Blogia
mQh

chile

acusan a asesinos de woodward


Caso Woodward: juez dicta acusación contra 10 marinos. El ministro en visita Julio Miranda formuló cargos contra oficiales y suboficiales en retiro de la Armada por el secuestro calificado del sacerdote chileno-británico, cuyo rastro se perdió luego de ser interrogado a bordo del buque escuela Esmeralda tras el golpe de Estado de 1973.
Valparaíso, Chile. Julio Miranda Lillo, ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, dictó acusaciones en contra de 10 oficiales y suboficiales de la Armada implicados en el caso del secuestro calificado del sacerdote chileno-británico Miguel Woodward Iribery, hecho ocurrido tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
El juez formuló cargos contra Luis Francisco Pinda Figueroa, Carlos Alberto Miño Muñoz, Guillermo Carlos Inostroza Opazo, José Manuel García Reyes, Marcos Cristián Silva Bravo, Nelson Roberto López Cofre, Jorge Leiva Cordero, Manuel Atilio Leiva Valdivieso, Bertalino Segundo Castillo Soto y Héctor Fernando Palomino López, acusados de ser responsables del hecho.
Según la acusación, se determinó que después del golpe, el religioso, tras esconderse algunos días en casas de amigos, "regresó en horas de la noche a su domicilio ubicado en el Cerro Placeres N°1, donde fue apresado por un grupo de Infantes de marina que lo condujo a la Universidad Santa María y luego a la Academia de Guerra Naval, sin orden administrativa o judicial que lo justificase".
Agrega que "luego de un fuerte interrogatorio y aplicación de tormentos, Woodward es llevado en grave estado de salud hasta el Buque Escuela Esmeralda, nave que la Marina había destinado como Centro de Detención e Interrogatorio".
A raíz de sus graves lesiones, fue trasladado al Hospital Naval "donde se pierde su rastro físicamente, toda vez que un médico de la Armada que se desempeñaba en dicho nosocomio, extendió un certificado médico de defunción".
Miranda Lillo afirma que "los hechos antes reseñados configuran la existencia del delito de Secuestro seguido de grave daño (posiblemente falleciendo) en la persona de Michael Roy Woodward Iribery, que contempla el artículo 141 del Código Penal, vigente a la época de los hechos, reuniéndose todos los requisitos que lo configuran, pues fue privado de su libertad de desplazamiento sin derecho, manteniéndosele bajo detención o encierro en recintos de la Armada, lo que se ha prolongado desde el mes de septiembre de 1973 en adelante, sin que se conozca su paradero o sus restos hayan sido encontrados".
La acusación será notificada a las partes querellantes y, luego, a las defensas de los procesados, para dar inicio a la etapa de plenario, previa a la dictación de condena de primera instancia.
19 de mayo de 2011
18 de mayo de 2011
©la nación

mapuches, 65 días de huelga de hambre


Indígenas mapuche presos completan 65 días en huelga de hambre.
[Karol Assunção] Chile. Los cuatro indígenas mapuches condenados a penas entre 20 y 25 años de prisión, completan hoy (18), 65 días de huelga de hambre en la prisión de Angol, Chile. Los mapuches están en ayuno demandando un juicio justo sin la aplicación de la Ley Antiterrorista. Con la salud fragilizada, aguardan la decisión de la Corte Suprema sobre el recurso de nulidad presentado contra el juicio del Cañete. Se espera que la Suprema Corte de a conocer su decisión el próximo 3 de junio.
Según informaciones de Radio Universidad de Chile, cada mapuche ya perdió cerca de 20 kilos desde el día 15 de marzo, fecha en que iniciaron la huelga de hambre. El más viejo del grupo, Héctor Llaitul, de 43 años, perdió 20 kilos y presenta insomnio, dolores de cabeza, calambres en las extremidades del cuerpo y señales de debilidad. Los síntomas también son experimentados por Jonathan Huillical, de 23 años, quien perdió 18 kilos.
Según el diario electrónico, la situación también es vivida por José Huenuche, de 34 años, quien perdió 16 kilos, y por Ramón Llanquileo, de 29 años quien ya redujo su peso en 17 kilos. A pesar del crítico estado de salud que padecen, la expectativa es que los líderes mapuches continúen en huelga de hambre hasta conseguir su demanda.
"El informe señala una serie de dificultades que han tenido en cuanto a su estado de salud. Sin embargo, ellos se mantienen firmes para seguir con la movilización hasta que puedan tener una resolución. Nosotros esperamos que se pueda dar lo más pronto posible, tanto en la Corte Suprema como en la Corte de Apelaciones de Concepción. Estamos a la espera de eso para poder tomar algunas decisiones", comentó Natividad Llanquileo, portavoz de los cuatro líderes mapuches.
Llaitul, Llanquileo, Huenuche y Huillical fueron condenados, el 22 de marzo, a sentencias que van de 20 a 25 años de prisión por atentado contra la autoridad y robo con intimidación, por el ataque al fiscal Mario Elguete, en octubre de 2008. Los cuatro integrantes de la Coordinación Arauco Malleco (CAM) cuestionan la utilización de la Ley Antiterrorista – impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) – en el juico realizado por el Tribunal de Cañete.
Adolfo Montiel, defensor de Ramón Llanquileo, recordó a Radio Universidad de Chile, que los mapuches fueron "mal condenados" – tanto por la utilización de la Ley Antiterrorista, como por la mala calidad de las pruebas presentadas por la Procuraduría – y tuvieron su derecho a defensa violados.
Ahora los indígenas aguardan la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Chile sobre el recurso de nulidad del juicio, presentado al comienzo de este mes por la defensa. El abogado de Llanquileo está optimista en relación al proceso de nulidad, la posición de la Corte debe ser divulgada el próximo 3 de junio.
[Traducción de Ricardo Zúniga.]
18 de mayo de 2011
©adital

