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se está muriendo benjamín menéndez

mqh - 03 de marzo de 2011 - 02:33 - argentina

Internaron a Menéndez.

Argentina. El represor de la última dictadura militar Luciano Benjamín Menéndez, de 83 años, sufrió este mañana una "hipertensión arterial severa" durante el juicio que se le sigue por el fusilamiento de cinco militantes montoneros en 1976 y fue internado en el sanatorio privado Rivadavia de la capital tucumana. La descompensación del ex jefe del III Cuerpo de Ejército, que ya acumula seis condenas a prisión perpetua, obligó al Tribunal Oral Federal de Tucumán a suspender la audiencia del juicio, en principio, hasta mañana a las 9.30.
El represor fue revisado por un médico del cuerpo forense antes de decidir la suspensión de la audiencia. Menéndez ya tuvo recaídas en su salud durante este juicio y anteriores, por lo que recomendó su internación al detectar una crisis de hipertensión.
En el juicio conocido como ‘Romero Niklison’ también se sienta en el banquillo el ex jefe policial Roberto ‘El Tuerto’ Albornoz, quien fue jefe del Servicio de Información Confidencial (SIC) de la policía tucumana, donde funcionó un centro clandestino de detención.
El proceso investiga el fusilamiento de un grupo de jóvenes militantes de Montoneros el 20 de mayo de 1976, en una casa del barrio Echeverría de Tucumán, cuando la dueña de casa, María Alejandra ‘la Sueca’ Niklison, mantenía una reunión con otros cuatro integrantes de la organización. Allí estaban Fernando ‘Pepo’ Saavedra Lamas, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz.
Según a causa, fuerzas conjuntas del Ejército y de la policía provincial ingresaron en la casa y comenzaron a disparar contra los ocupantes; incluso, uno de ellos -Saavedra Lamas- logró escapar hacia una iglesia cercana, pero fue asesinado.
Los cuerpos sin vida de las víctimas fueron llevados a la Jefatura de la Policía de Tucumán, y de allí cuatro de ellos fueron inhumados en fosas comunes en un cementerio local.
2 de marzo de 2011
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testimonio de victorio paulón

mqh - 03 de marzo de 2011 - 00:17 - argentina

Victorio Paulón y Mabel Gabarra testimoniaron por la desaparición de Pedro Paulón. El histórico dirigente gremial estaba preso y se enteró muchos meses después del secuestro de su hermano. En tanto, Gabarra llevó la única foto de Pedro, su cuñado, que rescataron para incorporar a la causa: "Tuvo existencia, vivió".

[Sonia Tessa] Argentina. Pedro Paulón tenía 38 años. Esperaba que liberaran pronto a su hermano, Victorio, que había sido encarcelado el 1º de mayo de 1975, durante la represión a la huelga de 60 días que realizaron los obreros metalúrgicos de Villa Constitución. El 19 de julio de 1976, en la casa de Pedro, en Sánchez de Bustamante 845, vivía también Ruth González -militante del Ejército Revolucionario del Pueblo- con sus dos hijas pequeñas, Mariana y Josefina. Esa madrugada, personal de civil irrumpió en la vivienda y se llevó a los cuatro. Logró escaparse Inés, prima de Pedro, que también vivía ahí. "Pedro fue mi cuñado, hermano de mi marido. Tiene existencia, la tuvo, vivió. Lo secuestraron y lo mataron", dijo ayer Mabel Gabarra en la audiencia por la causa Díaz Bessone. "No teníamos ni siquiera una foto de él, porque en esa época no nos sacábamos fotos. Pudimos encontrar una, del casamiento de un compañero. Y nos permitió decir que por fin está apareciendo, como uno de los 30 mil. Hay una gran deuda de la justicia en este país. Recién ahora, 30 años después, podemos estar frente a un tribunal diciendo que existieron", agregó la testigo, histórica militante feminista de Rosario desde que volvió del exilio. Pidió que esa única foto de Pedro Paulón se incorporara a la causa.
Victorio Paulón, dirigente de la CTA y durante años secretario general de la UOM de Villa Constitución, también dio testimonio frente al Tribunal, contó lo poco que pudo reconstruir del destino de su hermano y dio una lección de historia gremial de la región. "Los que están sentados acá atrás son los mercenarios al servicio de un proyecto político. El empresariado tenía de ilusión de fábricas sin comisiones internas ni delegados, sin reclamos salariales", dijo ayer Paulón.
La última vez que vio a su hermano fue en agosto de 1975. Pedro fue a visitarlo al penal de Coronda. Pensaba que Victorio saldría pronto. "Estuve seis años y medio detenido sin verle la cara un juez", dijo ayer el testigo. Su hermano le contó, en aquella última visita, de sus contactos con el ERP. En octubre de ese año, a Victorio y otros 30 detenidos los trasladaron al penal de Devoto, donde recibieron feroces palizas. El Ejército se había hecho cargo de los presos políticos. Las condiciones de detención se endurecieron, les prohibieron las visitas. Por eso, hasta diciembre de 1976 no supo que su hermano estaba desaparecido.
En agosto de 1980 a Victorio le dieron la libertad condicional, y fue al exilio a reencontrarse con su esposa, Mabel. Recién en 1984, al volver al país, pudo tener algunos datos de su hermano. Dos sobrevivientes, Eduardo Azum y Roberto Hyon, lo vieron en un centro clandestino de detención. Hyon cree que fue en la Calamita, en Granadero Baigorria, pero Azum calculó que no era así, por la distancia que recorrieron los secuestradores hasta el lugar. "Lo torturaron salvajemente", dijo Victorio. A Pedro le preguntaban por Hyon. "El me dijo que si estaba vivo era porque mi hermano nunca se hizo cargo de conocerlo", relató Victorio.
Mientras su marido estaba preso y su cuñado había desaparecido, Mabel estaba aterrorizada. La noche del secuestro de su cuñado, Mabel había dejado a su hija Alejandra en esa casa a pedido de Inés Paulón. A las 6 de la mañana la despertó un tío, y le contó lo ocurrido. "En ese momento me desesperé por encontrar a Alejandra y por avisarle a la familia. De Pedro no se sabía nada. Todas las personas entonces estaban tratando de salvar su vida. Era un clima de terror, cada vez que sonaba una sirena teníamos miedo de que nos vinieran a buscar", recordó Mabel, que el 4 de agosto de 1976 se fue a Uruguay, y empezó el exilio que continuó en Francia, donde participó en las denuncias internacionales sobre el terrorismo de estado. "A mí el exilio me costó tres años de estar lejos de mis hijos, eso es irrecuperable", dijo Gabarra. A la vuelta del exilio, Gabarra inició el trámite por la desaparición forzada de Pedro. A pedido del fiscal Gonzalo Stara, Victorio Paulón trazó ayer un panorama de la represión en el cordón industrial del Gran Rosario. Contó que en 1975 trabajaba en Vilber, en Villa Constitución. Trazó las diferencias entre el sindicalismo combativo, aglutinado en la CGT de los Argentinos durante la dictadura de Onganía y el colaboracionista. Relató el contexto y la historia del Villazo, la movilización popular para obtener las elecciones libres en el sindicato, que finalmente se produjeron en noviembre de 1974. Ganó la oposición a la conducción nacional de Lorenzo Miguel, y comenzó la hostilidad. El 20 de marzo de 1975, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la ciudad y se llevaron 120 obreros detenidos. Entonces, los obreros eligieron 2 representantes por fábrica, para formar un comité de lucha. Victorio fue elegido por Vilber. Comenzaron una huelga para pedir el cese de la intervención, y 40 días después del inicio de la medida de fuerza, fue encarcelado. El dirigente sindical contó también que a partir de marzo de 1975, en un sector de Acindar llamado Albergue de Solteros, porque allí vivían los jefes que no tenían familia, se instaló un destacamento de la Policía Federal. Después del golpe militar de 1976, funcionó un centro clandestino de detención. "En Acindar se ve claramente la vinculación entre la etapa previa del golpe y la estrategia de anquilamiento de la organización sindical que se produjo en todo el cordón", afirmó el testigo. Cuando salieron a la vereda de Oroño al 900, Mabel y Victorio recibieron el cálido aplauso y los abrazos del público. Allí estaba Josefina González, la beba de 5 meses secuestrada con su madre, Ruth y Pedro Paulón.
2 de marzo de 2011
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competencias en caso suppo

