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ley contra la incitación al odio


Senadores ingresarán proyecto que busca tipificar como delito la "incitación al odio". Esto tras expresar preocupación por una seguidilla de actos antisemitas ocurridos en sinagogas y colegios hebreos.
Valparaíso, Chile. Los senadores Guido Girardi (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Mariano Ruiz-Esquide (DC), Carlos Cantero (Indep) y Andrés Chadwick (UDI) expresaron su profunda preocupación por la seguidilla de actos antisemitas ocurridos en sinagogas y colegios hebreos y por las amenazas de muertes en contra del presidente de la comunidad judía en Chile, Gabriel Zaliasnik, y su hijo de 9 años, razón por la cual anunciaron la presentación de un proyecto de ley que busca tipificar como delito "la incitación al odio".
"Hemos sabido de actos de profanación de cementerios judíos, rayados en algunas sinagogas como de Temuco, Concepción y la comuna de Lo Barrenechea, rayados en el Colegio Hebreo y a través de internet se ha amenazado la integridad física del presidente de la comunidad judía Gabriel Zaliasnik, incluso de su hijo de 9 años", detalló Girardi.
Sostuvo que detrás de esta seguidilla de actos "más que grupos religiosos, están los neonazis que son los que han estado desarrollando este tipo de acciones contra las comunidades judías, queremos que para ellos existan las más duras sanciones, que  se realicen las investigaciones correspondientes, sobre todo cuando hay amenazas a niños pequeños o personeros de una comunidad".
El senador Juan Pablo Letelier dijo que "con este proyecto queremos tipificar el delito de incitación al odio y lo sanciona: actualmente no tenemos en el país la tipificación penal del delito como si lo hace en otro país. En nuestro paí­s por la no tipificación de este delito se ha sido excesivamente tolerante con algunas personas o grupos organizados que algunos consideran grupos de modas. Este no es problema de moda o cómo ande vestido, tiene que ver con prácticas que queremos erradicar de nuestra sociedad. Queremos tipificar y establecer presidio", detalló.
El senador Mariano Ruiz- Esquide manifestó que "esta es la primera vez que en Chile se produce una tendencia a estos actos. A través de los años ha habido distintas comunidades que han sufrido la violencia, dependiendo de intereses políticos y religiosos y también de acuerdo a la situación internacional, desgraciadamente el país caía en estos actos. Nuestra preocupación es que cada vez que se produce este aumento sostenido de estos actos inadecuados el país termina en un enfrentamiento bastante lamentable".
En tanto, el senador Andrés Chadwick aseveró que "el hecho que estemos acá distintos sectores políticos es una clara demostración de lo queremos para la sociedad chilena: que exista siempre un profundo respeto por la dignidad de cada ser humano y por consiguiente nos resultan absolutamente inaceptables situaciones como las que hemos vivido en los últimos tiempos donde hemos visto  como a personas y a grupos se les ha agredido verbal y físicamente, se les ha amenazado de muerte sólo por el hecho de pertenecer a una determinada nacionalidad o a una determinada religión".
Por último, el senador Carlos Cantero precisó que "lo que ha ocurrido en Chile con la comunidad judía no es un hecho aislado. Nosotros observamos que hay grupos que están radicalizando  la convivencia nacional. Basta con ver la forma en que se expresan, lo que está ocurriendo en internet donde se incita a la violencia o al odio, o la fragmentación exacerbada de la ciudadanía. Estamos actuando hoy preventivamente y de forma prospectiva para evitar  que se profundice cualquiera de estas tendencias que puedan radicalizar la convivencia nacional".
11 de agosto de 2010
©la tercera

