argentina

satisfacción por condenas en 2010

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Un 2010 con satisfacción por las condenas y preocupación por las demoras. Un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por delitos de lesa humanidad destacó que durante el año pasado se elevó la cantidad de represores condenados, llegando a 19 juicios concluidos con 110 condenas y nueve absoluciones.

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Argentina. La cantidad de represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar se incrementó significativamente durante el año pasado, elevándose esa cifra a casi dos centenares de imputados por gravísimas violaciones a los derechos humanos.
El informe suministrado por la "Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado" incluye las últimas estadísticas hasta el 29 de diciembre de 2010. En él se destaca la preocupación por las excarcelaciones de acusados.
El relevamiento señala que en 2010 concluyeron 19 juicios en los que se juzgó a 119 represores, con 110 condenas y nueve absoluciones, en tanto recuerda que hasta 2008 se había condenado a 68 personas, mientras que al finalizar 2009 ese número ascendió a 98 y el año pasado la cifra de condenados aumentó a 196.
"Los avances logrados durante este año muestran que ha aumentado a 820 la cantidad de personas procesadas, de las cuales 353 ya tienen al menos una causa en etapa de juicio", indica el trabajo, y añade que "a su vez existen requerimientos de elevación a juicio de 160 personas procesadas".
Entre los condenados están los máximos militares que realizaron el golpe el 24 de marzo de 1976, encabezados por el dictador Jorge Rafael Videla y sus comandantes de las diversas áreas en que se dividió el país durante el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".
El informe no oculta su preocupación porque de 196 condenados que hay hasta el momento "sólo 41 de ellos registran condenas firmes" y el resto está "en instancias de revisión (recursos ante la Cámara Nacional de Casación Penal o la Corte Suprema de Justicia)".
"El seguimiento de los recursos frente a las sentencias dictadas por los tribunales orales indica que existen importantes demoras, particularmente en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal", advierte el documento de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento.
Allí también se aclara que "a fines del año 2009 la proporción de procesados en situación de libertad era de 29,50 por ciento" mientras que "en la actualidad ese porcentaje se incrementó a un 42,79 por ciento" pese a que la mayoría de ellos (58 por ciento) "son personas menores a los 70 años".
"Esta disminución en la proporción de los procesados que se encuentran con prisión preventiva se explica, principalmente, en el cambio de criterio de algunos tribunales -particularmente, la Cámara Nacional de Casación Penal- acerca de la evaluación de los riesgos procesales que justifican la prisión preventiva", afirma el texto.
En esa línea, enfatiza que "este fenómeno es notoriamente perceptible durante el último año, cuando se ha dictado la excarcelación de una gran cantidad de personas" fundamentalmente por parte de la Cámara de Casación.
"En la mayoría de los casos, esto (las excarcelaciones de los represores) ha ocurrido pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal. Varios planteos en este sentido fueron llevados a la Corte Suprema de Justicia" que revocó "numerosas sentencias excarcelatorias dictadas por la Cámara de Casación".
10 de enero de 2011
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apropiación del agua

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La apropiación privada del agua de riego obligó a los campesinos residentes a buscar trabajo fuera de sus pueblos.

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[Pedro Lipcovich] Argentina. "Si tuviéramos agua para trabajar las tierras, no iríamos a trabajar a otras provincias", dijo a este diario el atuniyku ñauque (en quichua: jefe de todas las comunidades) Tito Óscar Zurita, que representa al pueblo diaguita cacano de Santiago del Estero: "Pero no tenemos agua para regar, ni siquiera suficiente para tomar". La atuniyku (jefa de una comunidad) Ramona Pajón, representante de los diaguitas de Atamisqui, aclaró que "agua hay, pero es para los empresarios". La anciana doña María, madre de Ramona, recordó que "cultivábamos trigo: entre los vecinos, compartíamos los caballos para la trilla, y había un molino. Pero se dejó de hacer porque no venía más agua".
Según el sociólogo Reinaldo Ledesma, quien investiga en la zona, "el agua empezó a faltar desde que, en la década de 1950, se construyó el dique sobre el río Hondo. Después se hizo un sistema de canales interiores que beneficia a terratenientes cuyos campos están ubicados estratégicamente".
Además, "el tema de la tierra está jodido –agregó el atuniyku Zurita– por la llegada de los empresarios cordobeses". Ledesma señaló que el conflicto se inscribe "en la expansión del cultivo de la soja: en Córdoba, los empresarios reemplazan el ganado vacuno por soja y necesitan tierra para llevar las vacas; entonces, pretenden las tierras ancestrales de las comunidades. Estas, por lo demás, para preservar su propio hábitat, son las únicas que han evitado la deforestación, especialmente en la zona de El Alto, cerca de Villa Atamisqui: esos bosques son el único precario recurso que evita la extensión de las salinas, en un ecosistema que, aun sin la depredación causada por el hombre, es frágil".
También autoridades municipales de Villa Atamisqui reconocen la falta de agua para riego como uno de los determinantes de la generalización del trabajo rural migrante.
10 de enero de 2011
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explotan a trabajadores golondrina

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Pagina/12 en Atamisqui, con los trabajadores rurales golondrina. "No nos dicen adónde vamos ni cuánto ni cómo nos van a pagar". En el corazón árido y salitroso de Santiago del Estero están Atamisqui y otros pueblos donde son contratados los trabajadores golondrina, como los que tenían Nidera y otras empresas en condiciones infrahumanas en la zona de San Pedro.