cámara aprueba penas sustitutivas


Sala de la Cámara despacha proyecto que establece penas sustitutivas a la cárcel.
Valparaíso, Chile. Con 96 votos a favor y una abstención, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación en general, en primer trámite constitucional, a una iniciativa del Ejecutivo que modifica la Ley N° 18.216 sobre medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, con la finalidad de facilitar las políticas de reinserción a la sociedad y alternativas a la prisión.
El proyecto (boletín 5838) tiene por objeto modificar la Ley N° 18.216, sobre medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, con la finalidad de cumplir los propósitos de reinserción y alternativa a la prisión que dicha ley contempla.
La iniciativa ingresó a trámite en la Cámara en abril del 2008 pero, luego de haberse aprobado en general en la Comisión de Constitución y producto de las observaciones formuladas, fue reemplazada por una indicación sustitutiva en octubre del 2009. Una vez asumido el actual Gobierno, en agosto de 2010 se ingresó una segunda indicación sustitutiva parcial de la anterior.
La propuesta legal -votado hoy en general y particular por los diputados- pretende robustecer el sistema de alternativas a la prisión y transformarlo en un mecanismo de sanción eficaz y efectivo en el control de la delincuencia primeriza, orientado a evitar la reincidencia delictual y dar protección a las víctimas.
Chile exhibe uno de los índices de personas privadas de libertad más altos de América Latina, con 51.906 recluidas y una tasa de 303 individuos presos por cada 100.000 habitantes, lo que contrasta con otros países de nuestro continente, incluso de Europa, que no excede de las 150 personas encarceladas por cada 100.000 habitantes. Por ello se busca sólo recluir a quienes han quebrantado persistentemente el orden social y, a la vez, castigar con energía a quienes se inician en la carrera delictual, pero buscando su resocialización, logrando así un mecanismo inteligente de cumplimiento de penas y un uso eficiente y focalizado de los recursos.
El proyecto establece un catálogo de delitos graves que serán siempre sancionados con cárcel, como el secuestro calificado, la sustracción de menores, la violación propia e impropia, violación con homicidio, homicidio simple y calificado y delitos terroristas, los que deberán cumplir su penalidad recluidos sin poder optar al régimen sustitutivo. Igual regla se aplicaría al parricida si tuviera anteriores condenas en el contexto de violencia intrafamiliar.
Las penas sustitutivas señaladas en el proyecto son:

1) La remisión condicional de la pena; entendida como la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por la discreta observación y asistencia del condenado ante la autoridad administrativa durante cierto tiempo.

2) Reclusión parcial; que consiste en el encierro domiciliario del condenado o en establecimientos especiales, durante cincuenta y seis horas semanales. Esta podrá ser diurna (de 8 am a 22 pm), nocturna (22 pm a 06 am) o de fin de semana (Desde las 22 pm del día viernes hasta las 06 am del día lunes).

3) Libertad vigilada; que implica someter al penado a un régimen de libertad a prueba que tenderá a su reinserción social a través de un tratamiento individualizado, bajo la vigilancia y orientación permanentes de un delegado.

4) Libertad vigilada intensiva; que consiste en la aplicación de un programa de actividades orientado a la reinserción social del condenado, en el ámbito personal, comunitario y laboral, a través de un tratamiento y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales que serán vigiladas y orientadas permanente y rigurosamente por un delegado.

5) Expulsión; aplicable a los extranjeros, sin residencia legal, condenados por delitos con penas iguales o inferiores a cinco años de presidio y que hayan cumplido un tercio de la pena privativa de libertad.

6) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad; como actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad.

