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ex preso político vive en la calle


El dolor interminable. Estuvo cuatro años en Coronda y fue torturado en el SI. Se fugó de un auto en marcha. Hace 15 años que vive en la plaza Montenegro. Reclaman pensión para ex detenidos.
[José Maggi] Argentina. La historia de Miguel Cabos es demasiado cruda y violenta, como para ser resumida en una entrevista: Miguel es un ex preso político que pasó cuatro años detenido en la cárcel de Coronda, luego de su cautiverio en el Servicio de Informaciones, y una fuga desesperada desde el baúl de un auto que circulaba a más de 100 kilómetros por hora. Ayudado por su compañero ocasional de encierro se tomó del paragolpes trasero y flameó. Pero esta no era un película de Hollywood, sino la áspera realidad: su cabeza golpeó contra el pavimento y aún hoy pueden verse las cicatrices del impacto. Su mirada está intacta, pero su memoria deambula por momentos por distintos lugares: es que aquella indemnización por su encierro se coló por sus bolsillos y por los de algunos familiares, y se quedó sin casa. Desde hace 15 años, Miguel, con su pasado a cuestas, y sus relatos del horror, duermen al cobijo del Centro Cultural Bernardino Rivadavia, en la Plaza Montenegro, donde por las mañanas abre puertas de taxis. Esta es su historia, desconocida para la gran mayoría, y rescatada esta semana por un grupo de la Asamblea de Ex Presos Políticos, que piensan en Miguel y en todos aquellos compañeros que deambulan aun por ahí sin encontrar su esquina. Esa asamblea exige -como publicó Rosario/12 en su edición del domingo 9 de enero- la aprobación de una ley provincial que otorgue una pensión a las víctimas de la represión ilegal.
Miguel Cabos tenía veintitantos años cuando su historia personal se entrelazó con la de Ernesto de los Santos Ifrán, en octubre de 1976, en el baúl de un Ford Falcon que los trasladaba hacia la provincia de Córdoba. La convicción de ambos era que iban ser ejecutados. No se conocían y hasta hoy, Miguel no encuentra motivos certeros sobre su arresto, más allá de "algunos amigos del PRT que tenía".
Ifrán era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y dirigente del Sindicato Smata. Lo habían secuestrado una semana antes de su casa donde además tenía su taller de autos, en Presidente Quintana y Santiago, en la zona sur de Rosario.
Cabos vivía en el barrio militar de Laprida al 4800 y supone que su cercanía con una niñera de un matrimonio del barrio pudo haberlo ligado al PRT. Es que la vivienda donde trabajaba la mujer había sido allanada y habían encontrado allí un arsenal.
Cabos era hijo de un trabajador del Swift, también dirigente, y no había terminado la secundaria. Agradece al gobierno peronista de entonces, (el de Isabel) por haberlo hecho ingresar al Banco Hipotecario, como cafetero.
Una noche fría de 1976, la casa de los Cabos fue tomada por asalto. Desde allí su relato salta al baúl del Ford Falcon negro, que a gran velocidad se dirige hacia la provincia de Córdoba.
Ya habíamos dicho que su compañero era Ifrán. "Había sido paracaidista y me enseñó como tirarme. Me dijo que me agarrara fuerte del paragolpes, que levantara bien para atrás la cabeza, y que cuando me largara pegara con los antebrazos, para tratar de salvar un poco el pecho. El se tiró bien, y solo se lastimó los brazos, pero yo pegué con todo en el pavimento a más de 100 kilómetros y me golpeé la cabeza muy fuerte. Tenía todo raspado, como quemado", recuerda Cabos, y se señala el arco superciliar izquierdo, que aún hoy tiene secuelas.
Con distintos lugares de caídas, los dos caminaron durante la noche por campos sembrados hasta llegar a un lugar, donde les dieron asilo. "Los curaron y atendieron. Pero el hijo del matrimonio que los auxilió era policía y los denunciaron, así que la noche siguiente llegó una comisión policial a buscarlos. Estaban en Cañada de Gómez". Este relato pertenece a Daniel Ifrán, hijo de Ernesto, y hoy uno de los responsables de la Biblioteca Gastón Gori. "Iban seguramente por la vieja ruta 9 hacia Córdoba, y mi padre me contó que luego de un rato para desarmar la cerradura del baúl, pudieron fugarse. Mi viejo -que falleció hace 8 años había hecho paracaidismo. Sabía como tirarse a pesar de sus 60 años", rememora.
Sin embargo la detención en una ciudad pequeña los blanqueó, y les salvó la vida: luego fueron llevados al Servicio de Informaciones. "Mi viejo me contó que luego que lo detienen en mi casa, lo tuvieron una semana entera en el Batallón 121, golpeándolo. Después su relato se sitúa en el baúl del Falcon. Pensaban que eran boleta ni bien llegaran así que decidieron jugarse y escaparse", expresa Daniel.
Cabos fue torturado en el Servicio de Informaciones y su vida cambió irremediablemente por ese encierro y esa fuga: asegura que una inyección que le aplicaron allí le afectó la memoria, al igual que los años de encierro en Coronda, donde sus compañeros los recuerdan por las graves heridas que tenía.
Miguel asegura haber cobrado algo de dinero por el tiempo de detención, pero igual debió vender la casa paterna. El dinero le duró un tiempo, poco, según recuerda, ayudado por algún familiar infiel que se aprovechó de él.
La calle fue entonces su lugar, y desde 1994 duerme en la Plaza Montenegro, y abre puertas de taxis por las mañanas. Algún galpón a las orillas del río le da cobijo alternativo, y "si pinta alguna changuita" se da el lujo de dormir en una pensión por algunas noches. Pero cuando la noche se "pone muy espesa", prefiere parar en una estación de servicios de Zeballos y Mitre, "donde me invitan con algún café y me dejan ver televisión".
17 de enero de 2011
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un juicio esperado


