también el procesamiento tiene mucha doctrina en contra –afirma el fiscal de San Martín–. Que las acciones privadas de los hombres no son penalmente judiciables, que el policía detuvo por estado de sospecha y eso es inconstitucional. Por uno u otro argumento, la causa se caería. Por lo tanto, no pasa nada. La despenalización es un hecho."
Los fiscales que dialogaron con este diario son coincidentes: ningún fiscal procesa y la Bonaerense, hoy en día, ya detiene a muy pocas personas por consumo, muchísimas menos que hace uno o dos años. "Los procedimientos que se hacen –coinciden los fiscales– son casi por obligación. Una señora que llama al 911 y dice: ‘Delante de mi casa hay unos jóvenes fumando marihuana’, obligan al patrullero a ir al lugar y llevarse detenidos a los jóvenes. Pero tanto los policías como los fiscales saben que la causa terminará archivada."
Los fiscales afirman que se percibe mucha actividad de la Bonaerense contra los quioscos de venta de drogas. "En un lugar como Budge, por ejemplo, usted tiene que contar que puede haber diez personas vendiendo en dos manzanas. Ojo, son casi indigentes. No es para nada el perfil del gran narco, ni siquiera de uno mediano. Es más, estoy seguro que lo proveen más de una vez por día, porque los secuestros de paco, por ejemplo, son de cantidades relativamente chicas. Diría que un promedio que varía entre 75 y 200 dosis de paco, que es muy poco, si se considera que un adicto puede consumir numerosas dosis en un solo día", afirma el fiscal de Lomas de Zamora.
Como se sabe, los fiscales intervienen en los procedimientos. "Nos piden los allanamientos y nosotros estamos. Y por ahí, de los diez quioscos que hay en un lugar, se allanan cinco. ¿Por qué esos cinco y no los otros cinco? Suponemos que porque están arreglados. Es decir que los policías funcionan como una especie de reguladores del mercado. Por supuesto que lo más positivo son los grandes operativos, en los que se secuestra droga en serio, decenas y hasta centenares de kilos. Pero eso se sigue manejando en el fuero federal. Ahí si vale la pena el expediente. En el caso del consumidor, no pasa nada de nada. Cualquiera que trabaje con nosotros se da cuenta de que es mucho más un problema de salud o social, que un problema de Justicia penal. Y por eso está virtualmente despenalizado. Ni la policía quiere detener un consumidor, ni nosotros queremos que nos lo traigan", redondea el fiscal de San Martín.

19 de agosto de 2008
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cae en bellavista rata fugitiva

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Detuvieron a Jorge Aníbal Masson, acusado por crímenes de la dictadura. Está acusado por delitos de lesa humanidad y se hallaba prófugo de la Justicia. Fue arrestado en la localidad bonaerense de Bella Vista y trasladado a la prisión de Marcos Paz. Esta mañana declaraba en el juzgado federal de San Martín.

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Argentina. El militar retirado Jorge Aníbal Masson, acusado de delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura, fue detenido en la localidad bonaerense de Bella Vista. Estaba prófugo de la Justicia desde que el juez federal de Bahía Blanca, Alcindo Álvarez Canale, revocó la eximición de prisión con la que estaba beneficiado en la causa que investiga el accionar del V Cuerpo del Ejército, con asiento en esa ciudad del sur de Buenos Aires.
Masson fue arrestado anoche en un operativo realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la División Interpol de la Federal. Álvarez Canale dispuso que el acusado, que esta mañana debió comparecer ante el Juzgado Federal de San Martín, fuera trasladado al penal de Marzos Paz.
Tras la anulación de las leyes del perdón, la Justicia notificó en reiteradas oportunidades al militar retirado para que se presentara a declarar, pero Masson respondió a cada citación con un certificado médico por sus problemas cardíacos. Cuando agotó la posibilidad de pedir nuevas prórrogas, Álvarez Canale ordenó su detención, pero el acusado ya no pudo ser ubicado en su domicilio del barrio porteño de Belgrano.
Masson es investigado en el marco de la causa 05/07 recaratulada como "investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del comando del Cuerpo V del Ejército". Es la misma causa por la que estaba detenido el represor Julián Corres, cuya fuga de una delegación policial de Bahía Blanca desató un escándalo en el marco del cual Defensa pasó a disponibilidad a un alto jefe del Ejército mientras avanza la investigación de ese episodio.

15 de agosto de 2008
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mentiras del guardiacárcel

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Denunciaron a dos testigos por falso testimonio en el juicio contra Bussi. La última persona que vio con vida al senador Guillermo Vargas Aignasse se contradijo en su testimonio. El fiscal pidió su detención.

