argentina

procesados por homicidios

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Por homicidios, secuestros y torturas procesaron a una decena de represores por crímenes cometidos en 1977 en La Calamita. Eran miembros del Destacamento de Inteligencia del Ejército dependiente del Batallón 121. Les imputan los homicidios de Guillermo White, Jorge Ruffa, Juan Gesualdo, Alberto Caixal, Héctor Larrosa, Ernesto Traverso, y Rubén ‘Tito’ Messiez, entre otros.

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[José Maggi] Argentina. El juez federal Marcelo Bailaque procesó en los últimos días de 2010 a 11 miembros del Destacamento de Inteligencia del Ejército dependiente del Batallón 121. Sus máximos jefes fueron encontrados responsables de once homicidios y 28 casos de secuestros, muchos de ellos seguidos de tortura. Corresponde a víctimas que pasaron por el circuito que manejaba la inteligencia militar, como La Calamita y ocurrieron durante el año 1977. Lo distintivo del expediente es que el juez Bailaque adoptó finalmente el criterio defendido por la fiscal federal Mabel Colalongo: un represor debe ser señalado como responsable si se acredita su presencia durante el cautiverio de una víctima en un centro clandestino de detención, más allá que la misma no pueda señalarlo. El criterio anterior de obligar a las víctimas a identificar a sus verdugos era doblemente victimizante habida cuenta que la mayoría estaba "tabicada", tirada en el piso y con pocas posibilidades de ver a sus captores.

El juez federal Marcelo Bailaque procesó a los cuatro jefes del Destacamento de Inteligencia 121:

- Jorge Fariña por 28 casos de privación ilegal de la libertad, 12 casos de tormentos y 11 homicidios;

- Juan Daniel Amelong por 25 casos de secuestro, 10 de tormentos, y 11 asesinatos.

- Pascual Oscar Guerrieri por 30 casos de privación ilegal de la Libertad 12 tormentos y 11 homicidios.

- Marino Héctor González por 30 casos de secuestro, 12 tormentos y 11 asesinatos.

A los oficiales:

- Ariel Zenón Porra 14 secuestros, 6 casos de tortura y 8 homicidios

- Alberto Enrique Pelliza por 12 casos de secuestro, 1 de tormentos y 8 asesinatos.

- Eduardo Rodolfo Costanzo tres casos de privación ilegal de la libertad, un caso de tormentos y un homicidio

- Juan Andrés Cabrera por tres casos de Privacion Ilegal de la Libertad un caso de tormentos y cuatro homicidios.

- Ariel Antonio López por cuatro casos de secuestros, uno de tormentos y cinco homicidios.

- Walter Roscoe por tres casos de privaciones de libertad , un casos de tormentos y cuatro muertes.

Los homicidios corresponden a los caso de Guillermo White, Jorge Ruffa, Juan Carlos Gesualdo, Alberto Barber Caixal, Héctor Larrosa, Ernesto Traverso, Aníbal Morcabel, Rubén Flores, Fernando Agüero, Rubén ‘Tito’ Messiez.
Los casos de secuestros y torturas que completan la lista junto a los anteriores son los de Elena Sarnari, Francisca Dominguez, María Amelia González, Maráa Luisa Rubinelli, Carmen Cantelejo, Patricia Coria, Laura Repetti, Eduardo Ferreyra, Susana Zitta, Adriana Cuaranta, Luis Megias, Viviana Nardoni, Diego Fhur, Daniel Fhur, Graciela Zitta, Rafael Bielsa, Mercedes Domínguez, Emma Bunna.
Entre los rasgos distintivos de los casos hay tres matrimonios: las mujeres sobrevivieron, sus esposos fueron asesinados. El primer caso es el de Emma Buna y Guillermo White. Ella fue secuestrada el 18 de febrero del 77 durante 40 días. Antes, en Santa Fe, su esposo había sido capturado junto a un primo el 10 de febrero del 77. Era militante de la Vanguardia Comunista. Luego fue trasladado a Rosario: Emma lo escuchó jugar al "fantasma" en el mismo lugar de cautiverio.
El segundo caso es el del matrimonio compuesto por María Luisa Rubinelli y Aníbal Morcabel, secuestrados el 28 de febrero de 1977, en Ituzaingo 71 de Rosario. Ella fue liberada tras 28 días de cautiverio. María Luisa declaró haberlo visto en La Calamita "una vez que fue al baño y pudo correrse la venda". También reconoció sus gritos mientras era torturado: "era asmático y tenía una voz muy particular".