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[Pedro Lipcovich] Santiago del Estero, Argentina. "Ni siquiera sabemos cuánto nos van a pagar la hora." "Ni siquiera sabemos cuántos días vamos a trabajar." "Ni siquiera sabemos cuándo vamos a volver." "Cuando alguien se quejó, castigaron a toda la cuadrilla." Estos son los reclamos centrales que Página/12 escuchó en sus reuniones directas, extensas y reservadas con decenas de trabajadores rurales temporarios que, desde Villa Atamisqui –la población más antigua de Santiago del Estero– parten, desde hace décadas, al desflore del maíz y otras actividades rurales temporarias en distintas provincias. Su testimonio sobre las durísimas condiciones en que trabajan se transmitió bajo esa forma de expresión tan santiagueña, donde la gravedad se funde con una discretísima ironía. En esos términos presentan un cuadro en el que distintos empresarios agropecuarios, extranjeros y argentinos, han logrado transferir a los trabajadores, hasta extremos inauditos, el riesgo correspondiente a quien invierte el capital. Lo han logrado, hasta ahora –a partir de los datos que aporta Villa Atamisqui–, mediante el aprovechamiento de una serie de factores: la falta de otras oportunidades laborales en la región, determinada a su vez por la apropiación de un recurso clave como lo es el agua para riego; la absoluta ausencia del sindicato que debería representarlos; la falta de disposición o de capacidad de los poderes públicos para generar y aplicar una legislación que contemple esta modalidad de trabajo; y, también, es cierto, por no haber podido efectivizar estos trabajadores una respuesta colectiva, sin perjuicio de los chispazos de resistencia de los que, también, el presente testimonio dará cuenta.
Los habitantes de Villa Atamisqui cuentan con orgullo que su pueblo, de 3000 habitantes, a unos 120 kilómetros al sur de la ciudad de Santiago del Estero, fue fundado en 1543, diez años antes que la capital de la provincia. Acá, y en comunidades rurales del área circundante, se realizaron los encuentros de Página/12 con los trabajadores rurales temporarios. En casi todos los casos, por motivos que la lectura de esta nota hará evidentes, se acordó reserva sobre los datos personales de los entrevistados.
"En octubre fui a Salta, al desflore para Monsanto –contó uno de los trabajadores–. Nos contrató el ‘Emi’ Jiménez." Emilio Jiménez es el principal de los reclutadores que en Villa Atamisqui, como en otros lugares de Santiago del Estero, se encargan de reunir gente para trabajos rurales temporarios en otras provincias. Jiménez está en relación con la firma de trabajo temporario Manpower, que, a través de su filial Ruralpower, se vincula a su vez con las empresas agrícolas. Jiménez es seguramente el hombre más odiado y más necesitado de la zona.
Continúa el que fue al desflore de Monsanto: "Antes de ir no nos dijeron cuánto nos iban a pagar. No dicen antes. Se sabe que es por hora pero no cuánto por hora. Uno se da idea por lo que cobró el año pasado".

–¿Y si preguntan ustedes? –pregunta el cronista.
–Somos muchos y no hay acuerdo de preguntar –contesta otro trabajador–. Ellos tendrían que decir.

–En ese viaje ganamos 1650 pesos por 22 días de trabajo –agrega otro trabajador–. Tenía que haber sido más pero no nos pagan las horas extras: en el desflore trabajás 12 horas por día porque, mientras que apure la flor, hay que darle, para salvar los lotes. Pero las extras las hacen figurar como si fuesen horas comunes en días que no hemos trabajado.

Explican entonces que, cuando llueve o la flor todavía no brotó, no se trabaja y "esos días no los cobramos". La modalidad de pago no es uniforme, ya que las empresas pueden pagar por hora o por hectárea desflorada. En este último caso, el trabajador depende del cálculo de superficie que haga la empresa. Pero las horas tampoco son fáciles de defender: "Un cabecilla se dio cuenta de que ellos contaban ocho horas cuando habíamos trabajado nueve"; no quería quedar mal con su gente y se plantó: "Falta una hora", les dijo, y lo tuvieron que aceptar. Pero no lo llamaron más.
En otra reunión, un trabajador contará que "una vez estuvo en el pueblo un jefe de Monsanto y se reunió con la gente. Los cabecillas le pedían que se supiera cuánto iban a pagar la hora y cuántos días se iba a trabajar. Pero él contestó que no podía dar el precio porque no sabía qué iba a pasar: puede haber tormenta y ya no hay más trabajo para hacer".

–Les hacen correr a ustedes el riesgo –comenta el cronista. Los trabajadores sonríen como quien ya sabe.
–Ha pasado que lamentablemente cayó piedra (granizó), se fundió el lote (se arruinó ese sector del cultivo) y entonces te dicen: "Te vas a tener que ir", y no cobrás –cuenta otro de los trabajadores.

El sociólogo Reinaldo Ledesma, quien –como consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó la investigación ‘Estudio de trabajadores rurales migrantes estacionales’–, acompañó al cronista en algunas de las reuniones: "A veces los mandan y los tienen ahí sin trabajar, y sin pagarles, esperando que salga la flor. Los sacan antes para tener asegurada la mano de obra cuando la necesiten y evitar que los contraten otras empresas".
Los trabajadores asintieron, y el cronista preguntó:

–¿No deberían, en todo caso, pagarles más que las empresas competidoras?
–Sí, pero lo que hacen es capturarlos antes –contestó el investigador.