mqh - 03 de marzo de 2011 - 00:16 - argentina

El procurador general subrogante de la Nación dictaminó que el homicidio de Suppo se investigue en Rafaela. Si la Corte Suprema de la Nación resuelve en el mismo sentido, los dos limpiavidrios detenidos serán llevados a juicio oral y público.

[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. Un dictamen de la Procuraduría General de la Nación aconsejó a la Corte Suprema de Justicia que declare la "competencia" del juez de Rafaela, Alejandro Mognaschi, para investigar el asesinato de Silvia Suppo y desestime la posibilidad de que el expediente pase al juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, como reclamaron los hijos de la víctima y los abogados querellantes. Si la Corte resuelve con el mismo criterio, Mognaschi quedaría habilitado para cerrar la causa y que los dos limpiavidrios detenidos y procesados por el homicidio: Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres, sean juzgados en juicio oral y público, en Rafaela.
El conflicto comenzó a plantearse en agosto del año pasado, cuando un testigo de identidad reservada alentó la hipótesis del crimen por encargo, pero Rodríguez despachó el testimonio a Mognaschi, quien ratificó su competencia. Sin embargo, la querella apeló ante la Cámara de lo Penal de Rafaela, que un fallo dividido consideró que la causa debía pasar al fuero federal. Rodríguez volvió a rechazar el planteo, devolvió el expediente a Mognaschi y éste lo derivó al superior común para que resuelva el conflicto: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El procurador general subrogante, Luis González Warcalde, aconsejó a la Corte declarar la competencia del juez de Rafaela, según un dictamen publicado en la página del Ministerio Público Fiscal al que tuvo acceso Rosario/12.
La Cámara de Rafaela había declinado la competencia de Mognaschi y dispuso que la causa pase al juzgado de Rodríguez con un argumento. "No es posible afirmar que no exista ninguna sospecha de que lo acontecido con Silvia Suppo haya obedecido al propósito de otorgar impunidad a personas imputadas por graves violaciones de los derechos humanos", dijo el tribunal. Para eso, "tuvo en cuenta que la declaración del testigo de identidad reservada" (cuando ya estaba firme el procesamiento de Sosa y Cóceres) alentó la hipótesis del crimen por encargo "encaminado a obstruir el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad". Y si bien, la Cámara admitió "la baja calidad probatoria del aporte del testigo en cuestión", opinó que debería aplicarse el precedente de un fallo de la Corte en el caso de Julio López que sostuvo que "un delito conexo debe investigarse en el fuero federal, pues lo que la Corte ha dejado abierta hacia el futuro es la posibilidad de que si tal conexidad se desvanece, la radicación de la causa se modifique".
El juez Rodríguez rechazó la "competencia" de la causa: planteó que el asesinato de Suppo "no puede considerarse un delito de lesa humanidad", sostuvo que tampoco era "un delito conexo al hecho del que fuera víctima Silvia durante la dictadura" por que "la declaración del testigo de identidad reservada se contradice con todos los otros elementos de prueba". Y entendió que "el precedente invocado" por la Cámara en el caso López "no es aplicable" al caso Suppo, "pues no se observa ninguno de los elementos que la Corte tuvo en cuenta para atribuir competencia a la justicia federal, para una mejor administración de justicia".
El procurador coincidió con el criterio de Rodríguez. "En mi opinión dijo , la declinatoria de la competencia provincial ha sido mal declarada" por la Cámara de Rafaela. "No se observa en este caso ninguna de las circunstancias tenidas en cuenta" por la Corte en el caso López.
"Por el contrario, no estamos aquí en presencia de ninguna causa en la que se haya fijado una hipótesis delictiva semejante (al caso López), a raíz de la denuncia de varios hechos encaminados al fin común de obstruir el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad. Antes bien, estas actuaciones (por el asesinato de Silvia) se radicaron en la justicia ordinaria al no existir ninguna circunstancia que suscitara la intervención del fuero de excepción, pues la hipótesis delictiva que las origina es que el homicidio de Suppo fue cometido para perpetrar la impunidad de quienes la habían asaltado previamente, y no de responsables de aquellos crímenes. Y la instrucción avanzó hasta el punto de permitirle al juez de Rafaela (Mognaschi) no sólo dictar el procesamiento de los presuntos autores de tal homicidio, sino estimar, incluso, concluida la investigación", agregó el procurador.
"No advierto cuáles serían las razones de una mejor administración de justicia que aconsejarían que esta causa continuara su trámite ante el fuero federal. Menos aún cuando, como lo ha mostrado claramente el fiscal de la Cámara de Rafaela, que la declaración del testigo en cuestión no cuenta hasta ahora con ningún sustento probatorio y, por lo tanto, no puede desvirtuar la versión de los hechos afirmada en aquel procesamiento firme (de Sosa y Cóceres). Tan es así que la falta de mérito para procesar o sobreseer a los nuevos imputados a raíz de aquella declaración (del testigo secreto), ni siquiera ha sido impugnada".
El dictamen fiscal recuerda que Mognaschi consideró, aún antes de que apareciera el testigo reservado, "la posibilidad de que el móvil del homicidio tuviese relación con las causas por delitos de lesa humanidad en las que Suppo era testigo, pero aclaró que, aunque no descuidaría la investigación de esa hipótesis, las pruebas reunidas no la respaldaban". "En tales condiciones, opino que corresponde declarar la competencia del Juzgado de Instrucción de la 2ª nominación de Rafaela para conocer en esta causa, sin perjuicio de lo que resulte del trámite ulterior", concluyó.
2 de marzo de 2011
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muerte en un prostíbulo

mqh - 02 de marzo de 2011 - 04:05 - argentina

El hecho ocurrió en un burdel de Mar del Plata con presunta protección policial. Según un testigo, el joven de 23 años que murió a manos de un policía, en un presunto intento de robo, había ido a rescatar a una mujer que le pidió ayuda.

