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bush contra salim hamdan 7


[Ionathan Mahler] Aunque una nueva ley privará a los detenidos de Guantánamo de habeas corpus y de acceso a tribunales estadounidenses, Hamdan logró que se mantuviera la decisión de la Corte Suprema, que verá su caso contra Rumsfeld.
Para Swift, que fue nombrado por el gobierno, fue bastante difícil ganar la confianza de Hamdan cuando empezó a reunirse con él -con su uniforme de la Marina- a principios de 2004; ahora se pasa todo el tiempo tratando de ganarla nuevamente. A medida que los períodos de detención indefinida de cientos de hombres musulmanes, muchos de ellos partidarios del extremismo musulmán, entra en su quinto año, Guantánamo se está convirtiendo en un semillero de sentimientos anti-norteamericanos. Para el gobierno, la radicalización de Guantánamo es un problema complicado. La principal forma de protesta en los campos es la huelga de hambre, y un prisionero que se mate a sí mismo dejando de comer, transformaría a Guantánamo, que ya es un problema de relaciones públicas, en un completo desastre. (Para el 30 de diciembre, más de 30 detenidos habían sido hospitalizados y alimentados forzosamente). La radicalización también socava uno de los principales objetivos del encarcelamiento: la disuasión. Como dicen los detractores de Guantánamo: "Si no eras terrorista cuando llegaste al campo, seguramente lo serás cuando salgas".
Pero la radicalización también tiene sus ventajas para el gobierno de Bush. El verano pasado algunos detenidos dijeron a sus abogados estadounidenses que dejarían de verlos, y varios de ellos llegaron incluso a despedirlos formalmente. El gobierno considera las legiones de abogados defensores que trabajan gratuitamente para los detenidos -desde abogados de bufete hasta abogados de derechos humanos y profesores de derecho- un obstáculo para proseguir su guerra contra el terrorismo. Entre otras cosas, los abogados han presentado cientos de peticiones de habeas corpus para recusar la continuada detención de sus clientes sin posibilidad de recurrir.
Más ampliamente, la radicalización ayuda a justificar la existencia de Guantánamo. Mientras más anti-norteamericanos devienen los detenidos, más grande el peligro que representan y por tanto más necesario que continúen en detención. Así que cuando Swift se enteró por primera vez de la decisión de trasladar a Hamdan junto a al-Bahul, se preguntó si acaso la decisión era deliberada. "Si logran radicalizar a Salim", dijo, "entonces podrán justificar su juicio". (El Pentágono se negó a explicar por qué un detenido puede ser trasladado).
En agosto pasado Hamdan se unió a una huelga de hambre en la prisión para protestar contra las condiciones de detención en Guantánamo. Las numerosas exigencias de los detenidos incluían la devolución de los libros religiosos que les habían sido confiscados. Cuando Swift visitó a Hamdan en agosto, lo encontró inusualmente intransigente. Durante dos días Hamdan se negó a recibirlo del todo. Poco después de que Swift volviera a casa en Virginia del Norte, recibió una llamada de otro abogado de Guantánamo, informándole que Hamdan, un hombre delgado para comenzar, se había desmayado en su celda debido a la deshidratación y había sido llevado a la clínica médica del Delta y le habían colocado suero. Swift viajó de vuelta a Bahía Guantánamo casi inmediatamente y logró persuadir a Hamdan de que comenzara a comer de nuevo, apelando al mismo sentimiento de solidaridad que dice que lo llevó a unirse a la huelga en primer lugar. El mejor modo de ayudar a los otros detenidos, le dijo Swift, era no convertirse en mártir él mismo sino continuar desafiando al sistema.
Como el gobierno, los abogados de Hamdan también lo ven como mucho más que un detenido; para ellos, representa el pretexto para el histórico e inconstitucional control del poder presidencial. Los abogados de Hamdan y otros críticos piensan que el gobierno, al instituir los tribunales, definir los delitos y determinar unilateralmente la composición de los tribunales, no sólo niega a los detenidos un juicio justo, sino además viola uno de los principios fundamentales del gobierno norteamericano. Dicen que el gobierno de Bush está minando los valores mismos que dice defender en su guerra contra el extremismo musulmán. Les gustaría que Hamdan y otros combatientes enemigos sean juzgados por un tribunal militar tradicional, que es un sistema jurídico preexistente aprobado por el Congreso con disposiciones incorporadas para las complicaciones que surjan durante tiempos de guerra.
Katyal, que sirvió como co-asesor del vice-presidente Gore en el pleito por las elecciones de 2000, hace una clara distinción entre hacer una guerra, una acción sobre la que el presidente debe tener una autoridad más amplia, y la dispensación de justicia. Y así, trabajando por propia cuenta con el apoyo de investigaciones de una floja red de estudiantes de derecho de las universidades de Georgetown, Yale y Michigan, junto con abogados del bufete de abogados Perkins Coie, Katyal, ha escrito cientos de páginas de escritos argumentando que el presidente no tiene la autoridad para crear esos tribunales sin la aprobación explícita del Congreso ni el derecho a negar a Hamdan la condición de prisionero de guerra, privándolo por ello de las protecciones garantizadas por las Convenciones de Ginebra. "Las Convenciones de Ginebra fueron escritas precisamente para dificultar a los líderes políticos, que están bajo presión política, que suspendan los derechos básicos y las protecciones de que gozan los prisioneros de guerra", dice Katyal. "En el momento en que dejemos que un presidente determine quién es o no prisionero de guerra, otros países empezarán a hacer lo mismo con nosotros".
Los argumentos de Katyal fueron acogidos por un tribunal federal de Washington en otoño de 2004. Justo en el momento en que empezaba la segunda vuelta de las vistas preliminares de Hamdan en Guantánamo, el juez James Robertson, ex oficial de la Marina, resolvió a su favor, declarando que los tribunales eran ilegales y terminóo abruptamente los procedimientos 30 minutos después de que hubieran empezado. Sin embargo, en julio de 2005, una comisión de tres jueces de una corte de apelaciones, que incluía a John G. Roberts, ahora presidente de la Corte Suprema, revocó la resolución. Katyal y Swift solicitaron una revisión a la Corte Suprema, y en noviembre, después de retrasar el caso durante varias semanas, la corte anunció que vería el caso de Hamdan contra Rumsfeld.
Sin embargo, no fue la palabra final. La Corte Suprema acababa de considerar el caso de Hamdan cuando un senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, introdujo una enmienda de último minuto a un proyecto de ley que niega explícitamente el derecho de habeas corpus o acceso a tribunales federales norteamericanos a los detenidos de Guantánamo. Ese había sido el objetivo del gobierno desde el momento en que empezó a bosquejar su estrategia legal de su guerra contra el terrorismo después del 11 de septiembre de 2001, pero la última vez que el tema se vio ante la Corte Suprema, en la primavera de 2004 en otro caso de un detenido, la corte resolvió contra el presidente (con una ruidosa disensión del juez Scalia). Ahora Graham intercedió efectivamente a nombre del gobierno con una medida que desmentía la decisión de la Corte Suprema.
Sin embargo, pocos días después el senador Carl Levin, un demócrata de Michigan, convenció a Graham de modificar la redacción de la enmienda de modo que no descarrilara los casos pendientes, incluyendo el de Hamdan contra Rumsfeld. Desde entonces ha sido aprobado en la Cámara y en el Senado y cuando este artículo iba a imprenta, sólo esperaba la firma del presidente.