Según Ledesma, "la extrema precarización de estos trabajadores encubre y niega, por la fuerza, la realidad de que, en este punto de su circuito productivo, las empresas son extremadamente dependientes de los desfloradores: no hay hasta ahora forma de completar mecánicamente un proceso que además, cuando apura la flor, debe ser efectuado en plazos perentorios, bajo riesgo de que toda la producción se pierda". Por lo demás, el desflore es una tarea especializada que requiere formación, al punto de que jóvenes de la zona hacen viajes específicos para aprender el oficio. Una eventual huelga de estos trabajadores afectaría fuertemente la ganancia empresaria. Pero la vigente Ley 22.248 simplemente les prohíbe hacer paros.

"Empezábamos con Guiso..."
En estos diálogos con los trabajadores de Villa Atamisqui se habló también de las condiciones de trabajo: "Hay que caminar kilómetros y kilómetros". La longitud del surco que el desflorador recorre –todo el día bajo el sol del verano– depende de la zona: en la provincia de Buenos Aires tienen 1000 o 2000 metros; en Salta, 3500 metros: "La gente se agota, queda tirada en el piso. Ellos (los patrones) no quieren que muera la gente ahí dentro: se les debe sumar mucho gasto", dice otro trabajador, y sonríen. Mencionan, todavía, unos surcos de pesadilla: "En Catamarca cultivan en surcos circulares: en los surcos derechos, sabés que al final tenés un lugar abierto, pero en éstos no: no terminan nunca".
Y la vivienda, los lugares: "En Pioneer o Nidera (provincia de Buenos Aires) te dejan en el sol. Y cuando te ponen ahí, tenés que estar. No te dan cocina a gas, casi todo es a leña. Adentro de la casilla no se aguantaba con la calor, y a veces no tenías dónde sentarte: tenías que hacer un montoncito de leña para sentarte para comer", ríe el trabajador, y otro retruca: "Peor era cuando comíamos bajo la lluvia: empezábamos comiendo guiso y terminábamos tomando sopa...". En cambio, "Monsanto te da casillas bien prolijas. Afuera son de chapa pero tienen piso y cuchetas de dos (en otros casos son tres pisos de cuchetas). Las habitaciones son nomás para cuatro personas y hay duchas. Hasta luz eléctrica tienen". Cierto que "en San Luis nos querían dar luz pero como éramos muchos no la pusieron: el gasto debía ser mucho para ellos" agrega otro con su sonrisa santiagueña.
Además, "en Salta están las víboras que vienen envueltas en la chala: la mayoría de las empresas no te dan polainas". Hablan de Nidera, de Donmario, de Pioneer, que "tampoco te dan botines". Recuerdan otras experiencias: "El girasol te termina la ropa: las hojas raspan, arruinan". Para la cosecha de arándano, en Entre Ríos, "nos han llevado sin saber si íbamos a trabajar por tanto (por producción) o por día: nos han pagado como han querido. Trabajamos dos quincenas: la primera sacamos 240 pesos. La comida era un chorizo a mediodía; a la noche, eran 80 personas para comer de una olla, un engrudo; una desgracia, hemos pasado miseria. Había un río y los que podían pescaban y comían. A veces entrábamos a la finca a sacar naranjas para sobrevivir". El arándano es producido por empresarios nacionales, que generalmente contratan en negro.

La Cuadrilla
En las entrevistas van y vuelven sobre el tema que más les preocupa: "La ganancia no es lo que debe ser". Recuerdan un desflore reciente, con Monsanto: "Llegamos, y a los tres días nos dicen que tenemos que volver: ‘¿¡Cómo, volver!?’. Es que nos habían hecho ir por si faltaba alguno. Por eso digo yo que se gana muy poco".

–-¿Qué posibilidad habría de juntarse, de hacer algún tipo de organización gremial? –pregunta el cronista.
–Caería el puntaje de la cuadrilla –contesta uno de los trabajadores, y otro señala que "la cuadrilla que mejor trabaja tiene un premio". La organización en cuadrillas practica una especie de guevarismo al revés: el incentivo al esfuerzo conjunto, la emulación... pero al servicio del patrón.

"El anteaño pasado, cuando estábamos en Jesús María, había dos que venían trabajando mal y el capataz dice: ‘¡Toda la cuadrilla afuera!’. El cabecilla era un changuito joven, ni le importaba, estaba contento de volver a casa. Pero justo venía el jefe de la planta y le digo: ‘¿Por qué nos saca?’. ‘Hay dos que trabajan mal’, dice el capataz. Pero yo le hablé al jefe y nos dejó quedar: ‘Ustedes traten de mejorar el laburo’, dijo. Terminamos el lote y recién después nos mandaron. Ganamos 700 pesos en un mes."
El sociólogo Ledesma advierte que "cualquier acción gremial tendría que hacerse por fuera de la Uatre (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), que haría todo para impedirlo". Y una mujer, esposa de uno de los trabajadores, graficó: "Se quejan, pero todo queda ahí: como el trabajo no es continuo, cuando pasa la temporada se olvidan y nadie propone hacer algo distinto en la próxima".