María Amelia González y Ernesto Traverso fueron secuestrados de Oroño 1567 en la madrugada del 26 de febrero de 1977, y llevados a La Calamita. Relató haber estado 14 días en una habitación cerrada y sin luz. Luego el "Comandante Sebastián" (Jorge Fariña) la liberó en el Parque Independencia. María Amelia también aseguró haber escuchado los gritos de su compañero Ernesto provocados por la tortura.

Jorge Ruffa: Era un docente oriundo de San Luis. El 28 de enero de 1977 fue secuestrado por el Ejército de su estudio en calle 1? de Mayo 3223. Carlos Novillo lo reconoció en La Calamita.

Juan Carlos Gesualdo: Fue secuestrado el 28 de abril del 77 en su casa, Avellaneda 495 de Rosario. Había sido candidato a concejal del Frente de Izquierda Popular en 1973. Tucu Constanzo aportó datos en su declaración ante la Justicia, y dijo que fue llevado a La Calamita, ejecutado y enterrado en las islas frente a Rosario.

Fernando Agüero: Conocido como "Pipa", secuestrado el 5 de septiembre de 1977 en Carlos Paz. Llevado al centro clandestino de detención La Perla y luego trasladado a Rosario. Jaime Dri lo ubica en la Quinta de Funes.

Raquel Negro: Secuestrada el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata, fue trasladada a la Quinta de Funes, la Escuela Magnasco y la Intermedia, desde donde fue llevada a Paraná para dar a luz a sus mellizos.

Alberto Barber Caixal: Secuestrado el 14 de septiembre de 1977 en un bar de Rosario.

Héctor Larrosa: era un oficial de Montoneros, y fue llevado a la Quinta de Funes y La Calamita.
2 de enero de 2011
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deberá cumplir en la cárcel

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Domingo Morales deberá seguir cumpliendo su condena por terrorismo de estado en la cárcel. La Corte Suprema de la Nación revocó la excarcelación del genocida acusado por 16 homicidios, asociación ilícita y supresión de identidad.

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[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la excarcelación del único militar que estaba preso en una cárcel común por crímenes de lesa humanidad en Santa Fe. Se trata del teniente coronel Domingo Morales, un ex jefe operativo del Destacamento de Inteligencia Militar 122, procesado por dieciséis homicidios, asociación ilícita y supresión de identidad de una menor, entre otros delitos, que quedó libre en abril del año pasado por una resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal. El fallo de la Corte sienta jurisprudencia para que no sólo Morales vuelva a prisión, sino que también suceda lo mismo con otros represores de la provincia que hoy están en libertad por resoluciones similares de Casación.
Morales había sido detenido en octubre de 2009 por orden del juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, pero sólo estuvo preso seis meses en la cárcel de Las Flores. Rodríguez le rechazó el pedido de excarcelación, la Cámara Federal de Rosario confirmó esa medida de primera instancia, pero luego la Cámara Nacional de Casación la dejó sin efecto, en un fallo muy controvertido de la Sala III. "Un fallo vergonzoso y de una gravedad institucional inusitada porque significa que de ahora más los juicios se harán con los genocidas en las calles", lo calificó por entonces la abogada de Hijos, Lucila Puyol.
El Ministerio Público Fiscal recurrió ante la Corte, que el 28 de diciembre revocó la sentencia de Casación. Lo que significa que Morales debería volver a una celda, aunque no será ahora sino cuando el expediente llegue al despacho del juez Rodríguez, quien tendrá que decidir si lo manda nuevamente a la cárcel Las Flores o al penal de Marcos Paz, como le había pedido el represor antes de ser excarcelado.
Cinco ministros de la Corte (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Raul Zaffaroni) votaron por revocar la sentencia de la Cámara de Casación y dos (Enrique Petracchi y Carmen Argibay), por desestimar el recurso del Ministerio Público.
En los fundamentos, la Corte se remitió al dictamen del procurador general de la Nación subrogante, Luis González Warcalde y compartió su criterio.
La Cámara de Casación había excarcelado a Morales al valorar "la residencia estable del imputado en la provincia de Buenos Aires, la circunstancia de que fue localizado en su domicilio (en la ciudad de Pergamino) y no opuso resistencia al arresto, su buena conducta en la unidad donde cumplía la medida cautelar, un núcleo familiar con el que mantiene un vínculo estrecho, su carencia de antecedentes penales y la inexistencia de constancias acerca de situaciones que indiquen su voluntad de sustraerse a la acción de la justicia entorpecer las investigaciones, durante los más de treinta años que transcurrieron desde la comisión de los hechos que se le enrostran", recordó el procurador.
"Pero la Cámara, omitió sopesar otras condiciones personales del imputado y las circunstancias de los hechos, que también constituyen pautas de valoración exigidas" por la ley, agregó González Warcalde. Y mencionó que Morales era "capitán del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe, asiento de una de las estructuras de represión que integraron la organización criminal formada al amparo de la última dictadura" y por lo tanto, "tenía poder de decisión sobre los operativos represivos" que se realizaban en Santa Fe y "el destino final de las víctimas".
Morales no es "cualquier imputado", sino alguien "entrenado y capacitado para operar en la clandestinidad sin ser identificado y eliminar toda prueba que pueda incriminarlo a él o a sus camaradas, y que, además, todavía podría conservar un ascendiente sobre esas estructuras que habrían actuado bajo sus órdenes y que, como es notorio, han dado sobradas pruebas de poder aun después de restablecida la democracia", sostuvo el procurador.
Al excarcelar a Morales, la Cámara de Casación tampoco tuvo en cuenta "la eficiencia de ese aparato clandestino de represión ilegitima para no dejar rastros de su accionar criminal" y "la actuación corporativa posterior de los responsables de los hechos para garantizarse la impunidad", al punto que "todavía hoy existen arduas dificultades para conocer la verdad de lo ocurrido".
Y si recién ahora los juicios por crímenes de lesa humanidad están en trámite, "no se debe a la impericia de la justicia (") sino a las numerosas maniobras que indefectiblemente se orientaron a impedir el esclarecimiento de esos hechos, entre los que se encuentran los que se juzgan en esta causa".
"En síntesis, no creo que la Cámara de Casación podía dejar de ponderar las circunstancias mencionadas sin incurrir en arbitrariedad, al tener en cuenta las condiciones personales de Morales que valoró para ordenar su libertad", concluyó el procurador general de la Nación.
2 de enero de 2011
1 de enero de 2011
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2010, el año del juicio

