mQh

"Vamos a ratificar el tratado del TPI sin hacer una excepción para las fuerzas norteamericanas", informó ayer la ministro de Defensa, Vivianne Blanlot, a Estados Unidos, país que se ha negado a firmar la adhesión sin exclusiones a esta instancia y que ha esgrimido que los ciudadanos estadounidenses en misión en el exterior, en especial los que cumplen labores militares, no pueden ser sujetos de una acción judicial de jurisdicción internacional.
Esta posición de la primera potencia mundial ha sido cuestionada, por cuanto el TPI tiene como finalidad proteger las garantías fundamentales de las personas de todo el planeta. Por lo mismo, Blanlot explicó que Chile, analizando los alcances del Tribunal Penal Internacional y en plena conciencia de que la ratificación parlamentaria implica que el país quedaría "expuesto a las sanciones" que Washington aplica a los países que adhieren a la corte, ha optado por respaldarlo.
Según informó la titular de Defensa, la decisión de refrendar el TPI no significa modificar el tenor de los vínculos con la administración de George W. Bush y que, más todavía, Chile está "abierto e interesado en trabajar en acciones que nos permitan mantener las buenas relaciones en materia de Defensa con Estados Unidos".
Las declaraciones de la ministro Blanlot se produjeron ayer luego de que se reuniera, a eso del mediodía en la capital norteamericana, con su homólogo estadounidense, Donald Rumsfeld, en la sede del Pentágono. En la ocasión despejó la duda que existía sobre este tema, crucial para el intercambio político entre ambos gobiernos, sobre todo en vísperas de que Chile reciba el resto de una flota de diez aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense.
"Desde hace muchos años, las fuerzas armadas chilenas y americanas participan en ejercicios, intercambio de experiencias y nosotros estamos utilizando una gran cantidad de tecnología que tiene origen en Estados Unidos", explicó la secretaria de Estado, que aseveró que para profundizar los nexos se concretará un "programa bastante más intenso en esas áreas, especialmente la tecnológica".
Blanlot admitió que, durante la entrevista que mantuvo en el Pentágono, Rumsfeld le reiteró la "preocupación" norteamericana por la decisión chilena de adherir al TPI. Estados Unidos cuenta con normativas que activarán represalias contra cualquier país que adhiera al TPI sin establecer excepciones para las tropas norteamericanas. Estas sanciones incluyen la suspensión de créditos para la adquisición de armamentos y recortes en las facilidades para entrenamientos. Las sanciones, explicó la ministra, sólo "limitan las condiciones ventajosas" de la relación con Estados Unidos en cuestiones de defensa, pero indicó que no deberían afectar las "relaciones estrechas" en términos generales.
La posición de EEUU de castigar a las naciones que no incorporen la salvaguardia para los soldados norteamericanos está contenida en una acta patriótica votada en el Capitolio luego de los atentados de 2001 y la consiguiente guerra internacional que Washington ha lanzado contra las amenazas terroristas.

Antecedentes
No es primera vez que La Moneda se distancia de la lógica de la Casa Blanca. Uno de los desencuentros más bullados fue la votación en contra en Naciones Unidas de la invasión a Irak propiciada por Bush en su guerra contra el terrorismo. Esta vez de nuevo Chile marca distancia del gigante del Norte, con toda la diplomacia que se requiere frente al país más poderoso. Otro probable elemento de conflicto será la votación sobre un nuevo miembro del Consejo de Seguridad de la ONU entre Venezuela o Guatemala.
Si este escollo fue superado, aún queda otro para que el tratado del TPI rija en territorio nacional. El proyecto de ratificación se encuentra en el Congreso y el Ejecutivo espera que sea votado favorablemente antes de diciembre; sin embargo, la Alianza ha advertido que es preciso hacer algunos alcances al documento, relacionados, particularmente, con hechos que ya han sido juzgados en Chile y con la prioridad que, en cualquier circunstancia, debe tener la jurisdicción nacional.
El tema de fondo es evitar que delitos cometidos en dictadura contra los derechos humanos y que ya recibieron sentencia puedan ser revisados por el Estatuto de Roma que fue creado en 1998, y que ha sido ratificado hasta ahora por 21 países del Hemisferio Occidental, 14 de ellos latinoamericanos y el resto de la comunidad caribeña. Entre éstos, Venezuela, Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador, Panamá, Brasil, Bolivia y Uruguay, entre otros.
Las aprensiones de la derecha fueron acogidas en un acuerdo entre la Concertación y la derecha que sería incorporado a la ley del TPI una vez que éste sea ratificado.

Bolivia y el Género
La ministro de Defensa, Vivianne Blanlot, se refirió ayer martes también a la relación con Bolivia y destacó que la actual administración tiene la predisposición de "dialogar sobre todos los temas", aunque se abstuvo de aclarar si esta nueva forma de debate puede implicar una aceptación de la demandas de soberanía marítima de Bolivia.
"El concepto de diálogo que yo tengo es que uno pone temas sobre la mesa y está dispuesta a conversar efectivamente, que significa escuchar al otro, entender sus planteamientos, sus preocupaciones, plantear los nuevos y ver qué sale de allí", dijo la titular de Defensa, que explicó que hay diferencias de género entre hombres y mujeres respecto de lo que es una discusión: "Diálogo, para nosotras es efectivamente entender bien la posición del otro y ver si podemos, en el camino del diálogo, encontrar coincidencias que no sabíamos que teníamos (…) Por lo tanto, para nosotras el diálogo es un proceso, no es un programa con una meta prefijada. Entonces, yo no puedo decir que nosotros queremos llegar en el tema de la mediterraneidad a esto o a aquello. No sabemos a lo que vamos a llegar ni sabemos en cuánto tiempo", manifestó.

26 de julio de 2006
©la nación