[Javier Rebolledo] Santiago, Chile. Uno de los ex agentes de la Brigada Lautaro el cuartel de exterminio más sanguinario que tuvo la DINA, la semana pasada subió hasta el tercer piso del Palacio de Tribunales para declarar ante el ministro de la Corte de Apelaciones, Víctor Montiglio.
Declaró por cerca de una hora y reveló al magistrado una parte fundamental de lo que esperaba escuchar: Lincoyán Berríos, miembro del Partido Comunista y secuestrado el 15 diciembre de 1976, estuvo detenido en la Brigada Lautaro, ubicada en Simón Bolívar 8800, La Reina.
El interrogado recordó que el plagio se extendió por cerca de un mes y que el personal del recinto lo llamaba ‘El Indio’.
En conversación con LND, agregó que Berríos fue brutalmente golpeado por los dos infantes de marina Sergio Escalona y Bernardo Daza en el gimnasio del recinto.
"Los gritos fueron tan ensordecedores que un vecino de parcela pidió del otro lado que, por favor, detuvieran el maltrato. A partir de ese momento las torturas comenzaron a llevarse a cabo siempre con una radio encendida y a todo volumen. Otra razón para recordarlo", señala.
Su relato fue fundamental, ya que desde octubre de 2007 Montiglio se encuentra abocado a resolver el llamado ‘caso de los 13’, que consiste en el secuestro y posterior desaparición de 11 integrantes de la segunda dirección clandestina del PC junto a dos militantes del MIR, hechos ocurridos entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976. Lincoyán Berríos era parte de esa estructura.
Previamente, el magistrado con la ayuda de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAES-DH) de la Policía de Investigaciones- resolvió el caso de la primera dirección del PC, conocida como ‘calle Conferencia’, procesando en 2007 a 74 ex agentes del cuartel ubicado en Simón Bolívar.
Los datos recabados hasta ahora en el sumario indican que tanto los miembros de la primera como la segunda dirección del PC fueron detenidos por integrantes de la Brigada Lautaro, comandada por el capitán de Ejército Juan Morales Salgado, y por los integrantes de dos grupos operativos liderados por Ricardo Lawrence y Germán Barriga, capitán de Carabineros y de Ejército respectivamente a esa fecha.
En los últimos días, Montiglio ha tomado declaración a gran parte de los integrantes de la Brigada Lautaro, labor que se espera concluya en siete días más en miras de resultados a conocerse en los próximos meses.
La Cueva y el AguaSantiago Araya Cabrera, militante del MIR, fue detenido en la calle el 29 de noviembre de 1976. El 13 de diciembre fue el turno del dirigente del PC Luis Lazo San Martín.
Dos días más tarde fueron secuestrados Horacio Cepeda Marinkovich, Lincoyán Yalú Berríos, Fernando Navarro Allendes, Fernando Ortiz Letelier, Héctor Véliz Ramírez, Reinalda Pereira Plaza y Waldo Pizarro Molina.
El 9 de diciembre fue detenido Armando Portilla, finalizando la operación el 18 de diciembre con Lisandro Cruz Díaz y Carlos Durán González (MIR) y el 20 de ese mes, con el secuestro de Edras Pinto Arroyo.
Sólo en 2007 comenzó a conocerse en el ámbito judicial el infierno que debieron vivir los detenidos, porque ningún preso salió con vida desde la Brigada Lautaro.
Respecto del destino de los dirigentes partidistas, el testimonio del suboficial mayor de Carabineros (R) Raúl Valdebenito Araya fue decisivo para abrir la causa.
Según él, por esos días, "tres o cuatro" detenidos, todos miembros del PC, fueron llevados hasta el gimnasio del cuartel, donde fueron interrogados.
No recuerda si fue ese día o al siguiente, que vio a las personas "ya ensacadas", aludiendo a que habían sido eliminadas y puestas dentro de bolsas paperas.
El mismo Valdebenito se encargó de conducir a la comitiva de automóviles hasta la cuesta Barriga. "Al llegar hasta el sector, nos detuvimos y recuerdo que los vehículos que venían custodiándonos sacaron de sus maleteras unos tres o cuatro bultos, los que fueron trasladados hasta el interior de una cueva", declaró en el sumario.
Según recuerda, "pocos días después", llegaron cinco detenidos más al cuartel, también miembros de la dirección del PC, quienes habían sido detenidos por los equipos operativos de Lawrence y Barriga.
Al respecto, reconoce en su declaración que le tocó secuestrar a uno de ellos que vivía "frente a una bomba bencinera, en una calle paralela a Matucana, antes de llegar a Mapocho". La descripción que hace corresponde al domicilio de Edras Pinto.
"Recuerdo que un día domingo, antes de la navidad de 1976, estas personas fueron sacadas y trasladadas vivas hasta el sector de Colina, en donde Gladys Calderón (la enfermera encargada de envenenar con cianuro a los detenidos), les habría inyectado una sustancia que les provocó la muerte, para posteriormente ser arrojados al mar desde un helicóptero", declaró Valdebenito ante Montiglio.
El magistrado también tiene acreditada la forma en que varios de los militantes de la segunda directiva del PC fueron torturados y eliminados dentro del cuartel.
