colombia

capturado exjefe paramilitar

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De las Autodefensas del sur de Cesar. Alias ‘Pacho Paraco’, uno de los exjefes  de las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar, fue capturado en Ocaña. Autor de asesinatos y masacres, estuvo prófugo durante los últimos cinco años.

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Colombia. El CTI capturó a Jairo Martínez Rincón, ex jefe que delinquió en las Autodefensas del Sur del Cesar y señalado por varios desmovilizados como autor de varios asesinatos y masacres ocurridas en Ocaña y Aguachica, entre 1995 y 2001.
Según la Fiscalía 34 de Justicia y Paz, la capturaron por una orden expedida por la Fiscalía Tercera Especializada de Valledupar, que lo investiga por los delitos de asesinato y conformación de grupos paramilitares.
Martínez Rincón, conocido con el alias ‘Pacho Paraco’, nació en Ocaña e ingresó en 1995 a las autodefensas de Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’, que delinquieron en el sur del Cesar y Norte de Santander. Fue patrullero 1997 y 2001, y después jefe de esas autodefensas en Ocaña y Aguachica.
Aunque el grupo de ‘Juancho Prada’ se desmovilizó en marzo de 2006 con el nombre del Frente Héctor Julio Peinado y como parte del Bloque Norte. ‘Pacho Paraco’ no participó del proceso de paz y había estado prófugo durante los últimos cinco años.
Según lo investigado por el despacho 34 de Justicia y Paz, varios desmovilizados de ese frente lo señalaron como autor de los asesinatos de Henry Alfonso Machado, alcalde de San Calixto; Armando Becerra Zorrilla, César Augusto Becerra, Yogan Ramón Torres Ortega, Wílder Omar Contreras Pallares, y Fredy Rodríguez Muñoz. Otras de las víctimas mencionadas en Justicia y Paz son Jhon Fredy Perdono Guarnizo, Henry Elí Quintero Duarte, Manuel Salvador Díaz y Alexánder Barbosa Rincón.
La captura de alias ‘Pacho Paraco’ se produjo el 7 de febrero de 2011, ocho días después de la de captura de Luis Fernando Jaramillo Arroyave alias ‘Nano’, otro exjefe paramilitar del Frente Héroes de Anorí del Bloque Mineros.
Alis ‘Pacho Paraco’ será juzgado por la justicia ordinaria, de no ser que el Gobierno lo postule a la Ley de Justicia y Paz para que ayude a esclarecer los crímenes cometidos por las autodefensas de ‘Juancho Prada’.
12 de febrero de 2011
9 de febrero de 2011
©fiscalía 34
©verdad abierta

cossio y sus nexos con paras

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Guillermo Valencia Cossio y sus nexos con los ’paras’ en Antioquia. La Corte Suprema condenó al ex director seccional de Fiscalías de Medellín por su complicidad con paramilitares. En días se conocerá el tiempo de cárcel que deberá pagar.

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Colombia. Aunque la sentencia no se ha proferido formalmente, la Corte Suprema de Justicia hizo pública la decisión de condenar al ex fiscal Guillermo Valencia Cossio, por los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito y falsedad por sustracción, supresión y ocultamiento de documento público.
La decisión de la Corte coincide con la petición de la Fiscalía de condenar a Valencia Cossio por los tres delitos por los que se le procesaba; la Procuraduría había pedido que se le condenara solo por uno: concierto para delinquir y que se le absolviera por los otros dos.
Sobre este delito, el Fiscal delegado ante el Alto Tribunal consideró que se demostró nexos entre Valencia Cossio como director de Fiscalías de Medellín y la banda de John Freddy Manco Torres alias ‘El Indio’, cómplice de Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’.
Según el fiscal, el funcionario influyó para que se sacara a ‘El Indio’ del organigrama de la banda de ‘Don Mario’ y que al tiempo entregó documentos de uso reservado a la banda.  A cambio, Valencia Cossio aceptó cuantiosos pagos en efectivo y una cuatrimoto.
Según el ente acusador, se comprobó entre el ex fiscal Valencia Cossio y la banda de ‘El Indio’ había una relación "continua". Por lo que consideró que el ex fiscal Valencia Cossio "desvió el destino de sus funciones para colaborarle a la organización de ‘El Indio’".
También se probó que de estos nexos, Valencia se enriqueció ilícitamente. En un peritaje a sus bienes se encontró que, durante su paso por la Fiscalía, logró bienes e ingresos por más de 400 millones de pesos que no pudo justificar en la etapa de juicio.
La Corte consideró que Valencia Cossio determinó y persuadió en su momento al general Marco Antonio Pedreros de la Policía para "suprimir del informe de seguridad la foto de alias ‘El Indio’ reemplazándola por la de alias ‘El guerrillo’".