"Querían que te conviertas en nada".
[Mariana Carbajal] Argentina. "Sin duda, los vejámenes sexuales tienen un componente machista, no sólo te muestran el poder de las armas, de la superioridad física, de la situación de inferioridad que de hecho se produce al estar vendadas y esposadas, sino también el símbolo la demostración del otro poder: el poder fálico", dijo Silvia Ontivero a Página/12. Ella los sufrió en su propio cuerpo, tres y cuatro veces por día durante su cautiverio en el D2, de la ciudad de Mendoza. Lo declaró hace pocas semanas en el juicio por delitos de lesa humanidad. La violación "era una forma más de degradación, la idea era convertirte en nada –agregó–. Es un recuerdo que no se borra nunca, eso de cómo percibes en ese momento la transformación de hombre a alimaña. No quiero decir animal por respeto a los animales. Como mujer lo que percibes es que quien te somete es un monstruo, no puedes verlo de otro modo porque ahí, en ese ser, esa alimaña, no hay inteligencia, ni humanidad, no está dentro de la categoría humana que estás acostumbrada a tratar".
Desde hace varios años Ontivero vive en Chile, donde administra algunas pymes en el mundo de la informática, pero viaja con frecuencia a Mendoza donde tiene sus afectos, su historia, sus amigos, sus raíces. Cuando testificó ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la capital provincial y dio cuenta de las violaciones que ella como otras mujeres detenidas en el centro clandestino que funcionaba en la Central de Policía padecieron sistemáticamente, varios de los presentes en la sala de audiencias no pudieron contener las lágrimas. Fui violada por más de veinte hombres, tres y cuatro veces al día. No eran los mismos. Respiraban distinto, olían distinto y hasta insultaban diferente. Ni siquiera podía bañarme", declaró. A diferencia de Rosa del Carmen Gómez, otra de las testigos, Ontivero no pudo reconocer a sus violadores porque estuvo siempre encapuchada. Una vez en libertad, contó, perdió dos embarazos. "Una junta médica me revisó y me diagnosticó que por las descargas de la picana, tenía la vagina endurecida, como la de una mujer de 80 años", declaró en el juicio.

¿Cómo la afectó esa experiencia en su vida personal?
En lo personal, fue un proceso largo, doloroso al principio, porque hasta que te encuentras con la posibilidad de amar y llegar a la intimidad, no sabes que vas a superarlo. Por eso, la superación tiene que ver con la pareja. Lo he conversado con otras mujeres violadas: esto se supera de a dos, cuando encuentras en la ternura, la comunicación y el cobijo del otro, el poder entrar en el escenario del amor y poder hablarlo hasta que no te quede nada adentro. En mi caso, durante años tuve horribles pesadillas que se fueron disipando, aunque con esto de los juicios, volvieron, más borrosas y más mezcladas, pero volvieron, horribles pesadillas que me dejan al día siguiente con un sabor amargo. Así y todo, y aunque parezca contradictorio estamos viviendo con mis compañeras y compañeros una etapa tan soñada que nos vemos y nos abrazamos, nos unimos a nuestras familias, somos una enorme cantidad de ciudadanos reparando y en reparación. Ha sido duro enfrentar el juicio, pero a su vez, ha sido aliviante. Nos ha dado una nueva posibilidad de reparar las heridas y soñar con saldar la deuda con nuestros compañeros desaparecidos.

