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recuerdan a víctimas de dictadura


Memorial recuerda a 30 víctimas del regimen militar. Mulchén no olvida a detenidos desaparecidos.
Mulchén, Chile. Hace unos días, el recuerdo de 30 víctimas de la represión militar se sintió con fuerza en la comuna de Mulchén.
Pero, más importante aún, esta remembranza perdurará en el tiempo, a través de un memorial que fue inaugurado el pasado 5 de octubre y que registra el sufrimiento de detenidos desaparecidos entre los meses de septiembre y noviembre de 1973, residentes en los sectores de El Morro, El Carmen, Rocalchue y Pemehue.
El especial acto congregó a un centenar de autoridades de gobierno y representantes de organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas. Entre ellos, estuvo la encargada nacional del programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, Raquel Mejías, el secretario nacional ejecutivo de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Gonzalo Muñoz; y el presidente de la agrupación local, Pedro Roa.
La ceremonia estuvo cargada de emotivos y sentidos recuerdos por parte de los familiares de las víctimas, con testimonios conmovedores donde daban cuenta de las atrocidades a que fueron sometidos sus seres queridos.
Las autoridades presentes recalcaron el compromiso de avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia, tal como lo señaló la presidente Michelle Bachelet en su discurso del pasado 21 de mayo. Resaltaron que ella aseguró que los gobiernos de la Concertación no descansarían en buscar la verdad y justicia, "para encontrar hasta el último hueso de los detenidos desaparecidos".
También se recordó que la mortal caravana, integrada por quienes colaboraron en la represión, detuvo a muchas personas en la zona de Mulchén, en su mayoría campesinos que no tenían militancia política. Mauricio Aedo, el movimiento Memoria Viva, dijo: "recordemos que esta Caravana de la Muerte estuvo compuesta por militares, carabineros y en su mayoría civiles que colaboraron en la represión como una forma contestaria y criminal por lo que significó para ellos la Reforma Agraria". Aedo acotó que todavía se desconoce el paradero de los 30 homenajeados en el memorial. Sólo cuatro presentaban militancia política, en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y con edades entre 16 y 19 años: Ramón Labrador Urrutia, Gabriel Labra Espinoza, Jorge Narváez Salamanca y Ángel Atanasio Jara. Esta zona también registra la desaparición de una familia completa: los Albornoz González, integrada por el jefe de hogar y cinco de sus hijos.
El memorial inaugurado es una escultura diseñada y construida por la artista Sandra Salamanca, similar a una instalada en el puente Quilaco sobre el río Bío Bío. Consta de piedra y acero, y según su autora, representa la mezcla perfecta de lo que significaron los treinta hombres de Mulchén a los cuales recuerda.

12 de octubre de 2007
©la tribuna
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juez cerda recibe premio gruber


Juez Cerda recibió premio por actuación en casos de derechos humanos.
Washington, Estados Unidos. Magistrado subrayó la legitimidad del galardón y la independencia política de la Fundación Gruber, en alusión a las ácidas críticas de la derecha y el pinochetismo.
En un acto en la Universidad de Georgetown, en Washington, Estados Unidos, la Fundación Peter y Patricia Gruber reconoció al juez chileno Carlos Cerda, quien viene de procesar al clan Pinochet el jueves pasado- por sus actuaciones en casos de derechos humanos.
El premio de $88 millones ha sido cuestionado ácidamente por la derecha y el clan Pinochet que lo han interpretado como un galardón por su accionar contra la familia y el entorno del ex dictador.
Pero el magistrado subrayó la legitimidad del galardón y la independencia política del organismo. "Hay actos que personas de buena voluntad en el mundo, que no están identificadas con ninguna postura mezquina, como es el caso de los Gruber, son oasis que pretender mostrarle a la humanidad" hechos destacados en ámbitos como genética, la neurociencia, la cosmología y el derecho, explicó el juez a Radio Cooperativa.
En este sentido, explicó que el galardón es "un reconocimiento a un compromiso con los derechos esenciales de las personas", y a una "manera de ser juez en la que, sin estridencia, con total fortaleza, templanza y coraje se va haciendo lo que hay que hacer para, sobre la verdad que aparece del proceso, se determine justicia".
De ahí que remarcara que "cualquier otro significado que quiera extraerse de eso, que pueda ser destructivo, pienso que es mezquino y es bueno dejarlo de lado".

Recurso de Inhabilitación
Asimismo, el magistrado afirmó que "está bien" que los familiares del ex dictador reclamen su inhabilitación del caso por malversación de fondos porque -estimó- "es bueno que todas las personas se atrevan a ejercer sus derechos".
Cerda estimó que "si ellos consideran que el juez, en este caso yo, incurrió en conductas que lo ilegitiman, porque pierde su independencia, su objetividad, su imparcialidad, está bien que soliciten la remoción".
"Y, si convencen al tribunal supremo de que efectivamente así es, mejor sería que el tribunal supremo me removiera", desafió. erda estuvo acompañado en la ceremonia por sus hijos y mañana se traslada a Miami.

