columna de mérici

sistema corrompe a políticos

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columna de mérici

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Leí hoy en un diario que, también hoy [3 de octubre], los parlamentarios chilenos finalmente se subieron sus sueldos y otras dietas, que era un plan que venían abrigando desde la época en que discutían los políticos, en un ambiente que fue descrito por la prensa como de gran camaradería y espíritu de cuerpo, si los chilenos que ganan el salario mínimo (entonces de 137 mil pesos) debían o no ganar algo más. Acordaron los políticos, pese a la insistencia de Arturo Martínez, dirigente de la CUT (que pidió a los señores que considerasen subir el salario mínimo a 180 mil pesos), subir el mínimo a 144 mil pesos, o algo así.
El mismo día en que el gobierno anunció el acuerdo, algunos parlamentarios (no recuerdo quiénes) pidieron aprobar un aumento de las dietas.
En el diario que leí (que creo que fue La Estrella de Valparaíso, pero que posteriormente fue aparentemente retirada la nota de la edición online) no dice en cuánto se subieron el sueldo y las dietas. Según las ambiciones de los políticos, querían, en julio de 2007, aumentar la dieta en 440 mil pesos, para pagar el teléfono, según dijeron.
Pero en la noticia de hoy se leía que se habían aumentado los sueldos, como algo aparte.
Senadores y diputados chilenos ganan alrededor de 11 millones de pesos al mes. Según dicen ellos mismos y otras fuentes, en sus propios bolsillos no quedan más de cerca de seis millones de pesos, pues el resto se destina a gastos habituales de los políticos.
Yo leí en otro lugar que hasta ayer la parte de las dietas que se quedaban equivalía a unos 5 millones 600 mil pesos. Ahora ha de entenderse que los políticos se han subido los sueldos porque esos 5 millones 600 mil pesos son aparentemente insuficientes.
Me gustaría saber cuánto tiempo estuvieron debatiendo estos políticos en cada uno de esos debates. ¿Les habrá costado mucho ponerse de acuerdo en subirse los sueldos? ¿Les costó más ponerse de acuerdo en aumentar en siete pesos el salario mínimo? ¿Les costó menos?

¿Hubo parlamentarios en contra? Eso me gustaría saber: si acaso quedan políticos honestos en Chile.

Porque es sorprendente que los políticos (me refiero a los legisladores), que, la mitad de ellos, ni siquiera son estrictamente ‘representantes del pueblo', porque no son elegidos sino designados por el sistema (el llamado binominal), tengan además la autoridad para subir sus propios sueldos cuando bien se les cante y con total indiferencia hacia el resto de los chilenos. Me gustaría saber cómo llegaron a la conclusión esos políticos que ellos sí necesitan aumentos de cerca de un millón de pesos, mientras que los trabajadores bien pueden contentarse con uno de siete mil pesos.

Guardando las diferencias, la indiferencia, abuso de poder y corrupción de la clase política chilena me hace recordar mucho los últimos días de la dictadura de Fulgencio Batista: también allá una clase en gran parte parasitaria pasaba sus días en casinos e hipódromos rodeados de criadas y putas mostrando la más absoluta indiferencia por los problemas y necesidades de la gente pobre de su país.

La noticia en el diario decía además que los legisladores se habían aumentado además los días de vacaciones. Aparecía en la nota los días del año que no trabajarán: según mis cuentas, las vacaciones de los legisladores chilenos se extienden hasta componer un total de tres meses. Me he tenido que golpear la frente varias veces: los políticos chilenos trabajan sólo nueve meses al año.

Si vuelvo a encontrar la noticia, la colocaré aquí para que la podamos leer todos.

Esto me apesadumbra y me refuerza en mi convicción de que para los cambios que necesita Chile, la clase política, con intereses creados tan poderosos, es en realidad uno de los principales obstáculos. Como quiera que sea, no le veo yo cara de cambiar un sistema que tanto le conviene. Ya vaticiné en estas páginas que pronto empezaremos a ver uniones matrimoniales de tipo asiático, con parejas formadas por diputados izquierdistas con diputadas derechistas o al revés, por la enorme fortuna que se puede acumular uniendo a familias de políticos. Bien, tal es el caso en Asia. Seguramente será el caso de Chile, habida cuenta que los chilenos pertenecen a la misma especie que el resto del mundo.

Muestra esta situación también el terrible mal causado por la dictadura, que nos ha dejado un país autocrático, con una clase política co-optada y enriquecida, profundamente corrupta, donde encontrar legisladores honestos, cualquiera sea la casa de la que provengan, es cada vez más difícil.

[mérici]

digamos no a la farsa

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columna de mérici

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El 14 de septiembre publica el diario La Tercera que la presidente Bachelet visitará la organización Human Rights Watch, de Nueva York, en el marco de su campaña para que Chile sea admitido en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En esa organización de Nueva York hay activistas chilenos dispuestos a respaldar a la presidente.

En razón de la general impunidad de los militares y civiles que violaron gravemente los derechos humanos de ciudadanos chilenos durante la dictadura militar, la lenidad y parcialidad de los tribunales de justicia, el rechazo de Chile al Tribunal Penal Internacional y la mantención del sistema binominal, que impide el acceso del país a las democracias del mundo, invito a otros a escribir al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidiendo que Chile no sea admitido en esa comisión.

Al mismo tiempo, podemos solicitar a esa organización precisamente que estudie con más celo la situación de los derechos humanos en Chile, indicando las graves denegaciones de justicia y los tratos vejatorios e inhumanos a que son sometidos los detenidos (mencionando como ejemplo los vejámenes a que se sometió a activistas de derechos humanos y familiares de detenidos desaparecidos detenidas el 11 de septiembre de 2007, el tratamiento a los presos mapuches, etc.).

Veánse también las declaraciones que hace a Radio Cooperativa la prestigiosa dirigente del movimiento por los derechos humanos, Lorena Pizarro.

La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, dijo a El Diario de Cooperativa que mientras Chile mantenga la ley de amnistía y cree un "estado de sitio" alrededor de La Moneda cuando hay manifestaciones o marchas hacia el monumento al Presidente Salvador Allende en Plaza de la Constitución, no puede ser un buen candidato para ser parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Llamo a los lectores a escribir al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la organización Human Rights Wacht, que ha comprometido su apoyo a la petición chilena, protestando y pidiendo que Chile no sea admitido en ese Consejo por las todavía permanentes y habituales atropellos a derechos humanos y civiles, describiendo la situación de derechos humanos en el país (por ejemplo, los vejámenes sexuales a que fueron sometidas las manifestantes el 11 de septiembre). Las cartas pueden ser enviadas por correo electrónico.

La presidente viaja este domingo a NY. Es, pues, urgente.

Consejo de Derechos Humanos Naciones Unidas
Correo postal: Equipo de la Comisión/Subcomisión (Procedimiento 1503) División de la Comisión y los Tratados Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 1211 Ginebra 10, Suiza
Fax: + 41 22 917 9011
Correo electrónico: [e-mail]

Human Rights Watch
Correo Postal: 350 Fifth Avenue, 34th floor, New York, NY 10118-32
Correo electrónico: http://www.hrw.org/contact.html (en esta página pinchar en la sede de Nueva York y enviar desde ahí la carta).

[mérici ]

quién mató al cabo vera

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columna de mérici

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[En los incidentes la noche del 11 de septiembre de 2007, con ocasión de las tradicionales protestas en conmemoración del fatídico día que dio inicio a la dictadura militar chilena en 1973, murió un policía tras recibir un impacto de bala, y una bebita de 21 días asfixiada por los gases lacrimógenos utilizados por carabineros. Las autoridades han aprehendido al presunto autor,  Eduardo Espinoza Bórques, que ha sido formalizado y que ha confesado haber disparado contra los policías, pero no saber si su bala, de 9 milímetros, causó la muerte de este].

Resulta francamente inverosímil que la bala que mató al cabo Vera haya salido de la pistola del joven que ha sido imputado por el crimen. Ciertamente, como a muchos, me gustaría que el culpable fuese capturado y juzgado, pero creo que las autoridades se muestran demasiado ansiosas en mostrarnos a un culpable. Y es una prisa del todo innecesaria. Más tranquila estaría la ciudadanía si las autoridades juzgan al autor identificado sin equívocos, que montar un caso que parece inverosímil y que arroja dudas sobre las pesquisas policiales.