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[Ramiro Rearte]Tucumán, Argentina. El ex guardiacárcel Carlos Antonio Décima es el único testigo vivo que presenció los últimos momentos de Guillermo Vargas Aignasse. En los primeros días de abril de 1976 le ordenaron que llevara al senador junto con otra persona liberada hacia sus domicilios. Ayer se presentó ante el tribunal que juzga a Antonio Domingo Bussi y a Luciano Benjamín Menéndez, pero sus palabras no convencieron al fiscal general de Tucumán, Alfredo Terraf, quien lo denunció por falso testimonio y pidió su detención.
Décima aseguró que se sorprendió de que le ordenaran acompañar a Vargas Aignasse. "Generalmente llevamos detenidos al hospital porque estaban enfermos, pero nunca a alguien que quedara en libertad", dijo el ex policía. "De repente, cuando íbamos por las intersecciones de la Avenida Mitre y Corrientes (en el centro de Tucumán), se nos acercó una camioneta con mucha gente. Eran varios. Pero no llegué a ver más nada. Absolutamente nada", terminó.
En ese momento, el fiscal federal le dijo a Décima que no estaba contando toda la verdad, ya que él había declarado en otras oportunidades dos versiones diferentes. Los funcionarios judiciales le mostraron al testigo un acta en donde estaba su firma en la que decía no sólo cómo se había realizado el segundo secuestro de Vargas Aignasse sino, también, que contaba detalle de sus atacantes.
"La mayoría de los atacantes eran jóvenes y estaban vestidos de civil tipo sport y sus cabellos, desparramados por el viento y la velocidad del vehículo. Casi todos rubios, pelo no muy largo y usaban bigotes", había asegurado Décima en el año 1976 sobre el mismo hecho y a las pocas horas de haber ocurrido.
El ex penitenciario afirmó ante el tribunal oral de Tucumán que él no había declarado eso, pero reconocía su firma. En varias oportunidades el fiscal Terraf intervino para repreguntarle sobre los hechos de esa madrugada y volvía a entrar en contradicción.
Décima, además, dijo ayer que luego del supuesto secuestro lo llevaron a un lugar que no conocía, que se fue corriendo solo por un cañaveral, que fue socorrido por un colectivo fuera de servicio que pasaba por una ruta, también desconocida, que tomó un ómnibus de la línea 12, que llegó al penal de Villa Urquiza, informó a sus superiores de lo ocurrido y que no tomaron ninguna medida al respecto. Luego y una vez terminado su turno de trabajo, se fue a su casa.
En las declaraciones anteriores (realizadas ante el juez militar Nº 76 de Tucumán durante la dictadura) aseveró haber estado en El Manantial (acceso sur de la capital tucumana) y que luego se subió a un transporte público de pasajeros, pero desde la terminal de colectivos, y que siempre estuvo acompañado por el chofer del vehículo (un oficial de apellido Oviedo), que les entregó a sus superiores una bolsa con la capucha y las ataduras que tuvo puestas en el supuesto secuestro.
Luego de esas palabras, el fiscal Terraf pidió al juzgado "la inmediata detención del testigo por falso testimonio". El reclamo se resolverá al final del juicio.
Otro de los testigos de ayer fue el hijo mayor del político que lleva su mismo nombre. Relató cómo fue el 24 de marzo de 1976, cuando tenía nueve años. "Yo vengo a dar sólo la versión de un chico que cree que estaban asaltando en su casa. Más allá de todo lo que pasó estoy contento de que esto esté pasando. Que haya un acusado y que pueda cerrar parte de la historia", dijo.
Ni Bussi ni Menéndez estuvieron presentes en la audiencia de ayer en Tucumán. Escucharon las declaraciones en una sala contigua. Pero sí estuvieron los hijos del represor local, Ricardo y José Luis.
El tribunal ordenó una pericia caligráfica para José Jerez, quien cumplía funciones en la cárcel de Villa Urquiza como jefe de Guardia. Además, los magistrados decidieron realizar un careo entre Roque Cabral (ex juez militar durante la dictadura), Raúl Molina (se desempeñó como su secretario) y José Jerez, quien fue jefe de Guardia la noche en la que fue liberado Vargas Aignasse. El pedido se sustentó en la necesidad de corroborar los dichos de Jerez, que fueron volcados en una declaración tomada por Cabral y que el guardiacárcel negó haber dicho. El acto data de los días posteriores a la desaparición de Vargas Aignasse. Por esto, el fiscal Terraf también pidió detención por falso testimonio del ex jefe de Guardia.
Las testimoniales se suspendieron hasta el martes próximo a partir de las 9.30, cuando declare el hermano del senador desaparecido, Rodolfo Vargas Aignasse, ex secretario de Cultura del gobierno de José Alperovich.

14 de agosto de 2008
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bebés a treinta mil pesos

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Un cura diputado misionero denuncia el negocio en su provincia. Buiak es diputado por el Frente de Todos, pero fue cura párroco en Oberá durante muchos años. Oberá tiene el mayor índice de adopción ilegal en el país. "Los remiseros, los hoteleros, los vecinos, todos saben", aseguró Buiak.