El Caso contra Valencia Cossio
El escándalo de la complicidad del exdirector de Fiscalía y los paramilitares, comenzó en 2008 cuando la revista Cambio reveló que John Fredy Manco Torres, ’el Indio’, un desmovilizado de las Auc que se convirtió en el segundo de ’Don Mario’, había desaparecido de la lista de los cabecillas de la tenebrosa organización.
En la crónica de la revista, destapó que en junio de 2006, un fiscal antinarcóticos estableció que ’Don Mario’, ’el Indio’ y otros narcotraficantes hacían parte de una red que exportaba cocaína desde Turbo hacia Europa. La organización tenía enlaces colombianos en el exterior, entre ellos Juan David Naranjo, hermano del director de la Policía, general Óscar Naranjo, y quien fue capturado el 27 de abril de 2006 en Alemania.
En desarrollo de la investigación, el Fiscal pidió autorización para interceptar las comunicaciones telefónicas de decenas de sospechosos y muy pronto aparecieron en el radar de los investigadores los nombres de Camilo Torres, ’Fritanga’; John Manco Torres, ’el Indio’, y Juan Felipe Sierra, un empresario de Medellín socio mayoritario de Control Total Ltda., una empresa de vigilancia y seguridad que funciona en Envigado con una nómina de más de 1.000 personas.
En las interceptaciones surgió el nombre de Guillermo León Valencia Cossio, director seccional de la Fiscalía en Antioquia. El funcionario apareció como interlocutor de Sierra en numerosas conversaciones sobre fincas, viajes, dinero, mujeres, envío de documentos y en tres de las cuales se mencionaba a Fabio Valencia Cossio, el nuevo ministro del Interior.
Según Cambio, en una de ellas, grabada el pasado 13 de junio de 2006, Sierra le dice a Valencia Cossio que John Manco Torres, ’el Indio’, está furioso porque su nombre aún aparece en el organigrama de ’Don Mario’. "Oiga hermano, ¿sabe con quién estamos caídos?", le pregunta Sierra a Valencia. El Fiscal le repregunta que con quién y Sierra responde: "Con ’el Indio’ porque no hemos hecho eso que dijimos que íbamos a hacer y él supo que repartieron eso por allá. Hay que hacerle a eso".
Una semana después, el 20 de junio, Sierra habla en tres ocasiones con Valencia Cossio. En la primera, el Fiscal le pregunta por la identidad del número tres de la organización de ’Don Mario’ (a juicio de los investigadores, lo hace con la intención de "ascenderlo" y sacar a ’el Indio’).
Cinco minutos más tarde, Sierra y Valencia vuelven a hablar. Sierra pregunta sobre la gestión para eliminar a ’el Indio’ de la estructura de ’Don Mario’ y Valencia le responde: "Listo, todo listo. Yo mismo estaba ahí cuando lo sacaron y coincidió con la llegada de un coronel de esos de Inteligencia y reconfirmó lo que nosotros decíamos. Es para que le diga al muchacho (...) quedamos como unos príncipes". Poco después, Sierra se comunica con Valencia y le dice que ’el Indio’ le agradece el favor y le envía abrazos.
En las conversaciones también se revela que los fiscales Valencia y Perla Dávila (de Montería) hablan de montar un operativo con el general Marco Antonio Pedreros, entonces Comandante de la Policía de Antioquia, para justificar un viaje al nudo del Paramillo.
Con esas evidencias, el lunes 4 de agosto de 2008, la Fiscalía decidió actuar y en una operación relámpago capturó en Cartagena, Medellín y Montería a Sierra, a Torres y a Manco.
La Fiscalía mostró a Juan Felipe Sierra como "el enlace entre los narcotraficantes y diferentes autoridades de los departamentos de Antioquia y Córdoba". En la misma operación, capturaron a ‘el Indio’ quien perteneció a las disueltas Auc y quien formó el llamado grupo "Héroes de Castaño", para reemplazar las estructuras paramilitares que dejó la desmovilización; y Camilo Torres Martínez alias ‘Fritanga’ o ‘Mentira’ quien según las autoridades pertenecía a una banda de narcotraficantes que actúa en el golfo caribeño de Urabá. A Sierra el Gobierno lo extradito en Estados Unidos en donde enfrenta un proceso por narcotráfico.
Una vez detenidos los narcoparamilitares, la Fiscalía trasladó a Valencia Cossio a Tunja y lo capturó en esa ciudad el 27 de septiembre de 2008.
En su momento, a través de la emisora La W, el general Marco Antonio Pedreros, ex comandante de la Policía de Antioquia, dijo que no sabía de las investigaciones que había sobre Sierra por narcotráfico y se defendió con el argumento de que en el sistema judicial hay unidades investigativas que no conocen los procesos que se llevan en otros organismos.
Valencia no fue cualquier funcionario. Durante cinco años fue el director encargado de la Fiscalía seccional de Medellín. Era el encargado de administrar la Fiscalía en Medellín y Antioquia, y de liderar la lucha contra las organizaciones criminales. Además, es hermano del anterior ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio. Hoy está a la espera de cuántos años pasará en la cárcel por aliarse con grupos paramilitares y de narcotraficantes.
12 de febrero de 2011
10 de febrero de 2011
©verdad abierta

víctimas estigmatizadas

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En audiencia contra ’Julián Bolívar’. Una líder de las víctimas afectadas por este paramilitar aseguró que siguen siendo estigmatizadas en el proceso que se adelanta en Justicia y Paz.