Rebeldes
Miguel Ángel Serrano tiene 37 años y empezó a trabajar en el desflore cuando tenía 16. El año pasado, en una planta de Monsanto en Salta, a él y dos de sus compañeros "nos despidieron, diciendo que hemos prepeado al jefe". El conflicto se originó en que a la mañana, antes de salir al surco, les daban un par de bolsas de hielo, para que el agua que llevaban no se recalentara como sopa bajo el sol; pero, claro, con el correr de las horas el hielo se derretía: "Yo pedí que, mejor, nos dieran una bolsa a la mañana y otra a la tarde", y por eso le mandaron que se volviera a su casa. "Parece que ha interpretado mal, el hombre", comenta con santiagueña mesura. Ya venían con problemas porque "pedíamos más horas de trabajo, porque, cuando salimos, queremos trabajar; no nos sirve cobrar unas pocas horas por día, tenemos gastos". Esto fue en octubre. "En diciembre –continúa– teníamos que ir al sur (la planta de Monsanto en Rojas, provincia de Buenos Aires) pero no nos llamaban: el ‘Emi’ Jiménez nos dijo que en Manpower estábamos en rojo." Por fortuna, él y sus compañeros consiguieron formar una cooperativa que, gracias a subsidios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hace trabajos para la Municipalidad de Villa Atamisqui.
Página/12 procuró entrevistar a Emilio Jiménez, el principal intermediario para el trabajo rural temporario en Villa Atamisqui. Grandote y hosco, dueño de un bar, de una verdulería y de una camioneta Toyota, se negó a formular declaraciones: "Manpower no me autoriza a dar información". "Ah, ¿usted es empleado de Manpower?" "No. Le mando gente nada más", contestó.
10 de enero de 2011
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el debate por el caso chomicky

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La situación del hombre que fue víctima y verdugo.

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La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación desistió de acusarlo hace dos años, y se basó en un documento de la Unidad Fiscal de Investigación y Seguimiento de Violaciones a Derechos Humanos, que dirige Jorge Auat. Esa resolución argumenta por qué el Estado no debe perseguir penalmente los delitos cometidos por los secuestrados en los centros clandestinos de detención en calidad de colaboración. Y levantó la furia de muchos querellantes, que expresaron su bronca en una carta abierta. Así las cosas, Chomicky usó su derecho a declarar el 6 de octubre pasado, y contó su versión de los hechos. Dijo que siempre fue un detenido más, narró su secuestro, el 1? de diciembre de 1976, y aseguró que la única razón por la que obtuvieron privilegios en el Servicio de Informaciones junto a su entonces novia, y luego esposa, Nidia Folch, fue porque el comandante de Gendarmería y entonces interventor de la policía de Rosario, Agustín Feced, la encontró a ella parecida a su hija mayor.
Los testimonios de sobrevivientes desmintieron algunas de las afirmaciones de Chomicky. Oscar Bustos pudo reconocerlo en su detención, en septiembre de 1976, dos meses antes de la declarada caída. Lo mismo pasó con José Aloisio, que los escuchó ese mismo mes. Chomicky (le decían Cadi) había sido militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, y para muchos de sus antiguos compañeros su voz era conocida. Hubo momentos desgarradores, como la declaración de Juan Carlos Ramos, el Gurí, a quien Chomicky fue a buscar a su casa, el mismo 1? de diciembre de 1976. Ramos tenía 15 años y cayó junto a su padre, Generoso. Ramos recordó a dos compañeros desaparecidos, Carlos Izaguirre y a un joven de apellido Núñez. "Cadi, vos los delataste y están muertos. Los fuiste a buscar como a mí", le dijo, mirando al Tribunal. En otro momento, se dio vuelta para increpar al acusado. "Cadi, hablá", lo espetó.
En cambio, Mirta Castellini contó que Folch la picaneó al grito de "esta hija de puta anoche no me dejó dormir". La colaboradora -que está prófuga en la causa- reaccionó así ante las quejas de Castellini por las torturas sufridas. Cuando se retiró de la sala de audiencias, después de declarar, Mirta sacó una foto de su hermana, María Juana, que está desaparecida, y se dirigió directamente a Chomicky. "Ella es mi hermana, decime dónde está", lo encaró.
La más contundente al argumentar -en una crítica directa al documento firmado por Auat fue María Inés Luchetti de Bettanín. "En ese infierno hubo un infierno paralelo, unos militantes que habían optado por pasarse al enemigo. Que tenían una actitud de hostigamiento y el deseo manifiesto de que en la medida que nosotros estuviéramos muertos, ellos se salvaban", dijo la testigo, el 30 de noviembre pasado y aseguró que nadie los obligó a colaborar. "Todos los secuestrados tuvimos el mismo grado de no libertad", aseguró, y remarcó que esos colaboradores "hasta hoy mantienen un pacto de silencio. Hay que hacerse cargo de lo que uno elige. Por eso querello contra esta gente".
9 de enero de 2011
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año de condenas

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Los juicios por terrorismo de Estado en Rosario y lo que aún hay que esperar en 2011. Así lo manifestó una de las abogadas que participó en las históricas jornadas que terminaron con las condenas a tres miembros del Ejército y dos agentes civiles. En 2010 también comenzó la causa Díaz Bessone que concluirá este año.