¿Qué pasará con los cientos de detenidos que todavía no han presentado una demanda recusando sus detenciones? Aparte del juicio o de continuar su detención, la única opción para Estados Unidos es enviarlos de vuelta a sus países de origen. Hasta la fecha, el gobierno ha dejado en libertad a 260 hombres, incluyendo a un puñado de yemeníes, todos los cuales siguen en prisión en Yemen, sin duda a petición del gobierno de Bush. Pero Yemen es un aliado imprevisible. En noviembre, Estados Unidos lo excluyó de un programa de ayuda por un valor de cientos de millones de dólares, refiriéndose a la permanente corrupción oficial, la irresponsabilidad fiscal y el fracaso a la hora de introducir reformas democráticas. Entretanto, el fundamentalismo musulmán continúa reuniendo fuerzas en Yemen. Hace poco, tres de los extremistas más conocidos del país, incluyendo a al-Zindani, uno de los mentores espirituales de bin Laden, llamó a formar una nueva coalición dedicada a combatir a los enemigos del islam y a fomentar los valores musulmanes. La continuada detención de cien yemeníes en Bahía Guantánamo no hace más que ayudar su causa y aumentar su influencia ante el presidente Saleh. Así que Estados Unidos se encuentra atrapado entre dos opciones desagradables: mantener detenidos a estos hombres en una guerra contra el terrorismo potencialmente infinita, o devolverlos a un caldo de cultivo del radicalismo musulmán en Yemen.
Por su parte, las preocupaciones inmediatas de Hamdan tienen más que ver con el día a día de la vida en Bahía Guantánamo -cuánto tiempo pueden los prisioneros dedicarse a hacer ejercicios y a qué hora del día, qué libros se les permite leer, qué artículos de lujo pueden conservar en sus celdas- que en el futuro de su histórica demanda contra el gobierno de Estados Unidos. Como me dijo hace poco Schmitz, su intérprete: "Lo más importante para él es qué podemos llevarle al campo".
Poco después de que la Corte Suprema accediera a ver el caso de Hamdan contra Rumsfeld, Swift visitó la celda de Hamdan armado con varios titulares de artículos de diarios sobre el caso. Cuando Swift le dio las noticias, Hamdan sonrió. En cuestión de segundos, sin embargo, su ánimo ensombreció visiblemente, dice Swift. Entonces Hamdan le preguntó: "¿Qué es exactamente lo que he ganado?"

Jonathan Mahler está trabajando en un libro sobre el caso de Hamdan, que será publicado por Farrar, Straus & Giroux.

8 de enero de 2006


©new york times
©traducción mQh

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