El proyecto incorpora el uso de nuevas tecnologías para el control del cumplimiento de las penas sustitutivas, como radiofrecuencia y GPS.
Permite al juez establecer el sistema de monitoreo electrónico como mecanismo de control del cumplimiento de las condiciones de la pena de la libertad vigilada especial, aplicada en el caso de los delitos de homicidio y lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar o del estupro u otros delitos de connotación sexual. También puede aplicar esta forma de control para el cumplimiento de las condiciones de las penas de reclusión parcial y de libertad vigilada intensiva.
Se entrega la administración del sistema de control electrónico a Gendarmería y establece sanciones al que maliciosamente destruyere o inutilizare el dispositivo que lo conforma. Excepcionalmente, atendiendo a la capacidad económica del penado, se permite cobrar por su utilización.
En consideración a los costos de implementar un sistema de esta envergadura, el mecanismo de monitoreo telemático será gradual. Para ello se propone prorratear los costos en un plazo de tres años a contar del primer año de vigencia de la ley, asegurando un mínimo de capacidad de monitoreo para cada región del país, el que se irá incrementando paulatinamente hasta alcanzar el monto total que se estima requerirá el sistema funcionando a plenitud.
Se establecen deberes de supervisión más intensos para los jueces, especialmente tratándose de personas sujetas a tratamientos de drogas y alcohol, regulándose sanciones claras y enérgicas frente a los incumplimientos.
Diversifica la respuesta penal, por medio de la ampliación del abanico de penas sustitutivas que se adecuen a los perfiles delictuales y criminológicos de los condenados. Para ello sustituye la reclusión nocturna por reclusión parcial, la que admite las modalidades de diurna, nocturna y domiciliaria, y la libertad vigilada especial por libertad vigilada intensiva.
Las penas sustitutivas de que trata el proyecto se aplicarán a una población estimada de 26 mil personas, de las cuales 5.100 cumplirían la pena de reclusión parcial; 11.800 de libertad vigilada simple o intensiva; poco más de 3 mil, la llamada pena mixta (sujeción a pena sustitutiva cuando se haya cumplido un tercio de la pena privativa impuesta y se verifiquen otros requisitos), y algo más de 6 mil, la de prestación de servicios a la comunidad.
En las dos sesiones de Sala en que se debatió esta iniciativa intervinieron el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, y los diputados Jorge Burgos (DC), Edmundo Eluchans (UDI), Marcelo Schilling (PS), Cristián Monckeberg (RN), Alberto Robles (PRSD), Enrique Jaramillo (PPD), Alberto Cardemil (RN), René Saffirio (DC), Jorge Ulloa (UDI), Miodrag Marinovic (Indep), Felipe Harboe (PPD), Carlos Montes (PS), Cristián Letelier (UDI), José Miguel Ortiz (DC), Guillermo Ceroni (PPD), Marisol Turres (UDI), Fidel Espinoza (PS), Ricardo Rincón (DC), Pedro Araya (PRI) y Gabriel Ascencio (DC).
El proyecto pasó a cumplir segundo trámite constitucional en el Senado.
18 de mayo de 2011
17 de mayo de 2011
©diario de la cámara

murió militar paria, herman brady


Falleció Herman Brady, colaborador de Pinochet durante la dictadura. El ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex ministro de Defensa murió a los 90 años de edad. Permanecía internado en el Hospital Militar hace 2 años en estado vegetal. Fue acusado como cómplice del secuestro de 12 asesores de Salvador Allende y en la muerte de Carmelo Soria.
Santiago, Chile. Herman Brady, ex ministro de Defensa de la dictadura de Augusto Pinochet y ex vicecomandante en jefe del Ejército murió a los 90 años en el Hospital Militar de Santiago donde permanecía internado desde hace casi dos años en estado vegetal.
En noviembre de 2010 la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó, en forma unánime, el sobreseimiento por demencia de Brady, solicitado por sus abogados.
Al momento del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, Brady era jefe de la Segunda División de Ejército y de la Segunda Guarnición de Santiago.
En uno de los procesos en su contra, iniciado en 2005, Brady fue acusado de cómplice del secuestro calificado de 12 asesores del Presidente Salvador Allende, arrestados en el Palacio de La Moneda y llevados al Regimiento Tacna desde donde desaparecieron.
En 2001, el juez español Baltasar Garzón ordenó su captura internacional en el marco de las indagaciones por el homicidio del diplomático Carmelo Soria, ejecutado por miembros de la DINA en 1976. Brady fue ministro de Defensa entre 1975 y 1978 y presidente de la Comisión de Energía entre 1981 y 1990.
18 de mayo de 2011
©la nación