He leído y oído las declaraciones del padre del joven, que dice que en su vida como miembro de una banda de narcotraficantes aprendió todo lo que alguien en esos círculos debe saber en cuanto a balas. Y tiene la convicción de que una bala de 9 milímetros no puede hacer lo que hizo.
He preguntado a otras personas, también con experiencia en estos asuntos, que no son delincuentes, y me han confirmado que no es posible que esa bala provenga de esa pistola. Una bala de 9 milímetros a 72 metros de distancia no podría atravesar un escudo de fibra de cristal y luego el casco, de materiales igualmente resistentes, y luego las paredes del cráneo, para volver a salir por el casco. Es simplemente improbable.

Hay que destacar que Carabineros dijo inicialmente que pensaban que se trataba de un arma de grueso calibre que podría haber sido disparada por un rifle de asalto M-16 o AK-47. Posteriormente han insistido en que la bala salió de esa pistola.

No soy un experto en estos asuntos, pero la bala de 9 milímetros es habitualmente usada por "civiles para la autodefensa y práctica de tiro, debido a su bajo costo y moderado impulso del disparo", según la wikipedia. Esta bala fue usada por la policía norteamericana en los años ochenta y noventa, pero fue reemplazada por sus bajos resultados en tiroteos por la bala .40. (Que fue exactamente lo que declaró el padre del acusado).
Igualmente, según declaró a la prensa un ex jefe del laboratorio de Criminalística de Investigaciones, "es muy difícil que una bala disparada por un arma nueve milímetros pueda hacer tanto daño, menos a 72 metros de distancia". En otra fuente, este mismo ex director señaló que "la bala que perforó la cabeza del cabo Cristián Vera puede ser una bala de fusil de 7 mm, de 7,62 mm o de 5,56 mm de una M-16" (en terra ).
Según la transcripción de los agentes que se encontraban junto al cabo Vera, estos pensaban que estaban siendo atacados con metralletas Uzi (en emol ).
"La bala que atravesó el cráneo", según se informó originalmente, "era de gran tamaño y destruyó la masa encefálica, lo que produjo la posterior muerte del cabo", declaró la jefe de urgencias el Hospital de Carabineros, Patricia Nilo .

No voy a mostrar las terribles imágenes que se encuentran en la página terra.cl, pero hay en ellas dos cosas que llaman la atención: el enorme agujero que dejó la bala en el cráneo del carabinero y el hecho de que este agujero se encuentra prácticamente en la parte superior de la cabeza.
El primer hecho es aparentemente incompatible con el tamaño de una bala de nueve milímetros; lo segundo es difícil de explicar. Puede tratarse del impacto causado por el proyectil al salir del cerebro, o, igualmente, al entrar al cerebro, pero hay que insistir igualmente en la improbabilidad de ambas cosas, pues el imputado efectuó los disparos manteniendo la pistola en posición horizontal a más o menos un metro sesenta centímetros, o menos, del suelo. Para que la bala haya desviado hacia arriba su trayectoria, debe haber impactado previamente en otro objeto, que, según se dijo en su tiempo se trató del escudo del colega que estaba junto al cabo, que habría sido impactado y perforado por la bala, que continuó su trayectoria hasta volver a salir por el otro lado, impactando y perforando nuevamente el casco, lo que parece que es muy poco probable, según el análisis del ex jefe del laboratorio de criminalística que acabo de mencionar, Rubén Vilches Vega.
Que la bala lo haya impactado desde arriba es igualmente imposible. Vilches Vega dice que una hipótesis es que "el disparo pudo haber sido efectuado desde altura, como en un segundo piso de un inmueble. Si iba inclinado avanzando, ofreciendo su flanco izquierdo, es probable que la bala haya sido efectuada a menor altura, a menos de un metro 60".
Este mismo experto, por otro lado, duda que una bala de nueve milímetros haya podido penetrar el casco del carabinero, que está fabricado de kevlar, que es un material resistente utilizado frecuentemente en "la fabricación de cables, ropa resistente (de protección) o chalecos antibalas", según la wikepedia , pero que ofrece ciertamente menor protección que un blindado, resistiendo golpes y contusiones.

No conozco ese lugar y no sé si hay edificios en las cercanías. Tampoco sé si había en esos momentos, cuando murió el cabo Vera, algún helicóptero de Carabineros.

El ex director del laboratorio de Criminalística dice además que la bala que perforó el casco tiene que haber sido una bala de gran velocidad, capaz de perforar un casco kevlar, "lo que no ocurre con una de 9 milímetros" (en terra ). También conviene tomar en cuenta lo que agrega el ex director en cuanto a la velocidad y potencia de la bala: "Las fracturas que se aprecian en el cráneo se explican por la velocidad del proyectil. Era muy elevada y por lo tanto tenía mucha energía. Al perforar el cráneo a gran velocidad desplaza violentamente el contenido orgánico del cerebro, el que golpea contra las paredes del cráneo, generando las fisuras que se ven en las imágenes. En ellas se ve además que el cráneo estuvo a punto de explotar dentro del casco del carabinero" (misma fuente anterior). Esto es incompatible con el impacto de una bala de nueve milímetros a 72 metros de distancia.

Hay que señalar, sin embargo, que otros analistas dicen que es posible que esta bala pueda causar los estragos que causó, aunque la fuente (El Mercurio ) es notoriamente dudosa. Según militares, dice el diario, esa bala puede causar esos daños, pese al casco del cabo (pero dejando completamente de lado el escudo que se dice que atravesó la bala previamente y el hecho de que la bala al salir volvió a perforar el casco). Señalemos de paso que la pistola de 9 milímetros es corrientemente usada por las fuerzas armadas chilenas y por Carabineros.

Hay que tomar en cuenta que pese a que el general director de Carabineros, José Bernales, declaró en entrevistas con la prensa que esa noche -el 11 de septiembre de 2007- la policía utilizó balines de goma y no balas de verdad, en ocasiones ha ocurrido que carabineros individuales, en desconocimiento o no de sus superiores, han utilizado durante disturbios armas de grueso calibre. El 11 de septiembre de 2005 un carabinero mató de un balazo en el corazón a un joven (Cristián Castillo Díaz) en la población Lo Hermida cuando este ayudaba a montar una barricada (en La Nación ). La muerte le fue ocasionada por una bala calibre 38. Durante meses negó Carabineros que uno de los suyos fuese el autor del mortal disparo; sin embargo, el propio carabinero autor de los balazos confesaría meses después que él había disparado, que lo había hecho con un arma propia (aparentemente no de la institución, pues dijo que la había comprado él en el mercado negro) y que era una práctica normal de muchos agentes cuando se trataba de disturbios en poblaciones consideradas peligrosas. Ignoro si está procesado o si ha sido encarcelado.
Recordemos también que en esa ocasión, tras los disturbios se encontraron numerosas vainillas de balas de nueve milímetros, que fueron disparadas por efectivos de Carabineros, pese a los desmentidos de la institución (léanse los testimonios de testigos en La Nación). Carabineros de Chile usa revólveres 38 y pistolas de nueve milímetros (en el foro razón y fuerza).

En cuanto al contexto en que ocurrieron estos incidentes, algunos han atribuido al Partido Comunista la convocatoria a protestar esa noche, lo que fue desmentido enérgicamente por sus dirigentes. Las acusaciones de El Mercurio (que también he tratado en mérici ), de que los manifestantes habrían disparado con armas de guerra introducidas al país por el Partido Comunista, deben considerarse absolutamente infundadas. Tampoco se tienen evidencias de que esa manifestación, tradicional en Chile con ocasión del 11 de septiembre, haya sido convocada por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Sin embargo, Radio Cooperativa y algún canal de televisión recogieron declaraciones de vecinos del lugar que dijeron que en los días previos se habían repartido en el barrio panfletos anunciando que se mataría a un carabinero ("iban a matar a un paco"), aparentemente en relación con el asesinato de un niño de once años cometido en ese mismo barrio hace unas semanas por un carabinero de la misma comisaría del cabo Vera, que se encuentra hoy detenido y fue dado de baja de la institución. Esto no lo he podido verificar. (La mención del panfleto se encuentra en la entrada de Radio Cooperativa cuando se busca ‘crimen del cabo Vera’; pero en la página no se vuelve a mencionar el asunto). Igualmente ese día 11 de septiembre una hora antes de los incidentes que terminaron con la vida del cabo Vera, murió una bebita de 21 días por efectos de la asfixia que le provocaron los gases lacrimógenos lanzados por la policía para disolver a los manifestantes. Igualmente poco antes del fatal incidente una niña de dos años y medio, de la misma confluencia de calles, fue llevada por Carabineros al hospital tras sufrir un paro respiratorio que le fue ocasionado por los gases lacrimógenos.