¿Fue la primera vez que contó sobre las violaciones?
No. He declarado en todas las ocasiones que se fueron dando, sobre todo en aquellos requerimientos que en mi provincia fueron encarando las profesionales del MEDH. En el 2009, ante el doctor Héctor Masquelet, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuando comenzó la reactivación de los juicios. Tanto en el momento en que me llevan ante un juez en una dependencia policial, aproximadamente a los veinte días de la detención en el D2, donde llego absolutamente destruida en mis partes íntimas , como en estas últimas ocasiones, siempre denuncié lo que había pasado, y no sólo a mí, sino a todas las compañeras que yo escuché cómo las vejaban. También denuncié los vejámenes que sufrió Miguel Ángel Gil, en el D2. Fueron tan horrorosos que falleció allí mismo: asesinato por torturas.
17 de enero de 2011
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dictadura y violencia de género


María Sondereguer, investigadora sobre violencia de género. En una investigación particular realizada por Sondereguer, casi todas las mujeres que estuvieron presas durante la dictadura reconocen haber sufrido algún tipo de abuso sexual. Hasta el año pasado se consideraba un delito que prescribía.
[Mariana Carbajal] Argentina. Desde hace más de tres años, María Sondereguer dirige una investigación sobre la violencia sexual y de género durante el terrorismo de Estado. En ese marco, un equipo de investigadores de los Centros de Derechos Humanos de las Universidades Nacionales de Lanús y de Quilmes vienen recolectando testimonios y analizado los que han aparecido en diversos juicios que dan cuenta de las violaciones que han sufrido las mujeres detenidas en los centros clandestinos durante la última dictadura militar. "Las denuncias que constan en el Nunca Más y los testimonios que han surgido con la reapertura de los juicios luego de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida nos permiten señalar su sistematicidad", señaló Sondereguer en una entrevista con Página/12. Encabeza el centro de DD.HH. de la UNQ, donde es profesora titular y desde 2009, además, directora nacional de Formación en Derechos Humanos de la Secretaría de DD.HH. de Nación.

¿Encontraron denominadores comunes en los testimonios?
Un elemento significativo es que en los testimonios que hemos recabado en la investigación, por fuera de los tribunales, y en muchos casos en conversaciones muy privadas y en un clima de confianza personal, casi todas las mujeres que estuvieron detenidas en los campos clandestinos de detención reconocen haber sufrido alguna forma de violencia sexual: desnudez forzada, manoseos de carácter sexual, penetración con objetos, picana en los pechos y genitales, violaciones sexuales.

¿Qué significado tuvo la violación de mujeres en el marco del terrorismo de Estado?
Consideramos que la "intervención" sobre los cuerpos por parte de los perpetradores se inscribe en un dispositivo disciplinario. La violencia sexual y las violaciones a las mujeres en el terrorismo de Estado tienen una función domesticadora. En los cuerpos se inscribe la disputa política: así, mientras el cuerpo violado de los varones es destituido de su masculinidad, en el cuerpo violado de las mujeres la agresión sexual inscribe la "soberanía" de los perpetradores. La "ocupación" del cuerpo de la mujer se asimila a la ocupación del territorio enemigo. Esta apropiación vale también para la "entrega" del cuerpo de las mujeres, en los vínculos sexuales e incluso amorosos, y no sólo en los encuentros sexuales forzados, sino en aquellos vínculos "consentidos" entre secuestradas y sus captores. Sabemos que el contexto no es neutro y está pautado por la violencia, y es indispensable reflexionar sobre las condiciones del consentimiento. Para las Fuerzas Armadas y las fuerzas de Seguridad, hay una gramática de los cuerpos que tiene una significativa incidencia en su constitución como sujetos.

Se habían relatado violaciones y otros delitos sexuales durante el Juicio a las Juntas. ¿Por qué no se investigaron?
Tanto en las declaraciones ante la Conadep como en el Juicio a las Juntas Militares en 1985, las mujeres denunciaron distintas formas de violencia sexual y en algunos casos expresaron haber sido violadas. Incluso puede estimarse que la cantidad de mujeres violadas fue muy superior a los casos denunciados. Hay que tener en cuenta que no se preguntó específicamente a las mujeres por las violaciones sexuales, las declaraciones fueron espontáneas. La percepción de que el número fue significativo se ve reforzada por la gran cantidad de testimonios de detenidos que dicen haber presenciado una violación. Pero en ese momento las denuncias de prácticas de violencia sexual hacia las mujeres –o hacia los varones– quedaron subsumidas en la figura de los tormentos y en las distintas vejaciones, y fueron relegadas ante la figura de la desaparición forzada que se consideró el elemento central de la metodología del terrorismo de Estado. Las violaciones y los abusos sexuales no adquirieron rango de hechos demostrables y por lo tanto no gozaron de jerarquía en la indagación de jueces y fiscales. Es necesario recordar que en el Código Penal argentino la violación sexual estaba tipificada como "delito contra la honestidad" y recién en el año 1999 la definición fue sustituida por la designación de "delito contra la integridad sexual". Incluso hoy, las acciones penales en el caso de una violación son "acciones dependientes de instancia privada", es decir, dependen de la acusación o denuncia de la persona agraviada.

