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represión de inmigrantes como negocio


Compañías utilizan represión contra la inmigración para hacer plata.
[Nina Bernstein] Los hombres se aparecieron por un pequeño pueblo en el campo de Australia a principios del año pasado, ofreciendo buenos dólares por los alojamientos disponibles. En cuestión de días, su compañía, Serco, estaba trayendo reclutas de destinos tan lejanos como Londres, y llevándolos desde los remolques para trabajar como gendarmes en turnos de doce horas en un remoto campamento donde se detiene indefinidamente a inmigrantes que solicitan asilo.
Australia ha dejado en manos de compañías de seguridad privadas la administración de centros de detención en lugares como Perth.
Es sólo una pequeña muestra de un esquema que se repite en tres continentes, en los que un puñado de compañías de seguridad multinacionales están convirtiendo la represión de los inmigrantes en una floreciente industria global.
Especialmente en Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, gobiernos de diferente orientación han dependido de esas compañías para extender la detención y mostrar a los votantes que están implementando leyes de inmigración más duras.
Algunas de las compañías son enormes -una de ellas está entre los mayores empleadores privados del mundo- y dicen que satisfaciendo la demanda más rápidamente y a menor coste que lo que podría hacer el sector público.
Pero el auge de la detención privatizada se ha visto acompañada por duros informes de inspección, demandas y denuncias de abusos y abandono generalizadas, a veces con consecuencias letales. Organizaciones de derechos humanos dicen que la detención no ha ni funcionado como disuasivo ni ha acelerado la deportación, como dicen los gobiernos, y algunos se preocupan por la creación de un "complejo de detención industrial" con su propia dinámica.
"Son muy buenos en los folletos elegantes", dijo Kaye Bernard, secretario general del sindicato de trabajadores de la detención en territorio australiano en las Islas Navidad, donde el año pasado estallaron disturbios entre solicitantes de asilo y guardias. "En el terreno, es casi ridículo el caos y la incapacidad de funcionar."
Las cárceles privadas en Estados Unidos han provocado polémica desde el principio. Pero mientras que ha habido estudios contradictorios sobre sus costes y beneficios, no existen comparaciones sistemáticas para la detención de inmigrantes, dicen académicos como Matthew J. Gibney, politólogo de la Universidad de Oxford que estudia sistemas de inmigración.
Sin embargo, Gibney y otros dicen que las deficiencias de la tercerización de la implementación de la ley de inmigración se han hecho evidentes en los últimos quince años. "Cuando algo sale mal -una muerte, una fuga-, el gobierno puede atribuirlo a una especie de error de mercado antes que a un error de contabilidad", dijo.
En Estados Unidos -con casi cuatrocientas mil detenciones en 2010, de 280 mil en 2005- las compañías privadas controlan ahora casi la mitad de todas las camas de detención, en comparación con sólo el ocho por ciento en prisiones federales y estaduales, de acuerdo a cifras oficiales. En Gran Bretaña, siete de once centros de detención y la mayoría de los sitios de detención breve para inmigrantes son dirigidas por contratistas privados.
Ningún país ha tercerizado más completamente la implementación de la ley de inmigración, con más resultados inquietantes, que Australia. Bajo leyes de detención inusualmente severas, el sistema ha sido dirigido por una sucesión de tres compañías que cotizan en la Bolsa desde 1998. Las tres son ahora actores importantes a nivel internacional del negocio de encerrar y transportar a extranjeros indeseados.
La primera, la compañía de prisiones GEO Group con sede en Florida, perdió su contrato australiano en 2003 en medio de las conclusiones de una comisión de que los niños detenidos eran sometidos a tratos crueles. Una auditoría del gobierno australiano informó que el contrato no había entregado el valor de la inversión. En Estados Unidos, GEO controla siete mil de las 32 mil camas de detención.
La segunda compañia, G4S, un conglomerado anglo-danés con más de seiscientos mil empleados en 125 países, fue responsabilizada por abandono con resultado de muerte y uso abusivo del aislamiento en Australia. Hacia mediados de la década pasada, después de que niños refugiados cosieran sus labios durante huelgas de hambre en campamentos como Woomera y Curtin, y comisiones del gobierno descubrieran que los ciudadanos australianos y residentes legales estaban siendo detenidos arbitrariamente y deportados, las protestas empujaron al Partido Liberal en el gobierno a desmantelar algunas partes del sistema.
Pero en 2009 después de un promisorio retorno al trabajo del sector público, un gobierno laborista otorgó un contrato de cinco años de 370 millones de dólares a Serco. Desde entonces el valor del contrato ha aumentado explosivamente a 756 millones de dólares, los recintos de detención se han cuadruplicado, a 24, y el número de detenidos pasó de mil a seis mil setecientos.