Que las autoridades hayan decidido dejar este caso en manos de la justicia militar es ciertamente un grave error, pues debido a su pasado de complicidad con la dictadura militar y su todavía actual postura de colaboración, encubrimiento y lenocinio con militares culpables de violaciones a los derechos humanos no puede la ciudadanía confiar en que el presunto autor disfrute del debido proceso al que tiene derecho como ciudadano chileno. En realidad, es este un caso más en la absurda y kafkiana situación en que se encuentra Chile por voluntad de su repudiada clase política. No es posible creer que la misma institución que perdió de este modo a uno de sus hombres deba ser, además, la misma que investigue el caso para, luego, procesar, juzgar y sentenciar al autor.

Considerando las dudas existentes en el caso, y lo que acabo de mencionar en cuanto a lo irrazonable que suena dejar el caso en manos de la justicia militar (Carabineros forman parte de las fuerzas armadas desde tiempos de la dictadura), lo más coherente sería pedir a alguna institución internacional, específicamente a alguna policía científica internacional (que pudiese ser europea o el propio FBI) que realizase las pruebas balísticas y otras necesarias para verificar si una bala de ese calibre puede efectivamente causar los daños que causó, describir la trayectoria que siguió, rebotar y volver a penetrar superficies resistentes, etc.
Sería insensato elucubrar ahora sobre otro posible autor del disparo o disparos, porque no contamos con todos los elementos que serían necesarios para ello. Si se probase que esa bala no pudo matar al cabo Vera, habrá que determinar quién y con que arma disparó y desde dónde, porque no se puede descartar que la bala mortal no haya provenido de disparos efectuados por los manifestantes, por más que de momento parezca la hipótesis más a mano.

[mérici]

qué intenciones tiene el mercurio

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columna de mérici

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En un editorial de El Mercurio de estos días el autor o autores ofrecen un análisis tan trasnochado y descabellado que no hubiésemos creído posible en estos días, pese a la ciertamente flaca reputación del periódico en cuanto a su solvencia periodística. El tema del editorial es la muerte del cabo de carabineros, Cristián Vera.
Empieza el editorialista separando este incidente de la violencia de los años de dictadura ("más allá de reviviscencias de la división que sufrió Chile en el pasado, irrumpe una violencia que desnuda las nuevas divisiones que amenazan al país, y cuya falta de resolución compromete su futuro") y afirmando, no sin cierta razón, que la violencia del 11 de septiembre también revela "la autocomplacencia y tolerancia frente a graves problemas que frustran las expectativas de los sectores más postergados".
Seguidamente, sin embargo, abandona los asomos de lucidez y, tras constatar el poderío de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, que habrían impuesto en las poblaciones periféricas "la ley del más fuerte y de las mafias", el editorialista acusa a lo que llama extrema izquierda -el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Partido Comunista- de haber convocado "subrepticiamente al lumpen, a los grupos antisistema y a los violentistas" ese 11 de septiembre pasado, agregando que las armas requisadas esa noche son "pertrechos introducidos por ellos [la llamada extrema izquierda] al país durante" la dictadura pinochetista.
Refiriéndose luego a la querella interpuesta por organizaciones de derechos humanos contra el ministro del Interior, Belisario Velasco, por los abusos sexuales, torturas y detenciones ilegales a que fueron sometidas algunas manifestantes por carabineros, escribe el editorialista que se trata de "acusaciones destempladas" en un intento de "instrumentalización" de la causa de derechos humanos. Mira quién habla.

El burdo panfleto editorialista no ofrece sin embargo ningún amago de demostrar la participación de las organizaciones de izquierda mencionadas y se entretiene en difundir calumnias e infamias, delitos estos que es de esperar que las organizaciones aludidas busquen desmentir y castigar en tribunales.

Pero más allá del carácter bruto del editorial, no hace el autor o autores ningún intento por probar fehacientemente estas graves acusaciones ni de buscar su demostración por vía de la lógica. En ningún lugar dice el editorialista -ni aparentemente se entera de la contradicción- por qué o para qué el Partido Comunista, que está buscando incorporarse al sistema político pese a los absurdos y poco democráticos presupuestos de la primitiva Constitución pinochetista, estaría al mismo tiempo armando a las bandas de narcotraficantes.
¿Quizá probablemente para tomarse el poder e instaurar una dictadura comunista? Un igualmente descerebrado lector de El Mercurio escribe, sobre el editorial de marras, que los marxistas están preparando al pueblo "en los principios terroristas". El descerebrado, inspirado en las instigaciones del diario, interpreta así los incidentes de la noche del 11 de septiembre: "Los jóvenes se entrenan con las armas en la calle, y ya empiezan a matar carabineros y mañana serán civiles". Patético, pero es el tipo de sentimientos (ya que será difícil llamarles ideas) que El Mercurio quiere despertar al menos entre sus lectores habituales. Porque si el Partido Comunista tiene interés en incorporarse al sistema político chileno, y nada hace dudar de ello, su colusión con el narcotráfico y la repartición de armas en las poblaciones pobres sería ciertamente la mejor manera de poner fin a sus ambiciones.
Al contrario, en una declaración pública el Partido Comunista ha negado haber convocado a esas manifestaciones nocturnas, y no tenemos motivo algún para desconfiar de esas palabras.

Los incidentes de la noche del 11 han provocado torrentes de declaraciones e interpretaciones, muchas de ellas, como el editorial que comentamos, absurdas, infundadas e histéricas.
Esa noche un carabinero perdió la vida tras ser impactado en su cabeza por lo que se cree que fue un proyectil de un arma de grueso calibre. En la población La Pintana se habían reunido varios cientos de ciudadanos para protestar en conmemoración del inicio de la dictadura el 11 de septiembre de 1973, como viene siendo habitual desde el fin del régimen. Como en años pasados, los manifestantes atacaron con armas a las fuerzas de orden, que, a diferencia de otros años, intentaron disolver a los manifestantes haciendo uso de bombas lacrimógenas y balines de goma, en lugar de balas de verdad. No se sabe que ninguna organización haya convocado a la manifestación, que como todos sabemos se ha convertido en un evento anual que no necesita que nadie lo convoque. Son los ciudadanos quienes espontáneamente salen a las calles a manifestar su repudio a la dictadura y sus secuelas.

Esa noche hubo dos incidentes previos a la muerte del carabinero. El primero fue la muerte de una bebita de tan sólo 21 días que murió asfixiada por los gases lacrimógenos lanzados por la policía y que aparentemente cayeron también en otras casas del vecindario, muchas de cuyas viviendas son endebles construcciones de madera y otros materiales improvisados. Casi al mismo tiempo, una niña de dos años y medio fue trasladada urgentemente al hospital tras sufrir varios paros cardíacos ocasionados igualmente por los gases lacrimógenos que agravaron una condición previa de dificultades respiratorias. Estos dos incidentes, que no han sido reportados por la prensa escrita (fue un canal de televisión el que informó y entrevistó a la madre de la primera víctima), ocurrieron a eso de las diez de la noche. La muerte del cabo ocurrió pasadas las once de la noche. Algunos lectores en foros en la prensa online han sugerido que algunos manifestantes tuvieron la intención de vengar la muerte de la primera víctima.
La segunda víctima salvó su vida, según las últimas informaciones publicadas (que son de hace algunos días, pues la prensa no ha vuelto a referirse a este caso), gracias a la oportuna y ciertamente valerosa intervención de carabineros, debido a que debieron entrar justamente al vecindario donde se empezaba a librar esa noche el cruento enfrentamiento que terminó con la vida del carabinero.
Sin embargo, ninguna autoridad de gobierno, ni la presidenta, se aparecieron por el funeral de la bebita. Ni nadie emitió declaraciones de ningún tipo, ni histéricas ni cuerdas, sobre ese incidente, del mismo modo que ninguna autoridad dijo nada ni se dio a interpretaciones bizarras cuando hace unos días un carabinero de ese mismo barrio mató a balazos a una niña de once años porque esta reñía con el hijo del uniformado. Nadie llamó a reformar la institución policial, nadie acusó al agente de ser drogadicto, nadie acusó a Carabineros de estar coludidos con el narcotráfico. Y nadie hizo nada. Ese carabinero fue obviamente dado de baja, pero la institución no se hace parte del juicio y en el clima de impunidad que protege a los policías, jueces alcahuetes suelen dejar a estos elementos en libertad y condenarles a penas escandalosamente ligeras.