¿Qué cambió para que ahora haya otra escucha?
Fue necesaria una transformación de los marcos sociales de memoria para que se empezaran a crear las condiciones para "nuevos" recuerdos: por un lado, la incorporación de la perspectiva de género en la investigación de violaciones masivas a los derechos humanos en situaciones de conflicto armado o en procesos represivos internos permitió identificar una práctica reiterada y persistente de violencia sexual hacia las mujeres y el debate jurídico a nivel internacional pudo entonces caracterizar la violencia sexual en el contexto de prácticas sistemáticas de violencia como una violación específica de los derechos humanos; por otro, en la indagación sobre los crímenes de violencia sexual ocurridos durante la dictadura se inscriben también otras circulaciones discursivas: las nuevas teorizaciones sobre género, los movimientos sociales feministas y algunos temas clave como la trata y tráfico de personas. La perspectiva de género nos ofrece una nueva capacidad de análisis que nos permite tomar distancia de la invisibilización que la problemática tuvo tanto en las políticas públicas como en las víctimas y en quienes reflexionan sobre estos temas.

A nivel de la jurisprudencia internacional, ¿cómo se consideran las violaciones sexuales en contextos de terrorismo de Estado o guerras?
En la legislación internacional, las violaciones sexuales sistemáticas son consideradas violaciones a los derechos humanos. El Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma), aprobado en 1998, estipula que es un crimen de lesa humanidad la violación, la esclavitud sexual, la prostitución y el embarazo forzados u otros abusos sexuales de gravedad comparable, cuando son parte de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil. Pero ya en los tribunales internacionales ad hoc de Ruanda y la ex Yugoslavia la violencia sexual sistemática había sido probada y tipificada como tal. En la jurisprudencia interamericana, hace un par de años, la corte Interamericana de DD.HH. consideró la violencia sexual como una violación a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres, en el caso de la masacre de mujeres en el Penal Castro Castro de Perú y recientemente estableció como tortura, entre otras violaciones a los DD.HH., la violencia sexual ejercida por agentes estatales contra dos mujeres indígenas en el estado de Guerrero, México.
17 de enero de 2011
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crímenes silenciados