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Colombia. A Magdalena Calle Londoño se le notaba la indignación en su rostro. En silencio no ocultaba que le causaba escuchar los nombres de las víctimas, entre ellos el de su esposo, y la justificación dada por el ex paramilitar para explicar esas muertes: "Informantes de la guerrilla, cuatreros, vendedores de sustancias alucinógenas, ladrones de barrio, piratas terrestres, compradores de ganado robado...".
En el auditorio, las víctimas se contuvieron durante las casi tres horas que duró la tercera sesión de imputación de cargos contra Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, ex jefe del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), realizada este miércoles en Medellín, ante el magistrado con funciones de control de garantías Álvaro Cerón Coral.
Durante la audiencia, la Fiscal 41 de la Unidad de Justicia y Paz, Ana Fenney Ospina Peña, le imputó a ’Bolivar’ el delito de homicidio agravado  por hechos ocurridos durante los años 1997 y 1998 en el municipio de Yarumal, Norte de Antioquia, cuando lideró allí durante esos años un grupo armado ilegal conocido como "el grupo de Pérez", que dejó 22 personas muertas, entre hombres, mujeres y menores de edad.
En la diligencia judicial, la funcionaria leyó uno a uno los casos, haciendo referencia al nombre de la víctima, su ocupación, la fecha del hecho, la manera cómo ocurrieron las muertes y lo confesado por el desmovilizado meses atrás, en las versiones libres.
Uno de los detalles que más disgusto le causó a Magdalena es que la Fiscal 41 de la Unidad de Justicia y Paz aludiera a cada caso valiéndose solamente de las justificaciones que dio el ex paramilitar para explicar cada homicidio, sin que se resaltaran las declaraciones de los familiares de las víctimas, como fue el caso de su esposo, Alonso Jaramillo López, asesinado el 19 de septiembre de 1997, en zona rural de Yarumal.
Según relató la funcionaria, Jaramillo López "fue retenido por Roberto Velásquez, alias ‘Tolima’, y trasladado hasta la finca Los Urales, ubicada en la vereda Llanos de Cuivá, del municipio de Yarumal, donde fue sometido a un intenso interrogatorio en relación con sus presuntos nexos con la subversión. Hecho que al principio negó, pero que terminó aceptando a raíz del impacto de arma de fuego que recibió en una de sus piernas. Luego de esto Velásquez asesinó al señor Jaramillo con varios impactos de arma de fuego y ordenó al patrullero Raúl Machado Rovira desaparecer el cadáver, lo que hizo enterrándolo en una fosa".
De acuerdo con Magdalena, lo que se está haciendo durante estas audiencias es revictimizar a las personas asesinadas: "No se completan las versiones sobre los casos, eso nos deja desamparadas y nuestros familiares vuelven a ser víctimas".
Y es que esta señora, que representa la organización Madres por la Vida del Norte de Antioquia, integrante de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia y su sede en Yarumal, no dejaba de sorprenderse cuando se leían los casos y, sobre todo, cómo se explicaban.
Por ejemplo, sobre Alonso Arango Madrigal, asesinado el 23 de febrero de 1997, la fiscal manifestó: "Según Rodrigo Pérez Alzate, esta muerte obedeció a los señalamientos que se le hacían como informante del Frente Héroes de Anorí del Eln".
En el caso de Luis Gonzalo Cuartas, un conductor que fue muerto el 11 de marzo de 1997, la funcionaria relató que "Rodrigo Pérez Alzate confiesa que ordena darle muerte a raíz de la información recibida donde señalaban a la víctima como cuatrero".
Para el caso de Isaura Arenas Montoya, ama de casa y dedicada a oficios varios, asesinada a golpes el 8 de marzo de 1997 en el patio de su casa, la fiscal retomó la confesión del ex paramilitar y dijo que "señala Rodrigo Pérez Alzate que esta muerte obedeció a los señalamientos que se le hacían como integrante de una banda conocida como Los Escorpiones y propietaria de una plaza de vicio".
Similar justificación se dio en el caso de Alberto Zapata Patiño, estudiante del Liceo San Luis y trabajador del relleno sanitario de la localidad, asesinado el 30 de mayo de 1997: "Rodrigo Pérez Alzate confiesa la muerte por cuanto la víctima era integrante de la banda Los Escorpiones, dedicada al asalto de buses y a la piratería terrestre".
Un caso más que indignó a Magdalena fue el del asesinato de José Paternina Ruíz y Jorge Castaño, ocurrida el 31 de mayo de 1997. Ambos viajaban del municipio de Medellín con destino a los Llanos de Cuivá, a bordo de un bus de servicio público afiliado a la empresa Coonorte. En el camino fueron retenidos  por hombres armados y asesinados minutos más tarde.
Según la fiscal, "Rodrigo Pérez Alzate confiesa que ordena darle muerte a los señores Paternina y Castaño pues reciben información que ambos eran simpatizantes y colaboradores del Frente Héroes de Anorí del Eln".
Para Magdalena, "con esta manera de presentar los casos, las víctimas de Yarumal quedaron estigmatizadas de que eran de la guerrilla, drogadictos, que eran de todo. Nadie hizo alusión a que eran inocentes". Y expuso el caso de José Paternina Ruíz y Jorge Castaño, de quienes sabe porque en el grupo de mujeres que lidera hay familiares de ambos: "ellos no eran colaboradores de la guerrilla, lo que se dijo es falso".
Al respecto, un abogado que representa a varias víctimas, quien pidió la reserva de su nombre, coincidió con los cuestionamientos de Magdalena y aseveró que la ley de Justicia y Paz "tuvo un origen político y fue elaborada con demasiada prisa". A su juicio, "no busca soluciones que efectivamente lleven a encontrar la verdad real". Y una de sus falencias, según el jurista, "es que no se ahonda en la caracterización de las víctimas, por eso se da una doble victimización".
Luego de presenciar la imputación de cargos, a Magdalena no le quedó la menor duda que la falta de equilibrio en este tipo de audiencias, en las que no se referencian las versiones de los familiares de las víctimas, es una de las grandes debilidades de la ley de Justicia y Paz: "nosotras estamos en un segundo plano y en desventaja", dijo y abandonó con prisa la sala de audiencias.
12 de febrero de 2011
10 de febrero de 2011
©verdad abierta

el gringo salpica a fuerza pública

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En su primera versión libre, alias ’el Gringo’, del Bloque Calima, habló de nexos con militares, policías y agentes del CTI en el norte del Valle de Cauca. También dijo conocer tres fosas sin exhumar.

