Al tiempo que Andrés Peñate señaló a José Obdulio Gaviria y Bernardo Moreno de promover acciones del DAS, el general Naranjo dejó entrever que visita de ’Job’ fue organizada por Gaviria.
Colombia. A finales de 2008, la confrontación entre el gobierno de Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia ya estaba al rojo vivo. Los cables diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en Colombia dejaron clara evidencia de esa candente relación. Y en Washington se supo que, con sustento en fuentes de la mayor credibilidad, detrás de la pugna entre los dos poderes públicos hubo un personaje que en la trasescena incentivó esta pelea: el exasesor presidencial José Obdulio Gaviria.
En agosto de 2008, el entonces embajador William Brownfield remitió un reporte detallando esa tensa disputa, y el informe empezó con un comentario del entonces asesor de Palacio Jorge Mario Eastman, quien reconoció que las relaciones entre el presidente Uribe y la Corte ya estaban en un punto de no retorno. El director de la Policía, general Óscar Naranjo, estuvo de acuerdo, pero luego observó que así como algunos magistrados tenían sesgo político, algunos asesores de Uribe habían orquestado casos para desacreditar a la Corte.
El exasesor Eastman aseguró que Uribe tenía una historia con el magistrado Iván Velásquez que tenía origen en el departamento de Antioquia y que el jurista, al igual que otros integrantes de la Corte Suprema, querían ir tras los aliados de Uribe y del presidente mismo. Y luego opinó que el Gobierno creía que algunos magistrados tenían nexos con los paramilitares y con la oposición, pero que él carecía de pruebas. De todos modos, añadió Eastman, la Casa de Nariño no tenía interés en desacreditar al magistrado Iván Velásquez.
El director de la Policía, general Óscar Naranjo, se expuso más. Expresó que algunos magistrados habían permitido a políticos que tuvieran influencia en asuntos judiciales y que el encarcelamiento de parapolíticos durante las indagatorias era poco común y generaba sospechosos sesgos políticos. Incluso, comentó que el magistrado Yesid Ramírez había tenido relaciones con el narcotraficante italiano Giorgio Sale, pero que la mayoría de los magistrados estaban limpios de cualquier situación ilegal.
El general Óscar Naranjo aseveró que el presidente Uribe lo empujaba constantemente a que reforzara la seguridad de los magistrados de la Corte y por eso no creía que él estuviera envuelto en una campaña de desprestigio contra la corporación. En cambio apuntó que su asesor José Obdulio Gaviria estaba detrás de la campaña de desprestigio del magistrado Iván Velásquez utilizando a paramilitares en Medellín y que el senador Mario Uribe había planeado una acción similar a través del paramilitar conocido con el alias de Tasmania.
Un cable posterior, también fechado en agosto de 2008, tras recoger las incidencias de la polémica pública entre el presidente Uribe y el magistrado de la Corte Suprema Francisco Javier Ricaurte, consignó las opiniones del presidente del alto tribunal. Y Ricaurte admitió su incomodidad con Uribe, manifestando que era inaceptable que criminales conocidos ingresaran a la Casa de Nariño. Ricaurte observó que o Uribe creía que la Corte lo investigaba, o que sus amigos podían incriminarlo o que estaba cediendo a presiones de sus aliados.
Los comentarios del magistrado Ricaurte obedecían a que se había develado el escándalo de la visita de emisarios del jefe paramilitar, alias Don Berna a la Casa de Nariño, que el magistrado denunció públicamente como parte de un plan para descarrilar las investigaciones de la parapolítica. En el mismo cable diplomático, el entonces embajador William Brownfield registró los términos de la nueva pelea e incluyó el diagnóstico del general Óscar Naranjo, quien dijo que esas reuniones eran organizadas por el asesor José Obdulio Gaviria.
Cerrando el año 2008,con la reseña de la renuncia de la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y mientras el senador Gustavo Petro arreciaba en sus denuncias de que el DAS estaba recaudando información sobre él y su partido, el Polo Democrático, el general Óscar Naranjo volvió a ser la fuente central de un nuevo cable diplomático, fechado el 24 de octubre de 2008, en el que precisó sin tapujos que el entonces asesor presidencial José Obdulio Gaviria había impulsado al DAS a que hiciera inteligencia política y que la tormenta iba a seguir.
Ya entrado el año 2009, con la opinión pública exacerbada y la discusión de fondo de la eventual segunda reelección presidencial, la Embajada de Estados Unidos en Colombia envió el 3 de febrero un extenso cable registrando la decisión del presidente Uribe de retirarle al DAS la potestad de adelantar interceptaciones telefónicas. Y agregó un detalle inédito: la colaboración de la DEA al CTI para recolectar información sobre líneas intervenidas. Un aspecto técnico que permitió a la Fiscalía avanzar en sus diversas pesquisas judiciales.