Morir en SilencioUno de los agentes que ha colaborado con la investigación que lleva Montiglio señaló a LND que, además de los dos especialistas en torturas dentro del cuartel Simón Bolívar los infantes Daza y Escalona , un tercer hombre, tanto o más cruel, trabajaba de la mano con ellos.
Se trata del sargento primero de Ejército (R) Juvenal Piña Garrido. Fue él quien reconoció que asfixió "con una bolsa de supermercado" al máximo dirigente comunista de la primera dirección del PC, Víctor Díaz López.
"En ese preciso instante le manifiesto que me perdonara por la acción que iba a llevar a cabo (... ). Presioné esta bolsa a su cuello, con el fin de impedir el paso de oxígeno a su cuerpo. Al cabo de unos tres minutos observé que ya no tenía signos vitales", declaró en 2007.
Este fue el único crimen que confesó Piña, o ‘El Elefante’, sobrenombre con que era conocido por el resto de los agentes de Lautaro.
A pesar de ello, uno de sus compañeros de labores, el suboficial Eduardo Oyarce Riquelme, además de sumarle otro crimen, lo vinculó con la segunda dirección del PC. "(Horacio Cepeda Marinkovich) fue muerto a raíz de los golpes que le propinó el ‘El Elefante’, declaró.
Por su lado, Valdebenito señaló los crímenes de dos dirigentes más pertenecientes a la segunda dirección del PC. En el caso del profesor Fernando Ortiz, padre de la actual directora de la Junji, María Estela Ortiz, secuestrado el 15 de diciembre, confesó que cuando estuvo detenido en el cuartel de Simón Bolívar, le tocó tomarle los datos personales, previa sesión de tortura.
"Esta persona me dio a conocer su nombre y profesión, recordando que se trataba de un profesor de apellido Ortiz, quien había sido detenido al concurrir a un punto de contacto, en el que debía encontrarse con otro miembro del partido en el sector de Pedro de Valdivia. Una vez finalizada la conversación, esta persona comenzó a sentirse mal y al poco rato falleció", relató.
El motivo por el que murió Ortiz fue revelado por otro ex agente de la brigada. Éste señaló que entre Daza y Escalona le dieron tantos golpes con palos para aplanar tierra que su rostro se desfiguró y los huesos de sus piernas terminaron con fracturas expuestas.
Para Reinalda Pereira, embarazada de cinco meses cuando fue detenida, fue tanto o más duro. "A esa mujer la torturaron brutalmente y ella clamaba para que pararan, porque decía que estaba embarazada. La teniente Calderón chequeó que eso era efectivo, pero igual el capitán Barriga siguió con las torturas y la corriente. Estaba en muy mal estado y empezó a pedir que la mataran. Murió unas tres horas después, en el gimnasio del cuartel. La teniente Calderón le inyectó cianuro en la vena para asegurar su muerte", señaló al ministro el ex agente que también testimonió sobre Ortiz.
Cabos SueltosLa encargada de suministrar las dosis letales de cianuro, la suboficial y asistente de enfermería Gladys Calderón confesó que a partir de la llegada de Lawrence y Barriga al cuartel (mayo de 1976), el número de detenidos creció en forma exponencial y que el encargado original, el capitán Juan Morales Salgado, "pasó a ser un mero observador y acatador de las órdenes que daba Lawrence, quien tomó el control absoluto de la unidad y del personal".
Lo mencionado por Calderón fue probado en la investigación que lleva el ministro Montiglio. De hecho, se logró establecer que Morales recibió la orden de prestar los equipos de tortura, las instalaciones y también a personal de su unidad para detenciones, tormentos, traslado de cuerpos y eliminación.
Sin embargo, cuando se consultó a la mujer por su labor en la brigada, fue vaga. Señaló que sólo le tocó "hacerlo" en dos ocasiones, sin recordar la identidad de los detenidos, y que el método de la inyección "a todas luces era para terminar con la agonía de los detenidos, los que eran salvajemente torturados por el grupo de Lawrence".
A pesar de ello, varios agentes la reconocen como la encargada de suministrar la inyección letal a prácticamente todos los detenidos que pasaron por el cuartel, incluidos Reinalda Pereira y Víctor Díaz.
Probablemente hasta el final de la investigación habrá cabos sueltos, como víctimas que nadie reconocerá o recordará, entre otros aspectos, debido a que los agentes más sanguinarios se han negado a colaborar en la investigación.
Sin embargo, los datos recabados hasta ahora serían suficientes para el ministro Montiglio. Con una cantidad similar de evidencia, procesó a los 74 agentes en la causa de calle Conferencia, transformando el caso en aquel con mayor número de procesados en la historia de Chile.
7 de abril de 2009
4 de abril de 2009
©la nación
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[Patricio Gómez] Concepción, Chile. Efectivos de la PDI detuvieron a ocho mapuches que tendrían participación directa en el ataque que sufrió el fiscal Mario Elgueta y cinco policías, en el sector de Tirúa, Región del Bío Bío, el 17 de octubre de 2008 , hecho considerado como el atentado más grande ocurrido en la zona del conflicto mapuche.
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