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pasado persigue a edecán homicida


Caso Pisagua repone en el tapete a ex edecán Krauss. La Sala Penal de la Corte Suprema solicitó a Argentina que amplíe los márgenes de la extradición del mayor (R) Herrera, concedida en 1994, para que responda por siete asesinatos cometidos en ese lugar entre el 15 y el 30 de enero de 1974.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. La solicitud a la justicia argentina resuelta por la Sala Penal de la Corte Suprema para que amplíe el margen de los términos de la extradición a Chile del mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, concedida el 8 de abril de 1994, aviva el fantasma que persigue al ex agente de la CNI y ex edecán de la Cámara de Diputados, coronel (R) Jaime Krauss Rusque, por los crímenes de Pisagua.
En 1994, la extradición de Herrera, sacado de Chile clandestinamente en 1991 por la inteligencia del Ejército para evitar que respondiera judicialmente por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, fue concedida por Argentina sólo para que en Chile respondiera por el crimen del sindicalista, del carpintero Juan Alegría y del transportista de La Serena Mario Fernández.
Ahora, la sala penal solicitó expresamente a la justicia argentina que extienda esa restricción para que Herrera responda por siete asesinatos cometidos en el campo de concentración de Pisagua, entre el 15 y el 30 de enero de 1974.
En ese período, en dicho campo los prisioneros fueron ejecutados extrajudicialmente Nelson Márquez Agurto, Luis Manríquez Wilden, Juan Rojas Osega, Hugo Martínez Guillén, Tomás Cabello Cabello, Juan Mamani García y Nicolás Chánes Chánes.
En el proceso, el mayor (R) Herrera le imputa a Krauss darle la orden para matar a Márquez. El detenido, torturado hasta enloquecer, apareció una tarde errando por la playa y fue acusado de intentar fugarse.
Además, Herrera confesó a La Nación el 2002 que Krauss también le ordenó disparar sobre los otros prisioneros mencionados, cuyos nombres aparecieron en un bando militar como "puestos en libertad" desde el campo.
En junio de 1990, los siete cuerpos se hallaron sepultados en una fosa clandestina en Pisagua.

Salida del Cargo
El 22 de julio de 2004, la jueza Carmen Garay procesó por estos delitos a Herrera y Krauss, lo que al ex agente CNI le costó su salida del cargo que ejercía como edecán de la Cámara de Diputados.
Antes de ello, el aún edecán afirmó a La Nación Domingo, en julio del 2004, que "éste es un cuento de nunca acabar y aquí hay intereses políticos detrás", declarándose "inocente" de esos crímenes. Aunque Krauss no niega en el proceso que estuvo en Pisagua en ese tiempo con el grado de capitán.
Sin embargo, después de que el proceso pasó a manos del juez Joaquín Billard, que aún instruye la causa, éste revocó el procesamiento de Krauss, produciéndose luego una serie de acontecimientos procesales que terminaron con éste fuera del juicio y que la parte querellante evaluó en su momento como "extraños".
Ahora, si la justicia Argentina concede la ampliación pedida que permitiría que Herrera volviera a formar parte de esta causa, dado que su procesamiento también fue anulado, el abogado querellante Adil Brkovic dijo a este diario que "volveremos a pedir el procesamiento del coronel Krauss y de Herrera Jiménez".
Brkovic sostiene que en el caso del ex edecán "fue muy extraño que el Consejo de Defensa del Estado se desistiera de apelar para que el procesamiento de Krauss fuera repuesto, porque existen suficientes antecedentes que lo inculpan".

