cárcel era cueva de alí babá
Presos que salen a robar y desarmaderos en las cárceles. Tres detenidos contaron a distintos magistrados que los sacan a robar entre la noche y el alba, con ropa y armas del Servicio, que los desarmaderos funcionan en las propias cárceles, donde también se venden estupefacientes.
[Horacio Verbitsky] Argentina. El martes 1º Daniel Scioli leyó un excelente discurso ante la Legislatura de Buenos Aires, en el que respaldó a su cuestionado ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense Ricardo Blas Casal. Scioli explicó que no hay contradicción entre seguridad y derechos humanos y ratificó su indeclinable compromiso con el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada. A la misma hora, un detenido en la Unidad 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense sorprendió al fiscal Germán Martínez al quitarse la zapatilla izquierda, donde escondía el chip de un teléfono celular. Allí había seis fotografías del detenido y de otras personas privadas de su libertad en la misma unidad. Todos lucían piezas de uniformes del Servicio Penitenciario Bonaerense, y un video en el que uno de los funcionarios de seguridad entrega un pequeño sobre a uno de los detenidos. El detenido, a quien aquí llamaremos Erre Jota, tiene 32 años y purga una condena por robo. Martínez es el titular de la Unidad Funcional de Instrucción 16 de San Martín, a cargo de estupefacientes.
La denuncia inicial la había hecho el 28 de febrero una tía de Erre Jota, quien contó que su sobrino le había dado el chip para que bajara las imágenes y le había pedido que se lo devolviera en la siguiente visita. Erre Jota contó que temía por su seguridad y la de su familia, ya que en 2008 se negó a matar a un hombre, como le exigían los penitenciarios, y su mujer recibió amenazas que se cumplieron cuando fue violada como advertencia para él. Desde entonces aceptó "realizar los trabajos que ellos me pedían, ya que mi familia se halla constantemente amenazada". Dijo que el director y el subdirector del penal y el jefe de complejo en ese momento, prefecto mayor Mario Aranda, prefecto Horacio Ruiz e inspector mayor Claudio Molina lo pusieron al frente de un grupo que ya integraban otros detenidos y les señalaron los modelos de autos que debían robar: Peugeot 307 y 405. La excepción fue un Clio 2, para reponer una parte rayada de la carrocería del vehículo del oficial Lavallén. El turno de robar para el Servicio iba de las 23 a las 6 del día siguiente, hora en que las personas decentes que claman por más seguridad se encierran en sus casas para protegerse de los delincuentes. Si no regresaban antes de esa hora se denunciaría la evasión. Para llegar a la salida del penal les suministraban partes de uniformes del Servicio Penitenciario Bonaerense, armas y teléfonos celulares. Una vez en la calle usaban esos teléfonos para llamar a conductores de remises que formaban parte de la combinación. El fiscal le mostró las fotos, impresas desde el CD que había entregado su tía, y Erre Jota reconoció en ellas al oficial penitenciario Guerra, a otros dos detenidos y a sí mismo, todos vestidos con piezas del uniforme oficial: una campera de camuflaje, una gorra, un chaleco antibalas y un escudo protector, con la sigla SPB. Dijo que Guerra les proveía armas, marihuana, pasta base, cocaína y pastillas de Ribotril. El fiscal también recibió el testimonio del detenido que aparecía en la foto con el penitenciario Guerra, a quien llamaremos Ge Be. Dijo que salía a robar para el SPB y que otro preso que se negó, al que llamaban Víctor Murgueño, fue asesinado. Mencionó al actual director, prefecto mayor Raúl Galeano, al jefe de penal Saravia, al de taller Bumarelli y al de contaduría Pozo, aunque no explicitó qué habría hecho cada uno.
¿Dónde iban a robar? –le preguntó el fiscal.
Por José León Suárez, Boulogne, San Isidro. Robamos autos modelo 307, 405 y 406.
¿Y qué hacen con ellos?
–Los llevamos al penal. Ahí hay un taller, donde un grupo de internos que saben de mecánica, manejados por el director y el jefe de penal, los desarman para la venta de autopartes.