Problemas Peligrosos
El año pasado, disturbios, incendios y protestas suicidas causaron millones de dólares en daños en centros dirigidos por Serco desde las Islas Navidad hasta Villawood, en las afueras de Sidney, y las agresiones suicidas por detenidos aumentó en doce veces, muestran documentos del gobierno. En agosto, un informe de una inspección oficial mencionó condiciones de hacinamiento peligrosas, personal inadecuado y mal preparado, ausencia de control de crisis y ninguna exigencia de que Serco aumente su personal cuando la población supere su capacidad.
En el centro de detención de Serco en Villawood, un inmigrante habló de detenciones prolongadas e indefinidas, que los vuelven locos. Alwy Fadhel, 33, un indonesio cristiano que dijo que necesitaba asilo contra la persecución islámica, mostraba largas matas de pelo negro después de más de tres años de detención, entrando y saliendo de la celda de castigo.
"Hablamos solos", dijo Fadhel. "Hablamos con el espejo. Hablamos con las paredes."
Naomi Leong, una tímida niña de nueve años, nació en un campo de detención. Durante más de tres años, a un coste de cerca de 380 mil dólares, ella y su madre fueron retenidas detrás de alambre de púa. Los psiquiatras dijeron que Naomi estaba creciendo muda, se golpea la cabeza contra las paredes mientras que su madre, Virginia Leong, una ciudadana de Malasia acusada de tratar de utilizar un pasaporte falso, se hundía en la depresión.
Naomi y su madre se convirtieron en una causa célebre en protestas contra el sistema de detención obligatoria, lo que condujo a la liberación de ambas con una escasa visa humanitaria. Ahora son ciudadanas.
"He venido a traer un poquito de esperanza a la gente" dijo Leong durante una visita reciente a Villawood, donde los carteles exhiben los principios con que se rige Serco, que empiezan con "fomentamos una cultura empresarial."

Soluciones de Libre Mercado
Las compañías dicen a menudo que perder un contrato es la última responsabilidad.
"Estamos agudamente conscientes de nuestras responsabilidades y estamos comprometidos con dar un tratamiento humanitario, justo y decente a todos los que está bajo nuestra custodia", dijo un portavoz de Serco en un e-mail. "Seguiremos trabajando con nuestros cliente en todo el mundo y trataremos de mejorar los servicios que proveemos."
Pero los contratos de detención perdidos son escasos y son fácilmente reemplazables en este siempre creciente negocio. La carpeta de diez mil millones de dólares de Serco incluye muchos otros negocios, desde el control de tráfico aéreo hasta el procesamiento de visas en Estados Unidos, mantenimiento de armas nucleares, vigilancia por video y programas de asistencia social al empleo en Gran Bretaña, donde también administra varias cárceles y dos "centros de remoción de inmigrantes."
"Si un área o territorio decae, podemos mudarnos donde esté el crecimiento", dijo Christopher Hyman, presidente ejecutivo de Serco, hablando con inversionistas el año pasado, después de informar que los beneficios habían aumentado en un 35 por ciento. Esta primavera, Serco informó un aumento del trece por ciento de los beneficios.
Su rival G4S entrega dinero en efectivo a bancos en la mayoría de los continentes, se encarga de la seguridad de los aeropuertos en ochenta países y tiene mil quinientos empleados en implementación de la ley de inmigración en Gran Bretaña, Holanda y Estados Unidos, donde sus servicios incluyen la escolta de ilegales de vuelta a la frontera con México para el ministerio de Seguridad Interior.
Nick Buckles, presidente ejecutivo de G4S no hizo comentarios. Pero el año pasado contó a analistas cómo había florecido su negocio de "justicia" en Holanda en una semana después del asesinato de un político con un programa autoritario y anti-inmigrantes.
"No hay nada como una crisis política para estimular un poco de cambio", dijo Buckles.
En Gran Bretaña el otoño pasado la compañía fue investigada criminalmente por la asfixia de un hombre angoleño que murió cuando tres empleados de G4S lo acompañaban en un vuelo de British Airways. Poco después las autoridades de inmigración británicas anunciaron que la compañía había perdido su licitación para renovar su contrato de escoltas para deportaciones por 48 millones de dólares porque había sido superada por un competidor.
Incluso, G4S tiene más 1.1 billones de dólares en contratos con el gobierno en Gran Bretaña, dijo un portavoz, y sólo cerca de 126 millones de dólares provenientes de las autoridades de inmigración. Reemplazó rápidamente los beneficios perdidos con contratos para construir, alquilar y administrar más comisarías de policía y cárceles.