Según informaciones de la propia policía, la bala que mató al carabinero es de grueso calibre y ha sugerido que puede tratarse de un proyectil de rifle M-16 e incluso del rifle de asalto AK-47. Sin embargo, el arma que portaba el único detenido que está acusado de esta muerte, es una pistola de 9 milímetros, que fue disparada a 62 metros de la víctima y que antes de penetrar, destruir su cerebro y salir del cráneo del policía, atravesó primero un escudo (del colega que estaba junto a él) y su casco de fibra de vidrio.
Ahora, la policía cree que, pese a lo inverosímil que suena, la bala que mató al cabo fue en realidad un proyectil de 9 milímetros. Que la policía cambie su versión de rifle de asalto a una pistola de bajo calibre, huele mal. No es creíble que un proyectil de 9 milímetros cause los estragos que causó, y menos todavía a esa distancia. Y menos que, tras cruzar esa distancia, atraviese un escudo y un casco. Simplemente, es inverosímil.
Hace mal la policía en apresurarse a encontrar un culpable. Con estas interpretaciones encontradas, pierde credibilidad. Quizás a estas alturas, lo mejor sería que el gobierno solicitara a alguna policía internacional o extranjera, como el FBI, que realizara las pruebas balísticas y otras con las que Carabineros aparentemente tiene dificultades.

Dejando de lado la inverosímil afirmación de El Mercurio, en cuanto a que el Partido Comunista se habría coludido con bandas de narcotraficantes a las que habría entregado armas de guerra introducidas clandestinamente al país durante la dictadura, que, además, las recientes interpretaciones de Carabineros echan por tierra, se ha afirmado que los ciudadanos que se manifestaban esa noche son soldados o niños soldados de las mafias santiaguinas. Estas son igualmente afirmaciones precipitadas.
Ciertamente, no es necesario que una persona sea un mafioso, y menos vendedor de drogas, para que posea un arma y dispare contra agentes de policía u otros funcionarios. Ni siquiera sabemos si es posible sostener una insinuación semejante. Y nadie se ha detenido a pensar que esa terrible fecha es conmemorada por toda la ciudadanía, de diversos modos, independientemente de la manera en que se ganan la vida. Esta fecha la recuerdan autoridades de gobierno, pero también militares, panaderos, empleadas y taxistas y, obviamente, delincuentes. Incluso se ha recordado la bestial figura del dictador en una capilla, de este modo mancillada y desacralizada, donde se reunieron varios elementos criminales de la dictadura. Nadie ha gritado blasfemia sobre ese encuentro; ninguna autoridad ha denunciado en ningún término que esos elementos criminales sigan todavía en libertad y celebrando los crímenes que cometieron.

En Chile se vive un clima de irritante y dolorosa impunidad para los militares, carabineros y civiles que, en posiciones de mando u obedeciendo órdenes ilegales, cometieron los espeluznantes y de todo punto de vista injustificados crímenes contra ciudadanos chilenos. Recuérdese que de los cientos de criminales implicados, sólo una cincuentena se encuentra en prisión. Y muchos de los asesinos encarcelados han sido condenados a penas livianas francamente insultantes.
Las autoridades de gobierno afirman a menudo que esas son decisiones del poder judicial, pero suelen callar que ese poder judicial, en particular los jueces de la Corte Suprema que dirimen en última instancia en estos casos, fueron nombrados por el presidente Lagos, que era partidario de la impunidad (y que llegó al extremo de indultar, por ejemplo, a uno de los salvajes asesinos del ciudadano Tucapel Jiménez), o fueron heredados de la dictadura militar. Es sabido que hay jueces que actúan de alcahuetas de los militares que violaron los derechos humanos de tantos miles de chilenos, y sin embargo ningún gobierno de la Concertación ha tomado las medidas necesarias para limpiar las instituciones judiciales de estos nocivos elementos. Antes al contrario.
En este contexto de impunidad y lenocinio de las autoridades con los criminales de las fuerzas armadas y carabineros, se ha apoderado de la inmensa mayoría de los chilenos la convicción de que la justicia aquí es una farsa y que la diferencia entre un agente de policía y un delincuente no es quién está al otro lado de la ley sino quién controla las armas y las instituciones para proteger sus propios intereses. ¿Quién de nosotros podría decir que no es así?
Mientras los habitantes de las poblaciones deben sufrir diariamente por igual los atracos y violencias de grupos de delincuentes y de funcionarios del estado, como carabineros y detectives, los ladrones y asesinos que forjaron sus posiciones durante la dictadura militar siguen sin sufrir castigo alguno. En este contexto, las profesiones de moralidad del gobierno y de la oposición suenan huecas. La histeria oficial no contribuye en nada a la solución de los problemas. Al contrario, los empeora. La ciudadanía necesita claramente una justicia más severa, pero quiere más severidad con todo el mundo, no solamente con las clases pobres del país. Y antes de imponer el orden en las calles, debe imponer el orden en los cuarteles y en los tribunales, cuyos pasillos todavía son recorridos por las hienas pinochetistas que antaño asolaron la patria.

Las insinuaciones de El Mercurio en cuanto a que las denuncias de abusos, apremios y humillaciones a que fueron sometidas algunas manifestantes tras ser detenidas el 11 de septiembre, deben ser igualmente firmemente rechazadas. Sólo un completo ignorante, o una persona de mala fe, puede dudar de que efectivamente las fuerzas policiales suelen violar los derechos humanos de los detenidos. En las poblaciones sabe todo el mundo que la presencia de policías, carabineros o detectives, presagia destrozos de propiedad o simples robos de artículos, que van desde objetos de uso doméstico hasta armas y drogas. La policía debe ciertamente cumplir con sus tareas, pero no puede tolerarse la impunidad con que humillan y maltratan a la gente pobre del país.
Desde hace mucho tiempo vienen insistiendo grupos de ciudadanos en la urgencia de que los institutos armados y de policía hagan suya la doctrina de los derechos humanos. Es necesario que los miembros de esas instituciones sean adoctrinados en el respeto y defensa de los derechos humanos y que se dicten leyes propias que penalicen las diferentes formas de violación de estos derechos, en conformidad con el derecho internacional.
Diga lo que diga el gobierno, es un hecho indesmentible que hasta hace algunos años, igualmente durante gobiernos de la Concertación, Carabineros llegó a alcanzar un promedio anual de 48 delincuentes abatidos a balazos en las calles, no solamente negando el derecho de todo ciudadano a un debido proceso, sino además poniendo en grave peligro la vida de civiles inocentes. Tras protestas prolongadas de la ciudadanía, y sin que nadie dijera nada, la policía dejó de matar. El gobierno todavía debe a Chile una explicación.

Resulta curioso, para decirlo generosamente, que un diario como El Mercurio acuse a los partidos de izquierda de repartir armas entre grupos de delincuentes cuando es de todos sabida su participación en el encubrimiento del asesinato del comandante en jefe de las fuerzas armadas de Chile hace más de treinta años, el general Schneider. Según las informaciones disponibles desde los años setenta, cuando una comisión del Senado norteamericano interrogó a Kissinger y Richard Nixon, y por la desclasificación de materiales confidenciales de la CIA, sabemos que el gobierno norteamericano ordenó el asesinato del general, confiando el crimen al grupo fascista Patria y Libertad y a la banda dirigida por un general Viaux. La tarea de encubrir el crimen y culpar a grupos de extrema izquierda cayó en manos de El Mercurio, que, dirigido por el arrastrado de Agustín Edwards, recibió dos millones de dólares en pago por esa misión y otras. Nada de esto es un invento y cualquier lector puede enterarse por sí mismo de la veracidad de mis dichos.
Sin embargo, este personaje deleznable, que debió ser procesado al menos por traición a la patria, no solamente no ha sido procesado nunca sino además los propios gobiernos concertacionistas se han preocupado de mantener su diario a flote, pese a su desastrosa administración, por medio de la asignación o compra de espacio publicitario. Esto realmente es una vergüenza, toda vez que esos mismos gobiernos han impedido el surgimiento de una prensa independiente, llegando al extremo de amenazar al gobierno holandés, que en su tiempo pensaba apoyar a la prensa independiente, de considerar su ayuda a periodistas libres como una intromisión en los asuntos internos de Chile.
Esto lo dice prácticamente todo sobre la naturaleza de estos gobiernos de después de la dictadura: por razones que no conocemos o que no nos quedan claras, optaron por ocupar un lugar al otro lado de la barricada, junto a los patrones que, con sus matones y chulos en uniforme, causaron y siguen causando tanto daño a Chile.