Dijo que les pagaban 1000 o 1500 pesos, según los autos y les anotaban concepto favorable en los legajos, imprescindible para aspirar a la libertad anticipada. Contó que salieron cinco o seis veces en lo que va del año y mencionó algunos de los robos: un 405 a pocas cuadras de una panchería en José León Suárez, un Clío 2 cree que en la calle San Lorenzo, llegando a Tres de Febrero, donde hay una pollería. El oficial Lavallén, el jefe de requisa Marresi y el jefe de turno Nicolás Aquesta los llevaban a hablar con el director antes de salir, dijo. También Ge Be contó del turno de 23 a 6 y que les entregaban ropas del Servicio, armas y celulares. Dijo que con uno de ellos Erre Jota lo había filmado con el Oficial al que conoce sólo como Anteojito, quien le entregó drogas a cambio de sus zapatillas.
¿Es habitual que les entreguen drogas? –quiso saber el fiscal.
Sí, cualquier oficial se las da –contestó el hombre.
El acta judicial consigna que "como prueba de sus dichos extrae de su boca una bolsita transparente de polietileno. Dice que contiene una piedra de marihuana". El fiscal la agregó al expediente, debidamente ensobrada y firmada. Ge Be explicó que comenzaron a grabar con los celulares luego de que otro detenido matara al Murgueño, quien "no quería trabajar más para el Servicio". Contó el robo de un Renault Megane verde una madrugada de la primera quincena de enero, a cuatro cuadras de la Plaza Roca de Villa Ballester, apuntando al hombre que bajó del coche. Dijo que en la UP48 había de diez a quince autos con la patente cambiada, estacionados entre los del personal.
Un tercer detenido pidió hablar con el juez de ejecución que entiende en su legajo, Alejandro David. Dijo que en la primera semana de febrero los oficiales Lavallén, Mohame y Aquesta, le ofrecieron 1500 pesos para salir a robar. Aceptó y esa noche lo buscaron en su celda, lo vistieron con indumentaria del Servicio Penitenciario, lo sacaron del penal por la puerta trasera en un automóvil Fiat Palio de color plateado. Le señalaron una casa donde había un auto Renault Kangoo de color bordó, para que lo robara. Pero en cuanto intentó saltar el portón de entrada "se prendieron unas luces y tuvo que salir corriendo hasta el auto del personal del Servicio, que lo estaban esperando". De regreso al penal le sacaron el uniforme y lo devolvieron a su celda. Declaró que su familia tenía una foto suya con el atuendo del Servicio y que "los autos que se roban, entran al sector de Talleres de la Unidad, que funciona como desarmadero". Agregó que recibía los autos el jefe de talleres Edgardo Gumarelli, quien hace 15 días fue ascendido a Jefe del Penal. "Siempre se trabajó en connivencia con Galeano, el Director de la Unidad, y Ruiz, el Subdirector". Además, le solicitó al juez David que comprobara los golpes en la cabeza y en la espalda y los cortes en el abdomen, provocados por agentes penitenciarios debido a un no expresado "problema interno" del Servicio.
Los Universitarios
A fines de noviembre de 2010 el Secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín, Juan Manuel Casolati, presentó un hábeas corpus a favor de un grupo de detenidos en la misma Unidad 48 pero en el sector denominado de régimen abierto, donde se alojan los internos que estudian en la Universidad Nacional de San Martín, quienes habían sido agredidos a tiros por el subalcaide Walter Ontiveros, que estaba borracho. Otros oficiales disuadieron a Ontiveros pero luego amenazaron a los detenidos para que no denunciaran lo sucedido. Casolatti acompañó un escrito de las víctimas. Uno de ellos estaba llevando los residuos hacia los containers de basura cuando Ontiveros lo increpó:
–¡Eh Ñaca, sí, a vos, gato, te hablo, tomate el palo pa dentro negro de mierda, salí la concha de tu madre, te voy a meter un tiro, denunciero!