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Argentina. "En Misiones se pagan 30 mil pesos por un bebé." La denuncia no es nueva. Lo novedoso es que partió de la boca de un cura, misionero él, para más datos de Oberá, la ciudad con mayor índice de adopción ilegal de bebés en el país. Se trata de Ricardo Buiak, quien además es diputado provincial por el Frente de Todos. "Todo el mundo sabe cómo, cuándo y dónde se consigue un bebé", denunció Buiak y apuntó contra remiseros, dueños de hoteles y abogados, y provocó remezones en la provincia de la tierra roja. Tanto que el ministro de Derechos Humanos provincial, Edmundo Soria Vieta, salió a defender la figura de la adopción, cuidadosamente, para diferenciar de lo que se llama compra de vientre. "El Estado misionero no está en contra de la adopción, pero tiene que ser un acto de amor y no fruto de la compra de un vientre", sostuvo Soria Vieta. Entretanto, Misiones sigue jaqueada por los casos que saltan a la luz. En poco más de una semana Oberá pasó por dos intervenciones policiales que frustraron la entrega de dos bebés previa denuncia de sus abuelas. Ayer, un comisario de Oberá aseguraba que estaban desbordados y no podían actuar.
El viernes 8 de agosto, una pareja que viajaba por la ruta 14 desde Oberá hacia Buenos Aires fue detenida a la altura de la localidad Amado Bonpland. Llevaban una beba recién nacida. Dijeron que no tenían los papeles del auto y, como los vieron nerviosos, los gendarmes ordenaron que estacionaran en la banquina. Cuando les pidieron sus documentos, presentaron el DNI de una beba nacida tres días antes, en Oberá, y dieron domicilio en esa ciudad. La única coincidencia era entre el DNI de la beba y su partida de nacimiento, ambas con el mismo apellido. En cambio, ninguno de los apellidos de los dos mayores coincidían con el de la beba.
Para esa misma fecha, una abuela de poco más de 40 años logró evitar que su hija negociara el bebé del que todavía estaba embarazada, según publicó el diario local El Territorio. La adopción ilegal utiliza diferentes mecanismos: pacta previamente el embarazo; compra la gestación ya iniciada o paga por un bebé apenas nacido. "Legalizar un recién nacido tiene un costo que no baja de 30 mil pesos", explicó Buiak.
Es "un negocio en el que la que menos dinero lleva es la madre, a quien le entregan 2 mil pesos y alimentación mensual durante el embarazo –señaló el cura legislador–. Los que sí obtienen ganancias son los que legalizan (las adopciones ilegales), abogados si se quiere". Incluso, señaló Buiak, "después de los casos que se frustraron de ventas de bebés, subieron los precios". "Estos negociados ya son un tema viejo, que incluso le costó el puesto a una jueza, pero acá todo el mundo sabe el hotel donde se alojan los que llegan para comprar panzas, el lugar donde tienen a las chicas embarazadas. Los dueños de los hoteles, los remiseros, los vecinos, todos saben dónde se compran los bebés. Algunos van por el lado de lo solidario, que es mejor que alguien con dinero cuide del bebé para que no vivan en la miseria. Pero lo que falta es concientizar a la gente y erradicar la pobreza."
El ministro de Derechos Humanos misionero, Edmundo Soria Vieta, sostuvo que "el Estado misionero no está en contra de la adopción, pero tiene que ser un acto de amor y no fruto de la compra de un vientre, de la prebenda mientras se desarrolla el embarazo, o de la seducción de la mujer para que entregue su bebé a cambio de dinero o bienes. Así, termina adoptando quien más plata tiene y no quien más amor tiene". Soria Vieta aseguró que "hay gente involucrada que ha hecho de esto un negocio, obviamente, porque la gente que viene, en un 80 o 90 por ciento, es extraprovincial".
Como señalaron el cura legislador y el ministro, la pobreza es la base para que se extienda el negocio. El barrio San Miguel (o su pobreza), en Oberá, viene a ser el lugar donde ponen la mira las organizaciones de adopción ilegal. Pero también en los barrios de Bella Vista y Villa Martos operan las redes de la compraventa. Y de acuerdo con lo que reveló El Territorio, un hotel de la zona es el lugar tomado como base para completar la compra. "En todo momento la dueña negó que mi hija estuviera ahí, pero llamamos a la policía y la encontraron en una habitación", dijo Olinda Ruñisky, una de las abuelas denunciantes. La mujer que se haría pasar como madre, una uruguaya residente en la Capital, cuando fue interpelada dijo que estaba allí pasando sus vacaciones.

12 de agosto de 2008
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cuarenta criminales fugitivos

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Hay 40 represores con orden de captura que no aparecen. La fuga de Julián Corres, que ya había estado prófugo, actualizó la problemática de los métodos utilizados para ubicar a los acusados por delitos de lesa humanidad. La unidad de búsqueda todavía no funciona.

