Blogia
mQh

chile

recuerdan a dinamitados


Agrupación Memoria Viva. Recuerdan caso ‘dinamitados' del año 1987 en Los Ángeles.
Al cumplirse 20 años de la explosión que costo la vida de dos jóvenes militantes del MIR de la ciudad de Los Ángeles, la agrupación de derechos humanos Memoria Viva recordó estos hechos, que en ese entonces conmovieron a la ciudad. En su relato, señalan que el 21 de junio de 1987, siendo cerca de las 6 AM, murieron Mario Alberto Amigo Carrillo y Luís Alberto Lopetegui Moraga (nombre político: Luis Armando Araos Araya) ambos militantes del MIR Los Ángeles a causa de una explosión. Según la versión oficial, ambos murieron al explotar una bomba que colocaban en el frontis norte del edificio Centro España, lugar donde se había celebrado poco antes el aniversario de la Policía de Investigaciones.
Mario Alberto Amigo Carrillo, fue reconocido y sus restos sepultados por su familia en Coronel, pero Memoria Viva señala que "en cambio, Luis Alberto Lopetegui Moraga fue enterrado el 26 de Junio de 1987 como NN en una fosa común de tránsito en el Cementerio General de Los Ángeles, donde permanece hasta el día de hoy veinte años después".
Se preguntan si fueron realmente muertos por un accidente o error de manipulación de la carga explosiva como se informó en esa época. Apuntan que "las informaciones recogidas de autopsia indican otra cosa. El certificado de autopsia señala que cuando murieron, hacía varios días que no consumían ningún alimento, tenían todos los intestinos absolutamente vacíos, algo que según los entendidos corresponde a varios días sin ingerir alimentos, es decir podrían haber sido detenidos con anterioridad. Sólo se les encontró a ambos en el estómago una pequeña bolita de grumos, que corresponderían a haber ingerido poco antes de morir una copota de manzanas, de esas que se les dan a los niños".
La agrupación Angelina expresa que "esta práctica de eliminar opositores del régimen militar era un modus operandi de los organismos de seguridad de la dictadura militar. Cabe recordar que de los casos más emblemáticos como el de Carlos Prats; Orlando Letelier y Bernardo Leyton, existen 52 casos más que murieron de la misma forma, de los cuales 29 eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y 23 casos de militantes del Partido Comunista".
Memoria Viva manifestó que los organismos de derechos humanos, en el caso de los dinamitados en el edificio del Centro Español de Los Ángeles, "tienen antecedentes claros y fundados que este episodio fue una práctica más de los organismo de seguridad para eliminar a adversarios políticos y emitir terror dentro de la ciudadanía a pocos meses que los demócratas de este país exigían elecciones libres y a pocas semanas que Patricio Aylwin llegara a Los Ángeles".

22 de junio de 2007
©la tribuna
rss


más criminales en la calle


Otorgan libertad condicional a condenados por caso Neghme.
Los tribunales de justicia otorgaron hoy la libertad condicional a seis militares condenados como coautores del asesinato del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Jécar Neghme.
Fuentes judiciales afirmaron hoy que la resolución unánime cambia la decisión del juez Hugo Dolmestch, que había castigado a estos seis oficiales, todos pertenecientes a la Central Nacional de Informaciones (CNI).
También la decisión judicial, que puede ser apelada en la Corte Suprema, desestimó la indemnización de 250 millones de pesos (476.000 dólares) fijada para los familiares del ex dirigente del MIR, de los cuales el 50 por ciento sería para el hijo de la víctima y el monto restante para sus dos hermanas.
El fallo favorece al ex brigadier del Ejército chileno, Enrique Leddy Araneda, jefe Metropolitano de la CNI, el único imputado que no confesó su participación en el asesinato de Neghme.
Los otros favorecidos son el coronel retirado Pedro Guzmán Olivares, el ex capitán Luis Sanhueza Ross, el coronel retirado Jaime Norambuena Aguilar, el jubilado capitán Silvio Corsini y el mayor retirado Manuel Allende Tello.
Todos ellos fueron condenados a penas que oscilan entre los cinco años y 541 días de cárcel por el crimen ocurrido la noche del 4 de septiembre de 1989.