En 2007, la Comisión de Derechos Humanos de Australia del Norte constató que choferes G4S habían ignorado los gritos de los detenidos encerrados en una furgoneta al sol, deshidratándose tanto que uno de ellos se bebió su propia orina. La compañía fue condenada a pagar medio millón de dólares por tratos inhumanos, pero tres de las víctimas ya fueron deportadas. Funcionarios de inmigración, sobre la base de informaciones erróneas de la compañía, había desechado sus quejas sin investigarlas, determinó la comisión.
Causó conmoción pública cuando un aborigen murió en otra furgoneta de G4S en circunstancias similares el año pasado. Un juez de instrucción resolvió en 2009 que G4S, los choferes y el gobierno compartían la culpa. Más tarde la compañía recibió un contrato de cinco años para el transporte de reos en otro estado, Victoria, por setenta millones de dólares, sin licitación.
G4S se declaró culpable de negligencia en la muerte en la furgoneta este año, y debió pagar una multa de 285 mil dólares. Buckles, su presidente ejecutivo, aludió al caso en una reunión con analistas en marzo.
"Sólo hay dos o tres actores importantes, normalmente sólo dos", dijo Buckles. "Con el tiempo, seremos ganadores en ese mercado porque en la tercerización hay un montón de oportunidades y no hay demasiados competidores."
En agosto, cuando GEO, la compañía de la cárcel de Florida informó un aumento del cuarenta por ciento en los beneficios del segundo trimestre, sus ejecutivos en Boca Ratón hablaron del nuevo negocio de la inmigración a ambos lados del Atlántico.
John M. Hurley, ejecutivo de GEO para las operaciones en Norteamérica, mencionó "el continuado crecimiento de la población extranjera con antecedentes", recintos más grandes y contratos federales más largos, algunos de hasta veinte años.
En el Centro de Detención del condado de Reeves en Tejas, de la compañía, los inmigrantes retenidos ahí se amotinaron en 2009 y 2010 después de que varios detenidos murieran en celdas de castigo. Los ejecutivos de GEO se negaron a hacer comentarios. Pero hablando con accionistas, atribuyeron gran parte del aumento de diez millones de dólares del trimestre en beneficios internacionales a la expansión del centro de detención en Gran Bretaña, donde la inmigración fue un candente tema en las elecciones de 2010.

Política Fracasada
"Gran Bretaña ya no tiene guantes de seda", dijo el ministro de inmigración Damien Green en agosto de 2010 cuando visitó el centro, cerca del Aeropuerto de Heathrow, para reabrir los pabellones que se incendiaron en 2006 durante motines de los reos bajo diferentes operadores privados.
Los disturbios empezaron el día en que el inspector jefe de prisiones emitiera un devastador informe sobre los abusos constatados, incluyendo esperas excesivas para la deportación. Meses después de la aparición de Green, una comisión de supervisión independiente se quejó de que en el centro ampliado -ahora el más grande de Europa con 610 reos- al menos 35 hombres llevan más de un año esperando que se les deporte, incluyendo a uno que lleva tres años y siete meses en una celda de castigo a un coste mínimo de 237 mil dólares.
El campamento que Serco ocupó en el campo australiano, el Centro de Detención de Inmigrantes Curtin, también había sido cerrado tras motines y huelgas de hambre en 2002. Pero fue reabierto el año pasado paras absorber un aumento de los solicitantes de asilo que llegaron por mar, pese a que el gobierno impuso una moratoria para el procesamiento de sus peticiones de refugio. Restaurado para trescientas personas, el campamento se encuentra en una vieja base aérea donde se retiene a más de mil quinientos detenidos en chozas y tiendas detrás de una valla electrificada. Los guardias de Serco compararon el recinto con una granja avícola al aire libre.
El 28 de marzo, un joven afgano de diecinueve años de una organización perseguida por el Talibán se colgó después de diez meses de detención: el quinto suicidio en siete meses. Una docena de gendarmes, con falta de sueño y formación, tuvieron que luchar con cientos de reos enfurecidos por el cuerpo del adolescente.
"Perdimos el control", dijo Richard Harding, que trabajó durante diez años como inspector jefe de prisiones de Australia Occidental. No es enemigo de la privatización, y su elogio de una cárcel administrada por Serco se puede leer en la página web de la compañía. Pero dijo que Curtin hoy es emblemático de "un arreglo torcido que va a salir mal sin importar quién lo esté dirigiendo."
"Estas grandes compañías globales, en relación con actividades específicas, son más poderosas que los gobiernos con los que tienen tratos", agregó.
[Matt Siegel contribuyó al reportaje desde Sydney, Australia.]
8 de octubre de 2011
29 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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