[mérici ]

ley de defensa de derechos humanos

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columna de mérici

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Hace unos días leí un artículo en la prensa, sobre un detenido que fue torturado y violado por un grupo de gendarmes en la cárcel de San Fernando y que le provocaron lesiones tan graves que finalmente murió a causa de ellas. Me parece incomprensible e intolerable que se vengan repitiendo en un Chile democrático, este tipo de situaciones.
La violencia policial, muchas veces injustificada e innecesaria, debe ser castigada duramente -lo mismo que la violencia contra los agentes de las fuerzas de orden. Pero yo sé que en los barrios pobres, la policía domina prácticamente por el terror, como se ha hecho evidente en muchos casos -en algunos los carabineros han llevado a zonas de conflicto incluso armas ilegales, de las que también lamentablemente han hecho uso. Estas situaciones son inaceptables.

En gran parte de los casos de violencias y abusos a manos de la policía, los tribunales se han mostrado sorprendentemente comprensivos. Hay carabineros homicidas que se pasean libremente por las calles de nuestras ciudades, mientras que constituyen realmente un peligro para la seguridad de todos (por ejemplo, los dos carabineros que mataron al chico al que se rememora ahora en el Día del Combatiente). No es posible que los jueces se muestren blandos con este tipo de delincuentes uniformados. Los agentes de las fuerzas de orden o militares que cometan estos delitos y abusos deben ser castigados más severamente que cuando esos delitos los comete un ciudadano de a pie, por la simple razón de que han cometido esos delitos en circunstancias de que su función consiste precisamente en proteger a los ciudadanos de esos desmanes y abusos. Por eso resulta incongruente ver que los jueces otorgan demasiado fácilmente beneficios a esos personajes, y consideran sin más su pasado libre de antecedentes como un atenuante.

Los derechos humanos no tienen solamente que ver con la política o los políticos. Su respeto debe extenderse a todos los chilenos, de todas las clases sociales y de todos los niveles de educación.

Chile, por otro lado, carece de legislación específica sobre derechos humanos y los veredictos que se han dictado sobre el tema se basan fundamentalmente en tratados internacionales. En realidad, también es vergonzoso pensar que, después de toda la solidaridad de que gozó Chile en su lucha por recuperar la libertad, todavía carezca el país de una legislación específica y sigan los jueces dictando veredictos en función de tratados internacionales, como si los chilenos se lavasen las manos y juzgasen a los criminales solamente porque se ven obligados a ellos por leyes internacionales y no por una voluntad propia de hacer justicia. Pienso que Chile, sin embargo, por su pasado, podría contribuir de manera distintiva a la legislación sobre la defensa de los derechos humanos en el mundo. Una ley específica de defensa de los derechos humanos podría ayudar a otros países a formular las suyas propias.

Esta ley debe naturalmente penalizar severamente las violaciones a los derechos humanos (los delitos en ese ámbito no prescriben ni deben prescribir nunca, como no prescriben los delitos de lesa humanidad o los crímenes de guerra).
Pero también debe proteger a quienes denuncian las violaciones a los derechos humanos. Pienso en particular en el caso de militares o rangos subalternos o de nivel medio de carabineros y las fuerzas armadas. En muchos casos, han debido obedecer a sus superiores cuando estos han dado órdenes flagrantes de violación de los derechos humanos de ciudadanos detenidos -como torturarlos, o matarlos, o vejarlos.

En esos casos, los subalternos deben estar obligados a impedir la comisión de esos delitos, y deben hacer todo lo posible por prevenirlos, incluyendo la neutralización o eliminación del oficial culpable. Esos subalternos deben ser considerados como militares o policías ejemplares y gozar de los beneficios y recompensas que esté el estado dispuesto a otorgarles. Y deben, obviamente, gozar de la protección efectiva del estado, en caso de que elementos militares o policiales quisieran tomar represalias contra ellos. Por otro lado, no hacer nada y/o no denunciar un delito de este tipo, debe considerarse en sí mismo un delito. Y, consecuentemente, también punible.

Obviamente, para que oficiales y tropa sepan cuándo dan o reciben órdenes atentatorias de los derechos humanos, es muy importante que se impartan clases de derechos humanos en todas las instalaciones militares y de las fuerzas policiales. Cada policía debe saber en qué consisten esos delitos, por qué no deben ni cometerse ni permitirse su comisión y por qué es su violación más severamente castigada que delitos semejantes cometidos por ciudadanos de a pie. La defensa de los derechos humanos debe convertirse en otro principio, e importante, de la carrera militar y policial. Y, obviamente, también se debe incluir a los gendarmes en esta reforma.

Pero para empezar con el pie derecho, obviamente, las fuerzas militares y policiales deben purgar sus filas, clara y absolutamente, de los elementos que deshonren o que ya han deshonrando al país con sus conductas y propósitos criminales, causando la muerte de miles de chilenos, con la sola justificación de que en su ruindad y delirios, vieron a sus compatriotas como enemigos.

[mérici ]

la presidente perdió el norte

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columna de mérici

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A un extraño e inquietante espectáculo asistimos en estos días: Mientras las autoridades de gobierno se afanan para impedir que los chilenos rindan homenaje al presidente Salvador Allende y a las víctimas de la bestial dictadura de Pinochet y sus patrones, la presidente recibe en palacio nada menos que al ex jefe del gobierno español, José María Aznar.
La actitud de la presidente contrasta con la manera grosera, e impropia de una jefe de estado, con que trató en su momento al juez Baltasar Garzón, un verdadero amigo de Chile y al que los chilenos debemos tanto por su ayuda en la lucha por llevar a justicia a los criminales y por recuperar algo de la libertad perdida. Pues entonces, en agosto de 2006, según recuerdo, la presidente y otras autoridades de gobierno no solamente no hicieron ningún intento de demostrar al juez el reconocimiento que merecía, sino que además tuvieron la grosería de no recibirle.

Recuerdo que entonces las autoridades arguyeron que no podían recibirle en palacio (que parece que la presidente olvidó que no es suyo sino de los chilenos) porque el juez no ejercía ningún cargo público electo y no había venido a Chile en el marco de ninguna actividad oficial. Entonces el argumento sonaba falaz. De hecho, tratar al juez Garzón de esa manera fue un acto de una increíble bajeza e ingratitud.
Pero el juez Garzón estuvo felizmente en mejor compañía que la de la presidente: lo recibieron en el aeropuerto la presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, y otros activistas por los derechos humanos. También fue nombrado doctor honoris causa por las universidades Central y Arcis y tuvo durante su estadía en Chile numerosas muestras espontáneas de afecto y gratitud de la ciudadanía.

Aznar es una de las figuras más deleznables de la historia política reciente de España y del mundo. Como uno de los infames constructores de la guerra contra Iraq, será probablemente juzgado por crímenes contra la humanidad, cuando sea posible hacerlo. Aunque se presenta como demócrata y liberal, es en realidad una gárgola: tiene el dudoso honor de haber reconocido, al igual que Chile, como gobierno legítimo, la bruta dictadura del patrón Carmona en Venezuela, que sólo duró cuatro días y en los que mandó a matar al presidente legítimo, Hugo Chávez. Los soldados se negaron a ejecutar la orden. Recuperada la constitucionalidad, Chávez le dejó escapar a Colombia. Otros, y justamente, habrían sometido al patrón insolentado a un juicio rápido.