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[Diego Martínez] Argentina. "En teoría las fuerzas de seguridad y el enorme aparato de inteligencia estatal los buscan. En la práctica más de uno sonreirá, mate en mano, al leer esta nota y pensar en sus argucias cotidianas para burlar al Estado que hasta hoy, con fundamentos, consideran bobo." El comienzo del informe especial sobre represores prófugos que Página 12 publicó el 11 de marzo de 2007 mantiene su vigencia intacta. Según el programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado, del CELS, hay 40 prófugos en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, apenas tres menos que hace 17 meses. Teniendo en cuenta las 413 órdenes de detención, significa que uno de cada diez militares, marinos, aviadores, gendarmes, prefectos, penitenciarios, policías y colaboradores acusados por delitos de lesa humanidad logran escabullirse de la Justicia.
El principal agravante respecto de aquel momento es la existencia de un fugado: el teniente coronel Julián Corres. El 3 de abril cuando Interpol lo detuvo, con la fisonomía cambiada, el torturador de La Escuelita llevaba 18 meses escondido. El juez federal Alcindo Alvarez Canale alojó a un oficial de inteligencia en una dependencia sin las más elementales medidas de seguridad, a cargo de un comisario que va a sus cumpleaños. Recién tres meses después, tras procesarlo por 47 secuestros, 38 torturas, 17 homicidios y siete desapariciones forzadas, ordenó su traslado a Campo de Mayo y se fue de vacaciones. Durante el mes siguiente fue el Servicio Penitenciario Federal el responsable de no concretar el traslado.
La segunda diferencia es una decisión política que nunca se concretó: la creación de un organismo dedicado a buscar a los represores prófugos. El 29 de mayo la presidenta Cristina Fernández promulgó la ley 26.375 que creó una Unidad Especial con ese fin, dotada de un fondo de recompensas de cinco millones de pesos. El 27 de junio el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos fijó una serie de pautas para regular los pagos. Tras la fuga de Corres, cuando Página 12 recordó que la unidad no existía, el ministro Aníbal Fernández la invocó para ofrecer 150.000 pesos a quien aportara información sobre el Laucha. Pero al día de hoy, esa fue toda su actividad. Fernández explicó ayer por medio de su vocero que la demora obedece a que Jefatura de Gabinete no transfirió los fondos necesarios y anticipó que la creación se concretará en la semana próxima.
La desidia dio lugar a situaciones que, sin el trasfondo de la masacre, serían risueñas. El ex agente Raúl Guglielminetti, con orden de detención desde 2003, vivió siempre en su casaquinta La Mapuche, que todos en Mercedes conocen. Hasta agosto de 2006, cuando el juez Daniel Rafecas dio instrucciones sobre la ubicación del empresario, ninguna fuerza de seguridad lo había buscado. El teniente coronel retirado Ernesto Kishimoto llevaba un año y medio prófugo cuando entregó su DNI para el check in en el aeropuerto de Posadas. Mientras lo detenían aclaró que ignoraba el pedido de captura y que siempre vivió en un departamento de Corrientes al 4500 que figura a su nombre en la guía telefónica.
Más insólito es el caso del capitán Carlos Eduardo Domínguez Linares, próspero hacendado cordobés y ex mano derecha del gobernador de facto de Formosa, general Juan Carlos Colombo. La APDH local informó a la Justicia el domicilio y el número de celular del militar, que solía aparecer en el canal rural con bombacha y chiripá como presidente de la Confederación Gaucha Argentina. Según los querellantes, el juez federal cordobés Ricardo Bustos Fierro "transformó un pedido de captura en una averiguación de paradero" y recién un año y medio después, cuando el Consejo de la Magistratura lo convocó a dar explicaciones, ordenó su detención.
Otras detenciones sirven de contracara y sugieren que el Estado, cuando se lo propone, puede. El capitán Enrique José Del Pino, ex jefe de un grupo de tareas de El Banco y El Olimpo, fue detenido por Interpol cuando salía de un restaurante de Palermo después de un prolongado trabajo de inteligencia. Llevaba 18 meses prófugo. Su compañero de andanzas, sargento ayudante Alfredo Omar ‘Cacho’ Feito, ex miembro de la Central de Reunión de Contrasubversión del Batallón de Inteligencia 601, se burló mientras pudo: dos meses después de ser declarado en rebeldía su nombre apareció en el Boletín Oficial como socio de la sociedad anónima Poitagua. Tras el informe de Página 12 de marzo de 2007, el juez federal Ariel Lijo encomendó su captura al Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería. Fue detenido seis meses después, tras un trabajo de escuchas en las que se lo mencionaba como ‘Señor X’ o ‘Innombrable’. También el capitán Carlos Esteban Pla, ex subjefe de policía de San Luis sindicado como asesino de Graciela Fiochetti, fue detenido en Vicente López por la división Antiterrorismo de la Policía Federal tras un año bien guardado.
La última captura destacable fue la de Corres, que además de su oficio en inteligencia disponía de todos los recursos materiales imaginables. Su padrino es el empresario Héctor Lapeyrade, un multimillonario dueño de la petrolera Chañares Herrados e íntimo de su padre, a quien prometió garantizar la buena vida de la familia. Lapeyrade admitió que le pasaba 4500 pesos al prófugo y otros 5000 a su esposa. El juez bahiense Alvarez Canale frustró la pesquisa que pudo haber derivado en su detención. En la investigación por la fuga de Corres obligó al pase a disponibilidad de dos militares en actividad: el secretario y el comandante del V Cuerpo de Ejército.

Celebridades
La causa ESMA tiene más de cincuenta represores procesados con preventiva, pero también ostenta el récord de prófugos. El más antiguo es el capitán de fragata Jorge Vildoza, ex jefe de un grupo de tareas. La justicia ya lo buscaba en 1986, junto con su esposa Ana María Grimaldos, por la apropiación de una menor. Sus buenos contactos le permiten reunirse sin mayores problemas con uno de sus hijos biológicos, titular de la firma de máquinas de juego American Data, con sede en Martínez y negocios en la Patagonia.
Rosario tiene más prófugos que procesados. La ceguera selectiva de su policía provincial es ostensible. El ex PCI del Ejército Walter Pagano fue detenido de bronca, mientras escuchaba misa, por el hijo de otro represor. El ex comisario César Luis Peralta, alias ‘La Pirincha’, es dueño de una flota de taxis y compartiría con sus ex camaradas negocios menos transparentes pero más rentables. La última captura, por parte de la Policía Federal, fue la del comisario inspector Carlos Alberto ‘Dippy’ Moore. En febrero RosarioI12 publicó por primera vez una foto del prófugo Jorge Andrés Cabrera, alias Barba, uno de los más finos especialistas en torturas de la patota de Feced.
Un caso insólito es el del teniente de navío Roberto Bravo, acusado por la Masacre de Trelew. El juez Hugo Sastre ordenó su detención el 9 de febrero. Luego Página 12 informó que Bravo es dueño en Florida de RGB Group, que factura millones de dólares y provee servicios al Pentágono. Interpol pidió que le traduzcan acusación y pruebas, tarea que comenzó en abril. El viernes el fiscal Fernando Gélvez le pidió al juez que intime a la intérprete a terminar. Bravo ya tuvo siete meses para esconderse.
La lista de prófugos que Aníbal Fernández debería poner a disposición de la justicia incluye varias celebridades. El mayor Jorge Antonio Olivera viajó a Italia para defender a Carlos Suárez Mason pero quedó detenido por la desaparición de Marie Anne Erize. Recuperó su libertad con ayuda de inteligencia del Ejército, que faxeó a Italia un documento falso. El coronel Aldo Mario Alvarez, ex jefe de inteligencia del Cuerpo V, fue hasta 2000 titular de la empresa de seguridad Alsina SRL. Felipe Romeo dirigió el pasquín El Caudillo, vocero de la Triple A.