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[Sonia Tessa] Argentina. La urdimbre jurídica del año inolvidable que fue 2010 para los derechos humanos de la región se construyó durante muchos años. Y está muy lejos de terminar. "En 2011 habrá importantes condenas", adelantó Nadia Schujman, abogada del equipo jurídico de Hijos. La primera condena en la ciudad fue el 15 de abril del año pasado: al mediodía, una multitud esperó expectante el fallo del Tribunal Oral Federal número 1 contra cinco represores, tres integrantes de Inteligencia del Ejército y dos agentes civiles. Oscar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo fueron condenados a condena perpetua, de cumplimiento en cárcel común. Cuando el presidente del Tribunal, Otmar Paulucci, leyó las sentencias, todos los presentes supieron que ese momento quedaría en su memoria para siempre. Allí estaba Ramón Verón, sobreviviente del centro clandestino de detención Fábrica de Armas, que no sólo vivió para contarlo, sino también para ver cómo la justicia llegaba a condenar a algunos de los asesinos de su compañera, Hilda Cardozo. Allí estaba también Eduardo Toniolli, hijo de Eduardo, desaparecido que estuvo en la Quinta de Funes. Allí estaban ellos, pero también mucha gente que fue a manifestar su propia condena. Tres meses después, el comienzo de la causa Díaz Bessone terminó de configurar lo que será un año para recordar.
El fiscal federal Gonzalo Stara fue protagonista de los dos procesos. En la causa Guerrieri, formaba parte de la Fiscalía que condujo Mabel Colalongo. En Díaz Bessone, está a cargo de la acusación pública, acompañado por Mario Gambacorta. Para el funcionario, "no puede olvidarse que ambos acontecimientos jurídicos son la conclusión de un proceso que adquirió otro ritmo a partir de la anulación de las leyes de impunidad". Cree que habrá "un antes y un después" de la condena de la causa Guerrieri, ya que se trata de "el acontecimiento jurídico más importante de aquel proceso contra la impunidad de los crímenes de estado". Sobre el valor de la causa Díaz Bessone, Stara subrayó que "los hechos de esta causa tan emblemática estén siendo ventilados en un juicio oral y público, donde los imputados tiene todas las garantías para defenderse y que pueda arribarse a una sentencia, tienen un valor incalculable y resultaba una asignatura pendiente para todos".
Justamente, antes de la sentencia hubo muchos procesos. La condena social, la presión de los organismos de derechos humanos, la decisión política del gobierno nacional, la derogación de las leyes de impunidad, todo tuvo un valor en este resultado, pero también el paciente entramado jurídico ideado por abogados y abogadas querellantes, así como el compromiso de la fiscalía. Para Stara, un hito del proceso en curso -que se retomará el 7 de febrero, a las 9 de la mañana fue la decisión del Tribunal de autorizar al público a portar las fotos de los desaparecidos. Desde aquel día, el 9 de agosto pasado, los rostros de las personas desaparecidas se proyectan en el blíndex que separa la sala de audiencias sobre la espalda de los acusados, como una metáfora reparadora.
Los abogados que lucharon para que los juicios contra los genocidas se hicieran realidad saben que este año fue un mojón, pero nada termina acá. Para Schujman, "la sentencia en la causa Guerrieri fue importantísima para nuestra provincia, la primera a algunos de los responsables del ejercito, que llevaron adelante el genocidio perpetrado en nuestra provincia. Lamentablemente no pudieron ser juzgados (Leopoldo) Galtieri, (Luciano) Jauregui, (Juvenal) Pozzi, entre otros, pero eso no le resta importancia a las condenas que existieron, que fueron ejemplares", dice la profesional. Los años de impunidad hicieron que varios de los máximos responsables de la represión en la región murieran sin enfrentar ningún proceso.
La abogada de Hijos consideró que la sentencia de la causa Guerrieri "tiene un valor simbólico que sólo lograremos dimensionar en el devenir de la historia, pero que sin duda constituye un hito en el proceso de autoconciencia como pueblo. Tiene una dimensión reparadora para las víctimas, puesto que como dijimos en el alegato, viene a poner las cosas en su lugar, quienes debían ser juzgados los fueron, y quienes durante tantos años fueron desoídos, fueron finalmente escuchados", dice la profesional. Los abogados de estas causas unen su trabajo con la trabajosa militancia de años contra la impunidad, en el plano jurídico, pero también político y social.
Por su parte, Gabriela Durruty, del equipo jurídico de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, subrayó el valor de 2010, "no sólo por la sentencia histórica de las cinco perpetuas, sino por el comienzo de una causa tan emblemática como la causa Feced, que es la más importante de la represión, por cantidad de acusados y testigos. Como lo que se investiga centralmente es el SI, funciona como un prisma de cómo se implementó el terrorismo de estado en Rosario, porque el SI no sólo era un centro de detención y exterminio, sino también de distribución de detenidos".
Los 160 testimonios permiten trazar un mapa muy exacto de la represión en la región. Pero la escucha judicial de las palabras de los sobrevivientes tiene una repercusión mucho más amplia. "Este juicio es clave en muchos aspectos, y permite no sólo los testimonios que otorgarán la prueba irrefutable para condenar a los genocidas, sino también la riqueza de los testimonios de la inmensa cantidad de sobrevivientes que transitan con gran coraje contando su vivencia -apuntó Schujman . Eso nos permite la reconstrucción histórica de una época, y también le devuelve voz a una generación que no solo tuvo que vivir el horror del genocidio, sino también la sospecha, la indiferencia, la imposibilidad de escucharlos por parte de la sociedad en todos estos años".
9 de enero de 2011
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periodistas torcidos

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Feliciano Losada y Jorge Zaldarriaga, periodistas deportivos y delatores. Ambos integraron en La Pampa el aparato de Inteligencia del Destacamento 601 durante la dictadura. El primero –ya fallecido– fue presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de esa provincia. El otro, hoy devenido folclorista, aún puede contar qué hizo durante aquellos años.