no usarán gases lacrimógenos


Hinzpeter anuncia suspensión del uso de gases lacrimógenos. En medio de la polémica por los efectos en la salud de estos químicos, el ministro Hinzpeter sostuvo que "es razonable suspender el uso de esos gases hasta nuevos informes médicos".
Chile. El ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter anunció que Carabineros suspenderá el uso de gases lacrimógenos, en medio de la polémica surgida por el uso de estos elementos en las últimas manifestaciones universitarias y ambientalistas, y los posibles efectos de estos químicos en la salud de las personas.
El jefe de gabinete enfrentó el tema, tras reflotarse un estudio del especialista Andrei Tchernitchin, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, quien advirtió que las lacrimógenas chilenas son un real peligro para embarazadas y niños.
"Siendo la protección de la salud de nuestros compatriotas el principal objetivo de nuestro gobierno, nos parece que es razonable suspender el uso de esos gases lacrimógenos, hasta que nuevos informes médicos nos permitan disipar más allá de cualquier duda la procedencia del empleo de estos gases", dijo el ministro en La Moneda.
El anuncio del gobierno se produce a días de la convocatoria a una nueva marcha contra HidroAysén, el próximo viernes 20 de mayo en el centro de Santiago, y las manifestaciones programadas en Valparaíso para el 21 de mayo, día de la cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera ante el Congreso.
Asimismo,  Hinzpeter hizo el anuncio a sólo horas que en el Senado, los PPD Guido Girardi y Eugenio Tuma presentaran un proyecto de ley solicitando la prohibición de las lacrimógenas, bajo el argumento de que es "inaceptable que se usen químicos para disuadir manifestaciones", según dijo el presidente del Senado.
De todos modos, lo expresado por Hinzpeter no representa una prohibición total, sino una suspensión momentánea, mientras se recogen los estudios médicos pertinentes sobre las bombas lacrimógenas y sus daños en la salud de los afectados.
Junto con el anuncio, y en alusión a las próximas protestas programadas, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía a manifestarse en tranquilidad, "paz y respeto". "Hagamos uso del ejercicio del derecho a  manifestarnos y reunirnos en forma pacífica, respetuosa y ordenada", concluyó, y a que "no den pábulo a esos grupos de personas que sólo quieren generar disturbios, violencia y daños a la propiedad pública y privada".
18 de mayo de 2011
17 de mayo de 2011
©la nación


policía obstruye labor periodística


Reporteros Sin Fronteras acusa trabas a la información en La Araucanía. La agrupación denunció la detención de la fotógrafa Marcela Rodríguez, colaboradora del sitio de información mapuche Mapuexpress, durante una manifestación realizada el viernes 13 de mayo en Temuco.
Chile. Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció este martes "nuevos casos de obstaculización a la libertad de informar" en Chile referidos a cuestiones polémicas en términos medioambientales que enfrentan a indígenas de las comunidades mapuches con el gobierno.
RSF pidió en un comunicado "explicaciones" por el comportamiento de los carabineros, que el pasado día 13 de mayo arrestaron a la fotógrafa y colaboradora del sitio de información de los mapuches Mapuexpress Marcela Rodríguez, durante una manifestación en Temuco contra la aprobación del proyecto HidroAysén.
También se preguntó por qué los agentes intervinieron rápidamente y con dureza en Temuco, cuando las fuerzas del orden no actuaron de la misma manera ante otra concentración del mismo signo en Santiago, en la que participaron 30.000 personas.
"El conflicto suscitado por el proyecto HidroAysén se suma al gran contencioso territorial entre las comunidades mapuches y las autoridades de esta región del país", señaló la organización.

El Caso de Elena Valera
Añadió además que el caso de Marcela Rodríguez "adquiere un eco particular cuando al mismo tiempo vuelve a surgir de una manera preocupante el caso de la documentalista Elena Valera".
Valera fue arrestada e inculpada en 2008 en un caso de derecho común -finalmente quedó exonerada y en libertad el 22 de abril de 2010-, pero RSF vincula esos hechos a su película "Newen Mapuche" sobre los conflictos agrarios y medioambientales que enfrentan a los indígenas de La Araucanía y al gobierno.
Corfo, a través de su programa de promoción del cine y la industria audiovisual, anunció en abril a la documentalista que no le dará los recursos que Valera había solicitado para la distribución por considerar que "la obra dañaría la imagen del país".
Reporteros coincidió con la Asociación de Documentalistas de Chile (ADOC) en que se trata de "una censura política" y añadió que esa postura de la Corfo "pone en evidencia la persistencia de un tabú con el que ya es hora de acabar", al tiempo que exigió "en nombre del debate, de la libertad de expresión y de la libertad de información" que la película tenga "una distribución normal".
17 de mayo de 2011
©la nación

tohá, las huellas de su asesinato


Ministro de Salvador Allende fue estrangulado manualmente por órdenes de Pinochet.