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Colombia. El pasado 7 de febrero, durante su primera versión libre en Justicia y Paz, Jimmy Alberto Jurado Silva, alias ’el Gringo’, mencionó varios casos, en los que al parecer, los paramilitares contaron con la complicidad de algunos militares, policías y agentes del CTI.
Alias ’El Gringo’, quien fue jefe del grupo de urbanos que tuvo el Frente Caciqué Calarcá en Caicedonia, contó que entre enero y agosto de 2001, los paramilitares contaron con el apoyo del subteniente Wilson Sandoval, entonces comandante de la estación de Policía de ese municipio ubicado al norte del Valle. Según el exjefe paramilitar, Sandoval recibía mensualmente dos millones de pesos y se reunían con los paramilitares cada dos o tres semanas.
De acuerdo con su versión, el comandante de policía les "entregaba personas para asesinar" y también les preguntaba "en dónde íbamos a estar y nos despejaba la zona". Igualmente, señaló que en algunas ocasiones dejó en libertad a uno de sus hombres cuando fue capturado.
’El Gringo’ contó que fue arrestado el 29 de agosto de 2001 por un subteniente de apellido Sandoval, porque el día anterior él y uno de sus hombres habían asesinado a uno de sus hombres que al parecer le estaba dando información a la Fiscalía.
La información que el delator pasó a las autoridades fue que los paramilitares secuestraron por un mes a una persona a la que le hicieron traspasar tres mil millones de pesos a sus testaferros con complicidad de algunos notarios. El exparamilitar dijo que después de asesinar al supuesto delator, se encontró con Sandoval y éste le dijo que no se preocupara, pero al día siguiente lo capturó e hizo como si no lo conociera.
En su versión, ’el Gringo’ dijo que agentes del CTI almorzaron con tres jefes paramilitares y le recomendaron a él que, para quedar en libertad, no le dijera nada al comandante de Policía de Sevilla cuando fuera interrogado por el secuestro.
El versionado agregó que los funcionarios hicieron un montaje en video, en el que se veía que lo estaban golpeando para que confesara, pero él no confesó porque no sabía. También dijo que como parte del montaje, los agentes lo esposaron antes de llegar a la estación y quedó en libertad porque siguió sus recomendaciones ante el comandante de la Policía.
Con relación a militares, ’el Gringo’ mencionó tres hechos en los que supuestamente algunos miembros del Ejército colaboraron o tuvieron contactos con las autodefensas.
El primero que mencionó ocurrió que en 2000, cuando un miembro de las autodefensas fue capturado por el Ejército, pero fue dejado en libertad después de que su hermano hablara con un teniente del batallón de Armenia.
Según el segundo caso que contó ’el Gringo’, en ese mismo año un cabo del Ejército les dijo a los paramilitares que asesinaran a dos personas que tenían retenidas en una finca porque supuestamente eran miembros del Eln. "Subió con ’Fercho’, vio a los dos muchachos que tenía ’Sisas’ y dijeron que los mataran", indicó.
En el último caso, desmovilizado contó en 2001 acompañó a un jefe paramilitar conocido como Gustavo Cendales al Batallón Cisneros de Armenia para comprarle munición a un coronel. ’el Gringo’ dijo que no sabía si el militar le vendía armas al grupo porque no entró a la reunión entre Cendales y el coronel.
También dijo que Gustavo Cendales se reunía con el entonces alcalde de Caicedonia y uno de los diputados del Valle que fue secuestrado y asesinado por las Farc. Agregó que acompañó a Cendales en varias ocasiones a la Alcaldía pero que no entró a las reuniones. Según él,  esos contactos fueron permanentes y recibieron apoyo para el sostenimiento del grupo. "Eso lo manejaban entre Gustavo, ’Siete’ y ’el Cura’", indicó.

Financiación
’El Gringo’ contó que cuando era del grupo de urbanos en Caicedonia, ’El Cura’ le ordenó que cobrara extorsiones mensualmente a los finqueros de la región. Los paramilitares tenían "cuotas" entre 50 mil y un millón de pesos, dependiendo del tamaño de la finca. "Pedíamos vacuna para cuidarles las tierra", señaló en la versión.
El exjefe paramilitar calculó que, por esos cobros, al grupo ingresaban alrededor de 50 millones de pesos mensuales, los cuales eran entregados a alias ’Siete’, y él posteriormente se los reportaba a ’el Cura’.
’El Gringo’ también contó que el grupo paramilitar tuvo el apoyo de un sector comercial de Caicedonia. "El comercio colaboraba, los dueños nos regalaban plata, comida y munición. Por ahí 60 personas nos aportaban cosas cuando era comandante urbano", indicó.
Uno de los establecimientos que supuestamente colaboraba con el grupo fue el Supermercado La 16. "Nos colaboraba con comida, también cuando estábamos en el campo", dijo al respecto el exjefe paramilitar.
’El Gringo’ también dijo que Gustavo Cendales fue el encargado de los contactos con el comercio en Caicedonia y está muerto.
La justicia tendrá que investigar y aclarar las afirmaciones hechas por este exparamilitar sobre terceras personas.

¿Quién Es ’El Gringo’?
Jimmy Alberto Jurado Silva, alias ’el Gringo’, entró al Bloque Calima el 23 de septiembre de 2000, en Caicedonia, Valle del Cauca. Contó que se incorporó a las Auc porque no encontró trabajo cuando se retiró del Ejército.
Ingresó al grupo paramilitar por medio de su hermano Luis Fernando, quien llevaba más de un año en el Frente Cacique Calarcá, el grupo del Bloque Calima que delinquió en el norte del Valle y en partes de Quindío. Alias ’El Gringo’ fue soldado profesional durante tres años y medio, y aseguró que en su época como militar no supo que su hermano pertenecía a las autodefensas.
Su hermano, conocido con el alias de ‘el Tigre’, fue jefe de un grupo de 20 hombres que patrullaba en la zona rural del norte del Valle, se desmovilizó con el Bloque Calima y fue asesinado en Caicedonia hace cinco años.
Inicialmente ’el Gringo’ fue patrullero en la escuadra -grupo compuesto entre 10 y 12 integrantes- de alias ’01’ y recorría las zonas rurales de Caicedonia, Sevilla y parte del sur de Quindío.
En noviembre de 2000 pasó a ser patrullero de la escuadra de alias ’Sebastián’, por decisión de Jair Alexander Muñoz Borja, alias ’Sisas’, quien fue nombrado nuevo jefe del Frente Cacique Calarcá.
En diciembre de 2000 participó en la masacre de Barragán, en la que varios grupos del Bloque Calima se enfrentaron contra la guerrilla, se tomaron el casco urbano y asesinaron por lo menos a diez personas sindicadas de tener nexos con la guerrilla.
En enero de 2001 alias ’Sisas’ lo nombró jefe de urbanos en Caicedonia y tuvo bajo su mando a 10 hombres. En este municipio, ’el Gringo’ y sus hombres asesinaron a personas que fueron señaladas como milicianos o colaboradores de la guerrilla y también se encargaban de hacer "limpieza social".
’El Gringo’ contó que esos asesinatos se cometían por orden de Elkin Casarrubia Posada, alias ’el Cura’, y que la persona encargada de señalar a las víctimas fue "el inspector de policía ’Juan Pablo’". Este supuesto informante fue asesinado por él y sus hombres en 2001.
Este exjefe paramilitar que está detenido desde hace diez años y condenado por el asesinato de uno de sus hombre en Caicedonia, aseguró que tiene información que permitiría encontrar tres fosas comunes en las que se encuentran cinco víctimas del Bloque calima.
En próximas versiones libres ’El Gringo’ enunciará los crímenes que cometieron él, sus hombres del grupo de urbanos y los demás que conoció como miembro de las Auc.
12 de febrero de 2011
9 de febrero de 2011
©verdad abierta