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[Gustavo Veiga] Argentina. Dos periodistas deportivos, uno de ellos ya fallecido, integraron el aparato de Inteligencia de la última dictadura en La Pampa. Feliciano Losada, el muerto, presidió el Círculo de Periodistas Deportivos de la provincia, y un premio otorgado por la entidad llevaba su nombre hasta 2009. Jorge Zaldarriaga supo ser relator de fútbol y se desempeñó en Radio Nacional como locutor. Ambos quedaron en evidencia el año pasado, cuando el gobierno nacional difundió las listas de agentes civiles que revistaban en las tres armas. A fines de 2010, la distinción al atleta pampeano con mejor proyección internacional dejó de llamarse Losada, en repudio a su papel como delator. Su colega también soportó el rechazo de la comunidad. Devenido folclorista, lo bajaron del escenario cuando se disponía a actuar con su dúo por los festejos del Bicentenario. Sus historias reflejan las conductas impronunciables de quienes trabajaron a sueldo del régimen militar mimetizados en la sociedad. Ni siquiera Bernardo Neustadt, redactor de la revista Racing, y José María Muñoz, la voz del Mundial ’78, habían llegado a tanto. Ellos hicieron otro tipo de daño.
El caso de Losada, un agente de reunión, como aparece en la nómina de quienes reportaban al Destacamento de Inteligencia 601, se conoce hace bastante tiempo en La Pampa. Esa categoría en el aparato represivo implicaba tareas como la infiltración en organismos de derechos humanos, sindicatos e institutos de enseñanza. Incluso, la participación en acciones armadas. Al mismo tiempo, Losada trabajaba en el desaparecido diario La Capital, en La Reforma y en la Facultad de Agronomía de la universidad nacional de su provincia como personal no docente. Lideró, ya en democracia, el Círculo de Periodistas Deportivos en la década del ’80. En la siguiente, se transformó en dirigente de la Unión de Jubilados Civiles y en candidato a integrar el Instituto de Seguridad Social pampeano. Oscar Gatica, director de Coordinación Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos pampeana, citado por Diario Textual.com, dijo que "el caso más conocido es el de Feliciano Losada. En ese momento, se decía y se sospechaba que era de la SIDE. Ya antes del golpe del ’76 se decía. Siempre fue un nombre que estuvo dando vueltas, pero era de difícil comprobación".
Hasta fines del año pasado, el Círculo de Periodistas Deportivos no había sopesado debidamente los antecedentes de Losada. En un artículo publicado el 3 de noviembre titulado "Círculo de Periodistas sigue ‘homenajeando’ a un delator del Batallón 601", el diario digital describía que el Premio Internacional Feliciano Losada otorgado a los más destacados atletas pampeanos se seguiría entregando. Un mes después, en diciembre, la repercusión que ya había generado la lista de 39 pampeanos que integraban el aparato de Inteligencia –conocida en febrero del 2010– acabó con el reconocimiento al periodista por los "servicios prestados". Ahora el galardón se llama Raúl "Poroto" Arballo, en memoria de un veterano cronista deportivo fallecido en abril del año pasado. Se concede a deportistas de 33 disciplinas diferentes.
De Losada hay que agregar un detalle: era concuñado del represor prófugo Luis Enrique Baraldini, ex jefe de Policía de La Pampa desde el golpe del ‘76. El militar, un coronel carapintada que el 3 de diciembre de 1990 se sublevó a las órdenes de Mohamed Alí Seineldín, fue condenado por el hecho y cumplió prisión en Campo de Mayo hasta que lo indultó Eduardo Duhalde en 2002. Sus últimos pasos se pueden rastrear en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, donde llevaba una vida en apariencia normal. Adiestraba militares que en 2005 lo condecoraron por su "vocación de servicio" y se daba el gusto de dedicarse a la equitación. En actos públicos también se hacía pasar como Luis Pellegri, integrante del Círculo de Caballería. Un pedido de captura internacional pesa sobre él. Por eso no pudo ser juzgado por los crímenes cometidos en la Subzona 14, que terminaron con varias condenas a represores pampeanos en diciembre pasado. Losada, en cambio, se murió sabiendo que gozaba del reconocimiento de sus colegas. "No se habló demasiado del tema en estos meses, pero el Círculo ni siquiera sacó una nota aclaratoria. Estaban todos los elementos para hacerlo", le dijo a Página/12 el periodista deportivo Juan Carlos Jáuregui, de General Pico.
El Sapo Zaldarriaga revistaba en el aparato de Inteligencia como "dactilógrafo". Con Losada tuvieron en común que presidieron el Círculo de Periodistas Deportivos de La Pampa en distintas etapas. A diferencia del veterano cronista que falleció sin poder describirle a la Justicia cómo delataba gente entre 1976 y 1983, el relator de fútbol todavía está en condiciones de contar qué hizo durante aquellos años. Retirado de las canchas, se dedicó al folclore y estuvo muy cerca de subir a un escenario por los festejos del Bicentenario el último 25 de mayo. No pudo porque el promotor del espectáculo, Gustavo Díaz, se percató de su pasado como infiltrado del Ejército y decidió cancelar su actuación en el Teatro Español con el dúo Zaldarriaga-González.
Mario Canoba, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la provincia, convalidó esa determinación: "Tendremos un festejo acorde, sin colaboradores de la dictadura arriba del escenario", le dijo a El Diario de La Pampa. "Si bien es cierto que no juzgamos la situación de Zaldarriaga porque nosotros no somos jueces, hay un documento que avala su participación y nadie puede quedar al margen, y hay que tomar decisiones rápidas por el bien de la democracia y la defensa de los derechos humanos", agregó.
Losada y el relator se reportaran al Destacamento de Inteligencia cuya sede se levantaba frente a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en la calle Quintana de Santa Rosa. La lista que los delató por ser delatores –vaya paradoja– tenía la firma del jefe de Inteligencia del Ejército, César Milani. En ella figura también un periodista más, Gerardo Adán Yanes, quien es director de un semanario de distribución gratuita, Región Empresa Periodística y fotógrafo. "Me sorprende, la verdad, me sorprende", respondió cuando lo consultó Maracódigital.com, un portal de General Pico. El título del libro que escribió el periodista Fernando Ferreira en 2008 sobre el papel que cumplió el periodismo deportivo durante la dictadura viene bien para definir los casos de Losada y Zaldarriaga: "Hechos pelota", se llama. La lista con los 4300 agentes del 601 sólo aporta los nombres y la función que cumplían en el batallón. Los agentes de reunión como Losada eran los que acopiaban información más sensible. Buchones que aún se confunden entre la gente a cualquier hora y en cualquier sitio.
9 de enero de 2011
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más esclavos en argentina