[Carlos Rodríguez] Argentina. En una presentación ante la Justicia marplatense, la Fundación La Alameda solicitó a la Justicia local que se hiciera una "investigación a fondo" sobre las circunstancias en que se produjo la muerte, a manos de la policía, del joven Nahuel Moreno, de 23 años. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, Moreno murió en el interior de un "privado" marplatense cuando intentaba robar, junto con otros dos jóvenes, la recaudación del día en ese prostíbulo. Sin pretender modificar la versión del robo –por ese delito fue condenado un joven y hubo un prófugo–, que al parecer es cierta, lo que pide La Alameda es que se investigue la denuncia de un amigo de Moreno, cuyo nombre se mantiene en reserva. Según ese testimonio, la principal intención del chico fallecido, al ingresar al "privado", fue la de rescatar a una joven paraguaya que era sometida allí a explotación sexual y de la cual se había enamorado durante una serie de encuentros que había tenido con ella como "cliente" .
El hecho ocurrió entre las 23.50 del 3 de abril y la cero hora del 4 de abril de 2009, en un "privado" de la calle Salta cuyo "nombre de fantasía" es Le Blank, según consta en la sentencia en la que fue condenado a seis años y nueve meses de prisión, por robo doblemente calificado, el joven Jonathan Canale, de 23 años, uno de los dos que acompañaban a Nahuel Moreno. El otro chico logró escapar por una ventana y habría sido asesinado tiempo después en circunstancias que se desconocen.
El primer dato curioso es que las primeras informaciones difundidas por la prensa, a partir de datos suministrados por la comisaría distrital primera de Mar del Plata, aseguraron que los sucesos habían ocurrido en un "privado" de Salta 1323. Sin embargo, en la sentencia contra Canale, dictada en un juicio abreviado por el tribunal integrado por Alexis Leonel Simaz, Néstor Jesús Conti y Adrián Angulo, se dijo que la dirección correcta era Salta 1393. La Alameda, en su presentación, dijo que "no existe la numeración 1323" de la calle Salta y que sería el número 1337, donde hay denuncias sobre el funcionamiento de otro prostíbulo. Se sospecha que ambos lugares tendrían "cobertura policial" para las actividades ilícitas que allí se realizan.
Ahora, en su presentación para que los hechos se investiguen "a fondo", la Fundación La Alameda sostuvo que "un amigo de Nahuel Moreno, que circunstancialmente prefiere mantener en reserva su identidad, denunció a nuestra organización que el móvil primero del hecho ocurrido esa noche (se refiere a la del 3 de abril de 2009) fue rescatar a una joven paraguaya de 22 años que le había pedido auxilio a Morales". Los dos se habían conocido en las habitaciones del "privado", al que Morales había concurrido "en calidad de cliente durante más de un año". En ese tiempo, se había establecido entre ambos "una relación afectiva", según lo dicho por el amigo de Morales que se presentó ante La Alameda.
Desde que tomaron conocimiento de esa versión de los hechos, militantes de La Alameda se contactaron con "una fuente allegada a la causa judicial que confiesa tener conocimiento de que el policía que disparó a Nahuel Morales" sería "el dueño del prostíbulo". Esa noche había "otros oficiales de calle ‘trabajando’ en el prostíbulo". De acuerdo con los datos presentados por La Alameda ante la Justicia marplatense "a Morales lo mataron como a un perro y le plantaron un arma". La misma fuente dijo que "la situación de intento de robo existió, si bien no fue premeditada".
En la causa en la que fue condenado Jonathan Canale, se afirmó que los autores del robo, luego de amenazar y golpear a cuatro hombres y a dos mujeres, se apoderaron "de los teléfonos celulares" de los presentes "y de dinero existente en la caja registradora del local, mientras exigían al encargado (...) que abriera la caja fuerte para apoderarse de más dinero". Luego se abrió esa caja fuerte, pero en ella había solamente papeles. Una chica paraguaya, cuyas iniciales son L. C., aprovechó la confusión reinante y se escapó por una ventana. En la causa judicial contra Canale, nada se dice sobre el destino de esa mujer. Tampoco se sabe si se trata o no de la chica a la que Moreno habría ido a "rescatar".
Uno de los datos que La Alameda aportó a la causa es que, en el parte policial sobre los hechos del 3 de abril de 2009, a Nahuel Moreno se le agrega el apelativo de "El Palomo". Sin embargo, sus amigos y familiares aseguraron que nadie lo llamaba así. En ese sentido, en el escrito se recordó que "a los clientes que se enamoran de las prostitutas", en el ambiente de la noche los llaman, en forma irónica, "Palomos". En su escrito, La Alameda solicitó "que se investigue al policía Pablo Liberti (35 años), ya que figura como quien disparó a Morales en el expediente del hecho y tendría (...) un rol fundamental en la organización de la prostitución ajena y la trata de personas".
El prostíbulo de Salta 1337, aclaró La Alameda, fue denunciado en agosto de 2002 por dos mujeres dominicanas que se escaparon de allí. El lugar estaba "a cargo de Pilar de las Mercedes Peralta Zamora, alias Marisa, prófuga de la Justicia y con pedido de captura de Interpol". En una nota publicada ese año por Página/12, las dos mujeres, Vanesa y Linda, aseguraron que "el entonces jefe de la Delegación local de Migraciones Fernando Rizzi, mantenía transacciones económicas con Pilar de las Mercedes Peralta Zamora".
Las dudas sobre las circunstancias en las que murió Nahuel Moreno llevaron, meses después del cierre del juicio abreviado, a que se realizara una investigación complementaria –por disposición de la Fiscalía General de Mar del Plata– que estuvo a cargo del fiscal Claudio Kisimoto, pero en ese momento no aparecieron indicios como para avanzar en la nueva hipótesis. Una fuente judicial le dijo a Página/12 que en ese momento "la investigación no se pudo profundizar por falta de pruebas". El vocero agregó que "si ahora hay nuevos elementos, tal como sostiene en su escrito la gente de La Alameda, es posible que se pueda avanzar para conocer los entretelones del caso".
2 de marzo de 2011
1 de marzo de 2011
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casos del juicio por robo de bebés

mqh - 02 de marzo de 2011 - 03:44 - argentina

Los treinta y cuatro casos del juicio.