Era la noche del sábado 20 de noviembre. Según la denuncia, Ontiveros "desenfunda su pistola como puede, dado que se tambaleaba de un lado a otro (casi cayéndose debido a la borrachera), la carga subiendo la escalera del muro perimetral del régimen cerrado y una vez arriba comienza a disparar con su pistola reglamentaria 9mm contra Hache Ce". Otros estudiantes universitarios se tiraron al piso "ante los disparos que emanaban del arma de guerra del funcionario ebrio", mientras su blanco "huía corriendo por su vida hacia el sector de alojamiento". Minutos después Ontiveros se acercó junto a otros penitenciarios y llamó a los jóvenes: "¿Qué onda, queda todo acá o van a denunciar? Ustedes saben que si se denuncia esto tiene vuelto, digo, porque los universitarios acostumbran mandar en cana". Todos prometieron que no lo harían: en agosto había ocurrido otro ataque a balazos por parte de la misma guardia penitenciaria. Lo denunciaron y desde entonces fueron víctimas de amenazas y agresiones por parte de los funcionarios y de otros internos.
De Fiesta
Aquella vez el penitenciario ebrio que "efectuó disparos de fuego a mansalva" fue el guardia Javier Armando Ruiz. Luego el estudiante de sociología Eme Erre fue retirado a punta de escopeta de su celda por penitenciaros que lo intimaron a no denunciar lo sucedido. Los universitarios lo hicieron de todos modos. Uno de ellos, Abelardo Jesús Cabral, fue despertado por el oficial Lavallén, quien lo llevó a Control, "donde se encontraba la Comisión Directiva de la Unidad". Comenzaron a empujarlo y el subdirector Pantoja le ordenó a Lavallén que "me hincara con una cuchilla tipo carnicero". Mientras le colocaban la punta afilada en la pierna y el abdomen, el director Aranda y los subdirectores Pantoja y Ruiz le dijeron que parara con las denuncias. De regreso a su celda lo rodearon sus cuatro compañeros, que lo golpearon a puñetazos y con una varilla finita mientras le decían "denunciero y ortiba". Las heridas fueron filmadas por el secretario de ejecución penal Casolati, quien presentó un hábeas corpus por su vida. Cabral fue el testigo decisivo en la investigación del homicidio del matrimonio de Nancy Nolasco y Angel Marcos. El hombre trabajaba con el senador del PJ provincial José Manuel Molina y entre los condenados hubo policías. Uno de ellos, Hernán Ricardo Argüello, trabaja ahora en la U9 para el Servicio Penitenciario. Otra de las exigencias era que Cabral rectificara su testimonio para beneficiar a Argüello. La semana pasada fue amenazado una vez más, por el oficial Fantosi, quien le gatilló tres veces un arma descargada en la cabeza. Los detenidos en el régimen abierto también revelaron las "fiestas penitenciarias" que se realizan los fines de semana con abundante consumo de alcohol. "Concurren tanto personal masculino como femenino y grupos de prostitutas contratadas por la oficialidad superior del lugar, quienes mencionan que las mismas son procedentes de distintos prostíbulos de la zona y son traídas en las camionetas del SPB, marca Chevrolet, modelo LUV, patentes CYI-239 y ASF-630, que han sido observadas en la puerta del prostíbulo sito frente al Policlínico local".