Ataque sexual como un delito de lesa humanidad. Dos represores fueron detenidos en el juicio de Mendoza por violaciones a prisioneras. Las violaciones a las prisioneras eran consideradas "hechos eventuales" y por lo tanto prescribían. Desde el año pasado, al comprobarse que se trataba de una práctica sistemática, se las ha equiparado a otras torturas.
[Mariana Carbajal] Argentina. Dos policías retirados que integraron el D2, el centro de detención y torturas de la ciudad de Mendoza en la última dictadura militar, fueron detenidos y encarcelados, tras ser denunciados en el juicio por crímenes de lesa humanidad que se sigue en la capital provincial por una testigo que los señaló como quienes la violaron de modo reiterado durante los nueve meses que estuvo presa en la cárcel clandestina que funcionaba en la Central de Policía de la calle Belgrano. Uno de ellos trabajaba actualmente en el planta verificadora de autos que maneja la fuerza. "Me manoseaban en la celda, me violaban", contó Rosa del Carmen Gómez. Ella y otras dos testigos más del juicio, Silvia Ontivero y Luz Faingold, relataron, con mucho dolor, haber sido violadas salvajemente durante su permanencia en el D2. "Soportamos todo tipo de torturas, pero quizá la más horrorosa fue que por la calidad de mujer me violaron varias veces al día cuanto señor estaba de turno", declaró Ontivero y recordó con "horror" cómo otra de las detenidas, que estaba recién operada, también fue vejada sexualmente. "Hasta hoy recuerdo sus sollozos diciendo que era virgen y entonces hicieron una violación contra natura", dijo Ontivero, que tiene hoy 60 años y llegó desde Chile, donde vive, para testificar Faingold era menor de edad cuando fue detenida y violada: tenía 17 años recién cumplidos.
"Esas violaciones ocurrían muchas veces, 10, 15 o 20 por día. Hay compañeras a las que las violaban cada media hora", explicó otro de los testigos, ex detenido desaparecido, Fernando Rule.
Como ya salió a la luz en otros juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos, cada vez con más detalles queda en evidencia que "las violaciones sexuales se produjeron en todos los centros clandestinos en forma sistemática", destacó la abogada querellante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Viviana Beigel. Para el abogado Pablo Salinas, también querellante del MEDH, las detenciones de los dos policías marcan un punto de inflexión entre la impunidad y la justicia: "Antes había impunidad total llegando al punto de encontrarse varias víctimas con sus abusadores en lugares de la policía donde tenían que hacer trámites", apuntó a este diario.
El debate oral comenzó el 17 de noviembre. El martes último retomaron las audiencias, que no fueron suspendidas por la feria judicial. Son querellantes el MEDH, el gobierno provincial y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Es el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la capital mendocina. Entre las mujeres que ya declararon, tres de ellas, Gómez, Ontivero y Faingold, manifestaron haber sido violadas. Otros dos testigos varones declararon haber tomado conocimiento de esas prácticas. "La parte más horrible de las torturas fue la forma en que el personal del D2 usaba la violencia sexual como método de tortura, porque la golpiza y la picana dolían, pero pasaban, pero el temor es otra cosa, es la impotencia de saber que pueden hacer con uno lo que quieran, incluso humillar, y eso hicieron con las violaciones. A mi mujer la violaban a metro y medio de mi celda. Un día me hacen tocarla para que viera que estaba colgada, desnuda, y hacen obscenidades y las relatan. Esas violaciones ocurrían muchas veces, 10, 15 o 20 por día. Hay compañeras a las que las violaban cada media hora", contó Rule, y aseguró que una chica cordobesa que estaba frente a su celda "fue muy torturada y particularmente violada". Rule fue el primer testigo del juicio. Su detención se produjo el 9 de febrero de 1976. Por entonces, estaba en pareja con Ontivero. Sus detenciones fueron simultáneas. Ella era delegada de ATE. "Ingresé embarazada al D2, pero lo perdí por la tortura y las violaciones", contó ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 conformado por los jueces Antonio González Macías, Alejandro Piña y Héctor Cortés. Fue en la audiencia del 20 de noviembre. De los golpes que recibió también le partieron la nariz. Ontiveros estuvo unos 18 días en el D2. Después pasó a la cárcel de Devoto y recién salió en libertad en 1982.
El 9 de diciembre declaró Rosa del Carmen Gómez. Fue detenida el 1º de junio de 1976. No era militante de ningún partido. Al parecer, la habían confundido –dijo– con una "jefa guerrillera". Su extenso relato también da cuenta de las terribles violaciones sexuales que sufrió durante su cautiverio, que se prolongó por nueve meses. A partir del testimonio de Gómez, que identificó a sus violadores, se produjeron las detenciones de los policías retirados. "González y Lapaz, junto a Bustos Medina (ya fallecido), fueron los que más me violaron y me torturaron. Lapaz y González están vivos, y uno de ellos, Lapaz, trabaja en la planta verificadora de autos en Las Heras", afirmó. Lapaz y González no estaban entre los acusados en el juicio. Los imputados son Tamer Yapur, Paulino Furió, Eduardo Smaha, Luis Rodríguez Vázquez, Celustiano Lucero, Dardo Migno y Juan Agustín Oyarzábal. En un principio también estaban siendo juzgados Juan Pablo Saa, que luego fue apartado (porque a los pocos días del inicio del debate oral sufrió un ACV y quedó en coma) y Osvaldo Fernández, que también fue separado por tener otra enfermedad grave.
El abogado Salinas, querellante por el MEDH, recordó que Rosa Gómez ya había brindado testimonio de las vejaciones sufridas en la D2, una vez que recuperó su libertad, ante el entonces fiscal Otilio Roque Romano. "Romano no sólo no hace nada con respecto a los abusos sufridos por ella sino que además la acusa de subversiva a los términos de la Ley 20.840, en base a declaraciones obtenidas bajo tortura y violación", señaló Salinas. Romano es actualmente integrante de la Cámara Federal de Mendoza: está acusado como partícipe secundario en sus tiempos de fiscal –entre 1975 y 1976– en 94 hechos de privación ilegítima de la libertad, torturas y desapariciones. Presentó su renuncia en diciembre, pero todavía no le fue aceptada por la presidenta Cristina Fernández.
Las detenciones de los policías retirados ocurrieron el 27 de diciembre último, pero se conocieron recientemente. Héctor Lapaz y Miguel González fueron apresados por orden del juez federal Walter Bento, a pedido del fiscal del juicio Dante Vega, quien el mismo 9 de diciembre había solicitado la detención de ambos. Están acusados por violación agravada, tormentos y privación ilegítima de la libertad, todos en carácter de delitos de lesa humanidad. Se abstuvieron de declarar. Sus defensores pidieron la excarcelación, que fue rechazada, y quedaron en prisión. Apelaron. La Cámara Federal debe resolver sobre su situación.
El martes último, cuando se reanudó el juicio después de un par de semanas de receso, otro testigo, Eugenio París, quien también estuvo en el D2, confirmó que Rosa Gómez era violada repetidamente porque pudo verlo por la mirilla de la celda.
"Los de Rosa Gómez y París son testimonios claves, porque a ambos les tocó hacer tareas de limpieza, para lo cual les quitaron las vendas de los ojos", explicó a Página/12 el abogado Salinas. Las violaciones y el abuso sexual que los represores cometieron en la última dictadura militar comenzaron a ser tratados como delitos de lesa humanidad recién el año pasado, ya que previamente fueron considerados hechos eventuales y, al no ser parte de un plan sistemático, la Justicia los consideró prescriptos. El primer fallo en establecer la violación como delito de lesa humanidad y tan imprescriptible como la tortura fue dictado en abril de 2010 por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, que condenó a 11 años de prisión a Horacio Américo Barcos, un agente civil de Inteligencia de esa provincia. En la sentencia, los jueces consideraron que la violencia sexual que ejerció el represor también constituye una forma más de tormentos y, por ende, es un crimen contra la humanidad. Ese fallo fue seguido por otro similar en Mar del Plata, donde la Justicia condenó a prisión perpetua al ex subjefe de la Base Aérea local, Gregorio Rafael Molina, por homicidio agravado, violaciones reiteradas agravadas, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados.
17 de enero de 2011
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sobre la infiltración


