Blogia
mQh

argentina

semillas de maldad


Cómo se organiza el sistema de explotación
Argentina. Las duras condiciones de explotación de los trabajadores rurales temporarios –hechas notorias por el caso de la firma Nidera en San Pedro– responderían a un sistema por el cual, desde la provincia de Santiago del Estero, miles de hombres parten a servir a empresas en distintos puntos del país. Investigaciones a las que accedió Página/12 permiten trazar el siguiente cuadro. Se beneficiarían de este sistema las grandes productoras de semillas: "Cargill, Monsanto, Adecoagro, Dekalb", según estas investigaciones, y desde luego Nidera. Un eje de la explotación en estas empresas sería el "puntaje por cuadrilla", en el que la colectivización de los castigos lleva a que los mismos trabajadores controlen el rendimiento y la disciplina. En cuanto al reclutamiento, la principal organizadora sería la firma de trabajo temporario Manpower. La mayor parte de la población de Atamisqui, Loreto y otras localidades santiagueñas, "las más pobres", debe entregarse a estos trabajos, mediante "un dispositivo que manejan los intendentes y comisionados rurales". Todavía peores –"en negro"– serían las condiciones de estos trabajadores cuando, para empresas nacionales, van a cosechar en Entre Ríos, Chaco, Formosa, Catamarca, La Rioja, Salta y otras provincias.
La investigación "Los obreros santiagueños en el desflore de maíz. Proceso y condiciones de trabajo", de Agustina Desalvo –en Anuario 2009 del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales (Ceics)– explica que "el desflore consiste en quitarles la flor a las plantas hembras", lo cual es necesario para "la producción de semillas híbridas, que se destinan mayormente a la exportación; es una actividad en ascenso desde la década de los ’80. Una de las principales empresas que se encargan de reclutar trabajadores es Manpower, a través de Ruralpower. Tiene oficinas en Santiago del Estero desde donde se pone en contacto con los ‘cabecillas’, que juntan a los peones golondrina, y con el capataz general, que coordina las cuadrillas. Los trabajadores son reclutados para las grandes empresas productoras de semillas: Monsanto, Adecoagro, Dekalb; son trasladados en micros y acampan en la zona hasta que termine el desflore, que dura entre 20 y 30 días".
La jornada de trabajo –según la investigación de Desalvo– dura como mínimo nueve y puede extenderse hasta 14 horas. El salario en algunas empresas "no llega a los 60 pesos por día"; en otras, "entre 65 y 70". También, "la hora cotiza según los puntos obtenidos por la cuadrilla, en una escala de uno a 10. Esto funciona como mecanismo de control, pues para obtener el mejor puntaje es necesario haber rendido y no haber emitido queja alguna".
"A veces –continúa la investigación– el pago final resulta inferior a lo pautado porque les descuentan lo que consumen en la proveeduría: jabón, cigarrillos, gaseosas; la proveeduría, que pertenece a la empresa, les vende a un precio más alto que el corriente. También se les descuenta el boleto del micro y –en algunas empresas– la vestimenta." "A pesar de trabajar largas horas bajo el sol en pleno verano, la provisión de agua es insuficiente y deben beberla recalentada. ‘Encima –dice un trabajador entrevistado por Desalvo– las plantas son altas, tienen dos metros y vos vas en el medio y te asfixiás, no corre una gota de aire. Empezás a vomitar y te baja la presión’."
En cuanto al alojamiento, "lo habitual son casillas rodantes para 18 personas, sin electricidad ni baños. No tienen permitido salir siquiera cuando ha terminado la jornada. Duermen apiñados. ‘A las casillas todo el día les da el rayo del sol. Te acostás ahí y te asás en vida’, dice un trabajador." En la cobertura de salud, "resultan estafados porque para hacer uso de la obra social les exigen haber trabajado tres meses seguidos, lo cual resulta imposible pues nunca se los emplea ese tiempo. Sin embargo, la empresa les descuenta igual. Algo similar ocurre con las jubilaciones: deben superar los 90 días trabajados para que les consideren un año de aportes, algo muy poco factible".
También investigó el tema Reinaldo Ledesma, sociólogo, ex consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien se reconoce como integrante del pueblo diaguita cacano, al que pertenecen la mayoría de los trabajadores migrantes santiagueños: "En los departamentos de Loreto y Atamisqui, el 90 por ciento de la población activa se dedica a esto; también hay muchos trabajadores golondrina en San Martín y en Figueroa, siempre coincidiendo con los mayores bolsones de pobreza. Los intendentes y comisionados rurales de estos departamentos han armado un dispositivo que sirve, a la vez, para propósitos electorales y como reclutador de mano de obra para esas empresas".
"Si el trabajador no vota al candidato por el que debe votar, no lo llevarán a la próxima campaña de trabajo temporario. El voto secreto no existe allí: los sacan de la casa, los llevan al lugar de votación y los traen de nuevo, bajo absoluto control de quién vota a quién", explicó Ledesma. "Loreto es la denominada ciudad-puerto, desde donde sale una población de unos 28.000 trabajadores golondrina." Además de la desflorada de maíz, para las grandes cerealeras, estos trabajadores "son llevados a las cosechas de arándano, espárrago, aceituna, en Entre Ríos, Chaco, Formosa, Catamarca, La Rioja, Salta. En estos casos, se trata de empresas nacionales y la contratación es ‘en negro’".
La actividad de los trabajadores rurales temporarios se rige por la ley nacional 24.248, que data de la última dictadura militar y cuyo artículo 84 –"Los diferendos que se suscitaren no podrán dar lugar a la paralización del trabajo"– les niega el derecho de huelga que garantiza la Constitución nacional. La investigación de Desalvo observa que "los trabajadores del desflore no se hallan organizados sindicalmente. La Uatre, que reúne a los obreros rurales, no ha hecho nada por ellos. El trabajo, al ser temporario y fuera de la provincia en la que viven, fomenta la dispersión y el individualismo". En realidad, el poder de la organización colectiva, a través del sistema de puntaje por cuadrillas, es aprovechado por los patrones: "Cada trabajador se desespera por terminar rápido, en el riesgo de que su cuadrilla no llegue a los 10 puntos y, en vez de volver con 600 pesos por los 15 días de trabajo, por culpa de él vuelvan con 400 –observó Ledesma–. Se autoconvence de que fue por su lentitud, o por haberse quejado o haber protestado, que sus compañeros no van a cobrar. Esto es lo más doloroso".
6 de enero de 2011
5 de enero de 2011
©página 12
rss