10 de agosto de 2008
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Los Cuarenta Prófugos
Capital. Juez Sergio Torres. Causas ESMA-Walsh (7) - Díaz Smith, Jorge Manuel,Prefectura *(también en causa por apropiación de menores, por orden de la jueza Servini de Cubría).- González, Roberto Oscar, Policía Federal. - Linares, Juan Carlos, Policía Federal - Pittana, Claudio, Policía Federal. - Salvia, Pedro Norberto, Policía Federal. - Sánchez, Gonzalo, Prefectura. - Vildoza, Jorge Armada *(también en causa por apropiación de menores, por orden de la jueza Servini de Cubría). Rosario. Juez Marcelo Bailaque. Causa Feced (4). - Altamirano, Carlos Ulpiano, Policía de Santa Fe. - Moore Basini, Carlos, Policía de Santa Fe. - Peralta, César, Policía de Santa Fe.- Revechi, Eduardo, PCI del Ejército.

Rosario. Juez Marcelo Bailaque. Causa Quinta de Funes (4) - Cabrera, Jorge Andrés, Ejército. - Gertrudis, Héctor, Gendarmería. - Isach, Carlos, PCI del Ejército. - Scilabra, Francisco, Policía de Santa Fe.

Capital. Juez federal Daniel Rafecas. Causa Cuerpo I (4) - Baraldini, Luis Enrique, Ejército. - Cendón, Néstor Roberto, SPF. - Cruz, Eduardo Angel, Policía Federal. - Godoy, Pedro Santiago, Gendarmería.

Bahía Blanca. Juez federal Alcindo Alvarez Canale. Causa Cuerpo V (2) - Alvarez, Aldo Mario, Ejército. - Corres, Julián Oscar, Ejército.

La Plata. Juez federal Manuel Blanco. Causa Unidad 9 (2) - García, Jorge Luis, SPB. - Guerrero, Pedro César, SPB.

Neuquén. Juez federal Guillermo Labate. Causa La Escuelita (2) - Di Pasquale, Jorge Héctor, Ejército. - Mendoza, Héctor, Policía de Neuquén.

San Juan. Juez Leopoldo Rago Gallo. Causas Marie Anne Erize y Margarita Camus (2) - Vic, Eduardo Daniel, Ejército. - Olivera, Jorge Antonio, Ejército.

Capital. Jueza federal María Servini de Cubría. Causa por apropiación de menores (2) - Grimaldos de Vildoza, Ana María, Civil * (Esposa de Jorge Vildoza, prófugo también en causa ESMA)

Capital. Juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Causa por apropiación de menores (1) - Vázquez Sarmiento, Juan Carlos, Fuerza Aérea

Capital Juez federal Norberto Oyarbide. Causa Triple A (1) - Romeo, Felipe, Civil

Capital. Juez federal Daniel Rafecas. Causa Masacre de Fátima (1) - Martínez, Luis Alberto, Policía Federal

Capital. Juez federal Daniel Rafecas. Causa Hospital Posadas (1) - Cocteleza, Juan Máximo, Civil.

Chaco. Juez federal Carlos Skidelsky. Causa Masacre de Margarita Belén (1) - Tozzo, Norberto Raúl, Ejército.

Córdoba. Jueza federal Cristina Garzón de Lascano. Causa Comando Libertadores de América (1) - Antón, Herminio Jesús, Policía de Córdoba.

Corrientes. Juez federal Carlos Soto Dávila. Causa Panetta (1) - Cao, Leopoldo Norberto, Ejército.

Formosa. Juez federal Marcos Bruno Quinteros. Causa Carrillo (1) - Domato, Horacio Rafael, Gendarmería.

La Plata. Juez federal Arnaldo Corazza. Causa Raffo (1) - Vidal, Jorge Héctor, Policía de la provincia.

Rawson. Juez federal Hugo Sastre. Causa Masacre de Trelew (1) - Bravo, Roberto Guillermo, Armada.

Salta. Juez federal Abel Cornejo. Causa Masacre de Palomitas (1) - Arrechea Andrade, Antonio, Ejército.

Tucumán. Juez federal Daniel Bejas. Causa Vargas Aignasse (1) - Villegas, Norberto Ricardo, Ejército.

10 de agosto de 2008
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despenalización en tierra derecha

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Aníbal Fernández defiende la propuesta de no criminalizar a los consumidores de drogas. En una entrevista exclusiva, el ministro de Justicia salió al cruce de las críticas surgidas desde la oposición, pero también desde un sector del oficialismo a la política de despenalización.