[Mónica González y Juan Andrés Guzmán] Chile. "Algo que no voy a olvidar es el estado extremo de caquexia en que se encontraba el señor Tohá, un estado de desnutrición irrecuperable… por tal razón considero imposible que él se hubiera suicidado ahorcándose por sus propios medios". La declaración del médico criminalista Alfonso Chelén, uno de los primeros en examinar el cuerpo de Tohá, quien murió en la habitación 303 del Hospital Militar en 1974, fue uno de los testimonios por los que la Corte de Apelaciones reabrió el juicio por la muerte del ex ministro de Allende. Un hecho que pone nuevamente en el banquillo al doctor Patricio Silva Garín, -procesado por la muerte de Eduardo Frei- por entonces subdirector médico del Hospital Militar. Aquí nuevas páginas de una muerte no investigada.
Uno de los elementos clave que tuvo a la vista la Corte de Apelaciones de Santiago para reabrir el 30 de agosto pasado el juicio por la muerte del abogado y periodista José Tohá fue un estudio del perito forense Luis Ravanal, que determinó que el ex ministro del Interior y Defensa de Salvador Allende no se suicidó, como informó en su momento el régimen militar, sino que habría muerto por "asfixia por estrangulamiento manual de naturaleza homicida".
Dilucidar si fue asesinado y los autores del crimen será tarea del ministro Jorge Zepeda, quien ya dictó las primeras diligencias para determinar si exhumará los restos del Ministro de Defensa a quien Augusto Pinochet le hizo innumerables gestos de amistad cuando era su subalterno.
A pesar de que han transcurrido 36 años de su muerte, este es uno de los casos en que, pese a las evidencias que desde hace años circulaban en tribunales, no se había investigado en profundidad.
Para ello Zepeda cuenta con otra prueba clave: el testimonio judicial del médico criminalista Alfonso Chelén, uno de los primeros en llegar el 15 de marzo de 1974 hasta la habitación 303 del Hospital Militar. Allí fue recluido Tohá, de 44 años, en calidad de "prisionero de guerra", cuando fue trasladado desde el campo de concentración de Isla Dawson, donde fue confinado junto a los principales dirigentes de la Unidad Popular tras ser detenido en La Moneda para el Golpe de Estado.
Chelén, titulado en la universidad de Chile, trabajó como médico para el Ejército entre 1954 y 1969, desempeñándose en el Hospital Militar, el regimiento Pudeto y la Academia de Guerra. Al morir Tohá, Chelén era médico de Investigaciones, y por su experiencia anotó todas las huellas que le indicaron que no hubo suicidio sino "muerte por estrangulamiento con participación de terceros". Un montaje.
"El día en que ocurre el deceso de don José Tohá, trabajaba en la Brigada de Homicidios como médico criminalista, recuerdo que al llegar a mi casa, donde me estaba esperando mi hija afuera, antes de ingresar el auto ella me señaló que había recibido una llamada telefónica de la Brigada de Homicidios, indicando que debía concurrir inmediatamente al Hospital Militar", recordó Chelén en su declaración.
"Una vez en el Hospital Militar, me acompañaron inmediatamente al tercer piso hasta llegar a una habitación donde me mostraron el lugar donde se encontraba: pendiendo de un cinturón que pasaba por sobre su cuello, sostenido en una cañería al interior del closet".
"En ese mismo momento, un sargento -cuyo nombre desconozco- me mostraba una bandeja con alimentos, dándome a entender que al señor Tohá se le estaba proporcionando una alimentación adecuada. Trató de explicarme la escena que estábamos presenciando, a lo cual le manifesté que me dejará trabajar el sitio del suceso tranquilo, que sabía perfectamente cómo realizar mi trabajo: observando".
"Eran habitaciones individuales y la puerta de la habitación, que daba a un pasillo, se mantuvo siempre abierta y en todo momento circulaban oficiales… No toqué absolutamente nada, esperando que llegara el resto del personal de la Brigada, en especial los peritos".
"Algo que no voy a olvidar es el estado extremo de caquexia en que se encontraba el señor Tohá, un estado de desnutrición irrecuperable. Mi apreciación como médico es que se trataba de una situación irreversible; por tal razón considero que era imposible que él se hubiera suicidado ahorcándose por sus propios medios".
"Era cerca del medio día y don José Tohá supuestamente se había ahorcado con su cinturón amarrado a una cañería del clóset. El closet de la pieza tenía varias bandejas y su defecto era que a través de los maleteros pasaban las cañerías de agua, lugar por el cual pasó supuestamente su cinturón el señor Tohá. El vínculo era corto, tenía un brazo apoyado en una de las bandejas, el otro colgaba, estaba mirando hacia la muralla y sus dos pies, como era alto, se encontraban apoyados en el suelo. El surco en el cuello era completo, tenía signos de quemaduras en los brazos, al parecer por electricidad o por cigarrillos".
"A los pocos minutos llegó el personal de la Brigada de Homicidios. Al perito fotógrafo le fui indicando las fotografías que debía tomar y una vez fijado todo el sitio de suceso, yo mismo descolgué su cuerpo y lo puse en la cama, y continué indicando al perito el resto de las fotografías a tomar".
"En el entorno, encontré unas cartas dentro del velador, que se encontraba semiabierto, y que al parecer fueron escritas de puño y letra por don José Tohá, donde se disculpaba y respondía algunas preguntas, como por ejemplo cómo había conocido a determinadas personas del Ejército".
"Posteriormente, al pedir las fotografías para hacer mi informe, como no me fueron entregadas, las solicité insistentemente. Pero cuando me las remitieron, llegaron sólo algunas fotos y no estaban las que yo le había solicitado al perito en su momento. Venían, además, con un Informe ya hecho donde se concluía ‘Suicidio’. Me negué a firmar".
"Se llevaron el Informe y posteriormente recibí un llamado telefónico de un coronel de Ejército, quien se desempeñaba como Interventor de Investigaciones y trabajaba con el director general Ernesto Baeza, y me preguntó cómo había llegado a ser funcionario del Servicio. Le señalé que por un aviso en el diario, donde una vez aceptado me dieron a elegir entre la Brigada de Homicidios y el área salud del personal. Por supuesto elegí la Brigada".
"A los pocos días, el segundo Jefe de la Brigada de Homicidios me notificó de mi baja de la institución por orden de la Junta de Gobierno. Al preguntar por los motivos para apelar a esta resolución, se me señaló que no contaba con la confianza de la Junta de Gobierno", aseveró el doctor Chelén en su declaración.
José Tohá, padre de la actual presidenta del PPD Carolina Tohá, era el hombre de más confianza de Allende. Los unía una larga historia política y de amistad. En el primero de sus intentos presidenciales, en 1952, cuando el Partido Socialista apoyó la candidatura de Carlos Ibáñez, Tohá hizo campaña por Allende como jefe de la Brigada Universitaria Socialista. Cuando murió, su hija Carolina tenía 9 años.