clausuran finca por trabajo esclavo


En el campo, las espinas son para los trabajadores rurales. La Justicia allanó una estancia en San Pedro, donde 69 trabajadores eran presuntamente reducidos a condiciones de servidumbre. Detuvieron a un directivo de la empresa y a cuatro capataces.
[Leonardo Rossi] Argentina. "Estamos prácticamente abandonados, esto no es justo", dijo con rabia uno de los 69 hombres que trabajaba a destajo en la estancia La Luisa, ubicada en el paraje Beladrich, en San Pedro. En este campo de 400 hectáreas residía en forma temporal un grupo de campesinos santiagueños sometidos a condiciones de insalubridad, presumiblemente reducidos a servidumbre. El caso se enmarca en la investigación por hechos conexos con el delito de trata de personas en establecimientos rurales, que desde diciembre pasado encabeza el fiscal de la UFI 6 de San Nicolás, Rubén Darío Giagnorio. A partir de este trabajo del fiscal fue descubierta la explotación de obreros rurales efectuada por la multinacional Nidera –como reveló Página/12 el domingo pasado–. En este caso, la empresa infractora es Southern Seeds Production SA (SSP), con sede en Arrecifes. Uno de los dueños de la compañía, Alfredo Montealegre, quedó demorado, junto a cuatro capataces. Los cinco serán indagados hoy por el fiscal. Por su parte, el Ministerio de Trabajo bonaerense dejó clausurado el establecimiento.
Los trabajadores, que llegaron en dos tandas el 15 y el 29 de diciembre pasado, desfloraban maíz todos los días, durante 12 horas. Según constató Página/12 durante el operativo, para dormir contaban con unas 30 camas cuchetas ubicadas dentro de una carpa de lona. Además, no tenían baños ni luz. Los alimentos perecederos eran conservados a la intemperie. El agua para bañarse la trasladaban en tachos de agrotóxicos. "Desde que están allí jamás vieron un médico. Varios sufrieron diarrea y a uno lo afecta un tumor. Además, no sabían en qué lugar geográfico se encontraban", dijo el fiscal a este diario. Todos habían sido traídos desde sus pueblos, en Santiago del Estero, con la promesa de buenas condiciones de trabajo, en comparación con las que los tienen acostumbrados.
Los campesinos no podían salir de la estancia porque corrían riesgo de que todos perdieran el empleo. Si utilizaban más alimentos de los que tenían asignados –una bolsa de 25 pesos por día, les decían los capataces– se les descontaba el excedente del sueldo, que era de 1100 pesos por hectárea desflorada. Los cálculos de los trabajadores indican que eso requiere de ocho días de trabajo. Pero dicen que entre los descuentos alcanzarían a sacar entre 500 y 800 pesos por hectárea. Todo eso según los cálculos, ya que hasta ahora no habían cobrado nada. También debían pagarse los pilotos, guantes o calzado que necesitan para realizar su tarea.
El fiscal se acercó al establecimiento poco antes de las seis de la mañana. Alertados por los procedimientos previos, los dueños se llevaron del lugar a dos menores que estaban en la actividad –que ya estarían en sus casas, en Santiago, según sus familiares–. "También pusieron, en la madrugada (de ayer) un baño químico y compraron faroles a kerosene", relataron los trabajadores a Página/12. Todo el resto se mantuvo igual.
Abrumado por el cuadro que encontró, el funcionario judicial sostuvo: "El objetivo es que la gente se vaya a Santiago con la plata que le deben". Y recalcó: "La víctima no debe seguir trabajando con el victimario".