22 de junio de 2007
©emol
rss

la ruta de la tortura


[Dalia Rojas] Proyecto rescatará lugares donde se violaron los derechos humanos.
La idea nació hace un año en Bienes Nacionales y busca entregar otro significado a aquellos recintos donde se cometieron crímenes de lesa humanidad. Más de 500 de ellos eran fiscales. El primer recorrido lo tendrá Santiago. Este año se conocerá la información de los lugares públicos donde se torturó y ejecutó.
El edificio que en la actualidad ocupa el Ministerio de Bienes Nacionales, en Santa Rosa con la Alameda, era del Comando Conjunto. Tiene tres subterráneos que fueron calabozos. En las paredes de estos subterráneos, hay escritos con sangre que no han sido borrados. "Ese fue el lugar donde se planificó, entre otros, el asesinato de Tucapel Jiménez y esa es la inspiración o la deuda que tiene el Estado con la ciudadanía", dice la ministra de esa cartera, Romy Schmidt, quien lleva trabajando más de un año en un catastro de todas las edificaciones públicas donde se violaron los derechos humanos.
En total, hay contabilizados 515 sitios que sirvieron para estos fines, y que demuestran que la represión fue parte de una política de Estado.
"Queremos que todo el país sepa qué pasó. La información permitirá establecer un mapa de la distribución territorial de la represión. No fue fácil, porque las listas que recuperamos de la Comisión Valech hablaban de aproximadamente 1.100 lugares, de los cuales oficialmente se reconocían 800. Luego se tuvo que localizar aquellos que eran de propiedad fiscal", explica Schmidt.
Cada lugar tiene una ficha donde se encuentra la foto, ubicación, a quién estaba destinado el lugar, qué organismo ejerció la represión y sus funciones en la actualidad. Para aquellos sitios emblemáticos se está reconstruyendo además, su historia. Información que estará disponible en el transcurso de este año, a través de Internet.
"La mayoría son lugares destinados a las Fuerzas Armadas, principalmente a Carabineros. Muchos mantienen la misma destinación que en el '73, claro que con una función distinta. Por eso es muy difícil que todos ellos sean dedicados a la memoria", dice Schmidt, quien explica que aún así, se colocará una placa o algo que recuerde lo que sucedió".
Pero lo más sorprendente de este catastro, añade la secretaria de Estado, no fue el tipo de lugares con los que se encontró, sino su distribución: "Al ver el mapa de Chile, queda graficado que esto fue en todo el país, no fue sólo en los centros urbanos. La capital, por ejemplo, teniendo el 40 por ciento de la población no fue la zona más significativa, ya que la mayor cantidad de estos lugares están en las regiones de Valparaíso y Biobío".

El Camino de la Represión
Pero este catastro es sólo el primer paso para algo mayor. La idea es lograr una Ruta Patrimonial de los Derechos Humanos. Y a pesar de que aún no hay una ruta definida, se sabe que será Santiago la ciudad donde se experimente con esta experiencia.
La idea es señalizar ciertos lugares, "para que caminar por la calle sea un viaje permanente hacia la memoria, en otras palabras, dejaremos claro que los atropellos de los derechos humanos es parte de la historia de Chile, creando una ruta patrimonial de la memoria que identifique los sitios más simbólicos donde ello ocurrió".