caso riggs, levantan embargo


Caso Riggs: Levantan embargo de propiedades de Pinochet. Decisión del ministro Valderrama se circunscribe "a los bienes raíces que se encuentren a nombre de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte", y mantiene en custodia los dineros hallados en cuentas de EEUU.
Santiago, Chile. El ministro Manuel Valderrama, que lleva la investigación sobre el origen de la fortuna de Augusto Pinochet, levantó hoy el embargo que pesaba sobre propiedades del fallecido dictador.
La resolución, que puede ser apelada por la parte querellante, se refiere "sólo a los bienes raíces que se encuentren a nombre de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte", pero mantiene bajo custodia del tribunal los dineros del general (r) encontrados en cuentas de Estados Unidos.
La decisión del magistrado incluiría 3 propiedades del fallecido dictador: la casa de El Melocotón, en el sector de Cajón del Maipo, un departamento en Valparaíso y un terreno en Quintero.
Con esta resolución, el juez acogió la petición presentada por Pablo Rodríguez Grez y Fernando Rabat, abogados de Lucía Hiriart, y desestimó la postura del Consejo de Defensa del Estado, que es parte querellante en el proceso y que abogó por mantener el embargo. De este modo, la familia de Pinochet podrá disponer libremente de esas propiedades.
La investigación, que inició el juez Sergio Muñoz, prosiguió Carlos Cerda y lleva ahora Valderrama, se abrió tras el descubrimiento de numerosas cuentas secretas que Pinochet mantenía en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades financieras del exterior.
10 de agosto de 2010
©la nación

condenas por torturas en tejas verdes


Dictan condenas por torturas en centro de detención de Tejas Verdes.
Santiago, Chile. El ministro Alejandro Solís, dictó ayer sentencia de primera instancia en la investigación por el delito de torturas cometidas en el centro de detención de Tejas Verdes, de San Antonio.
El magistrado sentenció a cinco años y un día de presidio al ex jefe de la DINA Manuel Contreras.Misma suerte corrieron los agentes Nelson Valdés, Raúl Quintana, Klaudio Kosiel y Víctor Orvietto.
A todos se les atribuye haber torturado a 20 personas que pasaron por ese recinto de detención de la dictadura.
10 de agosto de 2010
©la nación

caso berríos a punto de sentencia


La resolución del juez Alejandro Madrid, de unas 400 páginas, afectará a dos suboficiales de inteligencia en servicio activo, tres generales (R), entre ellos el ex fiscal Fernando Torres, y los tres coroneles uruguayos, dos aún en el Ejército.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. El juez Alejandro Madrid está próximo a dictar la sentencia de primera instancia por el crimen del químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, ocurrido en 1995 en Uruguay. El dictamen tiene cerca de 400 páginas, producto de una de las investigaciones policiales y judiciales más extensas y profundas.
La resolución da detallada cuenta de cómo operó el Ejército de entonces para obstruir la justicia recién recuperada la democracia, desde la Comandancia en Jefe y generales del alto mando, hasta la auditoría general, pasando por los agentes reencasillados de la disuelta CNI, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y su brazo operativo, el Batallón de Inteligencia (BIE).
De los 19 procesados y formalmente acusados, entre ellos los tres coroneles uruguayos, dos aún en servicio activo, trascendió que la gran mayoría recibirían penas de cárcel efectiva, aunque un par podrían ser beneficiados con condenas bajo cinco años y un día de libertad vigilada.
Dos de quienes tendrían condenas aseguradas de prisión efectiva, se encuentran aún en servicio activo en el Ejército cumpliendo tareas de inteligencia. Se trata de los suboficiales de la DINE y ex agentes de la CNI, Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Vargas. Ambos están acusados como autores de secuestro, asociación ilícita, y omisión a la justicia de actividades de una asociación ilícita. Los dos operaron como custodios de Berríos mientras se le mantuvo secuestrado en Montevideo.

Torres Silva
Entre quienes también tendrían una condena de presidio efectivo está el general (R) y ex fiscal militar, Fernando Torres Silva, acusado como autor de una asociación ilícita que cometió crímenes. Por ello, su condena de presidio mayor iría entre cinco años y un día a 20 años.