Dato
Junto con Cerda fueron distinguidos por la Fundación Gruber la magistrada Carmen Argibay, de Argentina, y Mónica Feria, de Perú.

10 de octubre de 2007
©la nación
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policía no acepta a homosexuales


Dos carabineros dicen que fueron forzados a renunciar por ser homosexuales.
Santiago, Chile. Dos carabineros denunciaron hoy que fueron forzados a abandonar la policía por ser homosexuales y vivir en pareja.
La jefatura de la Policía de Carabineros aseguró, por su parte, que los agentes, identificados como Armando Salgado y Víctor Rivas, se alejaron voluntariamente de la institución tras señalar que tendrían mejores perspectivas laborales en el mundo civil.
Salgado y Rivas recibieron el inmediato apoyo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), que denunció la situación como un caso de discriminación.
"Es una discriminación brutal que dos carabineros, sólo por el hecho de ser pareja, se vean obligados a firmar un documento donde los obligan a apartarse de su cargo", afirmó en una declaración el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.
Agregó que la organización denunciará el hecho ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y que el Movilh apoyará a los afectados en la presentación de una demanda judicial contra la Policía de Carabineros por discriminación.
En declaraciones a Chilevisión, Salgado y Rivas aseguraron que sus superiores les obligaron a firmar sus renuncias, bajo amenaza de hacer pública su condición de homosexuales.
"Me dijeron que esta era una institución bien 'machita' y que para tapar todo y para que nadie supiera firmara mi baja voluntaria", dijo Salgado.
Por su parte, Rivas indicó que le amenazaron con "contar" el asunto a su familia y le dijeron que le irá "mal en la vida civil" y no podría "hacer nada afuera" de Carabineros.
Salgado y Rivas aseguraron que nunca mezclaron su vida personal con su desempeño en la Policía, a la que dijeron haber ingresado por vocación.
Aunque manifestaron su deseo de volver a las filas de Carabineros, los dos agentes señalaron que temen ser objeto de discriminación si ello aconteciera.

10 de octubre de 2007
©la nación
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cámara sobre asesinato de frei


Cámara analizó en sesión especial muerte de ex presidente Frei.
Valparaíso, Santiago. En una sesión especial, a la que concurrió el presidente del Senado, Eduardo Frei Ruiz Tagle, la Cámara de Diputados discutió las implicancias de la investigación por la muerte de su padre, el ex mandatario Eduardo Frei Montalva, ocurrida en enero de 1982.
Al inicio de la reunión, y tras la exposición del caso por parte del diputado socialista Juan Bustos, su correligionaria Denise Pascal señaló que el ex presidente fue asesinado, basándose en todas las pruebas y antecedentes que existen.
Los mismos planteamientos los formularon otros diputados de las bancadas oficialistas, como el DC Gabriel Ascencio, mientras congresistas de oposición llamaron a respetar la independencia del Poder Judicial.
Por su parte, el independiente PPD Tucapel Jiménez, a través de una carta leída por Ramón Farías, indicó que tanto la muerte de su padre, Tucapel Jiménez Alfaro, dirigente de la ANEF asesinado en febrero de 1982, como la de Frei Montalva, estaban insertas en una política de exterminio de líderes opositores al régimen militar.
Al finalizar la sesión, los parlamentarios aprobaron un proyecto de acuerdo en que piden a la presidenta Michelle Bachelet que reoriente el proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos, actualmente en comisión mixta, de acuerdo a lo aprobado por la Cámara, es decir, para que sea un ente autónomo con capacidad de presentar demandas en los tribunales por violaciones a los derechos humanos.
Adicionalmente, el texto solicita a la Corte Suprema que entregue más recursos a los ministros de Cortes de Apelaciones que llevan causas de derechos humanos, y que tengan dedicación exclusiva. También demanda a la Policía de Investigaciones que haga lo propio con la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos.
En la sesión también se debatió ampliamente la muerte de Luis Almonacid Arellano, dirigente comunista muerto en dictadura. Luego que la justicia chilena aplicara la Ley de Amnistía, la familia acudió a la Corte Americana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó a Chile seguir investigando y castigar a los responsables.
En este punto, el acuerdo de la Cámara pide a la presidenta fortalecer las medidas preventivas y legislativas para cumplir el fallo del caso Almonacid y demanda ratificar los tratados internacionales en materia de derechos humanos que se encuentran pendientes.
Asimismo, pide otorgar urgencia al proyecto de ley que tipifica como delito la obstrucción a la justicia cometida por terceros y averiguar las responsabilidades civiles en el uso de gastos reservados para realizar ejecuciones de adversarios políticos y eludir la acción de la justicia.