Un Museo para la Historia
Faltaba dónde construirlo. Inicialmente incluso se había pensado en el Palacio Álamo, en calle Bulnes, o próximo a la Villa Grimaldi. Pero el trazado de Metro hasta la comuna de Maipú que puso fin a la Estación de Intercambio Modal en Matucana, dejó un terreno de más de una hectárea sin uso y una gran oportunidad.
El Museo de la Memoria, proyecto anunciado por Michelle Bachelet, que dependerá de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos hasta la creación del Instituto de los Derecho Humanos, se ubicará precisamente en ese espacio, en Matucana con Catedral, en un barrio cultural emergente, cerca de la Biblioteca de Santiago, la Quinta Normal, Matucana 100, y próximo a un sector de conservación patrimonial.
"Recibimos un espléndido terreno para generar un proyecto que devuelva a la comunidad una ganancia extra. No sólo hacer un proyecto inmobiliario, sino que tenga un acento sobre el espacio público. Invitamos a los arquitectos a ofertar sus mejores ideas. Queremos que construyan el conjunto más armónico posible", dice Verónica Serrano, directora de la División de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP). A la fecha, se han inscrito más de 150 proyectos para adjudicarse los más de 17 mil metros cuadrados, que son parte, además, del proyecto de recuperación del Anillo Interior de Santiago.

La Joyita
Se espera que el museo sea un memorial a los derechos humanos, y que constituya un espacio para la reflexión. "Va a ser un lugar interactivo, con exposiciones permanentes y transitorias. La idea es que a partir de las lamentables violaciones de los derechos humanos en dictadura se reflexione sobre el tema de manera global, para que no vuelva a pasar. Donde se investigue, archive y conserve el material de distintas agrupaciones, como la Vicaría de Solidaridad, por ejemplo", dice María Luisa Sepúlveda, delegada de Derechos Humanos de La Moneda. Para ello se han revisado experiencias similares en otros países, como los museos existentes sobre el Holocausto en Washington o el de Rosario, en Argentina.
La joyita del lugar serán las colecciones documentales de ocho organismos de derechos humanos nacionales que están dentro del registro 'Memorias del Mundo' de la Unesco.
El museo será parte del Complejo Matucana, que también tendrá oficinas públicas e instalaciones que potencien el desarrollo del sector y que contará con conexión al Metro. Sólo en el museo se invertirán 5 mil millones de pesos. Para desarrollar el edificio de oficinas públicas -a través de concesiones- se necesitarán cerca de 800 mil UF. En agosto se dará a conocer el nuevo proyecto que estará listo el año 2009.

También Villa Grimaldi
"Conocer los lugares donde se torturó es de una enorme importancia", dice la vicepresidenta de la Corporación Parque por la Paz, Margarita Romero. Ella cuenta que en Villa Grimaldi se realizará un museo local que rescate la historia de lugar, ya sea por medio de testimonios de quienes estuvieron ahí, o sus familiares. "La idea es que no exista sólo un museo, sino muchos a lo largo de Chile que den cuenta de lo que ocurrió allí. Este museo no es un contrapunto con otros proyectos que se puedan realizar".

22 de junio de 2007
©la nación
rss

nueva sentencia contra dina


Juez Fuentes Belmar dictó condena contra ex miembros de la cúpula de la DINA.
El ministro en visita extraordinaria Juan Eduardo Fuentes Belmar dictó una nueva sentencia en contra de la cúpula de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el secuestro calificado del carpintero y militante del Partido Socialista, Ofelio de la Cruz Lazo Lazo, perpetrado el 30 de julio de 1974.
El magistrado condenó al ex jefe del organismo represor, general (r) Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda y al ex agente civil Osvaldo Enrique Romo Mena, a cinco años y un día de presidio; y a los brigadieres en retiro Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff Martchenko, a una pena de tres años de cárcel. El juez asimismo desestimó la demanda presentada por el abogado Alberto Espinoza en contra del Fisco.
La víctima fue detenida el 30 de julio de 1974 por miembros de la desaparecida DINA, en un operativo que desarrolló en ese entonces Osvaldo Romo en la comuna de Pudahuel.
En las indagatorias se logró establecer que el nombre de Lazo, tras su arresto, apareció publicado en la revista brasilera ‘O'DIA' respecto de una lista de militantes del MIR que habrían muerto en enfrentamientos con fuerzas de seguridad trasandinas, entre los que figuraba el nombre de Ofelio Lazo, que judicialmente es conocido como la ‘Operación Colombo'.
Otra nómina apareció en la revista argentina ‘LEA', la cual apareció sólo por una vez. En tanto en Chile, el vespertino La Segunda tituló con el poco célebre ‘Exterminados Como Ratones'.
La ‘Operación Colombo' fue un operativo de la DINA que consistió en el desaparecimiento de 119 personas, 100 hombres y 19 mujeres, seguido del encubrimiento de esas desapariciones a través de un montaje comunicacional. El nombre del plan se enmarcó dentro de la Operación Cóndor, de cooperación entre servicios de inteligencia sudamericanos.