Argentina. ESMA
1 Hijo de Patricia Julia Roisinblit y de Rodolfo Pérez Rojo: Patricia dio a luz el 15 de noviembre de 1978. En junio de 2004 se determinó que Guillermo Francisco Gómez es hijo de Patricia Roisinblit.

2 Hija de María del Carmen Moyano de Poblete y de Carlos Poblete: María del Carmen dio a luz en junio de 1977. Fue "trasladada" con destino desconocido.

3 Hijo de Liliana Clelia Fontana Deharbe y de Pedro Fabián Sandoval: Liliana Clelia dio a luz entre diciembre de 1977 y febrero de 1978. A Alejandro Sandoval se le restituyó su identidad en julio de 2006.

4 Hija de María Hilda Pérez de Donda y de José María Laureano Donda: María Hilda dio a luz en agosto del ’77. En septiembre de 2004 se determinó que su hija es Victoria Donda.

5 Hijo de Ana de Castro y de Hugo Alberto Castro: Ana dio a luz en junio del ’77 y luego fue "trasladada", desconociéndose su destino.

6 Hija de Susana Leonor Siver de Reinhold y de Marcelo Reinhold: Susana estaba en la ESMA pero en enero de 1978 la llevaron al Hospital Naval. Nació por cesárea una niña a quien llamó Laura. La niña sigue desaparecida.

7 Hija de Miriam Ovando y de Raúl René De Sanctis: Miriam dio a luz a un bebé en el mes de julio de 1977 en la ESMA, desconociéndose el destino.

8 Hijo de Liliana Carmen Pereyra y de Eduardo Cagnola: Liliana estuvo en la Base de Buzos Tácticos de Mar del Plata y fue "trasladada" a la ESMA, donde dio a luz en febrero de 1978. El hijo está desaparecido.

9 Hijo de María Graciela Tauro y de Jorge Rochistein: María Graciela dio a luz en setiembre de ’77. Ambos se encuentran desaparecidos.

10 Hija de Susana Beatriz Pegoraro y Rubén Santiago Bauer: dio a luz en diciembre de 1977 y luego fue "trasladada" con su beba a un destino desconocido.

11 Hijo de Alicia Elena Afonsín de Cabandié y de Damián Abel Cabandié: Alicia Elena estuvo en El Banco y luego en el Club Atlético. En febrero de 1978 fue "trasladada" a la ESMA, donde tuvo a un varón en el mes de marzo de 1978 a quien le dio el nombre de "Juan". El niño fue retirado a los pocos días de nacido. El 23 de enero de 2004 se confirmó como hijo a quien hoy es Juan Cabandié.

12 Hija de Silvia Dameri y de Orlando Antonio Ruiz: Silvia dio a luz a Laura, entre los meses de septiembre de 1980 y enero de 1981. En febrero de 1999, la niña recuperó su identidad.

Campo de Mayo
13 Hijo de Norma Tato y de Jorge Casariego: Norma dio a luz asistida por otra detenida médica conocida como "Yoli". Permaneció 24 horas con su niño. Ambos están desaparecidos.

14 Hijo de Silvia Mónica Quintela Dallasta y de Abel Pedro MadariagaSilvia: Mónica dio a luz a fines de julio o principios de agosto de 1977. Su hijo fue restituido el año pasado.

15 Hijo de Rosa Luján Taranto y de Horacio Antonio Altamiranda: Rosa estuvo en El Vesubio y fue derivada al Hospital Militar de Campo de Mayo, donde en agosto o septiembre de 1977 dio a luz. El niño permanece desaparecido.

Pozo de Banfield
16 Hija de María Eloísa Castellini y de Constantino Petrakos: María Eloísa dio a luz alrededor del 10 de abril de 1977. Ambas están desaparecidas.

17 Hijo de Stella Maris Montesano y de Jorge Oscar Ogando: Stella Maris dio a luz en diciembre de 1976 a "Martín". Ambos están desaparecidos.

18 Hijo de Gabriela Carriquiriborde y de Jorge Orlando Repetur: Gabriela dio a luz en diciembre de 1976, desconociéndose el paradero de ambos.

19 Hija de Aída Cecilia Sanz Fernández y de Eduardo Gallo Castro: Aída dio a luz el 27 –o 31– de diciembre de 1977 a quien llamó Carmen. En junio de 1999 se determinó que María de las Mercedes Fernández era en realidad María de las Mercedes ("Carmen") Gallo Sanz.

20 Hija de María Asunción Artigas Nilo de Moyano y de Alfredo Moyano: El 25 de agosto de 1978 nació Verónica Leticia. La niña permaneció a su lado por unas horas. Fue recuperada en enero de 1988.

21 Hijo de Yolanda Iris Casco Ghelpi y de Julio César D’Elía Pallares: Nació en diciembre de 1977 o principios de enero de 1978. En enero de 1995 se estableció que Carlos Rodolfo De Luccia era Carlos D’Elía Casco.

22 Hija de Mónica Sofía Grinspon y de Claudio Logares: Paula Eva Logares fue secuestrada el 18 de mayo de 1978 a los 23 meses de edad con sus padres en Uruguay. Los padres fueron "trasladados" al Pozo de Banfield, previo paso por la Brigada de Investigaciones de San Justo. La niña fue separada. Finalmente se la identificó en junio de 1984.

23 Hijo de Inés Beatriz Ortega de Fossati y de Rubén Leonardo Fossati: Inés dio a luz a Leonardo, que fue separado un día después. El 11 de agosto de 2005 se confirmó que Leonardo Fossati es hijo de Ortega y Fossati.

Otros
24 Hija de Elena De la Cuadra y Héctor Carlos Baratti: Elena dio a luz a Ana Libertad el 16 de junio de 1977 en un calabozo de la Comisaría 5ª de La Plata. Nunca más se supo de ella.

25 Hijo de Laura Estela Carlotto y de Horacio Fontán: Laura Estela fue llevada el 25 o 26 de junio de 1978 de La Cacha al Hospital Militar Central, donde dio a luz a Guido. Estuvo con el bebé por cinco horas, fue separada de su hijo. Permanecen desaparecidos.

26 Hija de María Elena Isabel Corvalán y de Mario César Suárez Nelson: María fue alojada en la Cacha y a fines de junio de 1977 fue "trasladada" para dar a luz a Lucía, de quien fue separada.

27 Hijo de Sara Rita Méndez Lompodio y de Mauricio Gatti Antuña: A Sara la secuestraron con su hijo de 20 días Simón Antonio Riquelo. A ella la llevaron a Orletti y de él no tuvo más noticias hasta marzo del año 2002, cuando recuperó su identidad.

28 Hija de María Claudia García Iruretagoyena y de Marcelo Gelman: María Claudia estuvo secuestrada en Orletti. Estaba con un embarazo de siete meses y su hija nació entre el 20 de octubre y el 11 de noviembre de 1976. En junio de 2000 se identificó a Macarena Gelman como su hija.