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2010 será recordado como el año del juicio a represores. Cada una de las personas que puso el cuerpo frente al Tribunal Federal Oral de Rosario subrayó el alto valor del proceso abierto el 17 de julio de este año contra Díaz Bessone, Lofiego y otros. Aquí, un repaso por los hechos salientes de las audiencias.

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[Sonia Tessa] Argentina. "Fui privada ilegalmente de mi libertad a los 16 años, a los 22 pude hacer la denuncia, y ahora que tengo 49 puedo estar declarando", dijo la testigo Laura Hanono en la última semana de audiencias de la causa Díaz Bessone. Casi una vida en busca de justicia. "Llevo 30 años preparando esta declaración", expresó el último día de noviembre María Inés Luchetti de Bettanín, cuya familia fue masacrada en enero de 1977. Cada una de las personas que puso el cuerpo frente al Tribunal Federal Oral número 2 subrayó el alto valor del proceso abierto el 17 de julio de este año, tres meses después de las condenas a prisión perpetua en la causa Guerrieri. El 2010 será inolvidable. El año de la justicia, aunque falten tantos, aunque los enjuiciados sean sólo una parte de la maquinaria del terrorismo de estado. Aunque 2011 también traerá nuevas condenas y procesos. Allí, en el lugar por el que bregaron desde enero de 1984, cuando pudieron hacer la denuncia, los militantes que sobrevivieron hablaron de sí mismos, contaron cómo era su vida cuando el terrorismo de estado los partió en dos. También hablaron de los compañeros y compañeras desaparecidos, les pusieron nombre y apellido, relataron el último gesto, el tiempo compartido en cautiverio, les rindieron homenaje, siempre con los ojos húmedos. Dijeron una y otra vez que el compromiso de declarar era reivindicar a los que no están.
Una generación diezmada se sentó en el Tribunal para contar lo suyo, por primera vez, donde corresponde. Lo más importante pasaba allí, pero al salir de la sala de audiencias había otra intensidad: el sostén, el alivio, la construcción colectiva que permitió llegar hasta aquí. Los abrazos, las lágrimas, las sonrisas. Los de entonces y los jóvenes que se acercan a urdir una trama, a reconstruir los hilos faltantes, a darles entidad.
"No pudieron, no pudieron con nosotros", gritó triunfante Stella Hernández cuando salió del tribunal donde hizo un largo y contundente relato. Ella eligió rescatar la solidaridad y la alegría como las armas que usaron para no dejarse vencer. Contó cómo cantaban, hacían obras de teatro, buscaban las mil y una formas de sentirse vivos, allí donde los represores intentaban convertirlos en piltrafas. Uno de los momentos más emotivos de su relato fue cuando contó que un compañero, muy torturado, le pedía que cantara "Para la libertad", la canción de Joan Manuel Serrat con poesía de Miguel Hernández, poeta muerto en una cárcel franquista. Y en esas circunstancias, fue transparente la hondura que podían alcanzar los versos "porque donde unas cuencas vacías amanezcan,/ ella pondrá dos piedras de futura mirada,/ y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan,/ en la carne talada".
Hernández fue también una de las testigos que relató las violaciones sistemáticas que se producían en el SI. Acusó a Mario Alfredo Marcote por haberla agredido su integridad sexual, pero subrayó que no fue la única víctima. "Era el violador serial del SI", dijo la ex detenida. Su pedido al tribunal fue concreto: "Quiero que consideren a las violaciones como delitos de lesa humanidad". El reclamo no fue sólo en nombre propio. "Lo hago por Juani Bettanín, por las que no están y por todas las que estando, no pueden decirlo porque les provoca mucho dolor", dijo Hernández. Juani Bettanín era la suegra de María Inés Luchetti y madre de Guillermo Bettanín, diputado nacional de la Tendencia que fue asesinado el 2 de enero de 1977 en su casa de barrio Gráfico. La mujer tenía 54 años cuando fue secuestrada. A ella también la violaron. Elida Deheza describió que otro de los represores, apodado Kuriaki, la violó en el SI. No fueron episodios aislados, formaba parte de la política de aniquilamiento.
Las decenas de testimonios escuchados en los últimos tres meses trazan un mapa del funcionamiento del principal centro clandestino de detención de la provincia, donde pasaron unas 2000 personas. Y por lo menos 300 están desaparecidas. El Tribunal ordenó a los testigos por la fecha de secuestro, de modo que los nombres de los detenidos, de los que fueron torturados hasta la destrucción, de los desaparecidos, se repiten una y otra vez durante varios días.