20 de junio de 2007
©la tercera
rss

quién fue dagoberto san martín


[Soraya Rodríguez] Iturriaga reclama derecho que nunca concedió. El ‘indebido proceso' que tuvo Dagoberto San Martín.
El joven mirista Dagoberto San Martín fue tomado prisionero, torturado y hecho desaparecer en 1974 sin que se le respetara ninguno de los derechos que hoy apasionadamente reclama el prófugo militar (R).
Con su nueva imagen, demacrado, con barba descuidada y que mantuvo la mirada dura y lejana, el general (R) Raúl Iturriaga Neumann, argumentó que se rebelaba al fallo judicial que lo condenó a cinco años de prisión (por la desaparición en 1974 del mirista Dagoberto San Martín) por no haber sido respetado su derecho a "un debido proceso". Su declaración la hizo a través de un video que transmitió la TV abierta y ayer sus ex compañeros de armas le brindaron su "apoyo moral".
La frase caló profundo en quienes pasaron por el cuartel 'Venda Sexy', donde operó el militar (R) como jefe de la brigada Purén de la DINA y a quienes, por cierto, nadie les respetó su derechos.
Así se puede leer en los "considerandos" de la sentencia dictada por el juez Alejandro Solís Muñoz el 9 de noviembre de 2004, que condenó a Iturriaga, como autor de secuestro calificado contra Luis Dagoberto San Martín Vergara, a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Condena que más tarde la Corte Suprema rebajó a sólo cinco años que debía cumplir a partir del lunes 11 de junio pasado en el penal Cordillera de Peñalolén.

El Peluca
En diciembre de 1974, Luis Dagoberto San Martín tenía 22 años, estudiaba en tercer año de Agronomía en la Universidad de Chile, le decían 'El Peluca' por su larga cabellera y era reconocido militante del MIR en el campus Antumapu.
Allí también se ubica la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde estudiaban Jorge Véliz y Claudio Cabello, que pololeaba con Ema Iribarren, quien arrendaba un departamento junto a María Inés Hidalgo en calle Roberto Espinoza, hasta donde a veces llegaba Dagoberto a visitar a Inés.

Las Detenciones
El 6 de diciembre de 1974, dos personas que viajaban en una camioneta blanca, Chevrolet C-10, preguntaron en el domicilio de su madre por Dagoberto, diciendo que eran compañeros de carrera. No lo encontraron, pero siguieron rondando el sitio.
El 11 de diciembre, la amiga de Dagoberto, Carmen Holzapfel, fue detenida en su domicilio y al día siguiente se llevaron a Beatriz Bataszew, entonces polola de San Martín.
El 16, según el testimonio de Ema, estaba en un departamento de calle Roberto Espinoza con Diez de Julio, que compartía con sus amigas Alejandra Holzapfel y María Inés Hidalgo; la primera había sido detenida; ella estaba en el living y en un dormitorio estaban Alejandro Véliz y el novio de ella, Claudio Cabello. Golpearon a la puerta y al abrir se encontró con varios sujetos que portaban armas, algunos de civil y otros con uniformes de Carabineros. Los llevaron a los tres hasta una camioneta cubierta con lona; al día siguiente los trasladaron a otro lugar. Allí estuvo unos 5 días y la interrogaban preguntándole por sus actividades y por ‘El Peluca', le aplicaban corriente eléctrica mientras permaneció desnuda en la llamada ‘parrilla' y por el lugar circulaba un perro al que le decían Volodia.
Jorge Véliz fue compañero de curso de Dagoberto San Martín en el Liceo de Aplicación y fue el primero en reconocer a Miguel Krassnoff a cargo del grupo que los detuvo.
Al día siguiente, en ‘Venda Sexy', una persona malherida lo golpeó en la pierna y lo llamó ‘Oso', entonces supo que era San Martín, ya que sólo lo llamaban así sus amigos del liceo. Dagoberto San Martín le dijo que no se preocupara porque él no diría nada.

