la controversia sobre la tortura
30 de abril de 2009
[Carol J. Williams] Mientras aumentan los llamados a tomar sanciones contra los abogados del gobierno de Bush que escribieron los llamados memorandos de las torturas, uno de ellos defendió vehementemente su justificación legal para utilizar técnicas de interrogatorio violentas, y el otro guardó silencio en una posición cuidadosamente preparada.
El profesor de derecho John C. Yoo se defendió de las acusaciones de que torció el sentido de la ley para aprobar violaciones de tratados internacionales contra la tortura. En contraste, su ex jefe en la Oficina de Asesoría Jurídica del ministerio de Justicia, Jay S. Bybee, permaneció en su oficina en el tribunal de Las Vegas donde ejerce su nombramiento vitalicio como juez de una corte de apelaciones federal.
Bybee era fiscal general asistente en los frenéticos meses después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Desde que fuera nombrado por el presidente Bush a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito hace seis años, ha hecho gala de discreción, negándose a hablar sobre su rol en la definición de cómo debía el gobierno tratar a los acusados de terrorismo.
La aproximación de Bybee contraste agudamente con la de Yoo, que es ahora catedrático en derecho penal en la Universidad de California en Berkeley y fuerte defensor de los métodos del gobierno de Bush.
De los cuatro extensos memorandos liberados por la Casa Blanca la semana pasada, uno de los escritos por Bybee, 55, fue el más polémico.
Algunos críticos del gobierno de Bush dicen que Yoo ha recibido una parte desproporcionada de la condena pública por los memorandos. "Es importante no concentrarse demasiado en el profesor Yoo como chivo expiatorio. Era un subordinado del juez Bybee", dijo Katherine Darmer, profesora en la Facultad de Leyes de la Universidad Chapman, donde Yoo es este semestre profesor visitante. "Jay Bybee no ha sido llamado a rendir cuentas por su crucial papel en estos memorandos".
¿Valía la Pena
El martes en un acalorado foro en la facultad del condado de Ornage, Yoo, que fue el autor de gran parte de los argumentos jurídicos para el uso del submarino y otras técnicas ilegales de interrogatorio, defendió sus recomendaciones como correctas y necesarias para proteger al país.
"Tres mil conciudadanos habían sido asesinados en un ataque premeditado por un enemigo extranjero", dijo Yoo, impertérrito entre gritos de que era un criminal de guerra y debía estar en la cárcel, ante un atiborrado auditorio en el campus del condado de Orange. "Eso nos obligó en el gobierno a tener que considerar métodos para recabar información utilizando las prerrogativas presidenciales constitucionales para proteger al país de otros ataques".
En una guerra con un enemigo sin estado en la que no se respetan las leyes internacionales, obtener información de los combatientes capturados es vital, dijo Yoo, afirmando que el cincuenta por ciento de los datos de inteligencia obtenidos sobre al Qaeda provenían de esos interrogatorios.
"¿Valía la pena?", preguntó, ignorando los reproches. "En los últimos siete años no hemos tenido ningún atentado".
La aparente confianza de Yoo en el foro, donde los manifestantes llevaban pancartas exigiendo su enjuiciamiento, coincidió con las demandas de algunos juristas y activistas de derechos humanos de que Bybee renuncie a la corte federal y sean ambos investigados por un tribunal.
Investigación Independiente
La defensa de Yoo de las recomendaciones legales que dio a Bush -de que el compromiso de Estados Unidos con las leyes y tratados que prohíben la tortura no se aplicaba a los sospechosos de terrorismo- fue respaldada por John C. Eastman, decano de la facultad de derecho de Chapman. La sugerencia del presidente Obama de abrir una investigación independiente -en la que se garantizaría la inmunidad a los que declararan la verdad bajo juramento- fue rechazada por Eastman como innecesaria y porque provocaría probablemente una caza de brujas.
Otros juristas de ambos lados del espectro político, sin embargo, respaldaron la idea de una investigación no judicial que arroje luz sobre las políticas adoptadas por el gobierno de Bush y las recomendaciones legales que recibió.
La impugnación de Bybee, que han exigido algunos de sus críticos, sería "fea y distraería", dijo Douglas Kmiec, profesor de derecho de la Universidad Pepperdine, que fue director de la Oficina de Asesoría Jurídica de los gobiernos de los presidentes Reagan y George H.W. Bush.
"Es mejor formar una comisión de ciudadanos que inicien una investigación al estilo de Nuremberg, pero sin prejuicios predeterminados a favor sea de la inhabilitación de sus cargos ni del enjuiciamiento criminal [de los acusados]", dijo Kmiec.
Yoo, 41, aludió a su propia incómoda situación en la universidad liberal donde tiene su cátedra, agradeciendo a la administración de Chapman por darle la oportunidad de escapar de "la jurisdicción de la República Popular de Berkeley".
Yoo desechó los argumentos legales de dos profesores de derecho de Chapman, Darmer y Lawrence Rosenthal, diciendo que "ellos excluirían toda forma de interrogatorio coercitivo sin importar de quién se trate -incluyendo a Osama bin Laden".
Darmer señaló que el gobierno estadounidense definió el submarino -una práctica que simula la asfixia por agua- como tortura y procesó a los que habían aplicado hasta que el gobierno de Bush redefinió el marco legal.
"Hay una enorme diferencia entre el uso del poder ejecutivo para liberar a los esclavos y su uso para justificar la tortura", dijo Darmer, aumentando deliberadamente la distancia entre ella misma y su "colega temporal".
Rosenthal dijo que las recomendaciones legales propuestas por Yoo y Bybee eran tan torcidas e insostenibles que el gobierno de Bush mismo finalmente renunció a ellas. El sucesor de Bybee en la Oficina de Asesoría Jurídica, Steven G. Bradbury, dijo en enero -cinco días después de la investidura de Obama- que reprobaba las opiniones de su predecesor de que el presidente no estaba obligado a respetar las leyes que regulan el tratamiento dado a prisioneros.
Disección de un Tratado
El controvertido memorándum de Bybee era una disección del idioma y disposiciones del tratado que prohíbe la tortura y los tratos crueles e inhumanos.
"Concluimos que para que una acción sea considerada tortura, debe provocar dolores que sean difíciles de soportar", escribió Bybee en el memorándum del 1 de agosto de 2002, que serviría de guía a los interrogadores. "El dolor físico que puede ser definido como tortura debe ser equivalente en intensidad al dolor que acompaña las lesiones físicas graves, tales como la insuficiencia orgánica, la interrupción de las funciones corporales o incluso la muerte".
Bybee, nativo de Oakland y ex profesor de derecho en la Universidad de Nevada en Las Vegas, no devolvió la llamada del Times sobre la creciente tormenta de protestas en su contra.
Common Cause, la Sociedad Americana de Profesores de Derecho y una coalición de defensores de los derechos humanos, dirigidos por el Centro para los Derechos Constitucionales llamaron a Bybee a renunciar, proclamando que no estaba capacitado para decidir sobre problemas jurídicos.
22 de abril de 2009
©los angeles times
cc traducción mQh
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