Declaración en la causa por los crímenes de la ESMA. "Durante mucho tiempo creí que estaban vivos", relató la hija de una pareja secuestrada en la Iglesia de la Santa Cruz luego de que Alfredo Astiz se hiciera pasar por familiar de un desaparecido.
Argentina. "Mi mamá ya me había advertido que a ellos también se los podían llevar", contó Yamila Horane Bulit al reanudarse el juicio por los crímenes cometidos en la ESMA. La testigo es hija de una pareja secuestrada el 8 de diciembre de 1977 en la Iglesia de la Santa Cruz, donde participaban del grupo de familiares de desaparecidos y militantes de derechos humanos que fue marcado por Alfredo Astiz.
La pareja participaba de las reuniones que las primeras Madres, junto con las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet estaban haciendo en esa iglesia para publicar una solicitada en el diario La Nación. Habían reunido el dinero necesario y unas 800 firmas. Astiz se infiltró en el grupo presentándose como Gustavo Niño y asegurando que tenía un hermano desaparecido. Dos días antes de la publicación, Astiz concurrió a una reunión del incipiente movimiento de derechos humanos y marcó con un beso a los que debían ser secuestrados; detrás de él llegó el grupo de tareas de la ESMA.
"Mi papá y mi mamá tenían fuertes convicciones; durante mucho tiempo pensé que estaban vivos y por eso les escribí decenas de cartas que nunca llegaron a destino", recordó Yamila el jueves ante el tribunal. En el momento del secuestro ella tenía 8 años.
También habló sobre la intensa búsqueda de su abuela, que integró hasta su muerte el grupo de Madres de Plaza de Mayo, y ratificó que en esa búsqueda pudieron confirmar que tanto su padre como su madre fueron vistos en la Escuela de Mecánica de la Armada "y formaron parte de uno de los grupos que murieron en los vuelos de la muerte".
En el operativo del 8 de diciembre del ’77, el grupo de tareas se llevó también de la Iglesia de la Santa Cruz a otras siete personas: Domon, Angela Auad, María Eugenia Ponce de Bianco, Julio Fondevilla, María Esther Ballestrino de Careaga, Patricia Cristina Oviedo y Horacio Aníbal Elbert. Horas más tarde secuestraron en su atelier a Remo Berardo, y entre el 9 y 10 de diciembre a Azucena Villaflor y a Duquet. Todos ellos estuvieron detenidos en la ESMA, alojados en los sectores conocidos como "capucha" y "capuchita".
Ante los jueces del Tribunal Oral Nº 5 declararon además, convocados por la defensa de los represores, dos retirados del Servicio de Inteligencia Naval, Sergio Aráoz De Lamadrid y Roberto José Rosales. Los testigos dieron la versión de que se está juzgando erróneamente al ex capitán Pablo García Velazco, ya que el imputado tiene un hermano mellizo, convenientemente fallecido, que también perteneció a la Marina.
Aráoz de Lamadrid dijo durante el extenso interrogatorio al que lo sometió el fiscal Pablo Ouviña que podía reconocer claramente al acusado, al que en la fuerza apodaban Cara de Galleta, pero cuando se le exhibieron las fotografías de los mellizos con uniforme naval reconoció que ambos eran muy parecidos.
Al terminar su declaración, el ex jefe de inteligencia protagonizó un episodio que no pasó inadvertido en la sala, cuando al intentar darle la mano al abogado querellante Luis Zamora, éste le negó el saludo y lo acusó de haber mentido en su declaración.
En la audiencia no estuvieron ni el ex jefe del grupo de tareas G 3.3.2, el represor Jorge ‘Tigre’ Acosta, ni el ex capitán Alfredo Astiz. Los otros imputados en este tramo de la megacausa ESMA son Juan Antonio Azic, Carlos Capdevilla, Ricardo Miguel Cavallo, Julio César Coronel, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Manuel García Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Oscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller, Néstor Omar Savio y Ernesto Weber.
La jornada de trabajo fue una de las dos previstas durante la feria judicial de enero. La próxima se realizará el 27. El caso comenzó a finales del 2009 pero todavía resta que declaren cerca de ochenta testigos.
16 de enero de 2011
15 de enero de 2011
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otro campamento infrahumano