6 de agosto de 2010
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querella por ejecutados políticos


Agrupación se querella por 103 ejecutados políticos. La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos dijo que la presentación de estas acciones judiciales reafirma el compromiso que tienen de luchar para que la justicie investigue los casos.
[L.A.C.] Santiago, Chile. Un total de 103 nuevas querellas por ocho mujeres y 95 hombres que fueron asesinados durante el régimen militar interpuso ayer la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) ante el ministro en visita Mario Carroza, quien está a cargo de la indagatoria de estos casos. En total, ya suman 203.
La presidenta de la agrupación, Alicia Lira, manifestó que la presentación de estas acciones judiciales reafirma el compromiso que tienen de luchar para que la justicia investigue "los más de mil cien crímenes de la dictadura. Que se investigue a los responsables y luego se les sanciones para no permitir ninguna ley que aplique más impunidad de la que ya hay en este país".
La presentación se enmarca, según explicó la dirigenta, en la campaña "Impunidad jamás", iniciada el año pasado por la agrupación luego que el Poder Judicial, a través del ministro Sergio Muñoz, realizara un catastro de los casos de víctimas de violaciones de los derechos humanos que aún no poseen una causa abierta a nivel país.
Asimismo, la dirigenta manifestó su descontento con el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior que según detalló "no ha presentado ninguna querella por ejecutados políticos como lo mandata la ley" desde que asumió el 11 de marzo pasado el Presidente Sebastián Piñera.

Confección de Libelos
Al respecto, la abogada Rossy Lama -secretaria ejecutiva del Programa de DDHH- indicó que durante estos cinco meses se han estado presentando querellas para que se indaguen 14 casos de detenidos desaparecidos que, hasta el momento, no tenían causa penal abierta, "y aún faltan dos más que estamos a punto de presentar", indicó Lama.
En esa misma línea, dijo que las querellas por ejecutados políticos "están en proceso de confección y de acompañamiento de documentos y todos los antecedentes que requiere una querella de estas características, lo cual se ha visto demorado en algunos casos porque queremos entregar la información lo más completa posible".
Acto seguido, la jefa del Programa de DDHH aseguró que en las próximas semanas se harán parte de las causas instruidas por el ministro Carroza.

6 de agosto de 2010
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rechazan amnistía chilena


ONU cuestiona Ley de Amnistía vigente en Chile. Comisaria de la ONU, Navy Pillay, expresó críticas en columna publicada en el diario Folha de Sao Paulo. "En Sudamérica el olvido continúa siendo promovido", escribió.
Sao Paulo, Brasil. La comisaria de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, criticó las amnistías e indultos para violadores de los derechos humanos que siguen vigentes en Sudamérica, y advirtió específicamente sobre los casos de Chile y Brasil.
En una columna divulgada el viernes en el diario Folha de Sao Paulo, Pillay expresa que "en Sudamérica el olvido continúa siendo promovido", y llamó a la región a "entender mejor y enfrentar las atrocidades cometidas durante los conflictos internos de las últimas décadas".
"Las amnistías que sepultan la verdad y liberan a los responsables son susceptibles de perjudicar la perspectiva de construcción de sociedades justas y seguras en el futuro", advirtió.
La comisaria destacó concretamente que en el caso de Chile "la ley de amnistía continúa vigente después de 32 años, a pesar del repudio internacional".
Respecto a Brasil, Pillay recordó que la Corte Suprema rechazó este año reconsiderar la ley de Amnistía para permitir juzgar a los responsables de los crímenes durante la dictadura (1964-85). Brasil es el único país de la región que no ha juzgado a los represores de su período de facto.
El caso de Argentina, "el país con mayor número de juicios por derechos humanos del mundo", fue elogiado por la comisaria, quien afirmó que esa nación sudamericana "ha demostrado que conocer la verdad es un derecho sin límites, es un derecho que nadie puede negar".
Y concluyó: "la posición de la ONU sobre las amnistías es clarísima: no son admisibles si evitan el juicio de personas que pueden ser penalmente responsables de crímenes de guerra, genocidio o crímenes contra la humanidad".

6 de agosto de 2010
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fallo en caso hermanos vergara