Con la llegada de Giagnorio comenzó a intervenir un equipo de la Policía de Investigaciones bonaerense, que se dedicó a recabar datos de los empleados y empleadores. Además se dispusieron móviles para llevar a las personas con afecciones de salud a un centro sanitario de San Pedro. Por su parte, el Ministerio de Trabajo provincial también hizo sus actas, en las que dejó constancia de las irregularidades en materia sanitaria.
Organizados en ronda, los trabajadores agrarios hablaron con este diario. "La empresa se aprovecha. Ni siquiera nos dan pilotín para trabajar los días de lluvia. Si querés uno te lo venden a 160 pesos", precisó Carlos. "Allá (en Santiago del Estero), cuando te contratan, te prometen de todo; llegas acá y no hay nada", se quejó otro. También aseguraron que no pueden irse de la finca. "Si se escapa uno, paga la cuadrilla", era la amenaza patronal. Más allá de los cuatro capataces que coordinaban los grupos de trabajo, nunca veían a los dueños de la empresa. Sólo iba todos los días un proveedor a llevar las bolsas con comida, que incluían fideos, arroz, salsa de tomate, pan, cebollas y papas. También les daban carne, que debían mantener en antiguas fiambreras, que sólo sirven de protección ante las moscas.
Los capataces que ahora se encuentran demorados son Víctor Barreto, Elio Ullua, Héctor Herrera e Isamel Ibarra. Ellos trabajaban en el campo, pero eran el aparente nexo con los dueños de SSP, ya que por los relatos de los campesinos estas personas los reclutaban en sus lugares de residencia. Estos hombres les prometieron trabajo en la desflora de maíz, pero con condiciones más dignas de las que resultaron.
El viceministro de Trabajo de la provincia, Carlos Molina, encabezó el procedimiento de esa cartera en La Luisa. "Esto se tiene que cortar", manifestó el funcionario. Admitió, sin embargo, que la operatividad del ministerio es insuficiente para esa campaña. "Somos conscientes de que con nuestra capacidad es muy difícil llegar a descubrir estos casos. Hay que estimular las denuncias." Molina atribuyó la proliferación de esta modalidad de empleo precario a los "muchos años en los que todo se libró al mercado".
Luego de que Trabajo relevara a los empleados precarizados, el establecimiento quedó clausurado "porque incumple las normas de seguridad e higiene". Respecto del registro de los trabajadores, la empresa tiene hasta el jueves de la semana próxima para presentar toda la documentación al ministerio. Hoy se realizará una audiencia en la sede regional de San Pedro de la cartera laboral para intentar que la empresa pague a los trabajadores los salarios por lo realizado hasta la fecha. Luego el ministerio se encargará de que los jornaleros cuenten con un micro que los traslade a su provincia. Por otra parte, el fiscal avanza en la causa penal que involucra a los dueños de la empresa y a los reclutadores. "Las penas para este tipo de delito van de tres a quince años de prisión", explicó Giagnorio.
Con el operativo casi consumado, se hizo presente Mario Bentolila, un abogado que dijo representar a SSP. "Los trabajadores están todos legalmente registrados y sus salarios están por encima del convenio sindical", le dijo a Página/12 el letrado. Bentolila intentó negociar con el fiscal y el viceministro de Trabajo la continuidad de las actividades de La Luisa. "En cuatro días se pierde la siembra. Necesitamos con urgencia la mano de obra." De forma contundente, el fiscal le respondió: "Me parece importante la pérdida económica para que no vuelva a ocurrir. La empresa tiene una enorme ganancia superior a lo que debiera por la explotación que realizan de los trabajadores. Si el negocio no les sirve, que cierren".
6 de enero de 2011
5 de enero de 2011
©página 12
rss