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En Ramallo, la justicia federal detectó otra finca con 150 campesinos en condiciones infrahumanas. Ante la denuncia de la Municipalidad de Ramallo, la Justicia detectó a trabajadores que vivían en trailers saturados de cuchetas, sin baños, luz ni refrigeración para los alimentos. Si querían regresar, tenían que pagar 600 pesos.

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Argentina. Como cárceles clandestinas que se van abriendo, de los campos del norte bonaerense siguen aflorando casos de trabajadores santiagueños sometidos a condiciones infrahumanas. Esta vez la parada fue en Ramalllo, en el kilómetro 195 de la Ruta 9. Dos campos de la empresa Status Ager SA albergaban cerca de 150 personas, entre las que había al menos nueve menores, abocados a la desfloración de maíz bajo un notorio marco de insalubridad. El caso está en manos de la Justicia Federal, que actúa en coordinación con la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia. La fiscal que entiende en la causa indicó que si no hay trata de personas, "por los menos hay aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad". Como abogado de la empresa investigada se presentó el ex fiscal federal e interventor de la provincia de Santiago del Estero, Pablo Lanusse.
Luego de una denuncia realizada por la Municipalidad de Ramallo, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo ordenó el allanamiento de la estancia Santa Celestina, en el marco de una causa por presunta trata de personas, según la Ley 26.364. La fiscal federal de San Nicolás, Paula Moretti, encabezó los operativos en la mencionada finca y en otra que se encuentra enfrente, ambas pertenecientes a la misma firma. La Gendarmería y un equipo de la Oficina de Rescate actuaron en los relevamientos de los trabajadores.
El marco en el que se trabajaba en estas dos estancias era similar al de los campos explotados por Nidera y Suthern Seeds Production, allanados el 30 de diciembre y el 4 de enero últimos. En este caso, según constató este diario, los campesinos, que llegaron entre el 11 y el 22 de diciembre, vivían en trailers o galpones de chapa, saturados de camas cuchetas. El grado de hacinamiento estaba a la vista. No contaban con agua potable ni baños, hasta hace unos tres o cinco días, según el grupo. Esto se debió a la preocupación patronal por los allanamientos que se venían realizando en la zona. Tampoco tenían luz ni lugar donde mantener los alimentos frescos. En diálogo con Página/12, Reynaldo, un campesino, resumió el pasar de estos trabajadores: "Estamos en muy malas condiciones. La carne que nos dan es mala, los fideos estaban vencidos. Varios se descompusieron y nunca vino un médico".
Con la posibilidad de recibir un inminente allanamiento, los empleadores no sólo decidieron instalar sanitarios, sino que además quemaron los bidones de glifosato, utilizados por las cuadrillas para cargar agua y lavar sus ropas y alimentos. Lo que podía haber sido un acto de humanidad, ya que esos envases están prohibidos para uso corriente, resultó un negocio más para la empresa: para reemplazar los recipientes, los jornaleros "tuvieron que comprar dos palanganas a 20 pesos cada una, que eran descontados del sueldo", contó indignada la fiscal a este diario.
Privados de moverse fuera del establecimiento rural, los campesinos caminaban cinco kilómetros a escondidas para ir a cargar sus celulares a un almacén del paraje El Paraíso. Claudio, un joven santiagueño, manifestó que quería irse de la estancia. Pero como esa decisión tenía un costo le era imposible. Si alguno quería regresar a su provincia y abandonar la tarea debía pagar 600 pesos a los dueños de la firma. "No me quedaba otra. Me quería ir, pero de dónde voy a sacar 600 pesos. Te acostumbrás a esto", dijo con una sonrisa triste.
En ese sentido, la fiscal Moretti sostuvo que "los jornaleros tienen claro que están superexplotados". "Imagínese cómo estaban que uno me dijo: ‘Gracias por prestarnos un poco de atención’", compartió la funcionaria judicial. Teniendo en cuenta lo observado y los relatos de los empleados rurales, Moretti aseguró que "por lo menos hay aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad". Por ejemplo, indicó que "un proveedor pasaba a ofrecerles los elementos de trabajo" que debería entregar la empresa, como zapatos, pilotos y guantes. También, "les dieron una sidra cada dos personas para Año Nuevo, pero no sabían si se las iban a descontar".
"Ganan mucho los dueños, aunque sea nos tienen que dar la ropa para trabajar", consideró Ricardo, uno de los jornaleros. Santiago, un poco más grande y con más años en estas tareas, afirmó: "A veces (en otras fincas) estamos peor que acá todavía". Un poco más suelto en la charla, recordó junto a sus compañeros una anécdota: "Cuando estábamos comiendo, pasó el ingeniero en la camioneta y nos tiró la tierra encima. No tienen que tratarnos así. Venimos a buscar un trabajo. Esto no es humano".
Durante el operativo que realizó durante la mañana el juez Villafuerte Ruzo, se hizo presente el ex fiscal federal Pablo Lanusse, quien se presentó como abogado de Status Ager SA. Según informaron fuentes que presenciaron el encuentro, ambos dialogaron afablemente, recordando las viejas épocas en que trabajaban en el Poder Judicial. Lanusse es primo de uno de los dueños de la firma investigada y sostuvo en declaraciones a la prensa que desde hace varios años trabaja para ellos. En una inédita situación, mientras los trabajadores eran auditados por la fiscalía y personal de Justicia, los empleadores y el abogado circulaban por la zona sin ningún impedimento. Todavía no contaban con orden de detención para declarar, que sería realizada a primera hora de hoy por parte de la fiscal.
En conversación con personal judicial, los jornaleros explicaron que en Santiago del Estero les prometieron una paga de 2700 pesos por hectárea desflorada y llegados a Buenos Aires el sueldo por esa cantidad de trabajo se redujo a 1300, menos los descuentos por comida y otros elementos. A partir de la intervención de la Justicia, la empresa quería pagar 85 pesos por día trabajado y el gremio pedía 130. Hasta que no se concluya esa negociación y las personas vuelvan a Santiago del Estero con su plata en la mano, permanecerán en la finca con custodia de la Gendarmería. También esta fuerza escoltará el micro que los lleve de regreso a su provincia. En tanto, los nueve menores encontrados permanecerán asistidos por personal especializado del Ministerio de Justicia.
Las personas que trabajan por estos días en los campos de la zona norte bonaerense tienen como probable destino el sur provincial, para continuar con la desfloración de maíz. Ese destino quedó trunco para los grupos rescatados. Aliviado, Santiago lo confirmó: "En estos días nos iban a llevar a Tandil. Ahora nos volvemos para nuestras casas".
[Informe de Leonardo Rossi.]
8 de enero de 2011
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familiares molestos