Suprema rebajó las condenas, al dictar la sentencia definitiva en este caso emblemático de violaciones a los derechos humanos. Penas de 10 y 7 años de presidio para los implicados.
Santiago, Chile. En fallo dividido, la Segunda Sala de la Corte Suprema dictó condena definitiva, rebajando las penas de presidio para los 3 ex carabineros implicados en el homicidio de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, ocurrido el 29 de marzo de 1985, en la Villa Francia de la comuna de Estación Central.
Jorge Marín Jiménez fue sentenciado a 10 años y un día de presidio por el homicidio calificado de Rafael Vergara Toledo y el homicidio simple de Eduardo Vergara Toledo. En tanto, Álex Ambler Hinojosa y Nelson Toledo Puente recibieron una sanción de 7 años de presidio por el homicidio calificado de Rafael Vergara Toledo.
La sentencia definitiva rebaja las condenas determinadas en las anteriores fases judiciales. En primera instancia, el ministro en visita Carlos Gajardo Galdames había determinado la sanción de 15 años y un día de presidio para Marín Jiménez y de 10 años y un día de presidio para Ambler Hinojosa y Toledo Puente, fallo que fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago, el 3 de julio de 2009.
En la resolución emitida hoy por la Suprema, los ministros Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros estuvieron por acoger la figura de la prescripción de la acción penal, pero el voto de Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller determinaron las sanciones contra los ex carabineros implicados en este caso emblemático de violaciones a los derechos humanos en dictadura.

4 de agosto de 2010
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nuevo fallo contra jefes de la dina


Suprema dicta nuevo fallo contra ex cúpula central de la Dina. El general (r) Manuel Contreras fue condenado a cinco años por la desaparición de un miembro del comité central del MIR. Los demás involucrados en el caso, en tanto, recibieron cuatro años.
Santiago, Chile. Los ministros de la segunda sala penal de la Corte Suprema Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller dictaron la condena definitiva contra la ex cúpula de la desaparecida Dirección Nacional de Inteligencia (Dina) por el secuestro y posterior desaparición de Anselmo Radrigán Plaza, miembro del comité central del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), ocurrida desde el 12 de diciembre de 1974.
Esto con el voto en contra de los magistrados Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros quienes fueron del parecer de prescribir la acción penal.
El máximo tribunal dictó cinco años de presidio para Manuel Contreras. En tanto el brigadier (R) Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito, Rolf Wederoth, Miguel Krassnoff y Baclay Zapata fueron condenados a cuatro años de cárcel. Todos recibieron el beneficio de la libertad vigilada.
El 19 de mayo de 2008, el ministro en visita Alejandro Solís -quien investigó esta desaparición- sentenció a Contreras a 15 años de cárcel y a 10 años al resto de los involucrados; penas que luego fueron confirmadas en abril del año pasado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones.
La sustancial rebaja de condena realizada por la Suprema se debe a que la sala penal, en voto de mayoría, acogió la figura de la "media prescripción", que bajó los grados de las penalidades.

3 de agosto de 2010
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mapuches contra ley antiterrorista