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[Emilio Ruchansky] Argentina. La oficina del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos es pura interactividad. Durante la entrevista, relojea algún noticiero en los cinco televisores montados sobre la pared, chatea con su computadora, ataja una llamada del gobernador José Alperovich o lee mensajes de texto en sus dos celulares. La hiperactividad de Fernández tiene un solo motor: el proyecto de ley que el Ejecutivo enviaría al Congreso en noviembre de este año. Nada menos que la reforma integral a la actual ley de drogas. "Nos vendieron un cuento sobre el narcotráfico", dice el ministro. "¿Por qué? Porque los narcotraficantes han hecho lo que han querido. Nunca hubo información inteligente y los narcos traficaban lo que querían, a Europa fundamentalmente. Han desviado precursores químicos, o sustancias de corte, como realmente correspondería llamarlos, y nadie se ha dado cuenta. El caso de los mexicanos que fabricaban metanfetamina para venderla en Estados Unidos es buen un ejemplo." Enseguida aclara que ese es el primer verso, el segundo cuento es la afirmación de que el que consume drogas, o en el más grave de los casos, el adicto, "es el diablo" o la punta del ovillo.
Esta es la dicotomía fundacional del "cuentito", explica Fernández, consiste en que "hay que aleccionar, humillar y agraviar al consumidor de todas las formas posibles porque es el que viene a ensuciar la sociedad que nosotros construimos y que queremos mantener en esas condiciones". La idea oficial que subyace a la despenalización de la tenencia para consumo personal "no es liberar la circulación de las drogas, sino apartar a consumidores y adictos del sistema jurídico y carcelario". Las sustancias ilegales seguirán siendo ilegales, si alguien fuma porro en público o es requisado y tiene alguna drogas "se le secuestrará lo que tiene, pero no será esposado". A lo sumo, si esa persona no está lúcida y su vida está en riesgo será derivada a una guardia hospitalaria. Sin embargo, la sola idea de un cambio en el status legal del tema genera polémica.
"Mire esto", indica el ministro cuando se menciona la palabra 'despenalización'. Es un anillado de la consultora Ibarómetro de este mes donde se pregunta: "¿Qué le parece la propuesta del gobierno de despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal?". El 58,6 está en contra y el 32,6 a favor. "Esa pregunta es mala y yo lo puedo demostrar, ahora mire esto", pide. Da vuelta la página y aparece la siguiente reformulación: "Usted cree que tienen que ir presos los adictos y consumidores de drogas o sustancias ilegales". Los número se invierten: el 48,5 opina que no y 31,5 sí. El leitmotiv es "no criminalizar al adicto", con eso basta para tener una postura oficial sobre el tema.
El argumento 'humanitario' de quienes repudian el nuevo proyecto el consumo no está prohibido. "Pero siguen diciendo que consumo y tenencia son lo mismo, por eso es importante que tengamos cuidado cuando mencionamos ‘la despenalización’. No juguemos en contra de nosotros mismos. Muchos no entienden la pregunta y eso es lo malo: no contamos bien la historia", reflexiona Fernández. Diez días después de la presentación del primer corte de la encuesta del Indec, que plantea una aproximación del mapa nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, empezó la polémica. Los datos señalan que las drogas legales como el alcohol o el tabaco matan mucho más que la marihuana o la cocaína. La presencia de la Presidenta y de casi todo el gabinete alertó a algunos sectores de la oposición y a algunas figuras ligadas al negocio que genera la judicialización de los consumidores.
Por ejemplo, las granjas de rehabilitación que reciben y muchas veces encierran a los adictos derivados desde el Sedronar, la secretaría que dirige José Granero, creada a partir de actual ley e impulsada por el menemismo. Esa secretaría no tiene poder de policía pero maneja las listas de las sustancias de corte utilizadas para fabricar drogas sintéticas y tiene a su cargo la prevención de las adicción, pero se limita a becar y derivar a los adictos a distintas prestadoras que tienen escaso control estatal.
Esta semana sonaron distintas voces. Políticos como Francisco de Narváez o Hilda 'Chiche' Duhalde repudiaron el proyecto de despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal, afirmando que este cambio fomentaría la relación entre drogas y delito. Las secretarías de adicciones de Córdoba, Formosa y Tucumán se pronunciaron en contra de la iniciativa. Algunos medios de comunicación predicaron sobre la existencia de una fisuras interna entre gobernadores kirchneristas, entre ellos Daniel Scioli, el formoseño Gildo Insfrán o el ya mencionado mandatario tucumano. Fernández asegura haberlos llamado y que sus declaraciones son solo "inventos" de la prensa.
Al gobernador santacruceño Daniel Peralta le atribuyen haber dicho en un medio: "Personalmente, no estoy de acuerdo en despenalizar el consumo de drogas, hasta que el país no ofrezca garantías que tienen que ver con la cultura y la educación. Hay que buscar la contención de quienes son adictos para que sean parte de la comunidad y no victimizarlos". Granero, el odontólogo que maneja el Sedronar, fue más lejos. Dijo que el Comité Científico que asesora en el tema a Aníbal Fernández peca de "un exceso de garantismo" y que "defienden a los narcotraficantes y los delincuentes.

Los que defienden a ultranza el prohibicionismo, como José Granero, Claudio Izaguirre o Eduardo Kalina, siempre aclaran que el consumo no está penalizado.
Es una mentira. El consumo está más criminalizado que nunca. Porque al pibe que le encuentran un poco de droga en el bolsillo lo encarcelan, lo estigmatizan para toda la vida, le encajan una calcomanía en el pecho que dice "adicto", y después se lo compara con un traficante. Como si no hubiera diferencia entre Pablo Escobar Gaviria y el pibe. Y así camina toda su vida, arruinado, peleando para recomponer su situación.