El juicio caratulado como Díaz Bessone, por el acusado con mayor jerarquía, fue concebido y conocido como causa Feced. Lo armó pacientemente el equipo jurídico de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, y APDH, desde la misma dictadura, en los primeros años 80. Contactaron a los que habían estado detenidos y les tomaron declaración. La abogada Delia Rodríguez Araya era la responsable de este grupo, y como tal, fue nombrada una y otra vez por los testigos, a modo de homenaje, ya que falleció en mayo de 2009. Integraban ese grupo Olga Cabrera Hansen, también abogada, Ana Moro y Alicia Lesgart, entre otros. Aquella denuncia se presentó en forma colectiva en enero de 1984. La causa que se inició en los tribunales provinciales sufrió en 1986 el robo de los expedientes con importantes pruebas, conseguidos gracias al esfuerzo de este equipo. Después, las leyes de punto final y obediencia debida paralizaron los procesos. Debieron pasar más de 20 años, cuando se derogaron esas leyes de impunidad, para que se reabriera. Pese al robo, la causa cuenta con prueba producida en aquel entonces, cuando todo estaba fresco. Reconocimientos de las víctimas a los integrantes de la patota, denuncias de 1984, recorridas de los lugares donde funcionaba el centro clandestino de detención, todo forma parte de esta causa, ya que se incorpora por pedido del fiscal Gonzalo Stara.
Lo que no podrá usarse son las 26 indagatorias de José Rubén Lofiego en las distintas etapas de instrucción. El hombre que conducía las torturas en el SI usó una estrategia para anularlas: si él se abstenía de declarar, todas sus indagatorias debían incorporarse por lectura. Decidió decir algunas nimiedades el 6 de octubre, y el Tribunal consideró que esas pocas palabras inhabilitaban la lectura de sus dichos anteriores. Otra fue la actitud del ex general Ramón Genaro Díaz Bessone, que fue jefe del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército hasta el 12 de octubre de 1976, y uno de los ideólogos de la aplicación del terrorismo de estado en la Argentina. Es el único de los acusados que cuenta con una defensa particular, del abogado Gonzalo Miño. La indagatoria de Díaz Bessone se basó en negar la existencia de centros clandestinos de detención, deslindar su responsabilidad sobre la policía provincial y sembrar dudas sobre el destino de los desaparecidos. "No puede haber evidencia si no hay cuerpo del delito", dijo con cinismo el militar que dejó su cargo en el Segundo Cuerpo para convertirse en ministro de Planificación de Jorge Rafael Videla. "Jamás bajo mi mando se cometió ilícito alguno", afirmó el acusado. El abogado de Hijos, Lucas Ciarnello, pidió al Tribunal que no le permitieran la provocación ni la ofensa. También la profesional de Familiares y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Jessica Pellegrini, recordó que el respeto a las víctimas es un principio rector de los juicios por delitos de lesa humanidad. Este mismo año, el Equipo Argentino de Antropología forense identificó los cuerpos de Roberto De Vicenzo y Cristina Cialcetta, dos de los desaparecidos cuyos homicidios forman parte de esta causa, y que formarán nueva prueba, contundente, sobre el destino de los desaparecidos.
Los acusados en la causa son Díaz Bessone, Lofiego (el Ciego), Marcote (el Cura), José Carlos Antonio Scortecchini (Archie), Ramón Rito Vergara (Sargento o Pelado) y Ricardo Chomicky (Cadi), que pertenecía a Montoneros y colaboró con la patota. No todos están en la sala. El Tribunal permite a Díaz Bessone, Lofiego y Scortecchini que sigan las audiencias en una habitación contigua. Escuchar las pruebas que los incriminan es parte de su derecho a la defensa, garantizado por la Constitución nacional. Pero los testigos manifiestan su enojo con la disposición de la sala. "Se repite la misma situación, ellos pueden vernos y nosotros no", dijo Laura Hanono. Desde el 17 de julio, el funcionamiento del terrorismo de Estado y sus responsabilidades operativas se describen diariamente en un Tribunal rosarino, y sus víctimas encuentran un lugar donde empezar a reparar heridas indelebles. "El daño ya está hecho, pero es importante que se produzcan las condenas para que no se siga produciendo", expresó Hanono. Dos desafíos se abren con este juicio: ventilar la verdad, castigar a los responsables, y evitar la continuidad del dolor.
1 de enero de 2011
31 de diciembre de 2010
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lo juzgarán por robo de hijos de dddd