La Negación
Ni la fiscalía ni el juzgado aceptaron informar sobre el resultado de estas actuaciones. El único que respondió a la consulta para este artículo fue el secretario general de la Fiscalía de Cámara, Alejandro Porthé. Su llamativa respuesta fue que sólo hay un video con una filmación muy precaria de un diálogo entre el detenido Erre Jota y un penitenciario de bajo rango, del que "se deduciría" que el agente le ofrece tres porros a cambio de una campera. La denuncia es remitida al fiscal Raúl Germán Martínez al juez Nicolás Schiavo, titular del Juzgado de Garantías N 5 de San Martín, quien ordenó un allanamiento en la unidad y otro en la casa del agente penitenciario, "de los cuales no surge ninguna prueba". Según Porthé no hay fotos ni se confirmó la versión que "en un principio llegó a la fiscalía de que aparecería el detenido con ropas del Servicio Penitenciario Bonaerense. Fue sólo una versión que no se desprende del material de prueba". Todo lo contrario: las fotos están entre las fojas 10 y 14 de la Investigación Penal Preparatoria 15-00-007158-11, y el CD del que provienen, en las fojas 7 y 8. Una fuente próxima a Schiavo dijo que el detenido denunció "un sin fin de delitos", pero que el juez se limitó a cumplir las medidas solicitadas por el fiscal Martínez en relación a ingreso de droga al penal, con allanamientos que dieron resultado negativo. Es decir que se ignoró la gravísima denuncia sobre el robo y desarmado de autos. El allanamiento se limitó a la UP 48 y no se extendió a las unidades 46 y 47, que forman parte del mismo complejo, en Camino del Buen Ayre y Camino De Benedetti, en José León Suárez. Fueron concebidas como alcaidías, se construyeron sobre el basural del CEAMSE por lo que el agua está contaminada y se inauguraron hace cuatro años. Schiavo es el juez que investiga los asesinatos de José León Suárez en la villa De la Cárcova, donde su desempeño hasta ahora ha sido correcto. En 2008 fue satanizado por haber concedido la prisión domiciliaria con control satelital a un detenido que salió de su casa y mató a cuatro personas, en Los Cardales. Aunque se demostró que su decisión era legítima y que la falla estuvo en el sistema de control porque el detenido se sacó la pulsera y el Departamento de Monitoreo Electrónico no lo informó, Casal promovió su juicio político, que no prosperó porque ni la Procuración General ni la Comisión Bicameral lo acusaron. Pero el caso fue utilizado para restringir la prisión domiciliaria y las excarcelaciones y también sirvió para ablandar al juez.
6 de marzo de 2011
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Argentina. Luego de que desde la Fiscalía y los organismos se advirtiera que el represor José Antonio Scortechini había fugado, el ex policía del Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario fue localizado en su casa en la noche del jueves. El argumento que dio fue que no escuchó el timbre por un corte de luz cuando llegaron del Patronato de Liberados a constatar que estaba allí. La "ausencia" de "Archie", como era conocido entre los miembros de la patota de Feced, disparó las críticas de distintas organizaciones de derechos humanos.
Argentina. Con sólo 10 años, David K. logró una sentencia judicial inédita para dejar de usar el apellido de su padre, que los maltrató a él y a su mamá, y luego los abandonó. La abogada de los demandantes, Mirna Segré, aseguró a Rosario/12 que el fallo "garantiza el derecho a la identidad". El niño "siempre deseó que así sea, porque no tiene recuerdos con su padre". Según detalló la profesional, "las situaciones de violencia comenzaron cuando la madre del chico estaba embarazada, y continuaron hasta que David tenía poco más de dos años". La abogada ahondó: "No cumplió nunca con la cuota alimentaria, pero hasta ahora la mamá del nene no ha presentado cargos sobre eso; sino que peleó por una cuestión sentimental del niño, que nunca usó el apellido del padre. Ahora la decisión del pequeño figurará en su Documento Nacional de Identidad".
[Horacio Cecchi] Argentina. La información era contundente: decía que "un delincuente fue detenido luego de refugiarse en una facultad de La Plata". La información, surgida de las llamadas fuentes policiales, abundaba en datos como que había violado repetidamente el régimen de arresto domiciliario y la Justicia bonaerense dispuso ordenar su captura. Como ocurre siempre en que la información proviene de fuentes interesadas, se birló una parte de peso en la balanza comunicacional: el preso, Néstor Fabián Sampietro, hasta ayer mantenía régimen de detención domiciliaria con una tobillera electrónica desde hace aproximadamente cuatro años. El sistema de prisión morigerada le fue aplicado para protegerlo, luego de que estando preso en la Unidad 45 denunciara por torturas a tres penitenciarios con nombre y apellido. La balanza judicial suele tener ese rictus patético de aplicación de normas tardías o fuera de lugar: para proteger a Sampietro lo dejó al cuidado de los denunciados. Durante cuatro años, Sampietro llevó su vida sin problemas, vendiendo libros en un kiosco junto a la Facultad de Derecho y militando en la ONG de derechos humanos Radio La Cantora, mientras avanzaba el proceso contra los tres denunciados no por torturas sino por la liviana e inconsistente figura de vejámenes. Pero en noviembre, apenas el proceso se agravó y los tres denunciados pasaron a ser acusados de tortura ante la Justicia federal, Sampietro empezó a ser hostigado por sus custodios. Así, los del SPB, que no habían verificado nada en los últimos cuatro años, detectaron 55 violaciones en los últimos 90 días, suficientes para convencer al juez y traer de nuevo la gallina a la madriguera.