restricciones en causa díaz bessone


La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia presentó un escrito para que el Tribunal Federal Oral revea la decisión de pedirles sólo una firma semanal a cinco de los acusados en el proceso por delitos de lesa humanidad.
Argentina. La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicitó a la justicia federal que "se adopten medidas restrictivas en relación a los imputados en la causa Díaz Bessone, que durante feria judicial de enero sólo deberán presentarse una vez a la semana ante el Patronato de Liberados de la provincia". Se trata de José Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara, José Scortechini y Ricardo Chomicky, quienes no se encuentran detenidos por decisión judicial.
El escrito judicial -firmado por el titular del programa, Daniel Boccoli, y por el subsecretario de Derechos Humanos zona sur, Angel Ruani- consigna que la decisión del tribunal "ha provocado un estado creciente de inquietud entre los testigos víctimas, muchos de los cuales han ingresado a nuestro Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos y Querellantes, y esta nueva situación puede afectar su seguridad y su integridad física y psíquica, impidiendo o restringiendo la posibilidad de brindar libre y autónomamente su declaración testimonial durante el desarrollo del juicio".
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, realizó esta presentación en los tribunales federales de Rosario en la que solicita medidas a raíz de la modificación del régimen de control de la mayoría de los imputados en la causa Díaz Bessone, quienes se encuentran excarcelados.
El fundamento de la presentación es "garantizar la seguridad y los derechos de los testigos y querellantes", muchos de los cuales han ingresado al programa provincial de protección.
En la denominada causa Díaz Bessone, ex Feced, se investiga el accionar del terrorismo de Estado en la región. El debate oral comenzó en julio del año pasado y está previsto que se extienda durante varios meses más durante 2011.
El escrito se interpuso ante el Tribunal Oral Federal N? 2 de Rosario el 30 de diciembre, luego de que la justicia notificara formalmente a la Secretaría de Derechos Humanos que todos los imputados en la causa (excepto Ramón Díaz Bessone) deben presentarse a la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria (ex Patronato de Liberados) para su control solo una vez por semana durante el mes de enero.
Este último requerimiento se suma a otros anteriores efectuados por la Secretaría de Derechos Humanos para que el tribunal disponga medidas restrictivas en relación a los imputados, incluso la detención, de modo de garantizar la realización del juicio. En esta oportunidad, además, las autoridades provinciales citaron y destacaron el reciente fallo de la Corte Suprema de la Nación, del 28 de diciembre pasado, que en la causa por delitos de lesa humanidad caratulada "Morales, Domingo" ordena revocar la excarcelación por las características personales del imputado y las circunstancias de los hechos juzgados.
6 de enero de 20115
5 de enero de 2011
©página 12
rss

juicio sigue en enero


Habrá audiencias en enero. El juicio por la ESMA sigue a pesar de la feria.
Argentina. El Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5) realizará durante el mes de enero dos audiencias en el juicio oral y público en el que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada durante la última dictadura militar. En el banquillo de los acusados están, entre otros, los represores Alfredo Astiz y Jorge ‘el Tigre’ Acosta.
En este proceso se juzgan diversos tramos de la "megacausa ESMA" que tramitó el juez federal Sergio Torres y que fue reabierta tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final y ya declararon ante los magistrados más de un centenar y medio de testigos.
Se estima que resta escuchar las declaraciones de alrededor de ocho decenas de testigos, entre ellos sobrevivientes de ese centro clandestino de detención que funcionó en lo que debía ser un instituto de capacitación naval y por el cual, se estima, pasaron cuatro mil prisioneros ilegales.
Junto a Astiz y Acosta también son juzgados los represores Juan Antonio Azic, Carlos Capdevilla, Ricardo Miguel Cavallo, Julio César Coronel, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Manuel García Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Oscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller, Néstor Omar Savio y Ernesto Weber.
6 de enero de 2011
5 de enero de 2011
©página 12
rss