El Que Firmó la Autopsia
El doctor Chelén se negó a firmar la autopsia. Pero hubo otro médico que no estuvo en el sitio del suceso, pero que sí acepto hacerlo: Alfredo Vargas, director del Servicio Médico Legal. No fue el único acto irregular que registra su historial.
Vargas participó visando con su firma varias muertes ilícitas, entre las que destaca el homicidio del diplomático español Carmelo Soria en 1976. También está vinculado al homicidio del agente de la DINA, el cabo Manuel Leyton Robles, ocurrida el 29 de marzo de 1977. Como se corroboró en tribunales, Leyton fue asesinado con gas sarín un día antes de que declarara ante un juez luego de haber sido descubierto en posesión de cédulas de identidad y autos pertenecientes a desaparecidos.
Leyton fue asesinado en la Clínica London, controlada por la DINA. Ricardo Lawrence, alto mando de ese organismo, confesó que recibió la orden de Contreras de ir donde el citado doctor Alfredo Vargas para que firmara una autopsia que "no contamine a la DINA". Vargas lo hizo, pero no aceptó la oferta de Contreras que le transmitió Lawrence: ser nombrado ministro de Salud.
Vargas murió ese mismo año 1977, y es posible que su muerte no haya sido del todo natural.
En otros procesos de detenidos desaparecidos, Vargas aparece relacionado con el entierro clandestino de sus cuerpos o con el ocultamiento de ellos en dependencias del SML.
La idea del homicidio de José Tohá pone bajo sospecha -e incluso bajo el rótulo de acusado- a otros personajes ya conocidos. Uno de ellos salió a defenderse en las páginas de La Segunda: el doctor Patricio Silva Garín, procesado por su participación en la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva.
También es investigado por la muerte del general Augusto Lutz, a quien operó con resultado fatal en una cama del mismo Hospital Militar. Lutz fue jefe de Inteligencia del Ejército hasta noviembre de 1973, cuando fue relevado de su cargo y enviado a Punta Arenas por oponerse a los métodos de Pinochet y la DINA.
A la fecha de la muerte de Tohá, Silva Garín se desempeñaba como subdirector médico del Hospital Militar. En su historia médica se mezclan también explosivos capítulos políticos. Fue el negociador de la capitulación de la rebelión militar encabezada por el general Roberto Viaux ("Tacnazo") en el gobierno de Frei Montalva y tuvo una oscura vinculación con el grupo que asesinó al general René Schneider.
Mientas Tohá estuvo prisionero en el Hospital Militar, su custodia médica debió ser garantizada por Silva Garín. Y está comprobado que mientras Tohá estuvo detenido ahí, fue interrogado por Raúl Iturriaga Neumann, quien luego sería jefe del Departamento Exterior de la DINA y Marcelo Moren Brito, quien fue jefe del cuartel de Villa Grimaldi. Ambos están condenados por distintos crímenes, incluyendo el del general Carlos Prats y su esposa en el que Itrurriaga tuvo un rol clave.

Moy de Tohá: "Nos Merecemos la Verdad"
En la entrevista con La Segunda, Silva Garín insistió que Tohá se suicidó por una depresión profunda y fue más lejos: deslizó que le había advertido a su esposa Moy de Tohá que no le hablara de los sombríos momentos del país porque eso lo deprimiría más. Moy se enfurece al oír esas declaraciones.