Los consumidores no son discriminados de la misma forma, también es importante quién consume, si está en una esquina de la villa o en la plaza de un barrio caro. La policía no trata igual a todos.
El tema es cultural. Hay que razonarlo. Las fuerzas de seguridad están preparadas conforme se las prepara. Y no están para opinar, están para recibir órdenes y cumplirlas.

Pero también tienen criterio.
No. Es mucho más orden que criterio.

También hay una caja chica ahí. Muchos policías piden coima si pescan a alguien con marihuana en el bolsillo.
Hay que romper esta caja. La única forma de romperla es sacar esta ley. Si no, es inevitable.

Que la Presidenta haya hablado durante la presentación de la encuesta del Indec resultó inesperado. Es un tema piantavotos... Granero dijo que ella no mencionó la despenalización de la tenencia para consumo. Es más, Granero dijo que iba a renunciar si el gobierno impulsaba esta medida.
Cuando fui a Viena yo senté mi posición, pero también senté la posición del gobierno argentino sobre el tema. Y Granero estaba sentado ahí. Ella está convencida, ya hay una posición tomada. El objetivo es ser durísimos con el narcotráfico en todas las condiciones, una fortísima política de prevención para los que se drogan y no son consumidores recreativos o sociales. Para los adictos aplicaríamos fuerte política de tratamiento o política de reducción de daños, sólo si generan problemas a terceros para evitar los efectos no deseados del consumo... No quiero polemizar.

Scioli dijo que la Iglesia tiene que participar de la discusión.
Y por qué no, si yo la discusión la quiero dar. Yo soy católico y en ningún lugar de la Biblia se dice que hay que negarle una mano a una persona que tiene problemas. Lo que dijo Scioli es que no va criminalizar al adicto. No le den más vueltas.

¿Quién puede estar interesado en generar una polémica sobre la despenalización?
No sé, pero tengamos cuidado con esa palabra. Cuando hablamos de "despenalización", la gente entiende otra cosa y se piensan que estamos hablando de "drogas libres".

¿Y el paco? Muchos detractores del proyecto aseguran que es droga pero en realidad no es apta para consumo humano.
Totalmente. El paco es basura cortada con un precursor químico, pero como es basura todo los días varía lo que le ponen. Si tuviéramos un control férreo sobre las sustancias de corte, por lo menos sabríamos de dónde vienen los precursores químicos que contiene y podríamos detener su avance.

9 de agosto de 2008
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llorón hace apología del terror

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El represor entró en silla de ruedas, lloró a cada rato, acusó al gobierno y reivindicó la represión. En el marco del juicio por la desaparición del senador Guillermo Vargas Aignasse, Bussi dijo que "hubo una guerra" y que "la figura del desaparecido es un arbitrio del accionar psicológico de la subversión para disimular sus bajas".

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[Laura Vales] Tucumán, Argentina. Entró a la sala de audiencias en silla de ruedas, otra vez con la mochila de oxígeno y el bastón en las rodillas, con el aire de fragilidad que tienen los viejos a los que se abandona en el geriátrico. Lloró en cuanto empezó a declarar. Moqueando, Antonio Domingo Bussi les reprochó a los jueces que lo hayan llevado al juicio estando tan enfermo. "Agradezco a los médicos tucumanos que permitieron mi sobrevivencia", apuntó sobre la gravedad de su estado, y se sonó la nariz. Pidió al enfermero más oxígeno, por favor. Le llamaba la atención, continuó, que al acusarlo se estuviera omitiendo que en el país "hubo una guerra". Que sus enemigos "no eran jóvenes idealistas, sino mercenarios y traidores a la patria". Que "los ideólogos de la subversión hoy son gobierno". Y que Guillermo Vargas Aignasse (su víctima) era "un buchón" y "un delator". "Un perejil", dijo, ya con un abierto tono de desprecio. Con la voz potente, la actitud de desafío, Bussi terminó su declaración transformado en otro muy distinto al que había entrado al tribunal: podríamos decir que un Bussi auténtico. Si de algo sirvió la audiencia de ayer, fue para constatar que el ex interventor militar de Tucumán está lejos de ser el anciano indefenso y martirizado por los jueces que pretendió encarnar hasta ayer mismo para evitar el juicio.
El día de juicio empezó con la lectura pendiente de la acusación, interrumpida el martes pasado cuando Bussi manifestó sentir un fuerte dolor en el pecho. Los familiares de las víctimas habían vuelto a llevar fotos de los desaparecidos. Para hacerles la contra, dos mujeres bussistas llevaron una bandera argentina. También Luciano Benjamín Menéndez, coacusado del secuestro y el asesinato del senador peronista Vargas Aignasse, llevó una escarapela en la solapa.
En la primera de las filas destinadas al público se sentaron los hijos de Vargas Aignasse, y los de Bussi, aunque en la otra punta. En la calle, grupos de manifestantes siguieron lo que sucedía por una pantalla gigante. Sus consignas se colaban de a ráfagas hasta dentro de la sala.
Terminada la lectura de la acusación, fue el turno de que los abogados plantearan cuestiones preliminares. La defensora oficial Amalina Silvia Assaf hizo un esfuerzo en la búsqueda de que Bussi sea considerado inimputable. Reclamó que fueran llevados a declarar los peritos del Cuerpo Médico Forense que lo diagnosticaron apto. "Las patologías coronarias y respiratorias que él tiene deben evaluarse en el momento del juicio, por el estrés que implica", alegó. También habló de la supuesta incapacidad mental de su defendido, citando un informe de médicos tucumanos, que señaló "las debilidades que tiene en el plano mental y el daño neuronal que podría ser el comienzo de una demencia senil". El tribunal rechazó sus planteos. Y pronto se vería que el acusado estaba lejos de la debilidad aducida.
Bussi, el siguiente en hablar, empezó por el llanto. Lloró cuando, al criticar a los peritos del Cuerpo Médico Forense enviados desde Buenos Aires, quiso hacer un reconocimiento a los profesionales tucumanos, que han respaldado la teoría de su malísima salud. Volvió a quebrarse al señalar que "el pueblo tucumano" lo había votado ocho veces, y que incluso durante la dictadura, al finalizar su intervención en la provincia, la gente había salido a la calle para pedirle que no se fuera.
Con un pañuelo en la mano, la nariz colorada por la congestión, lo de él no daba la impresión de ser teatro, sino una sorprendente autocompasión. Bussi tuvo que hacer dos cortes para reponerse de la evidente lástima que siente por sí mismo. No podía seguir hablando. Pero después, a medida que continuó leyendo el discurso que había preparado de antemano e impreso en tipografía grande, empezó a decir cosas como "agresión marxista leninista", "hubo una guerra", etcétera y a la vista de todos, dio el gran giro. Recuperó la voz de mando, el tono amenazante.

