dudas en las absoluciones
El juez tuvo obligación de absolver.
Argentina. Entre los puntos más discutidos de la sentencia se encuentra la sorpresiva absolución de Osvaldo César Quiroga, un capitán del Ejército que, cumpliendo una orden, retiró de la UP 1 a Hugo Vaca Narvaja, Higinio Toranzo y a los hermanos Gustavo y Eduardo De Breuil. Tras una parada intermedia, tres de los presos fueron fusilados, mientras que Eduardo De Breuil fue obligado a mirar los cuerpos de sus compañeros muertos. Las pruebas contra Quiroga parecían firmes. Había firmado la salida de los presos y, en su testimonio, De Breuil dijo que la voz del oficial que comandó el operativo fue siempre la misma. Pese a los indicios y las pruebas, el tribunal decidió absolverlo.
Al respecto, Jaime Díaz Gavier explicó que "se trata de un problema de valoración de las pruebas y de los indicios que tendían a acreditar la responsabilidad de Quiroga. Si esas pruebas no llevan a un estado de certeza, si uno tiene alguna duda, si se abre alguna posibilidad de interpretación diferente, el juez tiene la obligación legal de absolver. Pero quiero decir que este episodio fue acreditado y no ha quedado impune. Han sido condenados por esas muertes Videla, Menéndez, Meli, González Navarro, Poncet y Fierro", los miembros del Estado Mayor que tuvieron a su cargo la represión.
Hugo Vaca Narvaja, hijo de una de las víctimas y querellante en la causa, manifestó amargura y tristeza por la absolución de Quiroga. "Lógicamente que a los imputados los tiene que condenar la prueba, que debe ser analizada con la sana crítica racional, y eso requiere de tres prioridades: estar sano, tener crítica y ser racional", dijo. "Si con la prueba que hay en contra de Quiroga no se llegó a condenar, quiere decir que alguno de estos tres factores está fallando. Cuando conozcamos los fundamentos del fallo, es posible que apelemos las absoluciones", concluyó el querellante.
Además de Quiroga resultaron absueltos los militares Francisco Pablo D’Aloia, José Antonio Paredes, y los policías Luis David Merlo, Luis Alberto Rodríguez y Gustavo Adolfo Salgado.
28 de diciembre de 2010
27 de diciembre de 2010
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[Martín Notarfrancesco, Pablo Luro y Waldo Cebrero] Argentina. La sentencia del juicio a Videla repara no sólo a las víctimas y sus familiares. El Estado asume sus culpas y consagra la voz de los sobrevivientes. Ese relato oral que perduró en el tiempo para dar testimonio de la atrocidad encuentra su reivindicación en un fallo que otorga valor a sus voces.
[Alejandra Dandan] Argentina. El presidente del Tribunal leía la sentencia. Era el día de la condena a los 17 acusados por los crímenes del circuito Atlético-Banco-Olimpo. A unos metros, entre las sillas de los sobrevivientes de los campos, familiares e integrantes de los organismos de derechos humanos, Paula Maroni escuchaba una y otra vez cómo se caía el nombre de su padre: los represores eran condenados por algunas víctimas, pero a su vez absueltos por otras. Por el caso de su padre, al comienzo había seis acusados pero a medida que avanzaba la sentencia los nombres desaparecían de la lista: "¡Qué feo que me sonaba!", dice Paula, que finalmente escuchó el nombre de Juan Patricio como parte de la condena a prisión perpetua de Julio Simón. "Mi viejo es un caso que no fue visto por muchas personas, la única testigo es mi mamá porque va al Atlético con él y mi abuela que presenció el operativo –dice ella–; afuera, el día de la sentencia, mis compañeros estaban preocupados porque escuchaban que se caía de las condenas, pero yo estaba feliz porque hace quince años tomé la decisión de que esta lucha era una lucha colectiva, y me dije: está bien, el Tribunal habrá dicho: ¡vamos con los casos recontraprobados!, el resto los dejamos afuera, cosa que sea inobjetable la sentencia."
tiene 85 años, era general hasta que fue degradado y acaba de recibir su segunda condena a reclusión perpetua en 25 años. En su alegato de defensa repitió antiguas falacias de la Guerra Fría con un condimento actual. "Ni sé si esta guerra, sin medios violentos, ha terminado", se preguntó.
[José Maggi] Argentina. El fiscal federal Gonzalo Stara reforzó con tres testimonios el pedido de indagatoria Eugenio Zitelli, que fuera capellán de la policía rosarina durante la última dictadura. Se trata de las testimoniales vertidas en la causa Díaz Bessone frente al Tribunal Oral Federal Nº 2 el 18 de octubre por Tomasa Verdún, Graciela Esperanza Villarreal y José Raúl Villarreal. Los tres refirieron la presencia de un sacerdote en el Servicio de Informaciones, y uno de ellos reconoció la voz de Zitelli. Stara solicitó al juez federal de la cuarta nominación, Marcelo Bailaque que incorpore los tres testimonios "como elementos de convicción que refieren a la posible responsabilidad penal de Zitelli en los hechos que se denunciaron oportunamente y que se investigan en esta causa".
[Raúl Kollmann] Argentina. "La orden de la ministra Nilda Garré de que no se utilicen armas de fuego frente a protestas es absolutamente racional. Y tampoco las postas de goma: el control es difícil y, además, desde cerca, pueden matar. El personal de civil es mejor no utilizarlo. Facilita algunas detenciones, pero también es difícil controlarlo. En caso de ser necesario, también deben estar sin armas de fuego y bien identificados. En otros países, se preserva en forma estricta el espacio público, o sea que no se permite que muy poca gente corte una vía o una avenida. En ese caso, después de que se intenta la negociación, la disuasión, interviene un cuerpo especializado, con un mando muy preciso, superioridad numérica y usando mucho la inteligencia. Debo decir que la Gendarmería actuó en esto sin disparar un tiro en los últimos años." El diagnóstico lo realiza Enrique Gallesio, comandante general retirado de la Gendarmería, fuerza en la que estuvo a cargo de la división Orden Público. Gallesio fue subsecretario de la gestión bonaerense de León Arslanian, integra el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed) y es profesor de la Universidad de Quilmes en el posgrado sobre Análisis del Delito.
[Raúl Kollmann e Irina Hauser] Argentina. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo aseguró que "están utilizando a los jóvenes para no llegar a la verdad".
Argentina. Familiares, amigos y compañeros de Cristina Cialceta e Yves Domergue colocaron ayer una placa recordatoria junto al árbol del Bosque de la Memoria de Rosario en el que descansan las cenizas de las víctimas, quienes desaparecieron durante la última dictadura militar. Sus cuerpos permanecieron enterrados como NN en un cementerio de Melincué hasta que en el mes de julio pudieron ser identificadas. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti y la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta, participaron del acto entre otros funcionarios del área.