Otro campamento con 101 peones en condiciones infrahumanas. El allanamiento se realizó en un campo de la empresa Satus Ager cerca de Arrecifes. Las situaciones son similares a los de otros campamentos de peones de la desfloración del maíz, hacinamiento, condiciones insalubres y mal pagos.
[Tomás Lukin] Argentina. Un nuevo campamento con 101 personas en condiciones de trabajo inhumanas fue descubierto en el establecimiento Doña Clementina, de la localidad bonaerense de Arrecifes. El campo es explotado por la empresa Satus Ager y es el segundo emprendimiento de la compañía dedicada a la exportación de semillas donde el Ministerio de Trabajo detectó asalariados sometidos a situaciones de extrema vulnerabilidad. Al momento de la fiscalización los operarios santiagueños se encontraban sin trabajar hacía dos días a la espera de la liquidación de sus jornales. Ninguno de ellos conocía cuánto ni cuándo iban a pagarles y tenían prohibido salir del campo. Vivían hacinados e incomunicados, sin corriente eléctrica y lugares aptos para el almacenamiento de alimentos. Sin embargo, en los últimos días, a partir de las investigaciones que lleva adelante la Justicia federal, la empresa había provisto al campo con baños químicos y bidones de agua potable.
"Muchos operarios se estaban aseando a la intemperie entre troncos caídos ayudados por baldes plásticos que, aunque no tenían ninguna inscripción, presuntamente eran envases de agroquímicos. Dormían en condiciones de hacinamiento total", sostiene el informe realizado el martes por los inspectores de los ministerios de Trabajo de Nación y la provincia de Buenos Aires. Los 101 trabajadores provenientes en su mayoría de Santiago del Estero estaban dedicados a la desfloración del maíz.
El allanamiento de la estancia Doña Clementina perteneciente a Satus Ager fue ordenado por el juez federal Carlos Villafañe Ruzo en el marco de la causa por presunta violación a la Ley de Trata de Personas. El campo Doña Clementina se encuentra a 10 kilómetros de Arrecifes por la ruta 191 y desde allí son 9 kilómetros más por caminos rurales. Los inspectores, que estuvieron acompañados por la Policía Bonaerense, se sorprendieron por la existencia de siete baños químicos y bidones de agua potable. "Indagando sobre el tema con los obreros nos informaron que tanto los baños químicos como el agua habían sido provistos pocos días atrás, por los movimientos llevados a cabo en la zona por el mismo tema. Tampoco tienen corriente eléctrica ni lugares aptos para el abastecimiento de alimentos, observándose en algunos casos gran cantidad de moscas", expresa el informe oficial.
Sobre los 101 trabajadores relevados, 35 no estaban registrados, en sintonía con el promedio nacional. "El trabajo digno no es solamente estar registrado. Los empresarios pueden estar realizando aportes por los trabajadores pero si no se respetan las condiciones de salud y seguridad es una tomada de pelo", explicó a este diario el subsecretario de Fiscalización de la cartera laboral, Guillermo Alonso Navone. En ese sentido, en Trabajo advierten que si se prueba la existencia de riesgos para la salud o la seguridad de los trabajadores se pueden suspender las tareas y cerrar los establecimientos.
El titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, consideró ayer que la decisión del Gobierno de incluir dentro del debate sectorial las condiciones de trabajo "es embarrar la cancha". Para el empresario tambero las situaciones de reducción a la servidumbre detectadas en las últimas semanas son hechos aislados que no están probados judicialmente: "Es un tema puntual que ni siquiera está demostrado judicialmente".
A pesar de las declaraciones de Biolcati, el establecimiento Doña Clementina en Arrecifes es la segunda inspección en campos explotados por Satus Ager donde se detectaron trabajadores sometidos a condiciones inhumanas desde que Página/12 revelara el pasado 2 de enero la situación de 130 obreros en un campo arrendado por la multinacional cerealera Nidera en la localidad de San Pedro. El primero fue detectado en dos campos ubicados en Ramallo hace seis días. En la Estancia Santa Celestina, la empresa albergaba cerca de 150 personas, entre las que había al menos nueve menores, expuestas a las mismas condiciones de trabajo insalubres detectadas en Arrecifes. En el primer allanamiento el salario prometido, alrededor de 3 mil pesos, distaba significativamente de los 1300 pesos percibidos finalmente, cifra que se contrae todavía más por los descuentos por comida y distintos elementos de trabajo. En el operativo efectuado el martes los trabajadores se encontraban sin trabajar a la espera de la liquidación de sus jornales, aunque desconocían el monto que recibirían.
La empresa Satus Ager fue creada en 1996 y se dedica a la exportación de semillas de soja, maíz, trigo, sorgo y girasol en 20 milhectáreas ubicadas en la zona más rentable de la pampa húmeda. Entre sus directivos figuran Félix Manuel Cirio, ex subsecretario de Agricultura de Felipe Solá, Félix Lanusse, Miguel y Juan Zimmermann, Ricardo Javier Cardinale y Martín Jarmoluk.
14 de enero de 2011
13 de enero de 2011
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siguen declaraciones en causa esma