cossio declarado culpable

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Guillermo Valencia Cossio, culpable de nexos con la banda de ’Don Mario’. El Alto Tribunal lo condenará por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y destrucción de documento. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría habían pedido la condena del exdirector de Fiscalías de Medellín.

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Medellín, Colombia. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró culpable de los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y destrucción de documento público a Guillermo León Valencia Cossio, exdirector de Fiscalías de Medellín.
En los últimos días, tanto la Fiscalía como la Procuraduría pidieron la condena de Valencia Cossio. En los próximos días, la Corte Suprema de Justicia citará a una nueva audiencia en la que dará a conocer la sentencia.
El exdirector de Fiscalías de Medellín rinde cuentas ante la justicia por sus presuntos nexos con paramilitares. Es acusado de ayudar a sacar del organigrama de la organización delincuencial de alias ’Don Mario’ a peligrosos criminales como John Freddy Manco Torres, alias el ’Indio’.
La opinión pública conoció conversaciones interceptadas y publicadas por medios de comunicación, en las que se escucha al empresario Juan Felipe Sierra pidiéndole al exdirector de Fiscalías que sacara la foto del ’Indio’ de un organigrama delincuencial que se daría a conocer en un consejo de seguridad de alto nivel.
Durante todo el proceso, Valencia Cossio negó haber abusado de su poder para influir en la Policía y cambiar la información. También negó haber intentado modificar el organigrama de la banda de ‘Don Mario’, hoy preso en Estados Unidos.
Al exfuncionario también se le acusó de reunirse con el ’Indio’ el 18 de junio del 2008 en Pereira. Pero Valencia, aunque no negó que sí estuvo en esa fecha en esa ciudad, dijo que no fue precisamente para encontrarse con el delincuente.
Hace pocos días, Valencia Cossio adujo que no se reunió con alias el ’Indio’ porque en ese momento estaba con una amiga en un motel de la capital de Risaralda.
12 de febrero de 2011
10 de febrero de 2011
©verdad abierta

el jefe político de las autodefensas

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"35 mil no éramos los miembros de las autodefensas, ¡jamás!". En entrevista concedida a Vladdo, director de Un Pasquín, en la cárcel de Itagüí, el desmovilizado da su versión sobre el caso ’Tasmania’ y dice que la extradición de los ’paras’ se debió a presiones militares.

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Colombia. El pasado 7 de febrero el ex jefe político de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Iván Roberto Duque Gaviria, alias ’Ernesto Báez’, recibió durante dos horas en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí al director de Un Pasquín, con quien no sólo habló de las irregularidades en el proceso de desmovilización, sino también de las fallas de la ley de justicia y paz, el incumplimiento del gobierno Uribe y la guerra fratricida entre los hermanos Castaño.
En la entrevista, cuenta además cómo el ex guerrillero del M-19 y ex congresista Carlos Alonso Lucio estuvo a punto de ser ejecutado y se refiere a las acusaciones que en su contra ha hecho desde Estados Unidos Juan Carlos Sierra, alias ’El Tuso’, y de las bandas emergentes.
 Vale recordar que Báez fue retirado, en primera instancia, del programa de Justicia y Paz, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá aceptó la solicitud de la Fiscalía, porque en reiteradas ocasiones se negó a reconocer su responsabilidad en varios asesinatos. Sin embargo, la decisión fue apelada por su defensa y será la Corte Suprema de Justicia la que definirá si el desmovilizado permanecerá o no en el programa.

Un Pasquín: ¿En qué año ingresa usted a las autodefensas?
Ernesto Báez: Yo fui el primer parapolítico condenado en este país. Llegué a Puerto Boyacá en 1989 y desde un comienzo me dediqué a una intensa actividad política. Al año siguiente era candidato al Congreso, en una lista que había avalado Jorge Perico Cárdenas, entonces jefe máximo del liberalismo en Boyacá, y también aspirante al concejo de Puerto Boyacá. La aspiración al Senado se hundió y asumí la presidencia del Concejo de Puerto Boyacá, hasta enero de 1992, cuando fui nombrado secretario general de la gobernación de Boyacá, bajo el gobierno de Alfonso Salamanca.
Dos años más tarde me acusaron de recibir apoyo de las autodefensas, hecho absolutamente cierto. Yo le decía entonces a la Corte: "No puedo entender cómo un político que desarrolla una intensa actividad proselitista en un territorio infestado de paramilitares o de guerrilla exprese que no tuvo nada que ver con quienes mandaban en la zona; que su triunfo electoral fue logrado de manera inmune e impune, eso no es posible".
Cuando yo llegué a Puerto Boyacá, allá estaban todas las autoridades: el DAS, el Batallón Bárbula, la Policía, la Fiscalía, el gobierno municipal, las autoridades civiles. En Puerto Boyacá nada ocurría sin la voluntad del jefe máximo de las autodefensas en esa época: Henry Pérez.

