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Según estadísticas de la Comisión Europea, unos ocho millones de extranjeros -cerca de la mitad latinoamericanos- viven y trabajan al margen de la ley en la UE. Sólo en el primer semestre de 2007 fueron arrestados unos 200 mil ilegales, y se expulsó a 90 mil de ellos.
El Gobierno de Chile deploró esa directriz, señalando que tiende a "criminalizar a los inmigrantes". Brasil "lamentó una decisión que contribuye a crear una percepción negativa de la migración". La Cancillería argentina calificó como violación a los derechos humanos las restricciones a la libre circulación y la "detención administrativa" por motivos "de origen étnico, religión, ideología, género, edad o calificación". Uno de los más duros fue el Presidente Correa: velando por el interés de más de un millón de ecuatorianos que trabajan en Europa, calificó de "vergonzosa" esta normativa y quiere impulsar un frente latinoamericano para bregar por un cambio. Chávez, siempre amenazante, anunció que cortaría la venta de crudo a los países que la adopten.
La indignación es fundada y comprensible, pues durante siglos los europeos fueron acogidos e integrados a las sociedades de Latinoamérica, cuando vinieron en busca de nuevos horizontes o se refugiaron de hambrunas, guerras o persecuciones, y muchos esperan que Europa devuelva la mano en algún grado.
Por lo demás, los migrantes son una fuerza laboral imprescindible para el desarrollo y el crecimiento de Europa, especialmente en el área de servicios, en labores que sus nacionales no están dispuestos a realizar. El nivel educacional de los latinoamericanos es reconocido como un aporte invaluable, a diferencia de inmigrantes de otras latitudes que, por diferencias culturales o religiosas, se adaptan con menos facilidad.
Ante la reacción latinoamericana, políticos europeos se han defendido diciendo que esta norma beneficia a quienes son arrestados en países cuyas leyes permitían hasta dos años de detención. Además -dicen-, la normativa establece derechos de apelación. Pero difícilmente esos argumentos pueden responder a la legítima inquietud planteada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza: "Es una paradoja que, mientras se negocian acuerdos importantes en materia comercial y se habla de alianzas estratégicas, se adopten de manera unilateral medidas como la internación prolongada, que tratan como delincuentes a los inmigrantes ilegales, sin siquiera discutir ni negociar el tema con los gobiernos latinoamericanos".

25 de junio de 2008
23 de junio de 2008
©el mercurio