29 Hija de María Emilia Islas Gatti y de Jorge Roberto Zaffaroni Castilla: Mariana Zaffaroni fue secuestrada el 27 de septiembre de 1976 con sus padres. Todos estuvieron en Orletti. Luego la niña fue separada. Los padres se encuentran desaparecidos. Daniela Romina Furci fue reconocida en julio de 1991 como Mariana Zaffaroni Islas.

30 y 31 Hijos de Victoria Grisonas y de Roger Julien: Anatole y Eva Julien Grisonas fueron separados de su madre el 26 de septiembre de 1976 y trasladados a Orletti. Fueron abandonados y sin documentos en la plaza O’Higgins de la ciudad de Valparaíso, Chile, el 26 de diciembre de 1976.

32 Hija de Hilda Ramona Torres y de Roque Orlando Montenegro: Hilda Victoria Montenegro fue secuestrada en febrero de 1976 y separada de sus padres cuando tenía 13 días, desconociéndose el lugar donde fue derivada. En julio de 2000 se determinó que María Sol Tetzlaff Eduartes era en realidad Hilda Victoria Montenegro.

33 Clara Anahí Mariani (hija de Diana Esmeralda Teruggi de Mariani y de Daniel Mariani). Clara Anahí tenía tres meses cuando fue separada de su madre, el 24 de noviembre de 1976. Continúa desaparecida.

34 Hija de Gertrudis Marta Hlaczik y de José Liborio Poblete: Claudia Victoria Poblete fue secuestrada cuando tenía 8 meses con su madre en 1978. En diciembre de 1999 se estableció que Mercedes Beatriz Landa era Claudia Victoria Poblete Hlaczik.
1 de marzo de 2011
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a juicio ladrones de bebés

mqh - 01 de marzo de 2011 - 20:42 - argentina

Empezó el juicio por apropiación de hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar. El caso de treinta y cuatro chicos nacidos en cautiverio llegó a la sala de audiencia después de quince años. Ocho represores, entre ellos los presidentes de facto Videla y Bignone, junto a Jorge ‘El Tigre’ Acosta, empezaron a ser juzgados.

[Alejandra Dandan] Argentina. Las cámaras lograron durante el desarrollo de la audiencia lo mismo que la jueza María del Carmen Roqueta había conseguido en los primeros momentos del juicio: mostrar a los represores en un primer plano incómodo mientras se iban leyendo uno a uno los 34 casos de hijos nacidos en cautiverio o apropiados durante los años de la dictadura militar. Roqueta nombró al comienzo a los ocho acusados, a los que fue llamando por su nombre; cada uno respondió, en algún caso hubo quien se paró de la silla o levantó la mano para mostrarse. Entre ellos, dos de los ex presidentes de facto, Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. Las cámaras del Incaa luego los siguieron de cerca. Casi sin respiro, mostraron el cabeceo con el que Videla parecía esconderse detrás de vaya a saberse qué sueño y a Bignone asaltado repentinamente por planos cortos después de los cuales cambiaba incómodamente la posición de sus piernas, su único espacio de libertad.
El juicio oral que finalmente comenzó en los tribunales de Comodoro Py tuvo como punto de origen una denuncia del 30 de diciembre de 1996 de Abuelas de Plaza de Mayo, impulsada por Estela de Carlotto y María Isabel ‘Chicha’ Chorobik de Mariani que ayer, pese a su ceguera y al estado de salud, se aproximó para estar presente con sus anteojos oscuros en este comienzo de juicio. Pese a haber quedado excluida del alcance de las leyes de impunidad, la causa conocida como el Plan sistemático de robos de bebés recién empieza a cerrarse con dos de sus principales acusados, como Emilio Massera y Cristino Nicolaides, muertos. Abuelas había impulsado aquella primera denuncia, entre otros delitos, por sustracción y ocultación de menores, ese aspecto de la represión ilegal que ayer se nombró como la ‘Cuestión de los niños’, una de las dimensiones de la dictadura urdida por las Fuerzas Armadas durante la marcha para "solucionar" de modo sistemático el problema de los menores que nacían en cautiverio o habían sido secuestrados con sus padres.
Entre los acusados, además de Videla y Bignone, están Antonio Vañek; Jorge Eduardo ‘El Tigre’ Acosta, Santiago Omar Riveros, Rubén Óscar Franco y como autores materiales Juan Antonio Azic y el médico Jorge Luis Magnacco. En la primera hora, Roqueta, que preside el Tribunal Oral Federal 6 y estará a cargo del juicio, fue mencionándolos por sus nombres, luego de decirles "señor", en un ritual que no sólo permitió individualizarlos sino que logró ponerlos en ese primer plano incómodo de la acusación. "Señor Acosta –dijo la jueza en un momento–. ¿Está? No lo veo."
Tras ese comienzo, el TOF dio paso a la lectura de la acusación de la fiscalía de primera instancia, uno de los protocolos de toda apertura de juicio, pero que en este caso mostró ante la sala el interior de las maternidades clandestinas con la fuerza de la letra descarnada, quizá potenciada por la presencia de muchos de esos hijos de aquellos padres asesinados o desaparecidos por la dictadura, presentes metros atrás, entre el público de la sala.
"Es verdad que del examen del plan original no se advierte una dimensión que contemple la ‘cuestión de los menores’, pero justamente ese tópico emergió ‘durante’ de la represión –recapituló una de las secretarias–. Y por eso se improvisaron verdaderas ‘maternidades’ ubicadas en sitios estratégicos para responder a una cuestión natural: los embarazos de las detenidas y, más aún, se establecieron criterios de ‘asignación’ de los menores."
La acusación de la elevación a juicio elaborada por el fiscal Federico Delgado fue así el punto de partida de un proceso por el que pasarán en los próximos ocho meses unos 370 testigos. La acusación intentó plantear el desarrollo de las maternidades clandestinas como una práctica sistemática. Mostró el montaje, describió los cuartos donde se instaló a las embarazadas, las vendas con las que les cubrían los ojos, las horas que algunas pudieron permanecer con sus hijos, pero además el robo y reubicación de esos niños y la aniquilación casi en todos los casos de sus padres. Una dimensión del plan general de la represión que la fiscalía en su momento presentó como "el gran secreto del ‘Proceso de Reorganización Nacional’": "Ese plan tenía un fin –se recordó–: penetrar en todas las esferas de la sociedad civil para ‘normalizar’", y "normalizar era redefinir a los sujetos conforme un elaborado ‘tipo ideal’: a la reformulación del otro que era su negación, no había alternativa, se ‘era como se debía ser’, o ‘no se era’". Y es para eso "que se edifica el criterio para ‘asignar’ a los niños nacidos en cautiverio, había que cortar sus lazos de sangre para que ‘sean’ conforme al imaginario social que subyacía al régimen político".