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Ex dictador argentino Jorge Videla enfrentará dos nuevos juicios en 2011. Videla será juzgado en la capital por 33 casos de apropiación ilegal de hijos de desaparecidos en la dictadura, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).

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.Buenos Aires, Argentina. El ex dictador argentino Jorge Videla afrontará en 2011 dos juicios orales por delitos de lesa humanidad durante el régimen cívico-militar (1976-1983), tras ser condenado a prisión perpetua por el homicidio de 31 presos políticos en aquella etapa, informó una fuente judicial.
Videla (1976-1981), junto al último dictador del gobierno de facto Reynaldo Bignone (1982-1983) y otros jefes ex militares, será juzgado en la capital argentina por 33 casos de apropiación ilegal de hijos de desaparecidos en la dictadura, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Unos 500 casos de menores robados a sus padres desaparecidos se registraron en la dictadura, según la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo, de los cuales 102 han recuperado su identidad.
Ese juicio oral, cuya inicio se prevé para el 7 de marzo, se suma a al menos otros cinco procesos previstos para 2011 por violaciones a los derechos humanos en la dictadura.
El otro proceso contra Videla y otros militares se celebrará desde el 15 de marzo en la ciudad de Tucumán (norte) también por delitos de lesa humanidad.
Videla, de 85 años, está alojado en la cárcel civil de la guarnición militar de Campo de Mayo, 30 km al noroeste, luego de ser sentenciado a prisión perpetua el 22 de diciembre pasado por el fusilamiento de 31 opositores políticos en un penal de la ciudad de Córdoba (centro).
1 de enero de 2011
31 de diciembre de 2010
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seguirán investigando el abo

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La Justicia sigue investigando el terror en el Circuito Atlético-Banco-Olimpo.