Algunos Dichos del Represor:
- "En Tucumán mantuve y respeté la vigencia de las instituciones jurídicas, llamadas a ser reemplazadas por asambleas populares según el ideario mercenario de la subversión".

- "La figura del desaparecido es un arbitrio del accionar psicológico de la subversión para disimular sus bajas de combate y encubrir el reclutamiento voluntario o compulsivo de individuos comprometidos con la causa revolucionaria. A esto se le llamó pasaje a la clandestinidad".

- "El propio Firmenich declaró que habría algún desaparecido que no tenía nada que ver, pero la inmensa mayoría eran militantes. No traigo aquí las declaraciones de Hebe de Bonafini porque me causan vergüenza (...) Eduardo Luis Duhalde (el secretario de Derechos Humanos) fundador del ERP, armó las causas".

- "Me considero un perseguido político del Gobierno".

- "Siento ser una víctima del rencor y la venganza", frase con la que volvió a llorar.

El fiscal Alfredo Terraf condujo el tramo más tenso de la audiencia, cuando confrontó a Bussi con la desaparición de Vargas Aignasse. Bussi (y Menéndez) deben responder por el secuestro, torturas y asesinato del senador, detenido por una patota en la madrugada del 24 de marzo del ’76, cuando Bussi era interventor militar de la provincia y Menéndez, su superior como jefe del III Cuerpo de Ejército. Vargas Aignasse estuvo blanqueado como preso político en la cárcel de Villa Urquiza. Fue torturado allí y en la Brigada de Investigaciones de la policía tucumana y que para deshacerse de él los represores fingieron que lo ponían en libertad y en el camino lo entregaron a un grupo de tareas.
Ayer, Bussi reconoció que la detención de Vargas Aignasse estaba decidida desde un mes antes del golpe de Estado. Dijo que desde febrero ya había listas de "posibles opositores" que debían ser detenidos, "a las que sólo les faltaba poner día y hora". Detalló que lo secuestraron a la madrugada, cuando tuvieron la confirmación del derrocamiento de Isabel Perón.
Detalló que los captores fueron policías "porque Vargas Aignasse era un funcionario de segundo nivel".
El represor también buscó ensuciar la figura del senador desaparecido. Aseguró que Vargas Aignasse había "colaborado delatando" a sus compañeros, motivo por el cual él mismo recomendó que lo pusieran en libertad. Y que fue secuestrado por Montoneros, que castigaba "la delación con la pena de muerte". Envalentonado, Bussi agregó que para los Montoneros Vargas Aignasse fue un "buchón". "Lo liberaron porque yo informé que era un perejil, un buchón que había colaborado eficientemente".
Gerónimo Vargas Aignasse, hijo del senador y actual diputado, no se pudo contener. "¡Asesino! ¡Cobarde!", le gritó. Los partidarios de Bussi lo increparon. Uno de ellos debió ser sacado de la sala por la seguridad y Gerónimo, invitado a salir para calmarse.
Antes del cierre de la audiencia también habló Menéndez, que se negó a declarar y desconoció la competencia del tribunal para juzgarlo. Al igual que en Córdoba, donde fue recientemente juzgado por los crímenes de la dictadura, se dijo perseguido por "los terroristas de los ’60 y ’70" que "siguen teniendo el mismo propósito de usurpar el poder para cambiar nuestro estilo de vida". Bussi, que fue su subordinado, no lo había involucrado en su declaración, pero lo ninguneó diciendo no recordar quién era el titular de III Cuerpo de Ejército. Los dos acusados no se pueden ni ver y aunque están sentados uno al lado del otro, se ignoran mutuamente.
En la próxima audiencia, que se realizará el martes a las 9.30, comenzarán a declarar los testigos. La primera será Marta Angélica Cárdenas, la viuda de Vargas Aignasse. Cárdenas logró ver a su marido mientras estaba en la cárcel por gestión del propio Bussi. Los represores no le permitieron hablar con él: la llevaron a una oficina del primer piso y le indicaron que mirara por la ventana. Abajo, en el patio, ella vio a Vargas Aignasse caminando en el patio, solo y con marcas en la cara y las muñecas. Ayer Bussi se refirió a la escena con un comentario increíblemente perverso: dijo que efectivamente ella lo había visto gracias a él. Y agregó: "Lo vio en plena libertad".

9 de agosto de 2008
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