1.- Arturo Silva Valdés (teniente coronel R) (autor secuestro con homicidio y autor asoc. ilícita)

2.- Eugenio Covarrubias Valenzuela (general R) (encubridor secuestro c/ homicidio, autor secuestro, autor asoc. ilíc. y autor obstrucción justicia)

3.- Hernán Ramírez Rurange (general R) (autor secuestro, autor asoc. ilícita y autor obstrucción a la justicia)

4.- Manuel Jorge Provis Carrasco (brigadier R) (autor secuestro y autor asociación ilícita)

5.- Pablo Rodríguez Márquez (teniente coronel R) (autor secuestro, autor asoc. ilíc. y autor obstrucción a la justicia)

6.- Jaime Fernando Torres Gacitúa (mayor R) (autor secuestro y autor asociación ilícita)

7.- Raúl Lillo Gutiérrez (teniente R) (autor secuestro, autor asoc. ilíc. y autor obstrucción a la justicia)

8.- Manuel Antonio Pérez Santillán (coronel R) (autor secuestro y autor asoc. ilíc.)

9.- Tomás Casella Santos (coronel uruguayo) (autor secuestro y autor asoc. ilíc.)

10.- Eduardo Radaelli Copilla (coronel uruguayo activo) (autor secuestro y autor asoc, ilíc.)

11.- Wellington Sarli Pose (coronel uruguayo activo) (autor secuestro y autor asoc. ilícita)

12.- Marcelo Sandoval Durán (suboficial activo) (autor secuestro, autor asoc. ilíc. y autor omisión activ. de miembros asoc. ilíc.

13.- Nelson Román Vargas (suboficial activo) (autor secuestro, autor asoc. ilíc. y autor omisión actividades de miembros asoc. ilíc.)

14.- Enrique Gabriel Arturo Ibarra Chamorro (coronel R) (autor asociación ilícita)

15.- Mario Enrique Cisternas Orellana (tte. coronel R) (autor omisión de actividades de miembros de AI)

16.- Nelson Hernández Franco (suboficial R) (autor omisión actividades miembros asoc. ilíc.)

17.- Erika del Carmen Silva Morales (civil Ejército) (autor omisión actividades miembros asoc. ilíc.)

18.- Ginez Emilio Rojas Gómez (civil) (autor obstrucción a la justicia)

19.- Juan Fernando Alfredo Torres Silva (general R) (autor asociación ilícita).

9 de agosto de 2010
©la nación
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diputado teillier rechaza injerencia