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Argentina. Después de la condena contra 16 represores que actuaron en ese centro clandestino, el juez Daniel Rafecas, que encabeza la investigación por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, procesó con prisión preventiva a cinco acusados por crímenes contra los derechos humanos.
Los procesados son los ex policías federales Eduardo Ángel Cruz, Raimundo Oscar Izzi y Mario Óscar Baigorria; del ex penitenciario Héctor Horacio Marc y del ex gendarme Juan Miguel Méndez, quien fue deportado recientemente de los Estados Unidos.
Están investigados por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y tormentos. Asimismo, el magistrado dispuso trabar embargos sobre los bienes de los procesados por entre 250 mil y seis millones de pesos.
El ex policía Cruz, alias ‘Cramer’ quedó procesado por su intervención en la privación ilegal de la libertad de 177 personas, en tanto el ex cabo Izzi por haber intervenido en la privación ilegal de la libertad y la aplicación de tormentos de cincuenta personas alojadas en el Olimpo.
Rafecas procesó al ex inspector Baigorria por su desempeño en el operativo que culminó con la detención y traslado de una víctima al centro clandestino, y el homicidio de su marido Eduardo Edelmiro Ruival, mientras que Marc (alias ‘El Ruso’) fue procesado por la privación de la libertad y la aplicación de torturas a 207 personas.
El ex alferez Méndez, apodado ‘Nelson’, fue procesado por su intervención en la privación de la libertad y aplicación de torturas a 177 personas que estuvieron allí cautivas.
Los actuales procesados está detenidos en el Complejo Penitenciario federal de Marcos Paz, con excepción de Baigorria que,por su edad, cumple arresto domiciliario, según se informó.
La semana pasada, el Tribunal Oral Federal 2 porteño condenó a 16 represores que actuaron en ese mismo centro a penas de prisión perpetua y de 25 años, entre ellos Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Julio Héctor Simón (alias ‘el Turco Julián’) y Raúl Antonio Guglielminetti.
Todos habían sido procesados por Rafecas en el marco de la megacausa Primer Cuerpo de Ejército, en cuyo ámbito funcionó el centro A.B.O. entre mediados del año 1976 y inicios del año 1979, y en donde estuvieron cautivas no menos de 254 personas, según constancias judiciales.
30 de diciembre de 2010
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en 2010 se juzgó a 172 represores

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En 2010, se juzgaron a 172 represores.

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Argentina. Según datos de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, dependiente de la Procuración General de la Nación, durante el año 2010 un total de 172 personas han sido o están siendo juzgadas en juicios orales o escritos.
La cifra incluye a todas las personas sobre las que recayó sentencia durante 2010, absolución o condena, y aquellas que están siendo sometidas a juicio actualmente, tanto en debates orales como en juicios escritos.
El informe revela que hasta el año 2008 se había condenado a 68 personas, mientras que al finalizar el año 2009 ese número aumentó a 98. En tanto, durante 2010 el número de personas condenadas se elevó a 196.
Además, el relevamiento advierte que en el transcurso de 2010 concluyeron 19 juicios en los que se juzgó a 119 personas, de las cuales 110 resultaron condenadas, 98 condenados nuevos y 12 que ya tenían condenas anteriores, mientras que nueves fueron absueltas.
30 de diciembre de 2010
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piden más seguridad

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Denuncian falta de seguridad para testigos y querellantes en juicios por crímenes de la dictadura.

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Santa F, Argentina. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas denunciaron ayer que "la seguridad de los testigos y querellantes y el derecho a garantizar la realización de las audiencias orales en la causa Díaz Bessone, se ve puesta nuevamente en riesgo". Es que el Tribunal Oral II compuesto por Beatriz Caballero de Barabani, Jorge Venegas Echagüe y Otmar Paulucci -que rechazó los pedidos de detención de los imputados en la causa- resolvió frente a la feria judicial de enero que Ruben Lofiego, Mario Marcote, Carlos Scortecchini, Ramon Vergara y Ricardo Chomicki "sólo deban presentarse a firmar semanalmente ante el Patronato de Liberados de la Provincia de Santa Fe". "Pese a la gravedad y a la importancia de esta decisión, hasta la fecha el Tribunal no ha notificado a las partes querellantes, dejando aún más expuestas a las víctimas que valientemente dan su testimonio audiencia tras audiencia", dice el texto firmado por Elida Luna, Héctor Medina, Lilian Echegoy y Gabriela Durruty entre otros.
Ambas organzaciones exigen "la inmediata detención de Lofiego, Marcote, Vergara, Scortechini y Chomiki, y la notificación a las querellas cada vez que la situación de libertad varíe, como mínima medida de seguridad".