Los mapuches, presos y en huelga de hambre. Reclaman que dejen de aplicarles la ley antiterrorista en Chile.
Chile. Hace más de veinte días que 31 mapuches están en huelga de hambre en las cárceles chilenas. Están presos por la aplicación de la llamada ley antiterrorista. El gobierno de Sebastián Piñera no mostró intención de destrabar el conflicto. Mientras tanto, la salud de los indígenas se sigue deteriorando.
La huelga de hambre líquida arrancó el 12 de julio en los penales de Concepción (centro) y Temuco (sur). Progresivamente, se fueron sumando reclusos mapuches de otras cárceles. Los mapuches dijeron, a través de un comunicado, que extenderían la medida hasta las últimas consecuencias. Los presos reclaman que dejen de aplicarles la ley antiterrorista, un instrumento legal sancionado durante la dictadura de Augusto Pinochet. Además, exigen que sus causas no sean derivadas a tribunales militares y demandan acceder a un juicio justo. La desmilitarización de los territorios de la comunidad también es otro de los reclamos que les hacen a las autoridades chilenas. En el sur de Chile, las empresas agrícolas y forestales ocuparon las tierras ancestrales.
Organizaciones de defensa de las comunidades originarias denunciaron en el fin de semana que se está deteriorando a pasos agigantados la salud de los detenidos en la cárcel de Angol, al sur de Santiago. Según manifestó el Parlamento de Comunidades Autónomas de Malleco, los reclusos sufrieron maltrato psicológico de parte de los gendarmes y no recibieron asistencia médica por parte de los uniformados. Ayer se realizaron movilizaciones en varios puntos del país para reclamar al Ejecutivo que escuche las demandas de los indígenas, pero el silencio oficial sigue sin romperse.
Los mapuches en huelga de hambre están en prisión preventiva hace más de un año y medio, ya que la legislación antiterrorista habilita a que estén en esa condición hasta por dos años. De acuerdo con la normativa aprobada en mayo de 1984, también se les puede impedir el acceso a la causa a los abogados defensores de los procesados.
"La aplicación sistemática de la ley antiterrorista es discriminatoria porque levanta acusaciones contra personas que reclaman por sus derechos legítimos. Se aplica esencialmente a personas mapuches", dijo a Página/12 Sergio Laurenti, director de Amnistía Internacional (AI) de Chile. AI le reclamó al presidente Sebastián Piñera que se revise esa legislación que podría cuestionarse como inconstitucional", según indicó su titular.
AI no está visitando a los presos mapuches en huelga de hambre por pedido expreso de los indígenas. Pero Laurenti remarcó que la organización con base en Londres apoya el reclamo. En un informe presentado en mayo al presidente Piñera, AI manifestó su preocupación por la situación de los pueblos originarios. "El uso de la legislación inapropiada y de la jurisdicción militar, así como el presunto uso de la fuerza excesiva y la actividad policial desproporcionada en algunas comunidades, ha generado una aparente penalización de la protesta", dijeron desde la organización.
Más de 105 mapuches están presos, condenados o procesados en el país trasandino por la demanda territorial y a 57 se les aplicó la ley antiterrorista. Según un informe de la Comisión de Etica contra la Tortura de Chile, el número de criminalizados se duplicó en sólo un año. Entre los delitos por los que se los imputa están los de incendio terrorista, homicidio frustrado, lesiones con carácter terrorista, amenazas y asociación ilícita terrorista.

Informe de Luciana Bertoia.

3 de agosto de 2010
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de frío muere indigente en talcahuano


Bajas temperaturas cobran la vida de una persona en Talcahuano. La víctima era un conocido indigente que vivía en las afueras de la estación de Biotrén.
[Joaquín Peñailillo] Talcahunao, Chile. Como Luis Chandía Benítez (68) fue identificado el hombre que esta mañana fue encontrado muerto en el sector de Arenal, Talcahuano, a causa de una hipotermia, debido a las bajas temperaturas registradas durante la madrugada en la Región del Biobío, y que en la Provincia de Concepción llegaron a -1 grados.
El individuo, era un conocido indigente que vivía en las afueras de la estación de Biotrén –similar al Metrotrén capitalino- que hay en el sector y fue encontrado por un amigo pasadas las 07.00.
En el lugar Carabineros realizando las indagaciones correspondientes.

2 de agosto de 2010
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ai rechaza ley antiterrorista


Amnistía Internacional rechaza Ley Antiterrorista en causas mapuche.
Chile. A 20 días de que 15 presos políticos mapuches de la cárcel de Temuco iniciaran una huelga de hambre líquida indefinida, exigiendo la derogación de la Ley Antiterrorista, el presidente de Amnistía Internacional Chile, Hernán Vergara, sostuvo que las medidas judiciales que en nuestro país se aplican a miembros de la comunidad mapuche son rechazadas a nivel internacional.
Vergara señaló que no existe la voluntad política de eliminar esta normativa, ya que "es mucho más fácil para el Estado aplicar una ley que te da todas las atribuciones habidas y por haber, y más que buscar una investigación acorde a los principios del debido proceso se les quiere sindicar a los mapuches como terroristas de alto nivel, cuestión que no es así", sostuvo. "Aplicar la Ley Antiterrorista es querer violentar los derechos humanos, pero con la venia legal", sentenció.
Actualmente son 31 los presos políticos en huelga de hambre, luego de que Carlos Muñoz Huenumán y Eduardo Painemil Peña, ambos recluidos en la cárcel de Lebu, se sumaran este miércoles a los indígenas encarcelados en Temuco, Concepción, Angol y Valdivia. Los presos exigen, además, el fin de los procesamientos dobles en juzgados civiles y militares y la desmilitarización de las comunidades en el sur.

1 de agosto de 2010
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