10 de octubre de 2007
©la nación
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atentado terrorista quedará impune


[Poly Raín] Después de 23 años. Corte Suprema puso punto final al caso Fátima.
Santiago/Punta Arenas, Chile. Aplican la prescripción respecto de la causa seguida en contra de tres militares que estaban procesados por conductas terroristas. Tras el sobreseimiento de los ex efectivos del Ejército, atentado dinamitero fue cerrado definitivamente sin culpables.
La Corte Suprema de Justicia puso punto final al proceso penal abierto en octubre de 1984, respecto del trágico atentado dinamitero que destruyó el templo Fátima en Punta Arenas y que costó la vida del teniente de Ejército, Patricio Contreras Martínez. Con fecha de ayer, la Sala Penal confirmó la prescripción en la investigación en contra del general (r) Gonzalo Jara Padilla, y los suboficiales (r) Humberto Olmedo Álvarez y Milton Muñoz Campos, quienes se encontraban procesados por infracción a la Ley 18.314, sobre conductas terroristas, al colocar una bomba en la mencionada parroquia católica.
En fallo unánime, los ministros Alberto Chaigneau (presidente y redactor), Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros y Hugo Dolmestch, rechazaron el recurso de casación presentado por el abogado querellante del Obispado, Luis Díaz Coñuecar.
De este modo, se confirmó plenamente el fallo de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, la que el 23 de enero pasado aplicó la prescripción de la acción penal.
Esto significa que se extingue total y absolutamente la responsabilidad en los hechos investigados, respecto de los tres ex militares procesados en la causa, resolución que le significó -a comienzos del año pasado- permanecer detenidos en recintos del Ejército en Punta Arenas.

Histórico
En opinión de uno de los abogados defensores, Daniel Mackinnon, ayer, 8 de octubre, fue un día histórico, por cuanto hace 23 años, un día como ayer, se inició formalmente en Punta Arenas el proceso criminal por el atentado dinamitero contra el templo Fátima.
Desde el punto de vista profesional, Mackinnon manifestó su plena satisfacción por el trabajo desplegado durante este año y medio que le correspondió defender a los tres ex uniformados. "Fue un arduo y acucioso trabajo en equipo (aludiendo a la labor desarrollada conjuntamente con su colega Dagoberto Arias), pudiendo demostrar al final que la participación de nuestros procesados quedaba delimitada a cero".
El abogado destacó que se trata de un fallo consistente, de 15 considerandos, dejando claramente establecido que el recurso de casación promovido por la parte querellante fue mal planteado, al no contener ninguna de las siete causales de nulidad que exige el Código de Procedimiento Penal.
La vista de la causa -ante la Corte Suprema- se produjo el pasado miércoles 26 de septiembre, participando en los alegatos los abogados Luis Díaz Coñuecar, por la parte querellante, y los profesionales Daniel Mackinnon y Dagoberto Arias, por los procesados.
El abogado querellante intentó revertir la decisión de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, invocando para tal efecto convenios y tratados internacionales, que sostienen que los hechos de lesa humanidad son imprescriptibles, no susceptibles de amnistía. La contraparte, en tanto, planteaba que la prescripción era plenamente aplicable en este caso.
La prescripción de esta causa tras poco más de dos décadas de investigación, fue acordada a nivel local -en enero de este año- con los votos de los ministros Hugo Faúndez y Virginia Bravo. Un tercer ministro, María Isabel San Martín, no compartió tal parecer, inclinándose a favor de lo resuelto por el ministro de fuero Renato Campos, quien denegó dar lugar a la pretensión manifestada por las defensas de los procesados.

Parte Resolutiva
Al cabo de 9 meses del fallo anterior, con fecha de ayer, los magistrados de la Corte Suprema consideraron que el recurso de casación interpuesto por el Obispado no es la vía para recurrir en contra de la sentencia de Punta Arenas, ya que se trata de un recurso de derecho estricto. "Como puede observarse, aparece de manifiesto que el recurrente no señala ni presupone ninguna de las siete causales taxativas que establece el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, único camino que permite fundar un recurso de casación en el fondo en materia penal", dice el fallo.
Y agrega: "Que, dado el incumplimiento de una obligación que correspondía observar exclusivamente al recurrente, en cuanto a precisar concretamente la o las causales que invoca para el acogimiento del recurso, para luego desarrollarla y vincularla con las normas legales que estima infringidas, lo que no se cumple; dada la insuficiencia de su explicación y cita genérica civil, impiden a esta Corte entrar a analizar su procedencia, pues importaría a estos sentenciadores entrar a suponer la causal y los fundamentos del recurso, lo que no permite determinar, con toda precisión, en qué consistió el error de derecho, lo que llevará a su rechazo".
Tras esta sentencia, que exculpa a los tres ex militares procesados en la causa, el atentado queda sin culpables.

prayn@laprensaaustral.cl

9 de octubre de 2007
©prensa austral
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habla el juez guzmán


"[Victoria Ginzberg] Juan Guzmán Tapia, el juez chileno que procesó a Pinochet. "Viví todo como si hubiera estado ocurriendo".
El juez Guzmán Tapia procesó a Pinochet y luego la Corte Suprema declaró al dictador inimputable por su salud mental. Sufrió presiones del gobierno de Ricardo Lagos y reconoce que su visión de la dictadura "se fue transformando a medida que escuchaba a las víctimas".

¿Cuándo lo nombraron juez? ¿Cómo comenzó su carrera judicial?
Fue durante la presidencia del doctor Salvador Allende, pero no tuve el honor de estar con él. Tuve una entrevista con el jefe de gabinete del Ministerio de Justicia, Juan Papic, quien, como condición para nombrarme, me preguntó si le prometía que nunca iba a castigar la pobreza. Le dije que podía cumplir con esa promesa y la cumplí.