trabajaban con esclavos


El reclutamiento de mano de obra esclava en Santiago y Tucumán. El fiscal que investiga el caso de reclutamiento de trabajadores en condiciones paupérrimas, informado por Página/12, sigue la pista de una organización criminal. Denuncian que traen gente desde Santiago y Tucumán, en convenio con las empresas.
[Pedro Lipcovich] Argentina. "Hay por lo menos una organización criminal dedicada a reclutar personas con destino a trabajo esclavo, no sólo para Nidera, sino para otros establecimientos rurales", sostuvo el fiscal cuya investigación permitió liberar a 120 personas que habrían estado reducidas a servidumbre en un campo de aquella firma. Las organizaciones operarían en las provincias de Santiago del Estero y de Tucumán y estarían en contacto con empresarios rurales de, por lo menos, las provincias de Buenos Aires y Mendoza. El ministro de Trabajo bonaerense admitió que "periódicamente detectamos casos como éste". La titular de la Oficina de Trata del Ministerio de Justicia explicó que "reclutan gente que no tiene para darles de comer a sus hijos" y, en cuanto al caso Nidera, contó que "lo que encontramos en ese establecimiento fue peor que lo imaginable". Las víctimas ya regresaron a Santiago del Estero y es el turno de que las autoridades de esa provincia les provean de asistencia económica y social. En tanto, la empresa Nidera negó a través de un comunicado que hubiera contratado trabajadores en negro y dijo que puso la documentación a disposición de las autoridades.
El fiscal Rubén Darío Giagnorio –a cargo de la UFI 6 de San Nicolás– confirmó que "las 120 personas, que vivían en condiciones infrahumanas en el establecimiento rural de la firma Nidera, ya regresaron a sus domicilios en Santiago del Estero: ahora empieza la segunda etapa, donde las autoridades de esa provincia deben hacerse cargo de la asistencia social de estas personas". A partir de la investigación del fiscal, el 30 de diciembre –tal como dio a conocer Página/12 el domingo pasado– el Ministerio de Trabajo bonaerense concretó un procedimiento en un predio de Nidera, próximo a San Pedro; allí, además, se detectaron alimentos procedentes de los planes sociales de la provincia, que habrían sido indebidamente comercializados.
"Hasta el momento, los responsables son dos ingenieros que trabajan para esa empresa" (Nicolás Martínez Allende y Diego Carballo, a cargo del predio de San Pedro y de la supervisión del trabajo). Ambos fueron indagados y luego excarcelados. "La investigación continúa", advirtió el fiscal Giagnorio, y contó que, "según el testimonio de los trabajadores, habían sido contactados por Nidera a través de contratistas". El fiscal estimó que "en Santiago del Estero hay todo un sistema de reclutamiento, lo cual permite hablar de una organización criminal".
"Se trata de organizaciones dedicadas a reclutar y reducir a servidumbre para distintas empresas", señaló el fiscal, e insistió en que "en la zona agrícola de San Pedro hay quizá mil personas en esa misma situación". Giagnorio anticipó para esta semana "nuevas medidas probatorias", que podrían efectuarse en Santiago del Estero.
Oscar Cuartango, ministro de Trabajo bonaerense, subrayó "el expreso reconocimiento de que nuestra participación en el operativo fue a partir de la investigación efectuada por el fiscal Giagnorio". Por lo demás, "periódicamente detectamos casos como éste. Nuestra provincia tiene extensiones inmensas donde estos hechos pueden pasar desapercibidos. Sí hemos alcanzado un nivel satisfactorio de control en la cosecha de cebolla, que se efectúa en febrero: se concentra en una zona no muy extensa, la de Villarino, en el sur de la provincia, y hubo gran colaboración de las cámaras empresarias y las autoridades municipales".

–¿Quiere decir que en otras zonas de la provincia no se logra esa colaboración? –preguntó Página/12.
–No quise decir eso, sino que en este caso hubo una colaboración muy fuerte –contestó Cuartango.

Zaida Gatti –titular de la Oficina de Rescate a Damnificados por la Trata, del Ministerio de Justicia de la Nación– comentó que "aunque los lugares donde encontramos a las víctimas de trata nunca son agradables, lo que encontramos en el establecimiento de Nidera fue peor que lo imaginable".
La funcionaria recordó "casos similares, como el de Baradero, el año pasado: las personas habían sido llevadas desde Santiago del Estero para la cosecha de papas. Son organizaciones que traen a la gente en grupos grandes, cuadrillas. También pueden venir de Tucumán o de Bolivia".
El primer contacto lo hace alguien de su misma localidad. Ya en el lugar de trabajo, una herramienta disciplinaria es "el puntaje a la cuadrilla": para cobrar según convenio el grupo debe obtener diez puntos, el máximo, y para esto hay que trabajar hasta 14 horas, no tomarse días de descanso o aceptar condiciones de hacinamiento: la "indisciplina" de uno de los miembros hace caer el puntaje de todos.
Ángel Strapazzón, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), aseguró que "los contratistas son locales: operan bajo la vista gorda de la Justicia santiagueña, que tampoco actúa contra la trata sexual, y tienen protección política. Reclutan gente para la desflorada del maíz, en la provincia de Buenos Aires, como para la zafra del poroto en Salta. Actúan de acuerdo con grandes empresas, multinacionales como Nidera, pero también nacionales".
Diego Montón –de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza– agregó que "también en la cosecha de la vid hay muchos trabajadores traídos de Tucumán, Santiago o Bolivia: viven en carpas, sin luz, sin agua. Esto se denunció muchas veces pero, cuando el Ministerio de Trabajo manda la inspección, nunca se detecta nada: como si alguien le avisara al empresario que está por llegar la inspección, de la que suelen estar enterados los representantes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales" (Uatre, dirigida por Gerónimo ‘Momo’ Venegas).
4 de enero de 2011
©página 12
rss