El mismo cable reseñó que a pesar de que el entonces asesor presidencial José Obdulio Gaviria seguía negando estar involucrado en el escándalo del DAS, tanto el general Óscar Naranjo como el exdirector del DAS Andrés Peñate habían insistido por separado que Gaviria había impulsado al DAS a espiar a las opositores políticos del Gobierno. El magistrado Iván Velásquez, citado en el cable, observó que las acciones de vigilancia que tenía el DAS en su contra estaban desalentando la cooperación de testigos en sus investigaciones.
Dos reportes diplomáticos más, del 4 y el 13 de mayo de 2009, detallaron la controversia periodística que se armó a raíz de los hallazgos del CTI y la Procuraduría respecto a los procedimientos del DAS para sostener una vigilancia sistemática en contra de los opositores, al término de los cuales, y después de registrar las negativas de los implicados, una vez más quedó por escrito la opinión del general Naranjo y Peñate, en el sentido de que José Obdulio Gaviria y Bernardo Moreno habían empujado al DAS a espiar a los opositores del Gobierno.
El 22 de mayo, la Embajada de Estados Unidos en Colombia envió a Washington un cable revelador. Los medios de comunicación habían develado las interceptaciones al dirigente del Polo Carlos Gaviria Díaz y, en medio de la tormenta, el entonces asesor José Obdulio Gaviria comentó a los asesores de la delegación diplomática que el DAS había sido infiltrado por la oposición para desprestigiar al Gobierno y que él sí se había reunido con los directores de Inteligencia y Contrainteligencia del DAS, pero para discutir el caso Asensio Reyes.
A su vez, el entonces secretario de la Presidencia, Bernardo Moreno, precisó que los medios de comunicación habían sacado el escándalo del DAS solamente para bloquear la reelección del presidente Uribe, pero que la Fiscalía no tenía evidencias de interceptaciones a magistrados. El exdirector del DAS Andrés Peñate, cuyos comentarios fueron incluidos en el cable, sugirió lo contrario, dejó entrever que Carlos Arzayús pudo haber sido el responsable, pero que el presidente Uribe nunca lo había presionado por reportes sobre la oposición.
No obstante, añadió que sí le había fomentado que coordinara con José Obdulio Gaviria cuando empezó a encontrar problemas políticos en el debate de la reelección. Según Peñate, él renunció al DAS antes que permitir presiones de José Obdulio Gaviria, Bernardo Moreno y otros asesores, porque los dos exfuncionarios citados vivían obsesionados con la idea de que la Corte Suprema de Justicia mantenía nexos con los paramilitares para desprestigiar el gobierno de Uribe, sobre todo después del arresto de su primo Mario Uribe.
Andrés Peñate, agregó el cable, insistió en que el presidente Uribe se había sobreactuado en el escándalo del DAS, abriéndole las puertas al CTI, que ya tenía expedientes que demostraban los seguimientos ilegales y los escrutinios a las finanzas de los magistrados y sus familiares. El exdirector del DAS dijo que si bien José Obdulio Gaviria y el exsecretario Bernardo Moreno seguramente no dieron órdenes para espiar a los magistrados, los funcionarios del DAS entendían lo que ellos estaban pidiendo y actuaron bajo presión.
Además, el reporte a Washington incluyó los comentarios de Peñate acerca de lo que él mismo denominó los expedientes tóxicos del exdirector del DAS Jorge Noguera, asumiendo que esos expedientes mostraban la creación del grupo G-3, instancias del entonces subdirector José Miguel Narváez, para conducir una guerra política en contra de los opositores que, según el cable, Narváez calificaba como suaves en la pelea que se tenía contra la guerrilla de las Farc.
Esos expedientes tóxicos, en criterio de Andrés Peñate, confirmaban que Narváez proveía opciones al líder paramilitar Jorge 40 y pasaba listas negras a las Fuerzas Militares. El exdirector del DAS atribuyó la lentitud de la Fiscalía en el caso Jorge Noguera a presiones del Gobierno al entonces fiscal Mario Iguarán para que no procediera. Y, además, sostuvo que él creía que esa presión obedecía a que Noguera había dado información al Gobierno para la reelección, incluyendo seguimientos a los magistrados de la Corte Constitucional.
En marzo de 2009, la relación entre la Corte y el gobierno Uribe ya estaba exacerbada, y entre los análisis sobre lo que estaba sucediendo y la reseña de los informes de los medios de comunicación, un cable diplomático registró los comentarios de los entonces secretarios de Presidencia, Bernardo Moreno y Edmundo del Castillo, en el sentido de que había magistrados de la Corte que tenían vínculos con el narcotraficante Giorgio Sale, exlíderes paramilitares e incluso con la guerrilla de las Farc. La Embajada destacó que no tenían pruebas.
