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Cerca de 10 documentos sobre el tráfico de armas y de drogas químicas habría entregado el coronel Gerardo Huber al suboficial Rodrigo Peña González, antes de que el primero fuera asesinado en 1992.
El suboficial -quien pertenecía al Batallón de Mantenimiento de Material Blindado y Artillería de Renca- realizó una declaración policial el 30 de noviembre de 2003, en el marco de la investigación del ministro Hugo Dolmestch por la desaparición de cinco frentistas tras el secuestro del coronel Carlos Carreño en 1987.
El testimonio de Peña, de nueve páginas, está incluido en el expediente del caso Huber y constituye una de las presunciones claves del ministro Claudio Pavez para sustentar los encausamientos por asociación ilícita para el homicidio del ex jefe de Adquisiciones en el Exterior de la Dirección de Logística, que dictó esta semana en contra de los generales (R) Eugenio Covarrubias y Víctor Lizárraga, de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine); además del general (R) Carlos Krumm, de la Dirección de Logística; el brigadier (R) Manuel Provis, del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), y del coronel (R) Julio Muñoz. En la declaración afirma que su "ingreso a la institución (Ejército) se debió principalmente a mi interés de descubrir en lo posible a criminales y la ubicación de algunos detenidos desaparecidos". Fuentes ligadas al caso sostienen que se trataría de un frentista infiltrado en el Ejército.

Encuentro con Huber
Peña sostiene que una noche, a mediados de 1989, llegó una mujer a su unidad, "quien no se identificó, pero me dijo que un oficial necesitaba conversar conmigo y que se encontraba al interior de un vehículo estacionado en el frontis (...) Me subí al vehículo, sentándome en el asiento del acompañante del conductor, allí un señor se identificó como el oficial Huber". Agrega que "me preguntó si sería capaz de guardar información, puesto que estaba claro que las personas cometían acciones malas, pero que siempre había una ocasión para revertir dichos actos".
Luego dice que le entregó un documento "que trataba sobre el tráfico de armas y drogas (químicos) vinculados con su amigo militar de apellido (Eugenio) Berríos, el cual tenía una nueva droga, señalándome que en caso de que le sucediera algo, hiciese entrega de esta carta a la justicia".
Relata que después Huber le entregó "diversa documentación relativa a compras de armamento entre el Ejército de Chile e Israel" y que, además, "el Ejército enviaría armamento a unos países árabes". Los documentos "tenían el carácter de secreto", llegaron a ser "cerca de 10" y tenían "firmas del jefe de Logística".

Periodista Muerto
Peña sostiene también que "el año 90 recuerdo que, en una de las ocasiones que nos encontrábamos con Huber, me dijo que había tenido la idea de hacerme llegar documentos para que se los entregara a un periodista inglés de nombre Jonathan Moyle, el cual estaba investigando el tráfico de armamento", asegura Peña.
Sin embargo, Moyle apareció ahorcado en el Hotel Carrera, tras lo cual se interrumpieron los encuentros con Huber. Luego Peña asegura que fue torturado en Arica por efectivos de Inteligencia, tras lo cual viajó en 2001 a Holanda para pedir asilo. En el intertanto, dice haber destruido los documentos que le dio Huber.

General Krumm Dice Que Es Inocente
El general (R) Carlos Krumm, ex jefe de la Dirección de Logística del Ejército y quien esta semana fue procesado por asociación ilícita por el ministro en visita del caso Huber, Claudio Pavez, aseguró su total inocencia en el caso.
En una carta enviada desde el Batallón de Policía Militar de Peñalolén sostuvo que "juro, poniendo a Dios por testigo y por la salvación de mi alma inmortal, que soy absolutamente inocente y no tengo idea de este caso". En la misiva, enviada a La Segunda, afirmó también que "creo lo mismo sobre los otros oficiales implicados".
Krumm era el jefe directo de Huber en la Dirección de Logística y también aparece mencionado en el caso por el fallido tráfico de armas a Croacia descubierto en 1991. Fuentes ligadas al caso sostuvieron que Pavez realizará en los próximos días careos entre los oficiales. Esto, sin embargo, será después de que se zanjen las apelaciones o recursos por el caso.