Es difícil, porque el mismo sistema judicial criminaliza la pobreza.
Desde luego. Pero en casos de hurtos famélicos, en los que la persona está robando para que su familia no se muera de hambre, mis sentencias fueron por inocencia, como mis votos en tribunales colegiados. Siempre estuve por el estado de necesidad.

¿Por qué se retiró?
¿Del Poder Judicial? Porque cumplí 65 años; más, 66, porque a los 65 me di cuenta de que todavía podía hacer algo, que podía procesar a Pinochet en la Operación Cóndor. Si yo me retiraba podía tocar un juez que no lo hiciera, así que esperé hasta procesarlo para retirarme. Cuando lo hice, consideré que había cumplido largamente con mi función, con mi momento histórico y que debía dedicarme a otras cosas. Ahora me dedico a escribir y a la docencia.

¿Es cierto que mientras investigaba fue cambiando su apreciación sobre lo ocurrido en Chile durante la dictadura?
Fui poco a poco tomando conciencia de lo que estaba pasando en Chile. Mi primer encuentro con la realidad fue como relator de la Corte de Apelaciones. Llevaba las causas a los miembros de la Corte y les relataba las barbaridades, los secuestros; pero ahí no tenía ningún poder de decisión. Los jueces me decían: "No nos cuente los hechos, díganos si informó la DINA, si informó el Ministerio de Interior", etcétera. Como no había respuestas, se rechazaban los habeas corpus. Respondían casos que tenían que ver con la vida y la integridad física y psíquica de personas como si se tratara de aplastar a una hormiga. Esa frivolidad no digna de jueces me llamó la atención. Estudié las primeras causas de derechos humanos durante el gobierno de Pinochet, como miembro de la Corte Marcial en representación de la Corte de Apelaciones. Dicté sentencias condenando a agentes de la dictadura. Las otras situaciones las conocí después de 1998. Ahí fue cuando más me enteré de lo que había ocurrido, porque me enteré por la voz misma de las personas torturadas o por los familiares de los detenidos desaparecidos.

¿Qué fue lo que más lo conmovió de los testimonios que escuchó?
La desesperanza de parte de los familiares de los desaparecidos. Su sufrimiento eterno. Estas familias sienten que nunca tuvieron una despedida y el sufrimiento es terrible, porque nunca se comienza con el duelo. Me llamó la atención cómo el alma humana podía estar afectada –y era lógico que lo estuviera– por hechos ocurridos hacía 25 o 30 años. Eran hechos que estaban presentes. También me marcó mucho las vejaciones de los hombres y las mujeres que fueron torturados, las formas de torturas, cómo se humilla al ser humano en lo más íntimo de su cuerpo y su dignidad. Al escuchar tantos relatos tan espantosos obviamente me fui poniendo cada vez más... yo diría... realista sobre lo que fue la dictadura en Chile.

Usted dijo que le marcó el tema de la condición de los desaparecidos. ¿Es por eso que se ocupó especialmente de intentar recuperar los cuerpos?
En efecto. Recorrimos todo Chile. Los miembros de la Corte Suprema decían que estaba paseando, que hacía turismo. Recorrí todo el país, no fui a la isla de Pascua, como algunos jueces, porque allí no ocurrió nada. Fuimos buscando, según los datos que teníamos, entierros que habían hecho los militares. En un cementerio logré revisar con antropólogos y médicos más de mil quinientos cadáveres NN correspondientes a los años de la dictadura.

¿Pudieron identificar a alguien?
Logramos recuperar exactamente veinte cuerpos que fueron entregados a los familiares.

¿También reconstruyó la Caravana de la Muerte?
Sí. En las inspecciones que hice buscando cuerpos encontramos cuatro desaparecidos de la Caravana.

¿Y las reconstrucciones cómo se hacían? ¿Participaban los acusados?
En algunas reconstrucciones de escena iba con militares. Una vez fui con un primo hermano mío, al que no conocía hasta ese momento, que participó en la Caravana de la Muerte. Ibamos hasta los lugares en los que se habían perpetrado los crímenes. Esas reconstrucciones eran importantes, porque los acusados mentían y decían que habían sido fugas. En los lugares de los hechos se demostraba que no habían sido fugas sino masacres. Hubo reconstrucciones de escenas con militares llevando una especie de arma y así decían cómo habían disparado, a cuántas personas mataron o cómo dieron las órdenes. Todo esto fue vivido por mí como si hubiera estado ocurriendo.

¿Iban familiares de las víctimas?
No. Sí fueron familiares en una situación que fue la muerte de cuatro indígenas en un barco en el que miembros de la Armada de Chile dispararon contra cuatro hombres que cayeron con el estómago desecho y nunca fueron encontrados. En ese caso hubo una especie de careo entre las familias y los marinos. En mi presencia, uno de los marinos que hoy está condenado pidió perdón y la mujer indígena, la viuda o la hija, le dijo: "Lo importante es que haya justicia".