En el mismo reporte, citando como fuente al entonces director de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, Carlos Franco, la Embajada de Estados Unidos precisó que según el entonces alto funcionario el DAS había estado espiando ilegalmente a los magistrados Yesid Ramírez e Iván Velásquez, pero que él mismo revisó después la carpeta de investigaciones del DAS contra el magistrados de la Corte Yesid Ramírez, pero que no había encontrado evidencias de actividades ilícitas.
En sucesivos cables posteriores, la Embajada de Estados Unidos siguió informando sobre la crisis del gobierno Uribe y la Corte Suprema, y en particular, el 22 de mayo, se incluyó un comentario de Andrés Peñate, en el cual dejó ver que ya estaba sintiendo miedo de que la Corte Suprema estuviera buscando chivos expiatorios, porque él pensaba que los magistrados iban a estar felices hasta que los altos funcionarios del Gobierno, especialmente José Obdulio Gaviria, estuvieran en prisión.
Cuatro meses después, un encuentro entre el presidente Uribe y el embajador Brownfield quedó registrado en un cable diplomático, en el cual, al tiempo que se mostró dispuesto de llegar al fondo del escándalo que estaba envolviendo al DAS, admitió su preocupación porque la canciller alemana Ángela Merkel, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, le hubieran advertido que su administración estaba en una nube negra como consecuencia del escándalo del DAS.
Lo dijo tras reconocer que después de un reporte del entonces fiscal Guillermo Mendoza se había enterado de que en investigaciones de fiscales de Bogotá y Fusagasugá se había terminado ordenando interceptar el teléfono del magistrado Iván Velásquez y que el DAS había descubierto que fiscales de Leticia y Chocó estaban interceptando teléfonos. Por eso exteriorizó su incomodidad con que esto no se supiera antes de que él viajara a Naciones Unidas y regañó al director del DAS, Felipe Muñoz, de poca destreza para resolver el caso.
El último cable recogió una vez más las expresiones de Andrés Peñate, claramente en un tono desesperado. Entonces dijo en la Embajada que el DAS tenía una larga tradición de espiar a la oposición, pero que Uribe nunca lo había hecho para fines políticos, porque el DAS lo hizo con él cuando era gobernador de Antioquia. En cambio, volvió a arremeter contra Bernardo Moreno, José Obdulio Gaviria y Edmundo del Castillo, agregando a Fabio Valencia Cossio como los asesores que presionaron al DAS para que siguieran el juego del espionaje doméstico.
15 de marzo de 2011
©el espectador
[Hannah Aronowitz] Colombia. Un cable de octubre de 2006 decía que hubo importantes mejoras en la seguridad en la región nordeste de Colombia donde opera Drummond, debido a las operaciones de seguridad privadas en la zona, incluyendo las patrullas a lo largo de la vía férrea de la compañía desde su mina hasta el puerto de Santa Marta. El cable continúa diciendo que esos guardias de seguridad privados eran ex paramilitares.
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Colombia. El Incoder revocó la titulación de 32 predios que corresponden a 1.005 hectáreas de los predios Bejuco Prieto (11) y El Encanto (21) en Chivolo, Magdalena, que habían sido adjudicados a testaferros de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
Colombia. Uno de los hechos más trágicos de la historia reciente de Colombia, la masacre de Chengue, corregimiento del municipio de Ovejas (Sucre), fue declarado delito de lesa humanidad por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.
Colombia. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar al actual superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, tras estudiar los casos de once congresistas mencionados en la parapolítica en Antioquia, así lo reveló en la mañana de este martes Caracol Radio.
Colombia. Una de las acusaciones más delicadas de Juan Carlos el ‘Tuso’ Sierra está dirigida al exfiscal general Mario Iguarán. "Por medio de él mandaron a pedir el favor a Mancuso de que consiguiera una foto de las corralejas de Sincelejo donde aparecía el magistrado Yesid Ramírez con (el mafioso italiano) Giorgio Sale. Y por esa foto el gobierno estaba ofreciendo dinero, que si ayudaban la pagaban, lo que fuera. De hecho a mí me decían que me ayudaban en mis procesos lo que necesitara, lo que fuera".
Colombia. El 30 de agosto de 1987, minutos después de terminar una celebración familiar y cuando transitaba por una calle del barrio Casablanca, en el suroccidente de Bogotá, desapareció la militante del M-19 Nydia Érika Bautista. Desde entonces han pasado 24 años y a pesar de que el caso dio lugar a una decisión de la justicia internacional contra el Estado, en el país no se ha saldado y, en su lugar, sigue vigente la pelea jurídica del general (r) Álvaro Hernán Velandia, a quien la Procuraduría destituyó hace 16 años por este episodio.