Los Centros
En el esquema de Delgado los nacimientos siguieron dos caminos: los niños nacieron en lugares organizados como maternidades ilegales en centros clandestinos ubicados en lugares estratégicos o nacieron en lugares donde no había esa organización. "Nacimientos hubo en todos lados, pero ocurrió que en algunos centros clandestinos se montaron estructuras específicas a las que eran trasladadas algunas detenidas al solo efecto de dar a luz y luego regresadas a sus cárceles clandestinas de origen", se leyó. Esas maternidades estuvieron ubicadas en diferentes lugares de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, se dijo, "existieron otros centros clandestinos de detención que si bien no cumplieron ese rol estratégico, fueron parte de la dimensión del plan criminal que se encargó de la ‘cuestión de los menores’, porque la prueba reunida indica que allí se produjeron nacimientos y apropiaciones que, o forman parte de este dictamen, o bien actualmente son materia de investigación".
Entre los lugares, durante el debate empezaron a aparecer aquellos vinculados con los 34 casos en juicio. Entre ellos, la Escuela Mecánica de la Armada, Campo de Mayo y el Pozo de Banfield, tres de los centros clandestinos considerados estratégicos según el criterio de la fiscalía, donde existían o se montaron estructuras para las maternidades clandestinas. Y donde justamente por esa característica de estratégicos no sólo dieron a luz las secuestradas que estaban como prisioneras en esos ámbitos, sino otras que fueron trasladadas desde otros centros clandestinos o estuvieron incluso a disposición de otras Fuerzas.
De la ESMA se recordó, por ejemplo, que la maternidad clandestina funcionó en el casino de oficiales, y se la conocía como "La Sardá por izquierda", "La maternidad Sardá" o "La Sardá de Chamorro". Es uno de los lugares en donde dieron a luz parturientas de otros centros. Los sobrevivientes contaron que las embarazadas tenían un cuarto donde permanecían junto a sus niños y que se quedaban pocos días con ellos hasta que el prefecto Antonio Febres, el hombre a quien se lo vio en varias oportunidades salir de la ESMA con recién nacidos en sus brazos, se los llevaba. Entre los imputados por esos nacimientos están los médicos Arias Duval, Capdevilla y Magnacco.
Del Pozo de Banfield se lo recordó ubicado en el Camino Negro, en Lomas de Zamora. La maternidad ahí funcionó en una enfermería a donde llevaban a las detenidas a la hora de dar a luz. La pieza estaba en el segundo piso del centro clandestino, tenía una cama quirúrgica, instrumentales, un lavatorio y varios frascos; el médico ginecólogo que asistía a las parturientas era Jorge Antonio Bergés.
Por último, la acusación detalló que en Campo de Mayo los partos de detenidas embarazadas se efectuaron en unos galpones hasta mediados de 1977 y luego se hicieron en el Hospital Militar. Durante la primera etapa, cuando se hacían en el Pabellón 1, las parturientas contaban con un habitación de cinco metros por cinco metros que aparentemente había funcionado antes como cocina. Luego, en el Hospital Militar las pacientes permanecían en un cuarto con vigilancia en la puerta, no se registraba el ingreso ni de ellas ni de los niños que nacían.
Pero esas fueron las maternidades paradigmáticas. Entre los 34 casos que recoge la causa, existen casos de niños nacidos además en La Cacha, La Comisaría V de la Plata, Orletti, El Vesubio y Olimpo.
Algunos de ellos estuvieron ayer en la sala de audiencias. Entre ellos, Macarena Gelman, Victoria Donda, Leonardo Fosatti, Alejandro Sandoval. Además de ellos, también las abuelas ocuparon sus lugares, aquellas mujeres que durante estos años impulsaron la búsqueda de sus nietos, hijos de sus hijos desaparecidos, apropiados por los represores. Rosa Roisinblit, Buscarita Roa, Chicha Mariani o Elsa Pavón, cuyas imágenes replicadas por las cámaras del Incaa presentes en cada una de las audiencias de estos nuevos juicios iban generando un contrapunto con las caras de los represores.
"Estoy acá", decía Chicha Mariani casi al comienzo de la audiencia. "Voy a intentar venir todas las veces que pueda." Su caso se leyó con el número 32 durante la audiencia: Clara Anahí Mariani, leían los secretarios del TOF 6, hija de Diana Esmeralda Teruggi de Mariani y de Daniel Mariani, tenía tres meses de edad cuando fue separada de su madre, el 24 de noviembre de 1976. Todas las pruebas indican que sobrevivió al operativo en el que fue muerta su madre, pero aún hoy continúa desaparecida.
Videla al final de la audiencia se durmió.
1 de marzo de 2011
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el fbi en la acusación en el caso amia

mqh - 27 de febrero de 2011 - 15:05 - argentina

Las presiones de la embajada de EE.UU. para frenar el caso AMIA. La embajada norteamericana en Buenos Aires presionó para que el fiscal Alberto Nisman no investigara a Menem, Galeano, Anzorreguy y otros amigos por desviar la causa AMIA. Las fuentes dentro de la DAIA, la obsesión por culpar a Irán.

