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derecha autoritaria amenaza a chile


columna de lísperguer
Gobierno chileno anuncia proyecto que sube penas por desmanes públicos de 341 días a tres años.

Las iniciativas del gobierno son en realidad dos: la más importante, que no aparece mencionada en esta nota, pero sí en la prensa extranjera, es la intención de subir las penas por el delito de desmanes públicos de 341 días a tres años. La segunda es prohibir que la gente se cubra el rostro durante manifestaciones. Las dos iniciativas son ridículas, poco prácticas y derechamente anticonstitucionales. Es difícil entender cómo el fanatismo de extrema derecha, que parece haber poseído incluso al ministro que era la promesa de una derecha liberal decente, puede llegar al absurdo de pretender fijar las normas de vestuario a los ciudadanos que participan en manifestaciones. ¿Prohibirán también las bufandas, sombreros, gorras, abrigos de cuello largo e incluso paraguas y toda otra pieza de vestuario que pueda obstaculizar que los manifestantes puedan ser identificados por la policía? ¿O se refiere al vestuario de los que participan en desmanes? ¿Y cómo distinguirá entre manifestantes y vándalos, entre ciudadanos que se cubren la cara para evitar los gases lacrimógenos de los se la cubren para no ser identificados?
La amenaza de subir la pena a tres años va a significar destruir para siempre las posibilidades de educación de manifestantes si resulta que, por llevar capucha, son condenados por desmanes. ¿Cree el ministro que esa es una respuesta razonable, decente, a las reivindicaciones estudiantiles? ¿A quién quiere engañar? Todos hemos visto en televisión imágenes explícitas de que muchas veces son las fuerzas especiales las que provocan la reacción defensiva de los manifestantes, cuando son atacados con brutalidad e injustificadamente, o cuando elementos policiales infiltrados atacan a carabineros para provocar su reacción contra los estudiantes.
¿No podría también el ministro prohibir el uso de cascos con viseras opacas debido a que dificultan la identificación de los policías que, como es sabido, agreden salvajemente a menores de edad y luego lo niegan o intentan justificarlo de las maneras más burdas imaginables -como lo demuestran dos casos recientes: el asesinato a balazos por la espalda del comunero mapuche Mendoza Collío, al que su asesino (el cabo Patricio Jara Muñoz, del GOPE) acusara falsamente de haberle disparado, según determinó la Fiscalía Militar de Angol, y los encapuchados que fueron detenidos con bombas incendiarias que en realidad eran botellas con pintura?
El ministro no parará las movilizaciones con estas amenazas. Subir las penas facilitará los desmanes y violencias que comete la propia policía, que seguirá ocultando su incapacidad y falta de profesionalismo con leyes más duras. El ministro Hinzpeter, que era la promesa de una derecha decente con rostro humano, en realidad es un desastre para el país, al que empuja por un despeñadero autoritario que no hará más que agravar la situación actual.
lísperguer

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