El ex presidente español jugó un papel deleznable y hasta ridículo en la guerra contra Iraq. Yo recuerdo haber visto por televisión el discurso en que declaró la guerra a ese país y, tratando de convencer a los españoles, relató que había llegado a un acuerdo con el presidente Bush en cuanto a los contratos de reconstrucción del país (es decir, antes de su destrucción), diciendo que la empresa privada española lograría contratos de reconstrucción por un monto de 800 millones de euros en el primer año de ocupación. Cuento esto para que tengáis una idea de la naturaleza de este payaso.
Participando así en una guerra ilegal y contra la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles, fue castigado por el electorado y expulsado del palacio de La Moncloa. España se salió de la guerra y Aznar fue premiado por Estados Unidos con una beca para enseñar en la Universidad George Washington.
Aznar fue quien hizo todo lo posible por torpedear los esfuerzos del juez Garzón para juzgar al criminal chileno en Madrid y que finalmente, en complicidad con el inglés Tony Blair, logró impedirlo, facilitando así el regreso del tirano a su guarida en La Dehesa.

La presidente no debió haber recibido nunca a ese deleznable personaje, aunque sólo hubiese sido por dignidad. Recibirlo en circunstancias de que hoy Aznar es un don nadie y no representa nada ni tiene cargo alguno electo en la administración de su país, es insólito y una demostración de que la presidente ha perdido el norte. Además, evidentemente visitó Chile privadamente, por lo que no existe motivo alguno para honrarle con una visita en palacio. Si la presidente tuviese algo de coherencia, habría esgrimido contra Aznar los mismos argumentos que blandió contra el juez Garzón. Pero al no hacerlo, deja también en claro que los argumentos que se emplearon para ofender al juez, eran simplemente argucias.

Así, mientras sus policías detienen y maltratan a las dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, mientras sus carabineros someten a increíbles vejámenes a las mujeres detenidas por querer rendir un homenaje al presidente Allende (y a las que, según contó hoy el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, los agentes hurguetearon ano y vagina), la presidente se entretiene recibiendo a un solapado enemigo de la patria chilena.
La señora Bachelet ha colmado la paciencia no solamente de las gárgolas reaccionarias chilenas, sino simplemente de todo Chile. Parte de su futuro dependerá de qué medidas tome para castigar a los autores y responsables de los intolerables vejámenes y humillaciones a que sometieron sus hombres a las chilenas que quisieron pasar por calle Morandé, incluyendo a miembros de su propio gobierno.

Si no, corre el riesgo de que los chilenos la declaren, merecidamente, junto con Aznar, persona no grata.

[mérici]

la insolencia de la clase política

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columna de mérici

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En La Nación del domingo 9 de septiembre, Fernando Gaspar, en su columna, trata de explicarse el estado actual de la derecha chilena, en particular de la derecha autoritaria que representa la UDI. Le asombra la ausencia de reflexión política, "la tendencia a utilizar la descalificación personal, la ofensa pública y la denuncia sin fundamento", que es un estilo que cultivan sus políticos. También, dice Gaspar, a esta derecha le siguen resultando incómodos "los temas de derechos humanos", y continúa ejercitando "el arte de la denuncia efectista y sin fundamento".
Así las cosas, dice Gaspar, parece evidente que podemos anticipar un quinto gobierno de la Concertación.

Gaspar no se equivoca. Esta actitud de la extrema derecha ha sido censurada y rechazada repetidas veces por la opinión pública, que es la razón que explica porqué los errores de gestión del gobierno no redundan en beneficios ni puntos políticos para la derecha. En las encuestas, y se viene repitiendo esta situación desde hace más de medio año, baja la apreciación de los ciudadanos en cuanto a la gestión de gobierno, pero al mismo tiempo desciende la aprobación de la oposición.
Una de las críticas más frecuentes es que la derecha crispa e irrita la vida política sin que sea evidente el sentido de esta estrategia. Quizás debilite al gobierno, pero la opinión pública la rechaza y, en realidad, termina debilitando a la propia derecha. Produce una cacofonía estridente sin objeto alguno, fútil, llena de acusaciones huecas y exageradas, muy parecida a la igualmente desdichada oposición de la derecha al gobierno socialista español. Obliga a los ciudadanos, y a políticos y funcionarios, a un permanente desgaste en pequeñas odiosidades, rendición de cuentas o inútiles o insignificantes.

Gaspar tiene toda la razón. Lo más sorprendente, creo, es que pese a la irritación de la opinión pública, pese a la pérdida de apoyo en amplios sectores de la ciudadanía, pese a la futilidad de muchas iniciativas, la derecha autoritaria, y la presuntamente liberal, insisten en continuar esa estrategia, que creen que es una estrategia de desgaste. Más rechaza la ciudadanía la gestión de la oposición derechista, más se emburra y persiste ésta en el griterío, los aspavientos y los desdenes desmelenados.
Y es esta conducta la que me sorprende. ¿Cómo pueden actuar de este modo esos políticos pese al generalizado rechazo de la población? ¿No tienen interés en que las cosas cambien? ¿Les deja indiferentes lo que piense la ciudadanía? ¿Les tiene sin cuidado llegar legítimamente al palacio de gobierno? ¿O, según decía un conocido comentarista político, no les interesa ser gobierno porque la Concertación, que gobierna para las neoliberales clases ricas, lo ha hecho muy bien estos últimos veinte años -quizás mejor que la derecha misma, que representa naturalmente los intereses de esas clases?

Pero esta actitud de arrogancia, indiferencia, desdén e insolencia no es monopolio de la derecha. Lo comparte también el gobierno socialista o concertacionista. Hoy mismo hemos presenciado una nueva muestra del autoritarismo y arrogancia del gobierno cuando prohibió que los manifestantes que rendían homenaje a las víctimas de la salvaje dictadura pasaran por la calle Morandé, que es la calle donde está la puerta por donde salieron las primeras víctimas de ese régimen.
Es difícil imaginar una decisión tan bruta e insolente. La presidente tomó una lamentable decisión. Aunque sólo fuera por razones simbólicas, el palacio de gobierno, lo mismo que las calles adyacentes y en realidad todas las demás, pertenecen al pueblo, no a las autoridades. Ningún criterio, ninguna argucia, ningún truco de circo puede ocultar lo que es obvio. Simplemente no corresponde que el gobierno se arrogue ese derecho, sea o no parte de sus competencias. Y la argumentación del gobierno, ciertamente, es una increíble insensatez: dice que prohibió que los manifestantes pasaran por esa calle porque el año pasado un agitador anarquista arrojó una bomba incendiaria que quemó una de las ventanas del palacio. Un argumento francamente burro.

El gobierno también olvidó algo más: el palacio de gobierno es donde encontró la muerte Salvador Allende, que sigue siendo el presidente de los chilenos de bien. El palacio es también un templo, por decirlo así. Y en la plaza de ese templo hay una estatua del presidente de Chile, al que los manifestantes querían rendir homenaje por su lucha por el bienestar y la dignidad de las clases pobres.
No pudo ser. Lo impidió un gobierno socialista. ¿De dónde proviene tanta arrogancia y tanto desprecio por el pueblo por el que Salvador Allende dio su vida? ¿Y cómo entender esta actitud en políticos que son tan surrealistamente miembros del mismo partido que el presidente Allende?

Esta actitud insolente ya se había advertido cuando las negociaciones en el parlamento para el aumento del salario mínimo, antes de la súplica de monseñor Goic. En esos días se acercó a los políticos el dirigente sindical Arturo Martínez a pedirles que consideraran aumentar el salario mínimo a 180 mil pesos. Imagino que Martínez no llegó más allá de las puertas del palacio, si es que pudo llegar hasta allí. Su petición fue rechazada y ridiculizada. Los políticos se pusieron de acuerdo entre ellos, y posteriormente se felicitaron amplia y públicamente por el buen resultado de las negociaciones. Así es rico hacer política, llegó a decir la señora del palacio. Los políticos habían acordado, entre gallos y medianoche, que subirían el salario mínimo en unos ocho mil pesos, de 135 mil pesos a 144 mil pesos, algo así como el diez por ciento. Se felicitaron en todos los tonos en lo que era evidentemente un abuso que para los católicos se hizo obviamente intolerable.
Aparte de este bochornoso espectáculo, a ese diez por ciento habrá que descontarle el 3.4 por ciento de inflación de 2006 y la inflación acumulada en 2007, que sabemos que va en un cinco por ciento. En otras palabras, el aumento salarial se reduce en realidad al 1.6 por ciento del salario. Una verdadera vergüenza.