¿Por qué estudió Derecho?
Para entrar a la carrera diplomática. No estudié muy convencido. Postulé tres veces al Ministerio de Relaciones Exteriores y nunca quedé. No tenía apoyos políticos.

¿A qué se hubiera dedicado si no hubiera sido abogado?
Hubiese querido ser profesor de inglés, pero en esa época ser profesor en Chile estaba muy mal pagado. Me arrepentí mucho porque realmente me gustaba la literatura inglesa. Pienso que hubiera sido un buen profesor. Después fui profesor de Derecho.

¿No le gustaba actuar? Fue extra en una película.
Eso fue porque necesitaba dinero. Cuando no me aceptaron en el Ministerio de Relaciones Exteriores empecé a trabajar como receptor, un cargo de ministro de fe, de los que hacen notificaciones de las demandas. Era mal receptor, porque no embargaba las cosas, decía que no había nada o embargaba tonterías y los abogados no me contrataban. Entonces vino la ocasión de trabajar en la película de Costa-Gavras, ‘Estado de sitio'. Y ahí nos ganamos mi mujer y yo el equivalente a un Fiat 600.

Pero la película no se pudo ver en Chile hasta mucho después...
Se estrenó en el año 2001.

Y usted mismo falló contra la exhibición de otra película censurada, ‘La última tentación de Cristo'. ¿Hoy haría lo mismo?
No. He evolucionado mucho. En esa ocasión realmente me convencieron los argumentos de los peticionantes en el sentido de que de esa película denigraba un poco el recuerdo de Cristo y era una ofensa para los católicos. Esa fue mi posición en 1997. Por esa sentencia fue después condenado Chile en la Corte Interamericana. Leí el fallo, encontré la razón y cuando me tocó otra causa parecida con relación a una obra de teatro sobre un héroe chileno, Arturo Prat, fallé con la posición de la Corte Interamericana. Hoy votaría diferente sobre ‘La última tentación de Cristo'.

¿También han cambiado sus posiciones políticas?
Nunca me he considerado de ningún partido político. He votado por los cuatro gobiernos de la Concertación. Soy un hombre que está por las causas de la gente modesta.

¿Puede ser que cuando usted estaba a cargo de la causa contra Pinochet hubiera expectativas diferentes? ¿No sorprendió con sus decisiones?
La mayoría de mis colegas me decía: "¿Cuándo vas a archivar esta causa? No te quemes más". Hay jueces que hubieran hecho lo mismo que yo, pero había menos a favor de la instrucción que en contra. Hoy creo que eso ha variado. Pero creo que no se equivocaban en pensar que yo podía haber fallado a favor de Pinochet en un momento determinado: fui a colegios católicos, me vinculé con la gente de la derecha y en algún momento hasta rompí manifestaciones del Partido Comunista. Cuando estudiaba, me captó un grupo de extrema derecha y me anunció los peligros del comunismo. Estuve dos o tres meses aprendiendo técnicas de defensa y agresión, y en una ocasión desbaratamos una manifestación comunista. Me salí cuando me di cuenta de la estupidez que era eso. Me vi arrastrado, le hacía el juego a la gente de los sectores dominantes. Son cosas de las que me arrepiento, son parte de la vida. Como me arrepentí del estar a favor del golpe militar cuando se produjo.

¿El gobierno de Michelle Bachelet hace lo suficiente para impulsar las causas por violaciones a los derechos humanos durante a dictadura?
Tiene que regir la independencia de los distintos poderes. No se puede involucrar en un sentido ni en el otro. Y no ha habido ningún inconveniente, que yo sepa. Pero le falta iniciativa cuando se trata de causas vinculadas con los pueblos originarios.

¿Cómo definiría la situación actual de los juicios sobre la dictadura en Chile?
Estoy convencido de que hubo un pacto oficioso entre la Concertación y los agentes de la dictadura, que consistió en que no se debería procesar a Augusto Pinochet. En todas las causas que se desarrollaron contra Pinochet hubo una gran presión a todo nivel. No ocurrió lo mismo en las causas que involucraban a los demás agentes estatales que participaron en los crímenes contra los derechos humanos. Se podría decir que actualmente hay una normalidad, dentro de lo humano que son los jueces y lo sesgadas que son algunas de sus opiniones. Como en la Argentina hay quienes están a favor del Punto final y la Obediencia Debida y otros que están en contra, allá en Chile también existen esas posiciones.

La impresión es que la sociedad chilena está más dividida. ¿Es así?
Está bastante dividida. Existe una ley de amnistía que cubría los crímenes de la dictadura durante los cinco primeros años, es decir, de 1973 a 1978. Todavía existe una discusión entre los jueces sobre si es aplicable o no, particularmente con relación al secuestro permanente. En mi concepto, jamás operaba esa ley de amnistía toda vez que los crímenes continúan perpetrándose.