Víctima y Testigo
En la declaración judicial entregada por Claudio Cabello, el 16 de diciembre de 1974, estaba estudiando con Jorge Véliz en casa de Ema, cuando fueron detenidos. Los llevaron primero a un lugar que sería Villa Grimaldi y de allí a calle Irán 3937 donde funcionaba el recinto de detención clandestino que fuera conocido como ‘Venda Sexy' por las aberraciones sexuales cometidas contra los prisioneros mientras estaban vendados.
"A los dos días llegó Luis Dagoberto San Martín y durmió cerca suyo; estaba en muy malas condiciones físicas, se notaba que había sido muy golpeado y no podía sostenerse de pie", se lee en la sentencia.
Dagoberto había quedado de reunirse con su hermana Patricia, a las 14 horas del 17 de diciembre, en Grecia con Lo Encalada, pero nunca llegó.

Proceso Indebido
Nueve detenidos en ‘Venda Sexy' reconocieron haber visto a Dagoberto San Martín en pésimas condiciones y que incluso le dio un paro cardiorrespiratorio, que lo llevaron a la clínica Santa Lucía y lo devolvieron a calle Irán, desde dónde ‘desapareció' para siempre.
Ninguno de los tres jóvenes secuestrados en calle Roberto Espinoza, torturados en 'Venda Sexy' y amenazados luego por varios años, era militante de partido político alguno.
Ellos reclaman con desgarro contra la argumentación de Iturriaga de no haber tenido un debido proceso. La entonces polola de Dagoberto, Beatriz Bataszew, respira y dice: "Hay que ser muy cara dura".

‘Venda Sexy'
El ex ministro del Interior y ex senador de la UDI Sergio Fernández declaró en 1979 que el inmueble de Irán 3937, en la actual comuna de Macul, llamado ‘Venda Sexy' o ‘la discoteque' no se había podido comprobar que fuera un recinto donde operaba la DINA.
Era una casa con una mirilla a la entrada, tenía una escalera, con un hall y en cada pieza había entre 15 y 20 personas, recuerdan testigos del lugar donde el fuerte fueron las vejaciones sexuales a hombre y mujeres. En el segundo piso estaba una sala de torturas, pero lo peor sucedía en el sótano.

Autoimagen Omnipotente de los Otros Condenados
En la sentencia del juez Alejandro Solís por la desaparición de San Martín se declara que Miguel Krassnoff Martchenko y Gererado Urrich González (este último absuelto por la Suprema) no serán motivo de las medidas alternativas entre otras cosas porque sus informes señalan, en el caso del primero que:
"[...] Dada la presencia de características como su disminuida capacidad de autocrítica, minimización de la influencia de antecedentes históricos familiares en la determinación de su conducta, la ausencia de conciencia del daño causado, la entrega de una imagen sobredimensionada y mejorada de sí mismo, el estilo devaluador y egocéntrico en sus relaciones interpersonales y la observación de un relato de tipo lógico-abstracto que delimita las actuaciones y responsabilidad en tercero... este tipo de funcionamiento social y sicológico afectaría su adecuación a figuras de control ajenas a su voluntad, mermando su permeabilidad ante la influencia de terceros, sin mediar además requerimientos de intervención externa ni motivación a un proceso de cambio".
Y respecto de Gerardo Urrich González se agrega:
"Resulta ineficaz dada la presencia de características de personalidad tales como déficit en la capacidad de autocrítica, dificultad para establecer vínculos comprometidos y una autoimagen omnipotente, elementos que lo hacen impermeable a intervención de un agente normativo externo... falta de compromiso emocional con el delito, con una evidente minimización de los hechos".