Piden Buscar A Homicidas
La viuda del coronel Gerardo Huber, Adriana Polloni, dijo ayer estar feliz por el procesamiento de cinco oficiales en retiro por asociación ilícita para la muerte de su marido en 1992. Tras reunirse con el ministro en visita Claudio Pavez dijo confiar en que se encuentre a los autores materiales del homicidio y se llegue "a la verdad".
Respecto de responsabilidades superiores, dijo que el general (R) Augusto Pinochet, comandante en jefe del Ejército al momento del crimen, "tenía antecedentes desde antes (del homicidio) y más allá de eso yo creo que tenía antecedentes de lo que podía saber mi marido".
Polloni también reiteró sus críticas al desempeño del Ejército en la materia, diciendo que "nunca tuvimos apoyo" de la institución. Al respecto, el general Cheyre señaló que el tema está radicado en tribunales.

9 de marzo de 2006

©la tercera

pinochet robaba a fuerzas armadas

Un informe solicitado a la Policía de Investigaciones por el juez Carlos Cerda, quien investiga el origen de la fortuna de Augusto Pinochet, estableció que desde la Casa Militar se desviaron fondos reservados por 285.000 dólares (casi 150 millones de pesos) para uso personal del ex dictador y su familia.

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La investigación, realizada por la Brigada de Lavado de Activos, estableció que la utilización de gastos reservados que manejaba la Casa Militar -compuesta por un grupo de asesores del Ejército-, y que formaban parte del presupuesto de la presidencia, se cometió entre 1981 y 1989, período en que funcionó la institución.
La pesquisa fue solicitada por el magistrado en octubre, semanas después de que el ex juez a cargo del caso Riggs, Sergio Muñoz, pidió el desafuero del ex dictador por malversación de caudales públicos o uso de gastos reservados, por cerca de 2 millones de dólares.
La investigación de la policía civil fue complementada por la documentación del Subcomité del Senado de Estados Unidos, informaciones bancarias y antecedentes proporcionados por la defensa de Pinochet, entre otros.
Entre sus conclusiones se estipula que en 1981 desde la Casa Militar, entonces a cargo del general en retiro Jorge Ballerino, se transfirieron 61.320 dólares para solventar gastos del primogénito del ex dictador, Augusto Pinochet Hiriart, a dos cuentas del banco Riggs en Miami.
Las cuentas en Estados Unidos estaban a nombre de Ballerino y el ex edecán de Pinochet Ramón Castro, y el monto transferido tuvo como destinataria final a la esposa de Pinochet Hiriart, María Verónica Molina.
Según consta en el informe, de las mismas cuentas correspondientes a fondos reservados de la Casa Militar, se transfirieron entre junio y julio de 1984 1.127.576 dólares a una cuenta del mismo banco registrada con el nombre ficticio de John Long. Investigaciones constató que de esta cuenta 60.030 dólares fueron utilizados para solventar gastos personales de Pinochet.
Varios fondos continuaron siendo transferidos en esa misma época nuevamente para su primogénito, quien durante ese período se encontraba viviendo en California bajo el nombre de Augusto del Pino, una fórmula que, sospecha la justicia, fue utilizada reiteradamente por Pinochet y su familia para esconder el origen de su fortuna, estimada en más de 27 millones de dólares.
El informe establece además que el ex dictador utilizó 13 combinaciones fraudulentas de su nombre en bancos de Estados Unidos y creó por lo menos 14 firmas y varios fideicomisos que hacían sus operaciones a través del banco Riggs y el Banco de Chile en Nueva York.
Según la investigación iniciada por el juez Muñoz y que ahora sustancia Cerda, el ex dictador sólo pudo justificar ingresos por 661.732 dólares entre 1973 y 2004. Esa suma incluye honorarios como presidente, comandante en jefe del Ejército y senador vitalicio, además de una pensión del Ejército.
En el marco de esta investigación, Cerda está pronto a dictar procesamientos por malversación de fondos públicos contra los miembros de la Casa Militar. Esto a partir de la solicitud formal que presentó el Consejo de Defensa del Estado -en diciembre- respecto de los generales en retiro Ballerino y Castro, y del coronel Gustavo Collao.

18 de febrero de 2006

©la nación