El doctor Silva Garín insiste en que su marido se suicidó y añade que le advirtió a usted "tiene que tener mucho cuidado con lo que le hablas, porque si le tras puras tragedias acá, el enfermo no va a salir del cuadro depresivo."
Es mentira, absolutamente mentira. Jamás me dijo eso, porque jamás se me habría ocurrido llevarle ni medio problema a José al Hospital Militar. Al contrario, todo lo que le decía era optimista: le hablaba de las invitaciones que habían de afuera, y de las reuniones que había para que saliera en libertad. Quería que se diera cuenta de que no estaba aislada, porque parte de la tortura que le hacían a José era decirle que yo estaba presa con los niños. Por Dios, es no conocerme decir que yo iba a hacerle una olita más al drama que estaba viviendo. Y cuando yo veía su deterioro, ¡está loco!

Por supuesto que el doctor Silva no está loco.
No, claro, loco no es. Es una persona que ha estado involucrada en puros casos oscuros, desde la muerte del general (Augusto) Lutz, hasta la del propio ex presidente Eduardo Frei, por empezar a nombrar… Este señor puede decir lo que quiera y si La Segunda quiere darle cobertura, que se la dé, pero que a mi no me venga a inventar cosas. Él sabe lo que de verdad pasó con José, igual que mucha gente más. Y les hago un llamado a que cooperen, que alivianen su conciencia, porque podrán dormir más tranquilos. Yo no ando buscando venganza ni que me reditúen económicamente. No lo necesito. Estoy trabando hasta hoy y tengo 74 años. Yo solo busco la verdad y quedar en paz con José: poder decir que hice todo lo que estaba de mi parte por saber la verdad igual que sus hijos y toda la familia. Lo demás no me interesa.

En las visitas que le hizo a su marido, ¿le pudo contar de las torturas a las que los sometían o de que lo llevaban a la Academia de Guerra para interrogarlo?
No, imagínese, las visitas que yo tenía con José eran con un militar al frente y apuntándonos con bala pasada. Duraban 40 minutos, dos veces por semana; una vez iba yo con un niño y otra vez iba mi suegra con el otro niño.

¿Qué recuerda que le decía el doctor Silva en esas visitas?
Era un hombre muy gentil porque conocía a José hacía muchos años, desde la época en que José era dirigente estudiantil. El tuvo conmigo innumerables gentilezas y un muy buen trato, seguramente propio de su formación en la Escuela de las Américas, en Panamá, donde los hacen especialistas en el camuflaje. Ahora, lo que pasa es que una era muy ingenua también y en esos momentos de soledad absoluta, cualquier persona que te tratara bien tendías a pensar que era decente. ¡Cómo iba a imaginar que detrás de esa amabilidad había monstruos!

Usted ha pedido que participe en la reconstitución de la muerte de su marido, ¿cree que él estaba en el lugar cuando murió?
Lo que yo sé es que entrar al Hospital militar era como entrar a un regimiento. Estaba lleno de militares, que te apuntaban y había revisión total al ingresar. Silva Garín tiene que saber exactamente quiénes sacaba a José en las noches, qué organismos se los llevaban para interrogarlo y torturarlo. Él lo sabe.

¿Es él quien le comunica la muerte de su marido?
No, lo hizo un oficial de Ejército. Me llamó a la casa por teléfono y me dijo: "su marido se ha suicidado, si quieren venir a retirar el cadáver, puede venir al hospital".

¿Le dejaron ver el cuerpo?
Si. Y tenía pinchazos y un rostro que no era el de las personas que se han suicidado ahorcadas. Porque yo trabajé 13 años en el laboratorio criminalístico de policía técnica de Investigaciones, y vi cientos de cadáveres de suicidas que habían resuelto ahorcarse. Esos rostros no los voy a olvidar nunca en mi vida. Pero no tenían nada que ver con el rostro de José. Porque él tenía su cara pálida, tranquila, relajada. Tenía una gotita de sangre en la nariz y en el borde del cuello, casi imperceptible, un marca delgada, como un hilo, no de cuerda ni cinturón, sino un hilo rojo. Y prueba de eso es lo que dice el médico Alfonso Chelén: que cuando lo vio se dio cuenta que no era un suicidio.

¿Qué es lo que usted espera ahora?
Yo ayer me puse una coraza. Mis sentimientos me los guardé. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Me duele recordar, me duele revivir y pensar en José y en lo que vivió. Me produce un dolor casi físico, pero voy a seguir en esto, porque la verdad tiene que aparecer. Nos merecemos la verdad. Este país se merece la verdad.
17 de mayo de 2011
18 de noviembre de 2010
©ciper chile