General Que Huye...
-Familiares de detenidos desaparecidos y sobrevivientes de los centros de tortura que dirigió el general (R) Raúl Iturriaga Neumann reaccionaron ayer en contra de los militares retirados que insisten en solidarizar con su subversivo compañero de armas.

-Los oficiales (R) realizaron fuertes críticas contra los jueces que instruyen procesos por violaciones de los derechos humanos acusándolos de prevaricación y de "sometimiento al poder político de turno".

-La derecha, esta vez, guardó silencio. Parlamentarios de la Concertación entregaron una dura respuesta a las justificaciones a la fuga que levantaron algunos senadores y diputados de la UDI.

-Testimonios del juicio por la detención y desaparición de Dagoberto San Martín, delito por el que el militar en retiro está condenado a cinco años. de prisión, demuestran que el ex DINA nunca otorgó a sus prisioneros lo que hoy exige: un debido proceso.

19 de junio de 2007
©la nación
rss

la rebelión de las ratas


[Jorge Escalante] Les imputaron el delito de prevaricar y apartarse de la Constitución y las leyes. Oficiales (R) injurian y calumnian a jueces que llevan causas de DDHH.
En una enardecida rueda de prensa solidarizaron con el prófugo Iturriaga Neumann y justificaron las muertes y desapariciones argumentando que "en una guerra hay violencia". De paso, dijeron que los únicos delincuentes fueron Allende y sus colaboradores.
Organizaciones de oficiales y suboficiales retirados que respaldaron al prófugo ex agente de la DINA, y general (R) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, acusaron a los jueces que instruyen procesos por violaciones de los derechos humanos y a los ministros de cortes que revisan sus resoluciones, de cometer el delito de prevaricación, "poniéndose al margen de la ley y la Constitución sometiéndose al poder político".
Con ello sostuvieron que estos jueces y ministros, de acuerdo con lo que implica el delito de prevaricación, dictan resoluciones "a sabiendas de que son injustas", negando de esa forma -afirmaron- que los militares cuenten "con un debido proceso".
De paso acusaron de "insolente" al subsecretario de Interior Felipe Harboe "y colaboradores de éste que, aprovechando su transitoria posición de poder, han motejado como delincuente a un prestigioso y distinguido general de la República, tratando de ponerlo a la altura de delincuentes comunes, terroristas y pedófilos".

Una Guerra
En una enardecida conferencia de prensa realizada ayer en su local de Alameda 1452, justificaron las muertes y desaparición de personas argumentando que "era una guerra y en la guerra hay violencia", agregando que no se entregaron los cuerpos de los prisioneros lanzados al mar "porque no había condiciones para hacerlo".
Representados por el general (R) Jaime Núñez Cabrera, el coronel (R) Haroldo Latorre Sánchez y el capitán (R) Renán Ballas, sostuvieron que "los verdaderos delincuentes" fueron el derrocado Presidente Salvador Allende y sus colaboradores "que ostentaban ilegítimamente el poder de la nación" a quienes las Fuerzas Armadas "desalojaron de La Moneda" el 11 de septiembre de 1973.