Diputado Guillermo Teillier rechaza cuestionamientos a elecciones en Venezuela.
Valparaíso, Chile. Parlamentario comunista se mostró disconforme con el Proyecto de Acuerdo que diputados buscaban presentar para que se dispusieran medidas en relación con las elecciones parlamentarias del próximo 26 de septiembre en Venezuela.
El diputado Guillermo Teillier (PC), se refirió al proyecto que buscaba que organismos internacionales (ONU, OEA, UIP y el PARLATINO) adoptaran una actitud "más vigilante" con el cumplimiento de normas básicas por parte del gobierno Venezolano, que aseguren la integridad y la transparencia del próximo proceso electoral, así como enviar diputados de la Corporación como observadores electorales para septiembre próximo.
Así, el parlamentario indicó que "el Proyecto de Acuerdo sobre las medidas en relación con las elecciones parlamentarias que se realizarán en Venezuela y que se pretendía presentar a la Cámara esta semana, me parece unilateral, discriminatorio y prejuicioso".
En cuanto a las críticas hacia el manejo de los medios de comunicación y la propiedad de éstos, el parlamentario subrayó que no es efectivo que hayan limitaciones a la libertad de expresión, expresando que "lo que podemos decir es que abrumadoramente los medios de comunicación en Venezuela son privados y de oposición, acá mismo se discutió un proyecto de ley sobre los medios de comunicación en que se habla del monopolio de los medios en Chile que favorecen la expresión de un pensamiento único, por lo tanto, estaríamos exigiendo a otro país lo que no hacemos en el nuestro", expresó.
El diputado también se mostró contrario a las denuncias de persecución judicial de líderes opositores, subrayando que "eso no se ajusta a la verdad, porque lo que hay son litigios judiciales con medios de comunicación o con personas, pero aquí también queremos condenar por eso a Venezuela, siendo que en Chile se aplica la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche de manera injustificada, por lo que hay 25 presos mapuches en huelga de hambre, desde hace varios días y ninguno de los acusadores de Venezuela dice nada".
Asimismo, Teillier se refirió al cuestionamiento que han hecho diversas organizaciones internacionales por la vulneración en nuestro país a los DDHH, expresando que "tanto la comisión de derechos humanos de la ONU, como la comisión interamericana de derechos humanos nos han condenado muchas veces. Ahora mismo esta semana el Senador Navarro, el Senador Campos, más varios alcaldes, fueron tomados detenidos por el sólo hecho de pararse frente al Ministerio de Hacienda para protestar porque no se han tomado medidas para enfrentar los efectos del terremoto. Entonces ¿podemos condenar a Venezuela por algo mucho menor a esto?, Imposible", sentenció.
El timonel del PC indicó que la existe una tendencia internacional muy marcada a favorecer la oposición de Venezuela, señalando que "esto podría tomarse como una ingerencia en el grave conflicto que se ha generado por las acusaciones por parte del Presidente Uribe de Colombia contra el gobierno de Venezuela, que ponen en peligro la paz entre ambos pueblos y las relaciones entre ambos países".
"Todos estos antecedentes que se dan están en directa relación a la próxima elección parlamentaria de Venezuela, donde la derecha de diversos países latinoamericanos pretende favorecer a la oposición de Venezuela, inventando incluso ahora que el Presidente Chávez pretende no realizar las elecciones parlamentarias".
Sobre el sistema electoral venezolano, el diputado comunista indicó que "aquí se han puesto también en cuestionamiento los procesos electorales de Venezuela, cuando todos los actos electorales no han tenido problemas, participando como observadores de estos procesos la ONU, la OEA, la Fundación Carter y no se han descubierto vicios de ninguna especie, porque el sistema electoral venezolano es mucho más moderno y preciso que el chileno".
Así, señaló que no es aceptable que la propia Cámara de Diputados propicie una intervención en un país extranjero; "no podemos pretender ir a enseñar de democracia a los venezolanos cuando nuestro sistema electoral es excluyente, impide el voto de los chilenos en el exterior y donde los dirigentes sindicales tienen que burlar la ley para ser candidatos".
Guillermo Teillier, indicó que "en el caso de Honduras -que nuestro país acaba de reconocer como gobierno- no participaron observadores internacionales y se les considera como elecciones limpias, pero esas elecciones se hicieron bajo un estado de excepción por lo que no hay comparación con Venezuela y es por eso que digo que es unilateral el Proyecto de Acuerdo que se pretendía ingresar".
Por último, el parlamentario indicó que "nosotros estamos porque esos conflictos se arreglen pacíficamente y no por aceptar presiones de Estados Unidos a través de Colombia contra Venezuela".

7 de agosto de 2010
5 de agosto de 2010
©diario de la cámara
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piden libertad de cubanos