fallo a favor de la despenalización


"No implica un daño al orden y la moral pública". Un fallo ratificó la despenalización de la tenencia para consumo personal.
Argentina. La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de un joven que había sido sorprendido por la policía fumando marihuana en cercanías del cementerio de Chacarita. Los jueces afirmaron, como ya lo había hecho la Corte Suprema, que el artículo de la ley de Drogas que reprime el consumo personal de escasas cantidades de droga es "inconstitucional".
La Sala Primera de la Cámara Federal, con las firmas de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah, ratificó que el artículo de la ley de Drogas que reprime el consumo personal de escasas cantidades de droga es "inconstitucional".
En consecuencia, consideraron -en sintonía con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el denominado "Caso Arriola"- que el consumo no es delito.
La causa llegó a la Cámara después de que el juez federal Daniel Rafecas sobreseyera al joven y el fiscal y ex ministro de Seguridad bonaerense Carlos Stornelli apelara la medida.
Los camaristas consideraron que el consumo personal sólo es punible cuando es realizado con "ostentación y trascendencia", de modo tal que tenga implicancias para terceros. En el caso, el joven estaba solo y fumando un cigarrillo de marihuana del mismo modo que pudo haber estado consumiendo uno de tabaco.
"La tenencia de sustancias estupefacientes para el propio consumo del tenedor constituía una conducta incapaz, por sí misma, de conectarse con un resultado lesivo para otros, por cuanto no implicaba un daño al orden y la moral pública ni involucraba un perjuicio para terceros", dijo el fallo.
3 de enero de 2011
©página 12
rss

habló ricardo cabello


Ricardo Cabello, sobreviviente de El Vesubio, recordó el horror y rescató la militancia. "Demostré que los destruidos son ellos". A Ricardo ‘Yilio’ Cabello lo secuestraron en Bernal el 25 de agosto de 1977, cuando tenía 15 años. Empezó a militar en la Juventud Peronista, luego en Montoneros y finalmente en el ERP. Su historia fue crucial para condenar a un penitenciario.
[Alejandra Dandan] Argentina. Dice que hay una imagen que lo persiguió en los sueños durante años. Veía a sus compañeros sentados alrededor de una mesa larga, rodeada de árboles, los platos de un asado, las caras radiantes. Las primeras siempre eran más visibles. En cada uno de los sueños aparecían las caras de los compañeros secuestrados en el Vesubio. Con el paso del tiempo, las caras se iban diluyendo pero el sueño continuó hasta que volvió a pisar las ruinas del viejo centro clandestino rodeado por aquellos árboles de los sueños. El siempre se preguntó por qué habiendo tantos árboles soñaba esa mesa anclada abajo del sol. Y todavía se pregunta lo mismo, ahora muchos años más tarde.
Ricardo Cabello perdió las pistas de muchos de esos compañeros apenas dejó El Vesubio, y entre ellos perdió a varios compañeros de su barrio. En Las Cañadas, ese espacio de tierra todavía arrasada de Bernal, no quedan más que las marcas de un territorio esquirlado por los golpes de la dictadura militar. Yilio, como le dicen a Cabello en su barrio, construyó su casa arriba de la de sus padres, el lugar donde lo secuestraron la noche del operativo del 25 de agosto del ‘77, cuando tenía quince años; el lugar hoy es una casa llena de muebles viejos pero cerrada, donde baja a trabajar con soldaduras cada tanto: cuando la superficie no queda abajo de las crecidas de las napas de agua. A unas cuadras, los sobrevivientes de las esquirlas levantaron una plazoleta en memoria de las decenas de militantes de la Juventud Peronista, de Montoneros y del ERP que vivían en el barrio y trabajaban en las fábricas vecinas. Ahora los nombres son agujeros, pero de alguna manera potencian las entrañas de las casas.