[Alejandra Dandan] Argentina. "Señora –le preguntó el presidente del Tribunal, al abrir la audiencia con el protocolo de todos los días–, ¿tiene algún interés especial en la causa o su objetivo es que se haga justicia?" Yolanda Mastruzzo, calabresa, con el dialecto reverberando todavía detrás de cada palabra y sus 77 años de edad, le soltó: "No, si estoy acá por eso; vengo por el susto que nos pegamos esa madrugada, ¿vio?".
[onia Tessa] Argentina. "Para los abogados, lo que se juzga acá son delitos. Para los familiares, son dolores. Yo me pregunto cuántos dolores tienen que pasar por este escritorio para que los asesinos estén presos", expresó Francisco el Vasco Oyarzábal al final del testimonio en la causa Díaz Bessone, sobre la desaparición de su hermano José Antonio, una de las siete víctimas de la masacre de la localidad cordobesa Los Surgentes. Puso así sobre la mesa la indignación que provoca que los seis acusados por delitos de lesa humanidad estén en libertad. Su hermana María Inés, también dio testimonio ayer. A José Antonio le decían el Ciruja desde la escuela secundaria, y así lo llamaban en el club Duendes donde jugaba al rugby. Tenía 22 años, estudiaba Derecho y era militante de la Juventud Universitaria Peronista. Había dejado de vivir con sus padres, se había mudado a una pensión, en España 961, pero todos los días iba a almorzar con su familia, y a dejar la ropa sucia para que su madre la lavara. La última vez que Francisco lo vio fue el martes 12 de octubre de 1976, al mediodía. El jueves siguiente un compañero de la JUP lo alertó sobre la ausencia. Empezó una búsqueda en la que "se cerraron muchas puertas".
Argentina. La abogada Lucila Puyol aclaró ayer que la postura del Procurador General subrogante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Luis González Warcalde, que aconsejó que la causa por el asesinato de Silvia Suppo, sea investigada por el fuero provincial, "no es más que un consejo que la Corte no tiene obligación de seguir". "Esto ya pasó en el caso que resulta de similar aplicación: el de la desaparición de Jorge Julio López, cuando el propio Procurador de la Corte Esteban Righi consideró que debía ser investigado por la justicia bonaerense, y la Corte decidió finalmente que sea el fuero federal. Este es el ejemplo más claro", remarcó la letrada que junto a Guillermo Muné patrocinan a la familia de la víctima.
[Hracio Cecchi] Argentina. Las calles de tierra del barrio San Antonio, en la frontera del lejano Oeste, al borde de Rafael Castillo, todavía tienen el polvo de la mañana flotando en el aire. La batalla campal contra la Infantería de la Bonaerense terminó hace un par de horas, pero las marcas de las municiones de goma (esta vez no hubo confusión en las cargas) siguen en los cuerpos airados de algunos vecinos. Horas antes, la Bonaerense, enseñada para apretar el gatillo, no estuvo presente para evitar que a Daniel Sández, de 19 años, lo mataran cuando intentaban robarle el celular dos jóvenes, adolescentes como él, vecinos del lejano Oeste como él, pobres en la pobreza, víctima y victimarios. A Dani, como le dicen, le decían, sus vecinos, lo mataron a la vuelta de su casa, también calle de tierra, cuando se dirigía al trabajo, ayer, diez o veinte minutos antes de las cuatro de la mañana. La Bonaerense, ausente, sí estuvo para reprimir cuando se desató el infierno. Después del crimen, la indignación de los vecinos había corrido de boca en boca, lejos de la justicia, clamando venganza. Todos o muchos corrieron a la casa de uno de los supuestos victimarios. La multitud lo atrapó como a un perro, lo amasijó a golpes y de inmediato de presunto victimario lo transformaron en segura víctima, una piltrafa. Mientras, otros incendiaban la casa, con la misma justificación con que después la Bonaerense los barrió a tiros: evitar los robos y la violencia.