Diputados abogan por liberación de cubanos presos en Estados Unidos. Fueron acusados de espionaje y autoridades carcelarias les niegan atención médica.
Valparaíso, Chile. El grupo chileno-cubano, que preside la diputada PS Clemira Pacheco, solicitó una audiencia con el embajador norteamericano, Paul Simons, para pedir la pronta libertad de Gerardo Hernández Nordelo y de otros cuatro cubanos, que permanecen detenidos en la prisión de Victorville, Estados Unidos, acusados de espionaje.
En una sesión extraordinaria celebrada este miércoles 4 de agosto, el grupo interparlamentario Chileno-Cubano, que preside la diputada Clemira Pacheco (PS), acordó solicitar una audiencia a la embajada de Estados Unidos para plantear la "imperiosa necesidad" de otorgar la libertad a detenidos cubanos en Estados Unidos.
Según especificó la parlamentaria, por acuerdo del grupo, se solicita la libertad de Gerardo Hernández Nordelo, René González, Antonio Guerrero, Fernando González y Ramón Labañino, quienes permanecen recluidos, desde hace doce años, en la prisión de Victorville, Estado Unidos, acusados de espionaje.
El grupo interparlamentario, que integran también los diputados René Alinco (PPD), Cristián Campos (PPD), Lautaro Carmona (PC), Hugo Gutiérrez (PC), Miodrag Marinovic (Ind), Alberto Robles (PRSD) y Pedro Velásquez (IND), hizo también un llamado a la comunidad internacional para que represente al gobierno de Barack Obama que la liberación de estas personas responde a razones humanitarias, dado el delicado estado de salud de los detenidos.
En este sentido, hicieron eco de la declaración emitida por la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, que denunció que desde el 21 de julio Hernández Nordelo estuvo confinado a una prisión de castigo, de espacio mínimo, sin ventilación, a altas temperaturas y carente de contacto con el mundo exterior.
En el texto, la Asamblea acusa que las autoridades federales de Estados Unidos han impedido la defensa de los condenados y ha obstruido la justicia. "En vísperas de cada decisión importante nuestros compañeros fueron aislados en el "hueco" (celda de castigo) para hacer imposible toda comunicación con sus abogados defensores", sostiene el documento, hecho público el 1 de agosto.
La Asamblea hace especial alusión al delicado estado de salud de Hernández a raíz de su extensa reclusión y asegura que se le ha negado atención médica adecuada. En virtud de eso, la nota hace responsable al gobierno de Estados Unidos por la salud e integridad física del detenido.
"Es un hecho que consideramos injusto. Además, evaluamos en esto la actitud del gobierno de Raúl Castro, que hecho un profundo cambio en su relación con la disidencia permitiendo la libertad de los cubanos presos de conciencia", indicó la diputada Pacheco.

7 de agosto de 2010
5 de agosto de 2010
©diario de la cámara
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inhabilitarán a agresores sexuales


Aprueban legislar sobre registro público de inhabilidad laboral de agresores sexuales de menores. Ley permitirá publicidad de condenas para evitar que encuetren empleo en sectores asociados a niños..
Valparaíso, Chile. La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados continuará analizando en particular la iniciativa la próxima semana, oportunidad en que se espera recibir una indicación del Ejecutivo para detallar más, en qué casos se puede publicar estos datos.
En la perspectiva de mejorar nuestra legislación penal en materia de protección a la libertad sexual de los menores, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó legislar por unanimidad en torno al proyecto del Ejecutivo (boletín 6952) que crea un registro público de inhabilidad laboral de agresores sexuales de menores.
El diputado RN Cristián Monckeberg estimó que la iniciativa va en la dirección correcta, al proponer ampliar el catálogo de inhabilidades para quienes cometen delitos sexuales en contra de menores y permitir la publicidad de estas condenas a través de un registro público.
"Mucha gente que contrata personas para cuidar niños o guardadores, les interesa contar con esta información, por lo tanto, interesa que eso sea público, pero, al mismo tiempo, muy bien definido", precisó.
Monckeberg dijo que la próxima semana se espera recibir la opinión del académico Enrique Cury e iniciar la discusión del articulado. Al respecto detalló que se espera recibir una indicación del Ejecutivo para detallar más en qué casos se puede publicar estos datos, y así mantener los resguardos necesarios a la protección a la vida privada.
El profesor Juan Domingo Acosta, asesor del Ministerio del Interior, indicó que el perfeccionamiento solicitado por los parlamentarios dice relación al nombre del registro, el cual debiera ser más preciso y completo, para evitar un mal manejo de dicha información.
Acosta recalcó que ya existe un registro nacional de condena y la idea es establecer una sección especial del mismo, que incluirá a aquellas personas cuyas condenas establecen tanto la inhabilidad temporal, ya vigente en la legislación, como la perpetua, que propone esta iniciativa. "Ésta es la manera de poder ejercer un control social sobre la pena", planteó.
Explicó que la inhabilidad perpetua será aplicada en aquellos casos en que la víctima sea menor de 14 años. Resaltó que este tipo de limitantes ya existen en nuestra legislación, como por ejemplo, en materia de delito funcionario.
Finalmente, sostuvo que la publicidad del registro no vulnera los derechos de los condenados, ya que no es una información personal ni menos un dato sensible, sino que es una pena impuesta por una sentencia ejecutoriada por un tribunal de la República en un juicio que es público.