[Raúl Kollmann] Argentina. Los cables emitidos por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y filtrados por Wikileaks a Página/12 revelan que Washington presionó a lo largo de varios años para que no se siguiera adelante con la investigación contra Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, el comisario Jorge "Fino" Palacios y otros funcionarios por haber frenado y desviado la investigación del atentado a la AMIA. "Los oficiales (norteamericanos) de nuestra Oficina Legal le han recomendado al fiscal Alberto Nisman que se concentre en los que perpetraron el atentado y no en quienes desviaron la investigación", se sostiene en un cable del 22 de marzo de 2008 que hoy da a conocer este diario.
La Oficina Legal era, en realidad, un eufemismo, ya que se trataba de la cobertura usada por los hombres del FBI, que eran quienes verdaderamente presionaban para proteger a los que encabezaron la investigación inicial –Menem, Galeano, Palacios–, tradicionalmente afines a las posturas de Estados Unidos. "Esto podría ser usado por Irán para cuestionar la credibilidad e imparcialidad de la investigación", señala en el cable el por entonces embajador de Estados Unidos Earl Anthony Wayne, a quien no parecía preocuparle que la pesquisa por el desvío de la investigación del atentado había sido ordenada por el propio Tribunal Oral que juzgó el caso AMIA. Poco tiempo después, el pedido de procesamientos que emitió Nisman fue convalidado por el juez Ariel Lijo y luego confirmado por la Cámara Federal.
El 22 de mayo de 2008, el fiscal pidió la detención del ex presidente Menem, de su hermano Munir, del ex juez Galeano, del titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, de su segundo Juan Carlos Anchézar, y del jefe de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal, Palacios. Todo se centraba en una investigación iniciada diez días después del atentado sobre Alberto Jacinto Kanoore Edul, un ciudadano de origen sirio, cuyo padre fue amigo de Carlos y Munir Menem. Kanoore Edul realizó, ocho días antes del atentado contra la AMIA, por una llamada a Carlos Telleldín, el último tenedor de la Trafic que estalló en la mutual judía. Kanoore nunca pudo explicar aquella comunicación y fue cambiando su versión varias veces. Además, en la hoja de ruta de una empresa que dejó un container delante de la AMIA cinco minutos antes de la explosión, también figuraba un predio vacío en la calle Constitución, contiguo a varios domicilios de Kanoore. Con esas evidencias en la mano, Galeano ordenó el allanamiento de las propiedades, así como la intervención de todos los teléfonos de Kanoore. Sin embargo, como determinó Nisman y luego confirmó el juez Lijo, toda la investigación se frenó no bien Alberto Kanoore Edul padre fue a la Casa Rosada y habló allí con Munir Menem, entonces asistente del Presidente.
El cable del 22 de mayo fue emitido casi a las 23 del día en que Nisman pidió las capturas y está firmado por el propio embajador Wayne. Revela que los oficiales del FBI le venían insistiendo a Nisman que dejara la causa del encubrimiento. "Cuando la oficina de Legales (en verdad, el FBI) le hizo notar a Nisman que su anuncio podía llevar, otra vez, a que el gobierno iraní cuestionase la credibilidad o imparcialidad de la investigación, Nisman dijo que no debería, aunque luego concedió que no había considerado las implicancias que el pedido de detención podría tener en la investigación internacional". Había otra cuestión que también molestaba al embajador: que los medios consideraban a Kanoore Edul como la punta de la llamada pista siria.
La preocupación fundamental de la embajada, reflejada todo a lo largo del cable, era que no se abriera la más mínima posibilidad de duda sobre las acusaciones contra Irán planteadas desde el inicio mismo de la investigación. Desde su óptica, cualquier cuestionamiento sobre si hubo un desvío intencional de la investigación o sobre la posible existencia de otra pista que no fuera la iraní sólo serviría para complicar el avance de la causa. Lejos de las minucias tribunalicias, como la necesaria investigación del encubrimiento, la piedra angular de la postura de Estados Unidos era no moverse de lo que sirviera para acusar a Irán.
Washington ha usado la causa AMIA como una punta de lanza contra el régimen de Teherán, pese a que éste nunca fue acusado con anterioridad de atentados masivos contra civiles fuera del Medio Oriente. Sí hay imputaciones por asesinato de figuras opositoras en Alemania o Francia, pero no de la colocación de artefactos explosivos o coches bomba. Las únicas dos acusaciones de ese tenor son las de Buenos Aires, la de la Embajada de Israel y la de la AMIA. En un cable emitido cinco días más tarde –también filtrado por Wikileaks y dado a conocer por el diario El País de Madrid–, Wayne dice que van a tratar de averiguar qué otra información desclasificó Nisman de la SIDE y cómo frenar cualquier intento de uso de la nueva investigación por parte de Irán. También destaca las opiniones de dos informantes de la embajada: un importante dirigente de la comunidad judía y un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina.
El dirigente de Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado contra la AMIA, Sergio Burstein, remarcó ayer la dudosa objetividad de la fuente comunitaria citada en los cables de Wayne: Alfredo Neuburger, cuya identidad fue dada a conocer por lo publicado por El País. Al dar a conocer el cable de la embajada, el diario español tachó el nombre de Neuburger en numerosas oportunidades, pero en el punto 8, cometen el error de no hacerlo, con lo que quedó claro que la fuente de Estados Unidos es el funcionario de la DAIA, quien figura nombrado aunque con tachadura en varios tramos del cable del 27 de mayo.
Lo llamativo es que Wayne lo cita todo el tiempo, siempre abogando en contra de que se investigue el desvío de la causa AMIA. No era para menos. Neuburger era la mano derecha de Rubén Beraja, titular de la DAIA en el momento del atentado y también imputado en la causa por las irregularidades en la investigación del ataque contra la mutual judía. "Nuestra preocupación es mayúscula dijo ayer Burstein. Queremos saber si fue en nombre de la DAIA o en forma personal a la Embajada de Estados Unidos a argumentar a favor de los que desviaron la investigación del atentado. No me sorprende que esta persona sea nombrada en el cable. Creo que hay que denunciarlo ya que no hizo más que tomar una postura que afectó a todos los familiares y a cada decisión que tomábamos. Siempre que dijimos algo lo tuvimos a Neuburger criticando, es histórico", aseguró.
La otra fuente de la interpretación de que se pretendía utilizar el dictamen de Nisman para distraer la atención de los problemas de aquel momento provino de lo que el cable identificó como una alta fuente de la Cancillería. Esa fuente también sostiene que, en su opinión, no existió un desvío de la pesquisa con el argumento de que "es difícil creer que Menem haya sido tan estúpido". A fuentes judiciales consultadas por este diario no les resultó difícil identificar al funcionario de la Cancillería que hablaba con Wayne. Se trataría de Guillermo González, ex embajador argentino en Washington durante el gobierno de Fernando De la Rúa. En el propio cable se habla de que es un hombre que ayudó con la presentación argentina ante Interpol en 2007 y ese papel lo jugó González.
En los últimos días, el diario El País, seguido luego por La Nación y Clarín, interpretaron que el cable del 27 de mayo señalaba que, según la opinión norteamericana, Nisman, en combinación con Néstor y Cristina Kirchner, pretendieron tapar, con el pedido de detención de Menem y los demás, el problema que por entonces estaba en el centro de la escena: el conflicto con las entidades del campo. En el cable del día 22 queda claro quién sostiene esa hipótesis: los propios Menem y Galeano. Ambos dijeron públicamente que la acusación en su contra era una maniobra política. Sin embargo, todo fue confirmado en las dos instancias judiciales superiores, el juez y la Cámara. Los otros dos que abonan esa teoría del desvío de atención fueron Neuburger y González. Los cables traducen esas opiniones y, sobre el final, Wayne más bien expresa sus dudas.
Más allá de las especulaciones, la noticia relacionada con la investigación AMIA no podía tener, ni tuvo, el peso suficiente para desplazar la caliente actualidad de aquel momento. La oportunidad de la noticia parece haber tenido otra explicación. Nisman según transcribió entonces este diario buscó hacer la presentación antes de empezar el mes de junio porque, de lo contrario, considerarían que estaba preparando una novedad especialmente orientada a evitar críticas en los actos por el aniversario del atentado, el 18 de julio. Además, el propio cable del 22 de mayo cuenta que "Nisman explicó que tenía a los familiares de las víctimas presionándolo para que se investiguen los desvíos en la primera investigación". Ningún diario publicó el pedido del fiscal en su tapa y hasta los propios norteamericanos ironizan sobre esa interpretación: "Si alguien pensó que con el pedido de Nisman se iba a desviar la atención, se equivocó miserablemente. La ruptura de negociaciones entre el Gobierno y las entidades del campo sigue al tope de las noticias", culmina el cable del 27 de mayo.
Página/12 consultó a Nisman sobre una frase del "garganta profunda" de la Embajada: "Nisman está totalmente dominado por el jefe de Gabinete Alberto Fernández. Obedece sus ordenes sin discusión y no descarto que todo sea una maniobra política de Alberto Fernández". El fiscal respondió brevemente a Página/12. "Vi a Alberto Fernández dos veces en mi vida. Ambas en 2005, cuando se estableció la fiscalía especial para el caso AMIA. En ese momento gestioné ante el jefe de Gabinete la compra del sistema Excalibur de entrecruzamiento de llamadas. El presupuesto dependía de él y por ello lo fui a ver. Nunca más lo vi."
La oficina del FBI, que presionó durante dos años para que no se investigue a los investigadores ni el desvío de la causa AMIA, estaba en aquel momento bajo la conducción de William Godoy, un cordobés que tenía magnífica relación con quienes resultaron imputados por las irregularidades: Palacios, Galeano, Anzorreguy. Algunos dicen que hoy sigue viviendo en la Argentina y que está a cargo de la seguridad de una conocida empresa de venta de hamburguesas.
27 de febrero de 2011
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represor se acerca al banquillo