Y cuando los católicos, encabezados por monseñor Goic, reclaman contra esta patente y escandalosa burla, el gobierno, en lugar de actuar, nombra una comisión de casi cincuenta miembros que deberán, ellos, de aquí a unos meses (que se volverán años), proponer al gobierno un proyecto de reforma salarial, todo lo cual es una iniciativa espúrea, habida cuenta que en dos años ya tendremos nuevamente cambio de gobierno. Y sorprendente es que en esa comisión oficial no hay dirigentes sindicales ni pobladores ni trabajadores contratistas ni niños explotados y abusados, ni asesoras del hogar, en fin, nadie de esas clases sobre cuyas necesidades un grupo de señorones y señoronas diplomadas y bien pagadas deben decidir cómo deben mejor satisfacerlas para no morir de hambre y abandono.
Porque en Chile, espantosamente, los trabajadores no escapan de la miseria con su trabajo, sino que trabajando se hunden más en ella.

Dice Gaspar refiriéndose a la extrema derecha y a la conducta que explicamos al principio de este escrito (de insolencia, arrogancia e indiferencia hacia la ciudadanía), que esta conducta se explica porque la derecha permanece "aferrada al banco de los resentidos con la libertad y la democratización en la sociedad chilena", porque sus políticos sienten nostalgia por la dictadura y porque creen que sería mejor que en Chile no cambiara nada nunca.
Yo tiendo a pensar que esta actitud, que, como digo, comparten derecha e izquierda, gobierno y oposición, no puede explicarse solamente de este modo. Tratándose de un mal que afecta a la clase política en su conjunto, debe haber una sola explicación para esta insolencia.

Y me parece evidente que la explicación reside en que Chile es un país sin democracia, donde los políticos y partidos de los dos bloques establecidos se repartirán siempre a su buen entendimiento no solamente los recursos del fisco, sino también y eternamente todo el poder que se permitan. Porque los legisladores que tendrán los chilenos son, en lo que los políticos llaman el sistema político chileno (el sistema binominal, que no sé dónde en el mundo es reconocido como democracia), conocidos de antemano y serán perpetuamente los mismos.

Así se explica que no les interese en absoluto ni lo que piense la ciudadanía en las encuestas ni cómo voten los chilenos en las urnas, porque los resultados de las votaciones son irrelevantes para la clase política. Veamos un ejemplo. De los 38 senadores que tiene Chile, sólo 19 son elegidos. Los otros 19 son designados por el sistema. ¿Curioso? El régimen político establece que, presentadas dos listas o pactos o conglomerados o bloques, si en una circunscripción electoral (Chile tiene 19) la primera mayoría electoral la obtiene digamos el Pacto 1, el segundo candidato elegido (porque cada circunscripción sólo elige a dos legisladores senatoriales, por ejemplo) es automáticamente el primer candidato del Pacto 2, irrespectivamente de la votación efectiva, a menos que el segundo candidato del Pacto 1 doble la votación del primer candidato del Pacto 2.
O sea, si en las próximas elecciones legislativas la población elige propiamente a 19 candidatos, y si estos candidatos son del Pacto 1, los otros candidatos designados serán 19 candidatos del pacto opositor o Pacto 2. Así se anulan efectivamente los resultados en las urnas. Poco importa cuántos ciudadanos voten. Esos resultados serán siempre así, nada puede cambiarlos. Voten cinco millones o diez mil, los resultados serán siempre invariables. Y aunque la posibilidad de incluir un tercer pacto existe en la ley, es de todos modos igualmente ridículo, porque el candidato del Pacto 3 también se enfrenta a los mismos mañosos e insuperables obstáculos.

Obviamente, es una democracia manipulada por un payaso atormentado. Y en este caso se trata de un payaso comunista, porque esta extraña y kafkiana democracia, la inventó nada menos que el general comunista polaco Jaruselsky cuando intentó limitar el poder de los sindicatos del país en 1981.
Con este sistema se ha formado una poderosa clase política que comparte intereses muy precisos de supervivencia. Los escaños de los partidos de gobierno y los escaños de la oposición están asegurados por siempre. Bien podrían los chilenos votar una sola vez en la vida, pues nada cambiaría. Y poco importa por quién voten los ciudadanos, porque si votas por el candidato 1, el sistema te impone al candidato 2, tenga o no tenga votos. Y si votas por el candidato 2, el sistema te impone al candidato 1.
Dice la extrema derecha que este sistema garantiza la estabilidad política de Chile. Vale decir, les asegura el poder político eterno y una buena tajada del erario público independientemente de la voluntad de la población, porque si el sistema fuera una democracia normal, como las que conocen los países civilizados del mundo, es muy probable que la extrema derecha desaparezca simplemente del mapa político chileno.

En Chile los políticos han conformado una clase aparte. Fijan alegremente un salario mínimo de hambre (144 mil pesos) para el pueblo trabajador y casi 15 millones para ellos mismos (aunque finalmente sólo se metan al bolsillo cinco millones). Un legislador en Chile gana 104 veces más que un trabajador; en el mejor de los casos, 34 veces más. Y, oh portento y milagro, los payasos se fijan ellos mismos el salario, mientras que el de los trabajadores lo determinan los patrones en, como sabemos, alegres tertulias con los legisladores que el buen pueblo cree que elige.
Entonces se explica lo que presentimos: a nuestros legisladores les da un bledo lo que ‘determine' la ciudadanía en las urnas, porque ellos, sustentándose en una Constitución escrita con letra chica, estarán siempre ahí gobernándonos, nos guste o no, nos opongamos o no. Y seguirán pensando que una familia política, extrañamente, necesita 104 veces más dinero para sobrevivir que una familia de chilenos corrientes.
La derecha y la extrema derecha seguirán actuando de la misma manera. Los partidos y políticos de gobierno seguirán actuando de la misma manera. La clase política no depende de nuestros votos. Lo que pensemos los ciudadanos les deja fríos. No contamos. De ciudadanos no tenemos más que la chapa, porque en realidad somos esclavos y siervos. ¿Cómo terminar con esta burda farsa?

[mérici ]

¿qué hacer?

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columna de mérici

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En los últimos meses y semanas he leído en la prensa sobre la formación o el anuncio de formación de varios partidos políticos. Según mis cuentas, en Santiago se está formando un partido con varias agrupaciones de la izquierda extraparlamentaria. Hay otra iniciativa -no sé si es la misma- en la que destaca que el futuro candidato presidencial de ese partido sería Jorge Arrate, ex ministro de dos gobiernos de la Concertación. También está en formación el partido Chile Primero. En el sur de Chile se estaría formando un más bien incoherente partido pinochetista. En Santiago también un grupo de militares implicados en violaciones de derechos humanos han formado un partido para defenderse, recaudar dinero para sus abogados y presentar un candidato a la presiencia. Y también hay en formación varios partidos regionalistas.
Si los partidos no tienen intención de participar en el proceso político chileno y aspiran a representar a los ciudadanos en las instituciones políticas del país, no se entiende para qué pudiese querer alguien que se funden. Habitualmente la razón de ser de los partidos es representar a los ciudadanos. Y se los representa después de presentar candidatos y participar en elecciones.

Mi asombro es que, dado que Chile es regido por el torcido sistema electoral que dejó la dictadura, que conocemos como binominal -escrito de puño y letra por el político de extrema derecha Jaime Guzmán-, ninguno de los partidos que se están formando, ni los que se formen o quieran formar en el futuro, tiene posibilidad alguna de realizar las aspiraciones políticas que, como digo, serían propias de un partido político. Vale decir, ninguno de estos partidos podrá representar a sus ciudadanos en ningún órgano representativo de la república. El sistema binominal lo impide. Mejor dicho, los excluye de antemano. El sistema fue ideado para impedir la vida política democrática de Chile; fue creado para mantener una clase política que se reparte la representación de Chile en dos grandes bloques. Fue creado para perpetuar la presencia de la extrema derecha en las instituciones de la república y ahogar de modo permanente las aspiraciones de libertad y democracia de los chilenos. Las posibilidades de que partidos pequeños independientes lleguen alguna vez a tener representación en este sistema son prácticamente nulas.

