homosexuales con más derechos
19 de agosto de 2008
Ayer, Amado Boudou, director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), anunció que el organismo "reconocerá el derecho a la pensión por viudez a las personas del mismo sexo, al igual que lo reconoce para los convivientes de distinto sexo, sin necesidad de recurrir a la Justicia". La resolución, que entraría en vigencia mañana, requerirá demostrar la convivencia durante por lo menos cinco años –mediante facturas de servicios, manifestaciones de testigos, etcétera–, tal como ya sucede con las parejas convivientes heterosexuales.
Hace dos semanas, desde la Anses convocaron a los dirigentes de la CHA, Marcelo Suntheim y César Cigliutti, y a los abogados de esa organización, para solicitar asesoramiento legal necesario para dictar la nueva normativa. El apuro obedecía a que en el Ejecutivo detectaron que una de las demandas que se tramita en la Corte Suprema está en camino de tener sentencia favorable.
"Es un paso muy importante –comentó María Rachid, titular de la FGLBT–. Lo reclamábamos desde hacía mucho y, ya hacía un año, el Inadi había sostenido que la interpretación que hacía la Anses era discriminatoria".
Ya habían llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuatro reclamos de personas a quienes la Anses les negaba el derecho que ahora reconoce. En cada uno de estos casos, el Inadi emitió dictamen a favor del reclamo. Su titular, María José Lubertino, señaló que "caracterizamos esa restricción como inconstitucional y discriminatoria".
Además, "esta semana la Cámara de Diputados tratará un proyecto de ley que garantiza, a nivel nacional, que las obras sociales cubran a parejas del mismo sexo en igualdad de condiciones con las de distinto sexo –anunció Rachid–. El texto unifica varios que habían sido presentados, tiene dictamen favorable en comisiones y es apoyado por las principales bancadas".
De todos modos, "estos avances no hacen más que reconocer derechos puntuales, y el camino hacia la igualdad jurídica requiere la aprobación del derecho al matrimonio", subrayó la titular de la FGLBT. Bruno Bimbi –activista de la Fglbt– comentó que "las medidas puntuales no modifican una discriminación básica que se expresa de muchas maneras: así, la mayoría de los hospitales sólo permiten, para pacientes en terapia intensiva, visitas de ‘familiares directos’, lo cual puede excluir a una pareja del mismo sexo". Hace unos días, el Servicio Penitenciario de Santa Fe aceptó que se le permitiera a una reclusa ser visitada por su pareja lesbiana.
En la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto de ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo ya reunió unas 40 firmas de la mayor parte de los bloques: el Partido Socialista aprobó una resolución orgánica que establece, como principio, apoyar una ley de este orden; la mayoría de los diputados de la Coalición Cívica también apoya el proyecto, aunque Elisa Carrió sugirió su posición en contrario; también lo apoyan los legisladores del SI, varios de UCR e independientes como Claudio Lozano. Vilma Ibarra, presidenta de la comisión que debe tratar el tema, se manifestó a favor. Pero, afirmó Bimbi, "nada de esto será suficiente si no hay una decisión política del Ejecutivo nacional, como la que tomó en España el presidente José Luis Rodríguez Zapatero". Lubertino, por su parte, destacó que "el Inadi considera discriminatoria la falta de una ley que garantice el matrimonio entre personas del mismo sexo".
Rachid también requirió "la sanción de la ley que garantice el respeto por la identidad de las personas trans, permitiéndoles modificar sus documentos de identidad. Y la derogación de los códigos contravencionales que contienen cláusulas discriminatorias: en nueve provincias hay cláusulas que explícitamente criminalizan la homosexualidad o el travestismo; en otras, la discriminación aparece encubierta bajo figuras que aluden a la ‘moral y las buenas costumbres’".
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