Yilio se sienta a una mesa que balconea sobre ese barrio adonde ahora hay agua y luz pero todavía no llegaron las cloacas. Todo está casi como entonces, su casa era tan pobre como ahora, los secuestradores entraron por atrás porque el dinero les había alcanzado sólo para cerrar la parte de adelante, pero no había paredes por atrás.
Su declaración de testigo en el juicio oral por los crímenes del Vesubio reforzó la acumulación de pruebas en contra del jefe penitenciario de una de las guardias. Su caso no forma parte de esta etapa del juicio, pero buscó la forma de declarar: "Tenía una promesa que cumplir –dice–: y nadie tiene la vida comprada, eso me parece fundamental y después, el deseo de poder sacarme todo esto de encima que en realidad es a medias, porque uno no se lo saca de encima". Esa promesa era una deuda que contrajo dentro del campo con Walter Hugo Manuel Prieto –un compañero desaparecido– por una golpiza de Sapo o Saporiti: le dijo que si en algún momento lo llegaba a tener adelante, le iba a romper los huesos. El juicio lo puso adelante. Yilio no le rompió los huesos a Roberto Zeolitti, pero lo hundió.

Las Cañadas de los Pobres
Yilio empezó a militar en la Juventud Peronista de contrabando porque como era chico no lo dejaban. En la casa eran cinco hermanos, el padre, la madre y una abuela. "Pasamos una infancia bastante dura, mi papá se enfermó de la cabeza, no había ningún tipo de cobertura social, sí atención en los hospitales o colegios gratis pero había que parar la olla y los remedios de mi viejo llevaban más de lo que se ganaba con toda la familia trabajando." A los siete años empezó lavando copas en los bares hasta que se dio cuenta de que no le servía de mucho y se hizo un carrito para juntar botellas, huesos y vidrios: "Lo que viniera y zafaba mucho mejor sobre todo el fin de semana: parece mentira, serían chirolas, pero para esa época nos permitía parar un día la olla".
El padre se había roto la cabeza de tanto encorvar la cabeza sobre el calzado. "Fue duro, pero como fue duro en este barrio que era muy humilde, por eso el trabajo social que empezó a hacer Montoneros para hablar claro, con la JP fue muy importante: le empezó a abrir los ojos a la gente que se podía organizar, que se podía mejorar su vida colaborando o trabajando con el de al lado y eso nos abrió las expectativas y cambiar la realidad que era bastante triste."
Los padres eran chilenos pero no militaban. El que empezó a militar fue Nelson Valentín Cabello, uno de sus hermanos, hoy desaparecido: "En una familia donde hay tantas necesidades y el padre está enfermo, es muy probable que cada cual agarre para su lado, sin embargo mi hermano nos enseñó a ver la vida diferente: no vivía acá, era un plato menos, trabajaba 13 o 14 horas por día en un taller de costura de calzado, y llegaba un día sábado y se ponía el delantal de mi vieja, y para aquella época cualquiera pensaría que era trolo porque acá los tipos era unos machos bárbaros: se emborrachaban, y era normal ver correr a una mujer y el tipo atrás mamado totalmente".
Nelson Valentín había empezado a militar en el ERP, ese espacio político al que Yilio se sumó cuando dejó Montoneros. A su hermano lo secuestraron el 9 de abril de 1976 y Yilio fue el único que fue quedando y se quedó en el barrio cuando sus compañeros empezaron a desaparecer. En 1977, la casa estaba "limpia" y era un refugio para los que volvían clandestinos a visitar a los padres.