mqh - 27 de febrero de 2011 - 15:03 - argentina

Confirmaron el procesamiento de Walter Roscoe, que continúa en prisión domiciliaria. Actuaba con el seudónimo de Ricardo Ríos dentro de la patota. Está acusado de secuestros y torturas en 24 casos, de los cuales 16 terminaron en homicidios. Son víctimas de Fábrica de Armas y Quinta de Funes. Le denegaron la excarcelación.

[José Maggi] Argentina. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento del ex agente de inteligencia Walter Roberto Roscoe, alias ‘Ricardo Ríos’, por 17 casos de secuestros y torturas, 14 de los cuales terminaron en homicidios; así como otros siete casos de secuestros y torturas, dos de los cuales terminaron en homicidio. Se trata de las víctimas que pasaron por Quinta de Funes y Fabrica Militar de Armas Domingo Matheu. La Cámara también resolvió confirmar la denegatoria de excarcelación, aunque cabe aclarar que Roscoe no está tras las rejas sino con arresto domiciliario porque argumentó sufrir del mismo mal que hiciera conocido el cantante Sandro: EPOC, que le provoca severos trastornos para respirar.
El 17 de febrero de 2011 Cámara Federal de Apelaciones, en pleno, en el marco del expediente "GUERRIERI, Pascual y otros sobre privación ilegal de la libertad, violencia, amenazas, tormentos y desaparición física" que tramitó ante el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario confirmó el procesamiento de Roscoe por "la presunta comisión, en carácter de coautor (art. 45 del Código Penal) de los delitos de: privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con el delito de tormentos en diecisiete oportunidades que damnificaron a Jaime Feliciano Dri, Tulio Valenzuela, Raquel Negro, Marta María Benassi, Daniel Oscar Capella, Fernando Dante Dussex, Ana María Gurmendi, Stella Hildbrand de Del Rosso, Carlos Laluf, María Adela Reyna Lloveras, Jorge Novillo, Pedro Retamar, Teresa Soria de Sklate, Eduardo José Toniolli, Miguel Ángel Tossetti, María Marta Forestello y Liliana Nahs de Bruzone; en concurso real con el delito de homicidio en catorce oportunidades, respecto de los desaparecidos de la Quinta de Funes.
Los delitos, según entendió la Cámara, fueron cometidos en concurso real con la privación ilegal de la libertad, agravada, por mediar violencia y amenazas en concurso real con el delito de tormentos en siete oportunidades que damnificaron a Adriana Elba Arce, Juan Antonio Rivero, Ramón Aquiles Verón, Olga Regina Moyano, Hilda Yolanda Cardoso, Susana Miranda y Ariel Morandi, en concurso real con el delito de homicidio en dos oportunidades respecto de los dos últimos mencionados y en concurso real con asociación ilícita.
El procesamiento fue confirmado a la fiscal de la causa Mabel Colalongo en los últimos días. Roscoe había caído detenido en Rosario, el 20 de setiembre del año pasado. El ex Personal Civil de Inteligencia del Ejército prestó declaración en los días subsiguientes ante el juez federal Marcelo Bailaque y la fiscal Mabel Colalongo.
Roscoe, quien vivía en Misiones y trabajó para el gobierno de esa provincia, quedó detenido entonces imputado por cuatro casos de secuestros, torturas y homicidio en perjuicio de Raquel Negro, Fernando ‘Pipa’ Aguero, Alberto Barber Caixal y Héctor Larrosa.
La foto del represor que se publica en la tapa de Rosario/12 forma parte de una plantilla, una de las pocas que fueron preservadas del robo los tribunales provinciales en 1984. A pedido de este cronista, Eduardo Costanzo señaló a varios represores entre esas fotografías e identificó concretamente a Roscoe, sobre quien indicó que "es el que hizo los pasaportes de los cinco que viajaron para la Operación México. Hoy vive en Misiones, en Posadas. Se casó con la viuda de un teniente que mataron los Montoneros", apuntó Costanzo.
Con respecto a las víctimas por las que Bailaque imputó a Roscoe en su indagatoria, se trata de Fernando ‘Pipa’ Aguero, detenido en la Quinta de Funes. Es el ‘Pipa’ del libro de Miguel Bonasso ‘Recuerdo de la muerte’. El Indio Rivero, compañero de militancia del Pipa, recordó: "Militábamos juntos en el Frente Revolucionario 17 de Octubre. Era empleado público en Córdoba donde fue secuestrado en 1977 y traído a Rosario".
En cuanto a la desaparición de Raquel Negro, la historia es conocida. Era la pareja de Tulio Tucho Valenzuela, quien desbarató la Operación México ideada por Leopoldo Galtieri para matar a los máximos dirigentes montoneros. Luego del fracaso de esa operación de inteligencia, se desmanteló la Quinta de Funes, y se trasladó a los detenidos a la Escuela Magnasco, para luego llevarlos a la Intermedia, la casa quinta de la familia Amelong en La Ribera, donde los ultimaron, según contó Costanzo. Negro fue llevada a Paraná donde dio a luz a sus mellizos, y traída a ese centro de detención sin vida, en el baúl de un auto. A fines de 2008, la hija de Negro -Sabrina Gullino- recuperó su identidad, y se corroboró que había nacido en Paraná.
Finalmente, los casos de Alberto Barber Caixal y Hector Larrosa corresponden a dos militantes montoneros. El primero era director de la escuela Industrial de Santa Fe y los dos eran ex alumnos del Politécnico.
27 de febrero de 2011
©rosario 12

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