Usted fue pionero en aplicar esa doctrina del delito continuado en Chile. ¿Los jueces la siguen aplicando?
Hay varios jueces que siguen ese planteamiento, son los que impulsan las causas de derechos humanos. La Corte mayoritariamente ha estado por esa posición. Pero en una ocasión, la Corte Suprema aplicó la amnistía. Fue a pocas semanas de que la Corte compuesta por otros miembros estimara que los delitos que habían perpetrado los agentes del Estado eran de lesa humanidad y que no eran amnistiables. Fue la misma sala compuesta por otros jueces.

¿Cuántas personas responsables de crímenes de lesa humanidad están en este momento presas en Chile?
Hay más de 30. Sometidas a juicio hay más de 300 y van a haber otras 50 más. En ese sentido, la Justicia ha funcionado bastante mejor que lo que yo pensé.

¿Usted cree que su decisión de procesar a Pinochet fue lo que dio impulso a otros jueces?
Espero que sí. Lo que impulsa muchas veces a los jueces es primero que todo la conciencia y su convicción de que están dictando sentencias acordes con el Derecho.

Eso es lo que debería impulsarlos...
Es lo que debería impulsarlos. Y yo lo pensé siempre así. Pero el hecho de que haya jueces que toman decisiones importantes y que estas decisiones sean ratificadas por las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema obviamente da impulso a los jueces para continuar dictando resoluciones a favor de los derechos humanos. En ese sentido, ha habido un gran impulso en Chile, pero cuando yo empecé éramos pocos los jueces vinculados con temas de derechos humanos. Uno de ellos era el juez José Cánovas, a quien se le perjudicó la carrera por su posición enérgica y valiente por los derechos humanos durante la dictadura. Otro fue Carlos Serra Fernández, a quien también se le ha perjudicado su carrera. Ha sido nombrado por la presidenta Bachelet para ser miembro de la Corte Suprema, no lo apoyó el Senado por razones políticas y vio su carrera frustrada. Fue consecuente, valiente y único en el momento en el que le tocó dictar sentencia en contra de agentes estatales en plena dictadura. Luego, a mí me tocó trabajar después de la dictadura en un momento difícil y las presiones igual las recibía por parte del gobierno, por parte del Poder Judicial a través de sanciones y por parte de la prensa.

¿Cómo lo presionó el gobierno?
La segunda vez que dicté un auto de procesamiento contra Pinochet en la causa Caravana de la Muerte me telefoneó el jefe de gabinete del ministro de Justicia. Me dijo de frontón: "Magistrado, le suplico que deje sin efecto el procesamiento de Pinochet". Obviamente le dije que le mandaba a decir a su jefe que no se metiera en cosas que no correspondía y colgué. Inmediatamente llamé a una colega suya y le pedí que hiciera circular la noticia. Ahí terminaron todas las presiones del gobierno. Fue una sola, pero fue bastante fea. Fue en el período del presidente (Ricardo) Lagos.

¿Cómo definiría a la Argentina en relación con Chile en el avance de estas causas?
Encuentro que aquí la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos hacen una labor extraordinaria, que también hacen los organismos de derechos humanos en Chile. Por parte del Estado, en Chile no ha habido grandes avances, al contrario. El Parlamento ha sido bastante reaccionario en la materia. En cambio, en la Argentina ha habido grandes avances políticos. Todo lo relacionado con la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida son pasos muy importantes.

¿No hay margen para plantear en Chile la anulación de la amnistía?
Se habla... pero no se hace nada.

Usted procesó a Pinochet después del intento del juez Baltasar Garzón, que fue el primero en ordenar su arresto.
¿Concuerda con el sistema de Justicia universal o cree que cada país debe juzgar a los responsables?
Siempre estuve por la posición de que Garzón tenía jurisdicción universal en lo que se refiere a delitos de lesa humanidad. Por mi parte, yo tenía en mente desde hacía mucho tiempo e iba en camino de pedir el desafuero de Pinochet, que fue lo que hice el mismo día que llegó de Londres. Al poco tiempo lo procesé. En una ocasión, la Corte de Apelaciones y luego la Corte Suprema echaron abajo el procesamiento por vía de un habeas corpus. La segunda vez lo confirmaron, pero rebajando la calidad de su participación. Yo lo determiné como autor y la Corte de Apelaciones de Santiago lo bajó a encubridor, lo que fue un disparate.

¿Cree que Pinochet se sentía seguro en Chile?
Creo que había ese pacto oficioso y que él estaba convencido de que yo estaba haciendo un saludo a la bandera. Tanto es así que me atendió muy bien cuando lo fui a interrogar.

¿Cómo fue?
En Chile, la dictadura alteró el procedimiento y eran los jueces los que tenían que ir a interrogar a los generales a su casa, en vez de que ellos fueran al tribunal. Era el mundo al revés. Me costó mucho poder interrogar a Pinochet, por eso fue que lo procesé una vez sin su declaración indagatoria. Lo fui a interrogar a su casa seis meses después de que llegó de Londres. Lo interrogué en el salón de su casa. Me hizo unas preguntas un poco absurdas, como si podía viajar de un lugar a otro. Le dije que mientras no fuera procesado gozaba de plena libertad. Le pregunté sobre su intervención en la Caravana de la Muerte y me dijo: "Mire, yo no soy ningún criminal", y me dio a entender que no tenía nada que ver, hasta que le mostré una hoja de su puño y letra y le pregunté si reconocía la letra. Dijo que sí. Le expliqué que ahí precisamente se estaba refiriendo a un informe que debía darle un general de Ejército del Norte, Joaquín Lagos. "Usted le está dando instrucciones de cómo debe ser el oficio que le debe mandar con relación a los muertos de la Caravana de la Muerte", le dije. Contestó que era su letra, pero que no recordaba muy bien de qué se trataba. Era un documento muy incriminatorio. Le hice otras dos o tres preguntas relacionadas con la Caravana y se desentendió. Dijo que eran temas menores que les correspondían a otros, que él estaba en la política internacional y cosas más importantes.