sobrina de pinochet y la operación océano


La increíble historia de una de las mayores propietarias de concesiones mineras en Chile. El nexo entre María Teresa Cañas y la ‘Operación Océano’.
[Marcela Ramos] Chile. La sobrina predilecta de Pinochet, María Teresa Cañas, es una de las mayores propietarias de concesiones mineras en Chile. Además, junto a su marido Jorge de la Barra, han creado en los últimos 30 años una gran cantidad de sociedades en los más diversos rubros: agrícola, financiero, pesquero y forestal. De la mano de una de ellas hicieron negocios con Manuel Losada, condenado por tráfico de estupefacientes en 2009. En el caso de otra, el socio es nada menos que un abogado que fue brazo derecho del jefe financiero de la DINA.
Fue en enero de 1988 cuando el ingeniero comercial Jorge de la Barra, esposo de María Teresa Cañas, sobrina predilecta de Augusto Pinochet y entonces directora del Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin), se asoció con Manuel Losada Martínez para crear South Pacific Fishing (Chile) S.A., una sociedad de comercialización de productos del mar y de explotación de concesiones marítimas. Seis meses después, nacía una segunda compañía: South Pacific Fishing Company S.A., con un capital de $50 millones y un objeto aún más amplio.
La nueva sociedad recibió un contundente apoyo estatal. Entre octubre de 1988 y febrero de 1989, la South Pacific Fishing Company S.A, obtuvo préstamos por casi un millón de dólares de la Corfo, según registra el Diario Oficial. El 6 de febrero de 1989, fue autorizada por la subsecretaría de Pesca para iniciar actividades.
Nueve años más tarde, en mayo de 1998, era detenido Manuel Losada, acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero como protagonista principal de lo que se llamó ‘Operación Océano’. Según el Consejo de Defensa del Estado (CDE), Losada era el líder de una organización de 12 personas que en 1992 intentó ingresar a Estados Unidos cinco toneladas de cocaína colombiana, avaluada en US$ 75 millones, a bordo del barco mercante ‘Harbour’.
Jorge de la Barra nunca fue interrogado durante los 11 años que duró la investigación judicial. A pesar de que, de acuerdo a los peritajes realizados por el CDE y que se consignan en el fallo de primera instancia, la sociedad South Pacific Fishing habría recibido dineros del narcotráfico.
"A través de la conversión de los dólares llegados desde Panamá, se financió vía préstamos entre las cuentas corrientes de empresas relacionadas, la creación y funcionamiento de la South Pacific", señala el veredicto judicial. Quienes participaron de la investigación afirmaron a CIPER que ese dinero provenía específicamente del Cartel de Cali.

-Se transfirió gran cantidad de dinero a la sociedad naviera Andes y Cía. Limitada, creada por Losada en Chile. A su vez, Naviera Andes traspasaba esos dineros a una maraña de sociedades que tenía Losada. Una de ellas era la South Pacific Fishing Company, cuyo socio era De la Barra. Losada hacía como que le prestaba plata a la sociedad, pero ese dinero venía del Cartel de Cali -señaló una fuente del CDE a CIPER.
En 2009, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso condenó a Manuel Losada como autor del delito de asociación ilícita para el tráfico de estupefacientes.

Los Vínculos con la DINA
Tras el fin del régimen militar, el matrimonio Cañas De la Barra conformó más de una decena de sociedades. En algunas de ellas figuran nombres protagónicos de la industria minera.
Por ejemplo, en 1995, María Teresa Cañas constituyó la Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero Oro Andino Limitada. Entre los directores de esta sociedad figura un influyente empresario del rubro: Juan Rassmuss Echecopar, uno de los productores medianos más importantes en Chile, de acuerdo a Fitch Ratings. Rassmuss, a través del holding Cemin, es el mayor accionista de Invercap (que agrupa compañías siderúrgicas, de acero y eléctricas). Además es presidente de la Compañía Minera El Inglés, entre otras inversiones.
Otro director de Minera Oro Andino es Raimundo Langlois Vicuña, abogado, empresario minero y ex socio del jefe del aparato financiero de la DINA, Humberto Olavarría Aranguren. Olavarría y Langlois participaron en una red de numerosas sociedades, la mayor parte de ellas creadas mientras el primero controlaba todo el aparato financiero de la DINA, de acuerdo a una investigación realizada por CIPER en 2009.
En 2000, Oro Andino fue modificada y quedaron como únicos socios la ingeniera María Teresa Cañas y la sociedad representada por Rassmuss. Para entonces, Oro Andino poseía un capital superior a los 300 millones de pesos. De acuerdo al registro del Servicio de Impuestos Internos, la sociedad Oro Andino se mantiene activa hasta hoy.
A mediados de 2000, Jorge de la Barra y su hijo del mismo nombre constituyeron junto al empresario Manuel Feliú la inmobiliaria D y M, la cual construyó un conjunto de edificios en la comuna de La Florida. En 2010, Manuel Feliú se postuló para liderar la Sonami, que agrupa a pequeños y medianos mineros. Feliú ya había encabezado esta organización gremial entre 1979 y 1986.
Jorge de la Barra y María Teresa Cañas poseen además intereses en el rubro pesquero, agrícola, forestal y financiero. En los últimos años han creado dos sociedades de inversiones, en las que participan también sus cuatro hijos: Inversiones Santa Teresita Limitada y Thijos.
[Esta investigación fue realizada gracias al financiamiento de la Fundación Ford.]
17 de mayo de 2011
16 de mayo de 2011
©ciper chile