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Por libertad a represores.

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Argentina. Desde Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas de Rosario, reiteraron ayer su "preocupación la liviandad con que miembros del Tribunal Oral Federal Número 2 de Rosario, dispusieron la más absoluta libertad, es decir sin ningún tipo de control, a los acusados que están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad en la causa Díaz Bessone. Son cinco de los imputados que sólo deberán presentarse a partir de el 1º de enero, a firmar en forma semanal ante la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria de la Provincia", dice el comunicado firmado por Elida Luna y Héctor Medina entre otros militantes por los derechos humanos.
"Este hecho a nuestro juicio es gravísimo, tratándose de responsables de Terrorismo de Estado que actuaron bajo la jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo de ejército, además de ser partícipes directos dentro del centro clandestino que funcionó en el Servicio de Informaciones de la ex Jefatura de Rosario" agrega el texto.
Los militantes también expresaron su "malestar" con las autoridades provinciales "sin ánimo de entrar en ninguna polémica". "Teniendo en cuenta que en reuniones que tuvimos a mediados del año pasado, organismos de derechos humanos, testigos, querellantes y abogados patrocinantes, con autoridades de primer nivel de la provincia, éstas se habían comprometido a notificarnos de cualquier novedad surgida de los juicios a los represores, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, debemos decir que nuevamente en nuestro caso y hasta donde sabemos, todos los testigos y querellantes, volvemos a enterarnos a través de los medios de difusión, a sabiendas que el ex Patronato de Liberados depende de la provincia de Santa Fe", dice el documento.
Desde Familiares, Medina y Luna remarcaron: "No nos cansaremos de seguir exigiendo como lo hemos hecho por más de 30 años la detención de José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, José Carlos Antonio Scortechini, Ramón Rito Vergara y Ricardo Chomicki, entre otros. Para seguridad de los particulares damnificados, testigos, querellantes y familiares de los compañeros desaparecidos, asesinados y todos aquellos que sufrieron en las mazmorras del terrorismo de estado y que hoy valientemente siguen dando su testimonio". Finalmente exigieron que "también que se respete nuestro derecho a conocer inmediatamente las resoluciones que se tomen".
El lunes la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe había solicitado a la justicia federal que "se adopten medidas restrictivas sobre los imputados en la causa Díaz Bessone".
6 de enero de 2011
©rosario 12