¿Usted le notificó el procesamiento personalmente?
Eso no lo hacen los jueces. Fue el secretario de la Corte de Apelaciones. Sé que la secretaria que lo hizo fue muy cariñosa, le dio un beso... cosas... (se ríe). Para que vea usted cómo es la hipocresía o el servilismo.

¿Qué cambió en Chile con la detención de Pinochet?
Demostró que no había nadie por encima de la ley. Ibamos por el buen camino. Pero la defensa de Pinochet me pidió que lo sobreseyera por considerar que sus facultades mentales y físicas no estaban aptas. Yo dije que estaban aptas. La Corte de Apelaciones lo sobreseyó provisoriamente y la Corte Suprema lo sobreseyó definitivamente declarando que era insano.

¿Eso lo frustró?
Fue frustrante, pero desde un sentido patriótico. Yo dicté mi resolución, quedé con mi conciencia tranquila. Lo que me dolió es que la Corte Suprema, que había cometido tantos errores durante la dictadura, perdió su oportunidad histórica de rehabilitarse. Por la cantidad de recursos de amparo que rechazó la Corte Suprema, lo mismo que la Corte de Apelaciones, por su pusilanimidad y su entreguismo a la dictadura se mataron, secuestraron y torturaron personas. Pensé, y lo sigo pensando, que el Poder Judicial iba a continuar mancillado. Se perdió esa oportunidad.

Y con la muerte de Pinochet se acabaron las posibilidades. ¿Qué cambió en Chile con la muerte de Pinochet?
Solamente nos dimos cuenta una vez más de que existía el odio, que mucha gente seguía cerrando los ojos a la realidad de los crímenes que ocurrieron. Chile sigue tremendamente dividido.

Usted vino a Buenos Aires para hablar del rol de los jueces en las causas sobre delitos de lesa humanidad. ¿Cuál debería ser ese rol?
Hoy somos veteranos. Ya hemos pasado la experiencia de estar sujetos a una dictadura. Tenemos que analizar cuál sería la actuación de un juez si vuelven a ocurrir hechos de esta naturaleza. Creo que estamos vacunados y sabemos cómo actuar. Una de las cosas imperdonables es la pasividad del Poder Judicial, la pasividad colaborativa que hubo en Chile sobre el rechazo de los habeas corpus. Creo que hemos aprendido la lección. Hoy estamos imbuidos en los derechos humanos, hemos fallado conforme a tratados internacionales tanto en la Argentina como en Chile y en otros países de América. Además, ahora hay una Justicia sustitutiva, que es la del Tribunal Penal Internacional.

8 de octubre de 2007
©página 12
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en lonquén, hace 34 años


Familiares de las víctimas de Lonquén conmemoran 34 años desde el hallazgo de los cuerpos.
Lonquén, Chile. Familiares de Ejecutados Políticos de la localidad de Lonquén recordaron el hallazgo de los restos de sus seres queridos hace 34 años en los hornos de cal que existían en dicha localidad. Con una romería, los cercanos a los 15 campesinos asesinados por una patrulla de Carabineros conmemoraron la fecha, en un acto en el que valoraron que la justicia mantenga procesado al responsable de los fusilamientos.
En el lugar donde fueron encontraron los cuerpos, hoy sólo existen placas recordatorias de las víctimas de los abusos cometidos durante el régimen militar. De los hornos, no queda nada pues fueron dinamitados en los 80. Por este caso, el responsable de las muertes, el teniente Lautaro Castro Mendoza, ex jefe de la Tenencia de Isla de Maipo, se encuentra amnistiado pero el juez de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solis, lo mantiene procesado por otras dos ejecuciones.
La dirigente de la Agrupación de Familiares de Detendidos Desaparecidos, Viviana Díaz, puso énfasis que "a 34 años podemos decirle a quienes ya no están con nosotros que quien dio la orden para matar los este año fue detenido. Si bien es cierto que en la causa de Lonquén, él fue amnistiado en 1980, fue un de los primeros en beneficiarse con este decreto de ley de amnistía dictado por Pinochet, este año fue detenido en Valparaíso y ha sido procesado por dos víctimas más detenidas el 17 de septiembre de 1973 y fusiladas en el puente Naltahue, donde él dio las órdenes".
Tal como informó radio Cooperativa, la ceremonia estuvo también presente el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, quien indicó que su presencia obedece al compromiso que tiene el organismo con las víctimas. "Nosotros estamos como siempre acompañando a los familiares de las víctimas en este difícil pero noble propósito de buscar la verdad para hacer aporte a las investigaciones que conduce el Poder Judicial, de tal forma de cumplir nuestro deber institucional, no sólo con las familias sino que también con la sociedad, que espera que nosotros hagamos bien nuestro trabajo".
Este servicio es el que tiene que entregar ahora los cuerpos de las 15 víctimas a sus familiares.