En una entrevista con Un Pasquín, en 2007, Salvatore Mancuso dijo que en un momento dado ustedes vetaron al Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, porque les decía mentiras todo el tiempo. ¿Es cierto que la relación de ustedes con Luis Carlos Restrepo iba un poco más allá de lo que oficialmente se conoce?
El papel del doctor LCR –con quien tuvo enormes diferencias– yo puedo juzgarlo como muy honesto; muy compleja fue la tarea que cumplió. Se trataba de ponerse en contacto por primera vez con una organización compuesta por una cantidad de jefes regionales dotados de un enorme empoderamiento militar y político en sus regiones. Restrepo aclaraba que no había una mesa con los paramilitares, sino 25 mesas; aquí no había unidad. Esto más que más allá de llamarse Autodefensas Unidas de Colombia era una especie de asociación nacional de ejércitos particulares que enfrentaban desde muchos años atrás el desafío de las guerrillas marxistas, utilizando las metodologías y las estrategias propias de la guerra irregular, con toda una suma de violaciones a los derechos humanos. Restrepo prácticamente invierte los dos primeros años de sus gestiones ante las autodefensas buscando unirnos. […] Cada bloque actuaba con una enorme independencia militar, política y financiera. Fueron dos años estériles para LCR.
En medio de las negociaciones preliminares sucedieron hechos insólitos que develaban el estado de división interna de las autodefensas. En ese proceso de paz, sentados enfrente del gobierno nacional, se presentaron, dos guerras internas; la primera de las cuales borró del mapa el Bloque Metro, comandado por Doble Cero, quien en pleno proceso de paz fue asesinado; al igual que el comandante de los Llanos, Miguel Arroyave, el comandante del Putumayo, Antonio Londoño Jaramillo, además de Carlos Castaño.

Pero entonces, como decía Mancuso, ¿Luis Carlos Restrepo sí les decía mentiras?
Yo no sé si calificar los incumplimientos como mentiras. Aquí hubo una serie de compromisos del gobierno –unos verbales y otros escritos–, el 95% de los cuales fueron flagrantemente violados. Es uno de los graves antecedentes que tiene este proceso. Para mí, ese precedente debe estar muy presente en las Farc, en los grupos que aún persisten en la opción armada. Una vez un guerrillero nos decía que si habíamos sido engañados nosotros, que éramos los primos hermanos del Estado, qué podrían esperar las Farc. ’

¿Usted cree que, de alguna manera, Luis Carlos Restrepo propició o permitió ese engaño?
Luis Carlos Restrepo era el agente del gobierno en la mesa de negociación. Detrás de él estaba, desde luego, el presidente de la República, el ministro del Interior. Restrepo procedió de acuerdo a como su leal saber y entender se lo indicaban, con las instrucciones que sus superiores trazaban y de acuerdo con el sentido de lealtad –que fue tal vez de los rasgos más sobresalientes en la gestión que cumplió–.

Con las cosas que el Tuso Sierra está diciendo en Estados Unidos, y conociendo la gran importancia que en ese país le dan a la delación, más el riesgo que usted corre de que lo saquen del programa de Justicia y Paz, ¿usted no le teme a la extradición?

Todo ser humano por naturaleza tiende a sentir temor satánico por la pérdida de la libertad, cualquiera que sean las circunstancias. Lo del señor Sierra es la consecuencia de una cantidad de sucesos que desconoce el país y que ocurrieron alrededor de este narcotraficante. En el año 2002 por primera vez se escucha el nombre del señor Sierra, al que mencionaron los medios de comunicación al lado de Mancuso y de Carlos Castaño como los narcotraficantes dueños de un embarque muy grande de droga incautado por la DEA y que motivó la solicitud de extradición de estos tres señores.Un día cualquiera, en agosto o septiembre de 2004, dos años después de ese suceso, apareció un personaje en Santa Fe de Ralito. Ese personaje, que rápidamente trascendió, era el señor Juan Carlos Sierra. El mismo que hacía dos años había perseguido a muerte Carlos Castaño, que lo había declarado objetivo militar. Sierra empezó a asistir a las reuniones nuestras con el gobierno nacional...
[Lea aquí la entrevista completa].

10 de febrero de 2011
9 de febrero de 2011
©semana

se venden votos

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Uno de cada cuatro votantes conoce a alguien que ha "vendido" su voto. El 85 por ciento de las personas que han votado en los últimos 5 años, según la encuesta, piensan ejercer nuevamente su derecho al voto en las próximas elecciones.

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Colombia. Así lo reveló una encuesta de percepción electoral hecha por la MOE y la firma Cifras y Conceptos. Empleo (94 %), corrupción (91 %) y movilidad (90 %) son los problemas más preocupantes para los bogotanos.
Uno de cada cuatro votantes en Colombia ha sido testigo de que una persona ha cambiado su voto por comida, artículos para la casa o bienes materiales. Así lo reveló una encuesta que acaba de publicar la Misión de Observación Electoral denominada "Percepción Electoral de los Votantes Colombianos". La encuesta fue hecha por la firma Cifras y Conceptos.
El estudio de opinión también reveló que el 11 por ciento de los encuestados conoce a alguien que ha recibido subsidios del Estado por votar por un candidato.
Las ciudades en las que el porcentaje de personas que conoce a votantes que han cambiado el voto por bienes materiales es mayor, son Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Montería con el 51,6 por ciento. En esas ciudades, el 21,1 por ciento de las personas que participaron en la encuesta dijo conocer a alguien que ha recibido subsidios para votar por un candidato. Sólo por dinero, el 13 por ciento.
 