El texto del comunicado conjunto señala:

"El 31 de mayo del 2009 denunciamos que la sala ll de la Cámara de Casación Penal concedía la libertad a conocidos represores, torturadores y asesinos que cumplían nefastas funciones en el Servicio de Informaciones de la policía de la Provincia de Sta Fe, donde funcionara el centro clandestino de secuestro, tortura y desaparición, lugar por el que pasaron más de dos mil compañeros. Nuevamente -como lo hicimos durante todos estos años- reiterábamos que nos resultaba inadmisible la conclusión de la Cámara, al equiparar mecánicamente los criterios jurídicos aplicables a los delitos comunes con los casos de delitos de lesa humanidad".

"Sosteníamos -y lo hacemos hoy- que las excarcelaciones de Lofiego alias "el Ciego" o "Dr Menguele", Marcote alias "el Cura", Vergara alias "el Sargento" o "Pelado", entre otros pone en riesgo permanente a una sociedad y especialmente a los particulares damnificados como los testigos querellantes y familiares de los compañeros desaparecidos, además de la gravedad de marcar precedente histórico de impunidad".

"Pedíamos a la Corte Suprema que garantizara justicia y devolviera a estos represores a la cárcel, luego de haber gozado de más de treinta años de una impunidad. Y no fuimos escuchados".

"Así comenzaron los juicios con los asesinos viviendo tranquilamente en sus casas, teniendo que presentarse los días de audiencias en el tribunal, aunque más de una vez hemos debido soportar que no estén en la sala con la excusa de algún malestar. A veces simplemente pedían estar en la habitación contigua, y su pedido era tenido en cuenta aunque exigiéramos que debían estar en la sala".

"Esto nos lleva a otra reflexión: evidentemente el grado de perversión en los represores está unido a su cobardía. Y hoy tal vez como corolario de un año que termina, con un claro mensaje del comportamiento de los jueces que llevan adelante los juicios en Rosario, debemos volver a denunciar, desde Familiares y Liga Argentina, que la seguridad de los testigos y querellantes y el derecho a garantizar la realización de las audiencias orales en la causa Diaz Bessone, se ve puesta nuevamente en riesgo".

"No podemos menos que denunciar este nuevo atropello a la justicia, esa justicia compuesta por hombres y mujeres que deben estar a la altura histórica que nos toca vivir, juzgando y condenando a quienes se consideraron dueños de la vida y de la muerte de miles de argentinos".
30 de diciembre de 2010
29 de diciembre de 2010
©rosario 12

lo vieron en el si

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Al menos siete testigos denuncian la participación de Zitelli en la represión. además de los tres testimonios aportados recientemente por la fiscalía, hay otras declaraciones contundentes contra el sacerdote que justificaba la tortura, pero se indignaba por las violaciones, ya que estaban involucradas con la moral.