Errores Jurídicos
Al repudiar la actuación de los jueces y ministros que procesan y condenan a sus camaradas de armas que estuvieron involucrados en violaciones de los derechos humanos, entraron no obstante en serios errores jurídicos.
Expresaron que los principales tratados internacionales invocados por jueces y cortes, que resguardan los derechos humanos y penalizan los crímenes de guerra y lesa humanidad estableciendo que éstos no prescriben por el paso del tiempo ni pueden ser amnistiados, "no están vigentes en Chile".
Se les hizo ver por la prensa que, tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, como la Convención Americana de Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra sobre el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, a los que aludían en sus argumentos, sí se encuentran firmados y ratificados por Chile y por lo tanto vigentes, el primero desde el 10 de mayo de 1972, la segunda desde el 10 de abril de 1975, y los terceros desde el 12 de octubre de 1950.

Incidentes
Familiares de desaparecidos y ejecutados que llegaron hasta la puerta del lugar de encuentro de los militares en retiro, para manifestar su repudio tanto al prófugo Iturriaga como a los conferencistas. A estos últimos los acusaron de asesinos y torturadores y luego enfrentaron en la calle a los oficiales convocantes, acorralándolos al interior de un local comercial y en los alrededores con puntapiés y escupiéndolos.
Al verse cercado en una zapatería, el capitán (R) Ballas pidió "reconciliación" y "unámonos como chilenos". Por su parte, el coronel (R) de Ejército Sergio Angelotti Cádiz que también fue objeto de una encerrona, reaccionó respondiendo algunos puñetes y refugiándose después en la estación del Metro La Moneda.

Coronel (R) Latorre Fue Procesado por Secuestro
Uno de los conferencistas, el coronel (R) Haroldo Latorre, fue denunciado por los familiares que protestaron frente al local como quien, al mando de una patrulla, el 23 de agosto de 1974 secuestró al alumno de la Escuela Industrial Cuatro Álamos de Maipú y militante comunista José Flores Araya, de 19 años.
Consultados archivos judiciales, Latorre Sánchez enfrenta procesamiento como autor del secuestro del estudiante, causa que instruye el ministro Alejandro Solís.
Latorre ordenó aquel día formar a los alumnos de la escuela y sacó de la fila al joven y se lo llevó detenido. En el libro de clases del 4º año A de 1974, quedó registrado que "el 23 de agosto de 1974, el teniente Haroldo Latorre retira al alumno José Flores Araya para interrogarlo". La nota está firmada por el director de la escuela, Luis Figueroa.
Testigo de la detención fue el profesor del establecimiento José Alfaro Acuña, también arrestado. Ambos fueron llevados por Latorre a la Escuela de Suboficiales y desde allí trasladados a Villa Grimaldi. El joven desapareció y el profesor quedó en libertad seis días después.
A su vez, el coronel (R) Sergio Angelotti se encuentra en calidad de imputado (no procesado) en el episodio Curicó de la Caravana de la Muerte, por su calidad de comandante del regimiento de esa ciudad a septiembre de 1973.
Desde ese regimiento el general Sergio Arellano sacó a los GAP Wagner Salinas y Francisco Lara, ordenando su traslado a Santiago donde los mataron y tiraron sus cuerpos a la calle.

Corte Suprema
"No me gustan para nada esas opiniones porque no creo que sea así", dijo el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, respondiendo una consulta por los referidos dichos proferidos ayer en contra de jueces y ministros por los conferencistas.
Aludiendo al alegado no debido proceso de Iturriaga, el presidente dijo irónicamente "tengo entendido que son varias hojitas, donde el señor ha declarado como cualquier ciudadano y un Estado de derecho las sentencias se cumplen, pero simplemente el señor Iturriaga se fugó".