Agenda Política
Los encuestados también respondieron cuáles son los problemas que consideran más apremiantes de cara a las elecciones de 2011.
Así, en Bogotá, comparativamente los principales problemas que aparecen, en orden son, empleo (94 por ciento), corrupción (91 por ciento) y movilidad (90 por ciento).
En Medellín se resaltan, los temas de empleo (93 por ciento), corrupción (92.9 por ciento), calidad de la política (92.2 por ciento) y parapolítica (88.5 por ciento).
En Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Montería aparecen temas de infraestructura (94 por ciento), derechos humanos (93 por ciento), bienestar social (92 por ciento) y movilidad (91 por ciento).
En Bucaramanga Cúcuta y Villavicencio aparecen en orden, cultura (96 por ciento) infraestructura (95 por ciento), movilidad (95 por ciento).
En Pereira, Ibagué, Manizales y Armenia se resaltan, empleo (92%), derechos humanos (91 por ciento) y corrupción (87 por ciento).
Finalmente en Cali y Pasto aparecen como los principales problemas locales la calidad de la política (91 por ciento), seguridad urbana (91 por ciento), parapolítica (93,5 por ciento).

Agenda Legislativa
La encuesta abordó algunos de los temas más importantes que están en discusión en el Congreso de la República.
El 51,8 por ciento de los encuestados se mostró en desacuerdo con la reelección de alcaldes y gobernadores. Mientras que el 42,8 por ciento dijo estar de acuerdo. En el Congreso, la iniciativa que ha buscado la reelección de los mandatarios locales se ha propuesto más de una docena de veces, sin embargo, ha fracasado.
"En general, los votantes del país se muestran en desacuerdo con la reelección de alcaldes y gobernadores; a excepción de la ciudad de Medellín, donde el 74 por ciento de los encuestados aprueba esta figura y solo el 22 por ciento la desaprueba", destacó la MOE en un comunicado.
El estudio reveló que el 81,7 por ciento de las personas encuestadas está de acuerdo con la afirmación: "El Estado debe indemnizar a las víctimas de guerrilleros y paramilitares". Llama la atención que el porcentaje aumenta al 90,1 por ciento cuando la pregunta se hace por las víctimas de la fuerza pública. Asimismo, el 96,2 por ciento de los encuestados dijo estar de acuerdo con la afirmación "el Estado debe devolver las tierras a los desplazados".

Confianza en las Instituciones
La investigación preguntó a los encuestados por la confianza en algunas de las instituciones de entidades regionales. Para el caso, la gente calificó de 1 a 100 los organismos, donde 1 es menos eficaz y 100 muy eficaz.
A nivel departamental, la Registraduría obtuvo la mayor calificación: 63; le sigue la Procuraduría con: 58, 6; la Contraloría: 57,0; y la Asamblea Departamental: 58,0. A nivel municipal las calificaciones fueron muy semejantes.

Cultura Política
La investigación reveló que el porcentaje de mujeres, pese a representar el 51.8 por ciento del censo nacional y el 51.9 por ciento del potencial electoral, participa menos que los hombres en los comicios: el 45 por ciento. Por su parte, los hombres representan más de la mitad de los votos (54.2 por ciento) de una elección.
El 40,3 por ciento de los encuestados dijo haber votado por una mujer, el 12,5 por un afrocolombiano, el 10,3 por ciento por un indígena y el 8,1 por ciento por una persona en situación de discapacidad.
A la hora de escoger candidato, los encuestados respondieron cuáles consideran que son los aspectos decisivos para tomar la decisión. El 87,6 por ciento dijo, por ejemplo, que eran "muy influyentes" los temas y propuestas de los candidatos, y el 86 por ciento, la trayectoria académica y laboral del candidato.
El 84,1 por ciento de los encuestados dijo que era conocer con anterioridad quién financia las campañas de los candidatos, el 82,7 por ciento, en qué se gastan los recursos, y el 73,7 su patrimonio económico.
La encuesta fue hecha a 2.825 personas que han votado en los últimos cinco años. Es decir, se concentró en votantes activos, que representan a 6’470.564 de votantes.
9 de febrero de 2011
8 de febrero de 2011
©semana

restitución en montes de maría

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Entre la ilusión y el miedo. A pesar de la entrega de títulos y subsidios en Mampuján, la violencia, el miedo y la compra de miles de hectáreas para proyectos agroindustriales desvelan a los campesinos.

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Colombia. Los Montes de María fueron durante años el símbolo de la violencia. Cientos de masacres, como la de El Salado, Ovejas, Chengue o Las Brisas, que dejaron más de 200.000 campesinos desplazados en los tugurios de varias ciudades del país.
Por eso la entrega de 93 títulos de propiedad a desplazados de Mampuján, un corregimiento de María La Baja, Bolívar, y el lanzamiento de un plan de choque para la restitución en la región por Juan Camilo Restrepo, ministro de agricultura, el pasado fin de semana, empieza a abrirle una esperanza a estos campesinos que han sufrido tanto por la violencia en esta región.
"Ahora nos escuchan, a mí me titularon mi casa, mi finca, así no nos van a poder quitar tan fácil nuestras tierras", le dijo a VerdadAbierta.com Carmen, una de las beneficiarias de la titulación.
Carmen y otras 1450 personas huyeron de Mampuján el 10 y 11 de marzo de 2000, después de que paramilitares asesinaran 11 campesinos en Las Brisas, una vereda vecina, y les advirtieran que "el que no se fueran, lo mataban como perro".
La mayoría vive ahora en Maríalabaja, en un barrio que bautizaron La Rosa de Mampuján, y van a diario a sus tierras, a seis kilómetros de ahí, que poseían de manera informal desde hacía generaciones.
La estrategia del gobierno en los Montes de María pretende restituir la tierra despojada y crear por lo menos dos zonas de reserva campesina.
Éstas son un área delimitada en la que no hay posibilidades legales de que un propietario tenga más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) —de extensión variable, según la calidad del suelo y la cercanía de mercados—. La idea es evitar el despojo y la concentración de las tierras.
Para proteger la propiedad campesina el ministro de Agricultura anunció documentar e investigar los casos de despojo y abandono, con un equipo integrado por la Fiscalía, la Procuraduría, la Fuerza Pública, el Incoder y la Superintendencia de Notariado y Registro, que ya revisó 1.400 folios de matrícula.
Desde ya 5.925 derechos de propiedad, más de 160 mil hectáreas, están protegidas en Bolívar y 1.935, casi 30 mil hectáreas, en Sucre. La estrategia también contempla restituir tierras, formalizar la propiedad, que muchas veces los campesinos poseen desde generaciones sin títulos, adjudicar baldíos que quedan en la región e impulsar proyectos productivos.
El proyecto en Bolívar tiene un presupuesto de 1.115 millones de pesos y cubrirá El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Zambrano, El Guamo, María La Baja, Arjona y Turbaco, atenderá a 800 personas. En Sucre el plan de choque se va a centrar sobre Toluviejo, San Onofre, Colosó, Ovejas, Los Palmitos y Morroa, con un costo de 552 millones de pesos que beneficiarán a mil personas.