Memoria, verdad y justicia. Continúan las declaraciones por la causa ESMA.
Argentina. El juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la Escuela de Mecánica de la Armada se reanudó con el testimonio de la hija de una pareja secuestrada en la Iglesia de la Santa Cruz el 8 de diciembre de 1977. La audiencia de hoy es una de las dos previstas durante la feria judicial de enero, ya que el 27 de este mes volverá a sesionar el tribunal.
"Mi mamá ya me había advertido que a ellos también se los podían llevar", contó Yamila Orane Bulit al relatar el secuestro de sus padres, Raquel Bulit y Gabriel Orane, activistas por los derechos humanos secuestrados en la puerta de la iglesia, tras ser señalados por Alfredo Astiz.
Orane Bulit, cuyos padres fueron llevados a la ESMA y, según diversos testimonios, arrojados al mar en un "vuelo de la muerte", fue la testigo 165 en declarar en este juicio que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 5 desde fines del 2009.
Los imputados en este tramo de la megacausa ESMA son Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Juan Antonio Azic, Carlos Capdevilla, Ricardo Miguel Cavallo, Julio César Coronel, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Manuel García Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Oscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller, Néstor Omar Savio y Ernesto Weber.
Orane y Bulit integraban el mismo grupo que las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, cuyos casos se investigan en este juicio, y en el que aún restan declarar unos ochenta testigos.
14 de enero de 2011
13 de enero de 2011
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represores volverán a la cárcel


Excarcelaciones anuladas en Bahía Blanca. Cincuenta represores vuelven a la cárcel.
Argentina. La Justicia Federal revocó un fallo de la Cámara de Casación Penal, que había dispuesto la excarcelación de medio centenar de procesados por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. Entre los que deberán volver a prisión figuran el contralmirante retirado Carlos Alberto César Busser, que comandó el desembarco naval en la guerra de Malvinas y el vicealmirante Eduardo René Fracassi, que fue jefe de la infantería de marina y secretario general naval en 1978.
La decisión fue tomada por los jueces bahienses Alcindo Alvarez Canale y Eduardo Tentoni, al aceptar un pedido del fiscal Abel Córdoba en base a un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido parámetros de evaluación de riesgos, que podría tener alcances en todas las jurisdicciones del país.
Los sospechosos habían sido liberados gracias a un fallo de la Cámara de Casación Penal que indicaba que los procesados no podían seguir tras las rejas sin ser sometidos a juicio por un período mayor a tres años, pero la Corte Suprema de Justicia avaló mantener las prisiones preventivas en los casos en donde se justifique la complejidad de la investigación judicial, los riesgos de fuga y la gravedad de los delitos imputados.
Las primeras tres excarcelaciones revocadas en Bahía Blanca fueron dispuestas días atrás por la Cámara Federal local, a las cual se sumaron 23 revocaciones a ex miembros del Ejército y a 22 oficiales de la armada, dispuestas por los jueces de primera instancia a cargo de las causas.
14 de enero de 2011
13 de enero de 2011
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