8 de octubre de 2007
©la tercera
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banda de los pinochet en libertad


Se otorgó la libertad a todo el clan Pinochet.
Santiago, Chile. La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones confirmó la decisión del juez Carlos Cerda de entregar la libertad provisional a todos los implicados por malversación de fondos públicos, incluyendo el ex albacea del dictador Augusto Pinochet, Óscar Aitken.
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el otorgamiento de libertad provisional a la familia y colaboradores del ex dictador Augusto Pinochet, en el marco de la investigación por el Caso Riggs.
El tribunal, que estuvo integrado por los magistrados Juan Fuentes Belmar, Dobra Luksic y Joaquín Billard, también dejó sin efecto la orden de aprehensión dictada contra el ex albacea de Pinochet, Óscar Aitken, a la vez que redujo sustantivamente la fianza fijada por el juez a cargo de la investigación, Carlos Cerda, quien el viernes concedió de oficio el beneficio de excarcelación con consulta a la Corte de Apelaciones, previo pago de una fianza de 300.000 pesos.
Cerda fundamentó su dictamen en que no existen motivos para mantener a los involucrados en prisión preventiva, ya que se cumplió con el requisito previsto para el tipo de delitos que se les acusa y que obligó a ordenar su arresto para notificarlos del encausamiento.
La Corte redujo los mostos de la fianza a los generales Jorge Ballerino, Sergio Moreno y Eduardo Castillo y al brigadier Jaime Lepe de 300 mil a 100 mil pesos, ya que su abogado Luis Valentín Ferrada citó su calidad de pensionados de la institución castrense. Además, se liberó del pago a Marco Antonio y Augusto Pinochet Hiriart, y también a la ex secretaria del ex dictador Mónica Ananías.
Los dos hijos y las tres hijas del Augusto Pinochet Ugarte permanecen presos en la cárcel Santiago 1 y el Centro de Detención Femenino de San Joaquín, respectivamente, donde deberán ser notificados de la decisión del tribunal de alzada, tras lo cual recobrarán su libertad, a esos de las 15 horas.
Mientras, internados en recintos hospitalarios, se encuentran la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart; el general en retiro, Jorge Ballerino, y el ex procurador general de la República, Ambrosio Rodríguez.
La medida también favorece al ex albacea de Pinochet, Óscar Aitken, a quien se le dejó sin efecto la orden de aprehensión en su contra.
Las indagatorias del juez Carlos Cerda buscan dilucidar la cuantiosa fortuna que fue hallada en distintas cuentas bancarias de Chile y el extranjero, y que mantenía Pinochet bajo diversos alias y nombres falsos, a fin de distraer los controles financieros.
Con lo resuelto hoy por la Corte de Apelaciones, los beneficiados son los hermanos Augusto Osvaldo, Inés Lucía, Marco Antonio, Jacqueline Marie, y María Verónica Pinochet Hiriart; y la viuda María Lucía Hiriart Rodríguez.
La lista considera además a civiles y miembros en servicio activo y en retiro del Ejército que colaboraron con el régimen militar (1973-1990), entre ellos: Mónica Victoria Ananías Kuncar, Jorge Ballerino Sandford, Ramón Castro Ivanovic, Guillermo Garín Aguirre, Gustavo Collao Mira, Gabriel Vergara Cifuentes, Juan Ricardo Mac-Lean Vergara, Eduardo Fernando Castillo Cádiz, Sergio Marcelo Moreno Saravia, Jaime Enrique Lepe Orellana, Patricio Salvador Madariaga Gutiérrez, Mortimer Humberto Jofré Azuaya, Héctor Guillermo Letelier Skinner, José Hernán Sobarzo Poblete, Juan Fernando Romero Riquelme y el abogado Ambrosio Rodríguez Quiroz.
De acuerdo a las pesquisas, fueron 4.000 millones de pesos los que fueron defraudados y no justificados ante el Fisco, entre 1973 y 2007.
La Casa Militar era la organización interna del círculo más cerrado de Pinochet, cuando ocupaba La Moneda, y contaba con millones de dólares de presupuesto como gastos reservados para todo tipo de operaciones: desde el pago de informantes hasta el cuidado de jardines.
Esta especie de departamento de finanzas administrativo tuvo una cuenta bajo ese nombre en el Banco Riggs.
En ella se depositaron millonarias sumas de dinero, que fueron trianguladas a distintos bancos donde Pinochet -gracias a su calidad de cliente VIP- usó variados ‘alias' para esconder su identidad.
La cuenta fue descubierta por las indagaciones, documentos, contactos y declaraciones desde el inicio de la investigación.

7 de octubre de 2007
©la nación
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