7 de agosto de 2010
5 de agosto de 2010
©diario de la cámara
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degradación por causas de ddhh


Gobierno apoya las penas por degradación para crímenes de lesa humanidad.
Valparaíso, Chile. En la sesión de la Comisión de Derechos Humanos, el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, mostró su aprobación al proyecto que dice relación con la degradación militar sobre crímenes de lesa humanidad, postura que fue bien evaluada por el presidente de la comisión, diputado Hugo Gutiérrez, quien indicó que esta pena accesoria era "largamente esperada".
En la voz del ministro Jaime Ravinet de la cartera de Defensa, se anunció la postura del gobierno sobre la degradación militar sobre crímenes de lesa humanidad, moción (boletín 7070) presentada por un grupo de parlamentarios el 15 de julio pasado.
Así, el ministro indicó que fue invitado por la Comisión a exponer en este tema largamente esperado y cuya demanda se hizo más urgente luego de conocidas las sentencias en el crimen del ex comandante en jefe del ejército, Carlos Prats y su esposa.
Actualmente, en el código militar no existe la figura de la degradación para aquellos uniformados que hayan cometido delitos de lesa humanidad siendo ellos repudiables por todos los estados democráticos del mundo.
Al respecto, el ministro señaló que "lo único que sugerimos es que los delitos de lesa humanidad sean referidos a las leyes respectivas, de modo que haya una clara tipificación de cuáles son los delitos que llevarían la pena accesoria de degradación. Naturalmente, como en todo sistema jurídico, cualquier modificación del código de justicia militar o del militar, rige para el futuro", en referencia a las consultas de algunos parlamentarios dentro de la comisión sobre desde cuándo regiría esta modificación.
Por su parte, el abogado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Hugo Gutiérrez se mostró conforme con este anuncio del gobierno, enfatizando que "fue una gran sorpresa que el gobierno de Chile -a través de una voz autorizada como es su ministro de Defensa- haya concordado que en casos de delitos de lesa humanidad haya pena aparejada a la pena principal, la pena de degradación".
Y agregó "eso significa que todos aquellos agentes del Estado, principalmente a los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros que cometan delitos de lesa humanidad no sólo se les va a imponer una sanción principal, sino que también haya una pena accesoria; la de ser degradados y en consecuencia, ningún tipo de privilegios ni homenajes aparejados al grado van a seguir teniendo".
En concreto, la moción indica que se modificará el art. N ° 2 del artículo 222 del Código de Justicia Militar, el cuál ahora indicará que "la pena de muerte, y las de presidio y de reclusión perpetua y la pena por crímenes de lesa humanidad, llevan consigo la degradación".
La moción fue presentada por los diputados Hugo Gutiérrez (PC), Sergio Aguiló (PS), Osvaldo Andrade (PS), Gabriel Ascencio (DC), Fidel Espinoza (PS), Tucapel Jiménez (PPD), Sergio Ojeda (DC) y Ximena Vidal (PPD).

7 de agosto de 2010
5 de agosto de 2010
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