¿Por qué excluye el sistema binominal la participación? Porque el sistema se funda en la protección de la minoría. En una circunscripción el segundo candidato con más votos no tiene asegurada su elección, pues si pertenece al mismo conglomerado político que el primero, deberá doblar en votos al primer candidato del segundo conglomerado para ser elegido. De no ser así, el segundo candidato elegido es el que tenga más votos del segundo conglomerado, aunque tenga menos votos que el segundo candidato del primer conglomerado. Así, por ejemplo, en las elecciones parlamentarias de 1989, los dos candidatos de la Concertación -Andrés Zaldívar y Ricardo Lagos- obtuvieron cada uno más del 30 por ciento de los votos; los candidatos del bloque de derechas -Jaime Guzmán y Miguel Otero- obtuvieron respectivamente el 17 y 15 por ciento de los votos. Sin embargo, el modelo binominal impuso como senador a Jaime Guzmán, pese a no contar legítimamente con los votos necesarios para ser elegido -porque la segunda mayoría de la Concertación no doblaba en votos a Guzmán. Este sistema aberrante puso así a dirigir los destinos del país a un señor que, según los votos, no habría llegado ni a concejal. Ahí estaba, pues, el más grande defensor de la dictadura instalado en el poder por encima de la voluntad ciudadana. (Véase una descripción del sistema aquí). http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_binominal
Y sólo menciono ese aspecto del sistema binominal.

¿Para qué, pues, fundar partidos si la posibilidad de participar en el sistema electoral es simplemente remota o imposible? Para ser coherentes, estos partidos en ciernes, o ya formados pero nuevos, deberían empezar demandando la convocatoria de una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución y someterla a votación popular en un referéndum posterior. Obviamente, la votación para la asamblea constituyente debería ser estrictamente proporcional. Para la redacción de la Constitución debería formarse una comisión en base a los resultados reales del referéndum.
De esta manera, Chile podría tener una Constitución más justa o en cualquier caso más ajustada a los sentimientos y opciones de la ciudadanía y, obviamente, más moderna. Si Chile tuviera una Constitución democrática, hoy en el parlamento no habría políticos de extrema derecha, a los que la ciudadanía repudia en las urnas. (En todo caso, no habría políticos que no representan las opiniones mayoritarias del país). Y entonces sí tendría sentido formar partidos políticos; tendría sentido formar y presentar candidatos; y tendría sentido aspirar a representar a los ciudadanos en las instituciones legislativas de la república.

De momento, formar partidos políticos no tiene ningún sentido. Ni siquiera votar tiene demasiado sentido. Lo único razonable en este esquema es que el partido nuevo se incorporara en su momento a alguno de los dos grandes pactos electorales y negociara su participación en circunscripciones específicas. Esto, sin embargo, no haría más que perpetuar el sistema binominal y, por tanto, consolidaría su usurpación de la voluntad ciudadana. Por otro lado, las posibilidades de éxito del llamado a una asamblea constituyente, en la cultura política acomodaticia que ahora conoce Chile, son muy limitadas.

2
En Chile en el pasado -y no muy remoto- un partido político era una organización que tenía por objetivo adquirir poder para, obviamente, tratar de realizar su programa. La realización de este programa no siempre se ajustaba a las normas de participación política que definen a las democracias. Algunos partidos, por ejemplo, propugnaban la ‘conquista' del poder por medio de las armas, sea mediante un golpe o asonada militar, sea vía una insurrección o revolución popular. Hay muchas formas intermedias, y más allá. Así, había en Chile partidos con milicias paramilitares. Aparte milicias, los partidos solían ofrecer toda una gama de servicios sociales para los ciudadanos: ayuda jurídica, asistencia en la formación de sindicatos y sindicalistas, en temas de educación, en problemas municipales y de barrio, etc.

Hoy en día es casi imposible pensar en la existencia de partidos semejantes. Quizás se pueda fomentar la vocación social de los antiguos partidos (no sé si es legal), pero ciertamente la formación de milicias paramilitares es una acción simplemente intolerable. Hoy un partido es una organización de ciudadanos con el fin de presentar un programa y sus candidatos en las elecciones a las instituciones legislativas, a todo nivel, del país. Si alguien quiere participar en política, debe aceptar este curso.

La política no es algo malo: su objetivo es participar en las decisiones en cuanto al uso de los recursos para orientar el país, y sus grupos constituyentes, en la dirección que han definido los partidos en sus programas y que cuentan con algún respaldo de la ciudadanía. Algunos creen que uno es serio en política cuando se une a esfuerzos existentes, a partidos existentes que ya cuentan con muchísimos seguidores y electores y experiencia en el manejo de los asuntos del estado. Estos son realistas: Si realmente quieres cambiar algo, si quieres hacer la diferencia, deberías elegir entre algunos de los partidos mayoritarios, que son los únicos que pueden efectivamente introducir cambios. Otros apuestan a formar partidos nuevos y empezar desde abajo o desde cero. Son los idealistas. Cada uno puede reflexionar en el curso de acción política más adecuado.

Mi reflexión sobre los partidos políticos empieza con la constatación de que los ciudadanos que quieran hoy introducir cambios o apoyar programas que no están incluidos en las plataformas de los grandes partidos (los partidos socialmente existentes), si creen que la solución es formar un partido político nuevo, creo que se equivocan. La estructura política chilena no facilita la participación de agrupaciones que estén fuera de la casta o clase política que ya está definida con antelación. Vale decir, si no eres el bloque de extrema derecha o del bloque concertacionista, tienes muy pocas posibilidades de hacer o significar algo en política.

El sistema político chileno no es democrático. El sistema binominal instaura simplemente una farsa cuyo fin es mantener intactas no solamente las estructuras instaladas a sangre y fuego por la dictadura pinochetista, sino además proteger y mantener en el poder a políticos de extrema derecha que defenderán el legado del tirano. En esta estructura política, el bloque de extrema derecha tendrá prácticamente siempre la mitad del mango de la sartén, así voten los ciudadanos una y otra vez contra ellos. Esos senadores de derechas no son elegidos; son simplemente impuestos por la estructura política. Recuerden que en 1989 el candidato de extrema derecha Jaime Guzmán fue ‘elegido' con el 17 por ciento de los votos; y el candidato demócrata que logró el 30 por ciento del apoyo ciudadano, no fue elegido. Esto de democracia no tiene nada. Es una ridícula farsa de la que ningún chileno puede sentirse orgulloso. Es una democracia contaminada por el nepotismo.

Lo peor, sin duda, es que desalienta la participación política. ¿Qué de bueno podría tener continuar votando si finalmente mi voto ni siquiera va a ser tomado en cuenta? Es como esas elecciones fraudulentas de los regímenes dictatoriales, en que los ciudadanos sólo pueden optar entre candidatos prenombrados. De hecho, el sistema es tan transparente que puedes saber de antemano cómo se verán las Cámaras después de las elecciones. Si la intención de voto otorga la mayoría de los votos al candidato del pacto 1, ya sabes quién será elegido en segundo lugar, voten o no voten por él o ella los ciudadanos. Es un sistema profundamente corrupto, porque determina que al menos la mitad de los candidatos no son elegidos en virtud de las aspiraciones y votos de los ciudadanos, sino por imposición del sistema cuyo objetivo es mantener en el poder a las fuerzas políticas que apoyaron a la dictadura. El sistema binominal es simplemente la continuación de la dictadura pinochetista.

Lo terrible, creo, es que no se atisba una solución. La derecha y extrema derecha no querrán nunca reformar la Constitución; están en el poder contra la voluntad ciudadana y, encima, han aprendido a enriquecerse pagándose a sí mismos sueldos fabulosos (hasta quince millones al mes). ¿Qué senador o diputado no elegido va a querer dejar de serlo, sobre todo si consideras que gana ese dinero gracias justamente a que es nombrado sin ser elegido? Y, además, en los círculos de los que pudieran apoyar una reforma constitucional (en la Concertación), hay partidos y políticos que, como los de derecha, también se oponen a esa reforma. Las perspectivas de reformar la Constitución y transformar a Chile en un país democrático son prácticamente inexistentes.
Por eso debemos seguir preguntándonos: ¿Qué hacer para lograr este anhelo de los demócratas del país de hacer entrar a Chile al bando de las democracias del mundo? Porque de momento, sin dictador, pero igualmente sin democracia y con legisladores impuestos (de los 38 senadores del país, sólo 19 son elegidos), Chile se encuentra simplemente en el turbio reino de las autocracias colectivas. La mitad de los mandamases del país andan desnudos y exigiendo vehementemente a la población que elogien sus ropas imaginarias.

¿Qué hacer para recuperar la democracia y la libertad que Chile perdió en 1970?

[mérici]