19 de junio de 2007
©la nación
rss

familiares aceptan reparación


Familiares de víctimas de Operación Albania aceptan propuesta del Consejo de Defensa del Estado.
Los familiares de las víctimas de la llamada ‘Operación Albania' aceptaron este lunes la propuesta reparatoria del Consejo de Defensa del Estado (CDE) respecto a la millonaria indemnización que el Fisco debe pagar a los demandantes de esta emblemática causa por violaciones a los derechos humanos.
De esta forma los afectados podrán recibir del Fisco en dos pagos 300 millones de pesos por cada una de las víctimas, la primera con imputación al presupuesto del año 2007, y la segunda, al Presupuesto del año 2008.
El acuerdo será sometido este martes a la ratificación del CDE el que deberá ser acogido por mayoría calificada de sus miembros, tras lo cual sólo necesitará la venia del ministerio de Hacienda para hacerse efectivo.
La indemnización beneficiará a los parientes de los 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que fueron asesinados por agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) en la también denominada ‘Matanza de Corpus Christi', el 16 y 17 de junio de 1987 en diversos puntos de la capital.

19 de junio de 2007
©la nación
rss

mataron con gas sarín a secuestrados


[Héctor Cruzatt] Brigada Lautaro de la DINA habría usado gas sarín para eliminar a ciudadanos peruanos.
Investigación que realiza el ministro en visita Víctor Montiglio en el caso Calle Conferencia reveló que mortal agente químico fue utilizado para experimentar con dos ciudadanos limeños detenidos en un operativo callejero. Aunque la identidad de las víctimas se desconoce, se estima que no habrían estado relacionados con la oposición a la dictadura.
La investigación en contra de los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que participaron de la Brigada Lautaro revela cada vez hechos más atroces cometidos en la exterminación de opositores del régimen militar en el cuartel de Simón Bolívar 8630 y que se dedicó a la represión del Partido Comunista en el año 1976.
La investigación que realiza el ministro Víctor Montiglio Rezzio revela que los agentes del organismo, gran parte de los cuales está procesados, actuaron con impunidad para cometer graves delitos de violaciones a los derechos humanos afectando incluso a personas que no tenían relación con grupos opositores al régimen militar y que hasta ahora resultan desconocidos.
Uno de los últimos antecedentes agregados al proceso da cuenta de la experimentación que se realizó con el gas sarín en el cuartel de la DINA y revela que el agente químico fue utilizado para eliminar incluso a ciudadanos extranjeros detenidos en ese cuartel.
El testimonio de uno de los procesados reveló que a mediados de 1976 dos ciudadanos de origen peruano se encontraban detenidos en el cuartel Simón Bolívar, debido a las tensiones propias de la crisis diplomáticas con el país limítrofe, y que fueron utilizados como conejillos de Indias por el químico Eugenio Berríos y el agente estadounidense Michael Townley que manjeban el agente tóxico.
Del destino de los peruanos nada se sabe y tampoco de quiénes eran, ya que los organismos de derechos humanos que trabajaron en dictadura nunca supieron de casos de peruanos que figuren como detenidos desaparecidos.
En tanto, el Informe de la Comisión Rettig sólo registra una persona del país limítrofe como víctima de la dictadura, el cantante Percy Arana, acribillado en 1984 en Avenida Santa Rosa a la salida de un local nocturno.
La revelación de la utilización del gas sarín en extranjeros se suma al hecho de que el propio Townley pudo haber sido víctima del agente químico al manipular por error la sustancia, cuando era inoculada a un opositor.
Los testimonios dan cuenta de que Townley comenzó a sentir los efectos del peligroso elemento, pero en ese momento la agente Gladys Calderón le inyectó un antídoto para salvarle la vida.
La utilización del gas sarín se suma a otros agentes químicos como el cianuro que era inyectado a los detenidos de ese cuartel y que fue utilizado por eliminar a personas como el subsecretario del Partido Comunista Víctor Díaz, padre de la dirigente de familiares de Detenidos Desaparecidos Viviana Díaz.
Además, los agentes han revelado otros métodos de tortura como pasar vehículos por sobre las piernas de los detenidos para quebrarlas antes de eliminar o usar sopletes para quemar a los capturados y borrar huellas digitales de sus manos, que permitieran una eventual identificación de sus restos.

18 de junio de 2007
©piensa chile
©el mostrador
rss