El Temor por las Tierras
Pero más allá de los discursos y de las cifras, el miedo todavía ronda entre los campesinos. En parte por las compras masivas de tierras para cultivar hectáreas de palma y teca, también por los herederos de los ‘paras’, y a que el Estado sólo les entregue un pedazo de papel.
"Nos inquieta la llegada de la palma, antes sólo había pancoger (los cultivos de productos subsistencia). Por el Viso y San Onofre, en la parte plana, se está llenando de palma. Va a llegar un momento en que ya no se va a producir nada, no va a servir de nada la palma ahí", le dijo Carmen a VerdadAbierta.com.
Desde que los ‘paras’ se desmovilizaron, en 2005, el precio de la tierra se ha disparado. Según varios campesinos, hace 10 años una hectárea costaba máximo 300.000 pesos. Ahora ofrecen tres, cuatro y hasta seis millones de pesos.
Por el desplazamiento, las tierras "descansaron", hay grandes ciénagas como la de María La Baja para riego y están cerca de Cartagena, uno de los principales puertos de exportación. Un informe del Observatorio de los Montes de María calcula que en María La Baja los cultivos de palma han aumentado más de 200 por ciento desde 2003, y se prevé que lleguen a 10.000 hectáreas en unos años.
Tras más de 10 años de abandono, para que estos campesinos regresen a sus tierras se requiere inversiones que no están al alcance de su bolsillo."Eso es puro monte, además no hay agua, electricidad, hay que hacer el riego, empezar de cero", contó un campesino a VerdadAbierta.com. Para un desplazado, muchas veces es más realista vender que volver.
Algunos agricultores también dijeron que, con el desplazamiento, perdieron años de ingresos, por este motivo no pudieron pagar sus deudas y les queda difícil negarse a vender sus predios.
Gabriel Pulido, líder de la comunidad de Mampuján, resumió la situación diciéndolo al ministro Restrepo: "No éramos ricos, pero teníamos autonomía".
El Observatorio de los Montes de María calcula que el 59 por ciento de las necesidades de la población no está satisfecha con lo que se ha hecho en la región para paliar las consecuencias de la guerra y, en Bolívar, 20 por ciento de los menores de 5 años tiene riesgo de desnutrición.
Por eso, muchos campesinos le dijeron a los representantes del gobierno Santos que fueron a la entrega de títulos, entre ellos el vicepresidente Angelino Garzón, que es importante blindar la propiedad en los Montes de María, titulando los predios, pero también se necesita ayuda e inversiones en vivienda, educación, salud e infraestructura.
Mampuján fue pionera en Justicia y Paz. En junio pasado, un juez dictó la primera condena del proceso contra Edwar Cobos, alias ‘Diego Vecino’ y Úber Bánquez, alias ‘Juancho Dique’ por la masacre y el desplazamiento en el pueblo.
Además de ocho años de cárcel a los dos ex jefes ‘paras’ y reparación, la sentencia especificó que había que superar las condiciones de pobreza que existían antes de la llegada de los ‘paras’ para garantizar el retorno. En el juicio los gobiernos nacionales y locales se comprometieron a hacer inversiones. Sin embargo, seis meses después, para los campesinos los avances no han sido muchos.
"Los subsidios no son suficientes, el gobernador adquirió compromisos, la administración municipal también, rellenar las calles, poner alcantarillas, cunetas. Es sencillo, falta es voluntad", dijo Gabriel Pulido.

El Fantasma de la Guerra
En los Montes de María ya no hay masacres como hace 10 años, tampoco desplazamientos masivos. Pero con los asesinatos de líderes campesinos y la presencia de bandas criminales, a muchos les parece un mal chiste cuando el gobierno los insta a organizarse y a denunciar.
"No le veo sentido a denunciar, el que denuncia lo encuentran tieso en una esquina. En Colombia el que habla peca", dijo Carmen, una sobreviviente de Mampuján.
En Sucre y en Bolívar hay Águilas Negras, Rastrojos, Paisas y Urabeños. Desde 2005 por lo menos seis líderes de tierras han sido asesinados y las rutas hacia el Golfo de Morrosquillo siguen siendo igual de atractivas para los narcotraficantes que antes de la desmovilización.
Aunque el gobierno ha hecho grandes esfuerzos y los Montes de María es una de las principales zonas de consolidación de la Fuerza Pública, Cristian, un campesino de Mampuján afirmó: "Por mucha ley que haya, hay momentos que vamos a estar solos. Y cuando el ratón duerme, el tigre sale. Hay temor de que se repita la historia, se escucha que hay grupos allá, ya tuvimos suerte de salir con vida la primera vez, no nos queremos exponer". Ellos ya arriesgaron la vida varias veces y no quieren volver a hacerlo.
9 de febrero de 2011
8 de febrero de 2011
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