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[José Maggi] Argentina. La incorporación de tres nuevos testimonios en el pedido de indagatoria del obispo Eugenio Zitelli, que publicó ayer Rosario/12, se suma a siete testimonios que acusan al sacerdote -entonces capellán de la policía- de participar en la represión ilegal que tuvo como epicentro de la zona al Servicio de Informaciones. Graciela Borda Osella, María Inés Luchetti de Bettanín y Olga Cabrera Hansen son algunas de las ex detenidas que vieron al sacerdote en los lugares de detención, y lo escucharon justificar la tortura como método para obtener información. Ante esta pluralidad de pruebas, el fiscal federal Gonzalo Stara consideró que el religioso debe ser considerado "responsable por casos particulares".
Graciela Borda Osella fue secuestrada el 19 de agosto de 1977, en su lugar de trabajo en la Municipalidad de Rosario, mientras que en su domicilio, de calle Presidente Roca 1339 fueron secuestrados su marido Silvio Félix Paganini y María de las Mercedes Sanfilipo. Luego fueron trasladados al SI, donde permanecieron cautivos, sometidos a un régimen inhumano de vida y en un marco de imposición de tormentos físicos y psíquicos. La víctima declaró que recuperó su libertad el 25 de agosto de ese mismo año junto con su marido y que, cuando estaban siendo liberados, se le acercó un hombre que le "habló amablemente, como un cura", y que le dijo que se olvidara de lo sucedido "porque había sido una confusión". Ante esa situación, ella le pidió verle la cara aduciendo que él había sido el único amable con ella. "Esta persona me bajó las vendas y pude verlo. Años más tarde, por una foto que vi en el diario del padre Zitelli, lo reconocí", declaró la testigo.
Por su parte, una de las testigos que ya declaró en la causa Díaz Bessone, la abogada Olga Cabrera Hansen, fue secuestrada de su domicilio por personal del Ejército, junto con el ingeniero Caraffa, el 19 de noviembre de 1976. Durante su cautiverio permaneció siempre vendada. El 27 de noviembre fue trasladada a la Alcaidía de la Jefatura. Entre sus compañeras de cautiverio en la Alcaidía estuvieron Liliana María Feulliet de Salami, María Inés Luchetti de Bettanín con su bebita, Juana Elba Ferraro de Bettanín, Luisa Marciani de Gómez, su hija Gladis Gómez, Teresa Marciani, Gladis Marciani, María del Carmen Sillato y Tomasa Verdun de Ortiz, que tenía una hemorragia vaginal aguda. En Alcaidía, por presión de sus familiares, se logra que el capellán de Alcaidía preste asistencia espiritual, presentándose el cura Zitelli. El no bautizó a los niños y sólo se indignó por las violaciones. El sacerdote dijo que le habían prometido que eso había terminado; sobre las demás torturas, manifestó que eran "un medio para obtener información".
Uno de los testimonios más contundentes contra Zitelli pertenece a una testigo que ya falleció, María de las Mercedes Sanfilippo. Torturada en varias oportunidades, el 12 de septiembre de 1977 fue trasladada a Alcaidía. Allí solicitó ver a un sacerdote, con la intención de hacer una denuncia. "Vino un sacerdote de apellido Zitelli quien, luego de escuchar mi exposición, poniéndole en conocimiento de la gente desaparecida y de las torturas recibidas, no dio importancia a mis relatos interesándole sólo el hecho de si me habían violado", declaró la víctima en las instancias de instrucción.
También María Inés Luchetti de Bettanín -que ya declaró en la causa Díaz Bessone- tuvo una evidencia directa de la participación de Zitelli. Secuestrada el 2 de enero de 1977, en una vivienda de barrio Gráfico. El propio Agustín Feced, cuando fue indagado el 11 de septiembre de 1984, admitió que Luchetti y su suegra, Elba Juana Ferraro de Bettanín (otra víctima que falleció en los años de impunidad), fueron alojadas en la Alcaidía, donde tuvieron contacto con Zitelli. Bettanín relató con toda claridad que le pidió a Zitelli el secreto de confesión para contarle de las torturas y violaciones. El cura justificó los tormentos, pero se indignó por los abusos sexuales, porque involucraban a la moral.
Otra de las víctimas que acusó a Zitelli fue Darío Castagnani, detenido en noviembre de 1976, en la ruta. Lo llevaron al SI. La suegra de Castagnani, con militancia católica en Casilda, se había movido y había llegado a Zitelli, que era -según los dichos de la víctima- el que podía influir para saber cuál era su paradero. Un día, a los 15 días de haber sido detenido, a Castagnani lo llamaron y lo vendaron. El pensó que ahí no se salvaba de la tortura. Lo subieron, y le indicaron que entrara a un lugar. Allí se encontró con "este personaje llamado padre Zitelli", que él adujo que no conocía de antes. Según dichos de la víctima, el padre Zitelli le dijo "siéntese hijo" y él, aunque no se sintió muy hijo de él, se sentó. Zitelli le explicó que las circunstancias eran muy duras, pero le dijo que aguantara, que esto era una cosa circunstancial en la vida de la república, o la patria, o la nación, que tratara de aguantar, que no le iba a pasar nada y que tratara de leer la Biblia. Castagnani le respondió que lo único que allí había era tortura, palo y nada más, que no había nada que leer. El padre Zitelli le dijo que le haría llegar una Biblia, lo que nunca sucedió. Castagnani consideró que Zitelli debió escuchar los tormentos, ya que se encontraba en el mismo piso.
Por su parte, María Herminia Acevedo de Fernández fue detenida el 29 de noviembre de 1976. Llegó al SI vendada, y la dejaron parada en un pasillo donde fue objeto de todo tipo de vejámenes. El 4 o 5 de enero de 1977 la trasladaron a la Alcaidía, donde no querían recibirla por su pésimo estado físico. "Estábamos completamente incomunicados con nuestros familiares, solamente nos dejaban hablar con nuestra familia si había un permiso especial del Comando o también podíamos salir para hablar con el sacerdote, que era Zitelli. Una vez le conté todo mi drama y me dijo que si a mi hija la habían detenido era por algo, lo único que hacía era escucharme, indudablemente estaba de parte de ellos", relató la testigo. La hija de María Herminia, Gloria Fernández, está desaparecida.
28 de diciembre de 2010
27 de diciembre de 2010
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