"Su Hijo Es Montonero, Señora"
"Yo estaba durmiendo acá abajo, siento golpes en la puerta: cuando intento levantarme ya tenía dos tipos apuntándome con armas." Serían unos diez, unos por adelante otros por atrás. Yilio tenía un reloj, le dijeron que si quería podía llevarlo: "Teníamos una sola cama, yo tenía sofá cama, y una sola pieza para dormir, y yo dormía afuera, y bueno, me puse el reloj contento, sabía lo que me esperaba, pero no que me iban a chorear ni bien pasara la puerta".
Le pegaron culatazos afuera. Los que comandaban el operativo le dijeron a su madre: "Su hijo es montonero, señora". Yilio pensó que se habían confundido porque él a esa altura era del PRT, pero no dijo nada. Lo pusieron en el baúl, hicieron unas paradas y en la ruta observó que estaba amaneciendo por los agujeros del baúl preparado para secuestrar. Notó unos palitos de los árboles en el suelo cuando ya estaba en lo que años después supo que era El Vesubio.
"Un lugar bastante desagradable –dice–. Llegué justo para la comida, asco daba: era arroz crudo, tenía pimentón porque era algo colorado el caldito que en realidad era agua tibia que le enchufaron al arroz, y tenía unos pedacitos de achuras: cuando me lo pusieron cerca casi me volteó, era maloliente, un asco... Yo no podía tomar líquido ni nada porque estaba muy torturado... Ahí pasé 45 días."
No se acuerda ni del ruido de los perros, sí de vacas o que había una pileta a la que nunca vio: "Sí pájaros. Mientras yo estuve, una sola vez desinfectaron con acaroína, pero no nos sacaron afuera para nada: pasaron un trapo y otra vez la colchoneta".
En la tortura le preguntaron por tres compañeros: Lalo Garzón, hoy desaparecido; Paulino Acosta, que hacía un par de años se había ido, y el Flaco Palito, un militante del que no sabía el apellido y nunca lograron agarrar. "Pero era un trabajo psicológico y tenían muy buena información –dice–; cuando terminaron de torturarme, habrán pasado tres o tres horas y media, como vieron que a golpes no me iban a sacar nada, no sé si no tenían un psicólogo, comienzan a hacer una tortura más bien psicológica."
Alguien que todavía no está identificado, llamado El Vasco, sacó una pistola. Le dijo que era como Dios, que hacía lo que quería, que mataba a cualquiera.

–Yo te voy a demostrar que nosotros somos mucho más vivos que ustedes –le dijo–. ¿Vos viste que en tu barrio andan diciendo que Chaelo está muerto?
–Sí, está muerto –dijo él como para decir algo, para que no le pegaran más.

–¿Viste que sos un boludo? ¡A Chaelo lo tenemos nosotros!
–No, mentira –respondió–. Chaelo está muerto.

–¡Son unos tarados ustedes! ¡Nosotros nos reímos de ustedes! Los agarramos cuando queremos.
–Mentira: Chaelo está muerto, todo el mundo lo sabe –repitió.

–Bueno –le dijo el represor–, ahora te voy a demostrar que no está muerto.
Chaelo estaba secuestrado en El Vesubio. Cuando lo pusieron adelante de Yilio, le dijo que no tenía nada que ver. Lo abrazó fuerte y, en cuanto pudo, le dijo algo al oído: "Que no te conecten con el ERP, deciles que sos de la JP". Yilio no sabía por dónde venía la mano: "Después entraron, me siguieron torturando un poco más y les dije que había sido de la Juventud Peronista, y pararon". Se fueron todos menos El Vasco: "Volvió a prender la picana y me siguió torturando un poco más de diez o quince minutos sin preguntas ni nada, solamente torturándome: me habían quemado las piernas, estaba hecho hilachas, los testículos eran dos pelotas de fútbol y me dice: `Esto es para demostrarte que acá torturamos todos`".

El Final
El presidente del Tribunal Oral Federal 4 le preguntó si quería decir algo más. Y él lo dijo: "Les dije que yo era un tipo feliz, que continuaba mi militancia, que siempre había seguido militando; que formo parte de una agrupación que lleva el nombre del responsable mío en el ERP, Enrique Rolón, y que esa agrupación integra el Frente para la Victoria. Que ellos están ahí, que a mí nadie me perseguía, que eran presos, que eran reos... más o menos esas palabras porque yo considero que lo que pretendieron fue destruirme. Quise demostrarles que a mí no me habían destruido, que los destruidos eran ellos".
3 de enero de 2011
©página 12
rss

embargan a militares procesados


Muchos de los condenados no saldrán nunca de la cárcel. Castigo no por ejemplar, menos merecido.
Argentina. El juez federal también decidió embargar los bienes de Fariña por $2.550. 000.; los de Amelong por $ 2.400.000; los de Guerrieri, por $ 2.650.000, igual cifra por los de Marino Gonzalez. Los bienes de Porra los embargó por $ 1.550.000 ; los de Pelliza $ 1.450.000; los de Costanzo por $600.000 ; los de Pagano por $750.000; los de Cabrera por $600.000; los de López por $ 750.000 y los de Roscoe por $ 600.000.
De igual modo Bailaque comunicó a las autoridades del penal de Marcos Paz donde están detenidos Amelong, López y Pagano, a las del penal de Campo de Mayo donde están alojados González y Fariña, al Instituto Carcelario Francisco Luchese de Córdoba donde está detenido Cabrera. Y a las autoridades provinciales para tomar los recaudos sobre Costanzo, Pelliza y Porra con arresto domiciliario, al igual que Guerrieri en Buenos Aires y Roscoe en Misiones.
2 de enero de 2011
©rosario 12
rss