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ministro ribera reitera amenazas


columna de lísperguer
Ministro Ribera acusa de ignorancia a presidente de Corte Suprema y reitera amenazas.

Al despropósito de las amenazas e incomprensible arrogancia el ministro agrega el insulto: ahora el presidente de la Corte Suprema es un ignorante. ¿Cuál es el propósito de todo esto? El ministro dijo con todas sus letras que el ministerio de Justicia (o sea él mismo) y el Ejecutivo (nuestro presidente ahora tan ausente) tomarán en cuenta, a la hora de promover a jueces a la Corte de Apelaciones o a la Suprema, los fallos que dicten en casos de detenidos por desorden público. Los jueces que no apliquen la mano dura que exige el gobierno verán truncadas sus carreras, porque no serán ascendidos. Esas declaraciones las oímos y leímos todos. No fue un lapsus del ministro. Fue una amenaza prácticamente explícita. "Hay que tener claro que también en los ascensos de los jueces no es un tema exclusivo de los jueces, sino que es un tema donde también participan otros poderes del Estado, por eso que quien quiere llegar a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema, obviamente tiene que ser un magistrado que sepa considerar adecuadamente los intereses individuales y los intereses colectivos" (en La Tercera). Y lo que el ministro insinúa es que los jueces no interpretan la ley correctamente, o que la aplican "fácilmente", o que no toman en cuenta el bien común. Es decir, que cometen prevaricato. Es una acusación grave, y son amenazas graves que ponen en peligro el estado de derecho. ¿Por qué? Porque para la ley, el estado querellante y los detenidos por desorden público son partes de un litigio y los jueces no pueden aceptar sin más la veracidad de una acusación ni decretar prisión preventiva sin considerar los antecedentes de cada caso. Lo que pretende el estado es que los jueces funcionen como funcionarios policiales, que velen por el bien común según lo entiende el gobierno (que es algo que corresponde a la policía o al gobierno) y que obedezcan, so pena de castigo.
Lo peor de todo es que la acusación por desorden público tiene habitualmente muy poco sustento, porque los carabineros suelen detener no a las personas que realmente provocan desórdenes públicos, sino que habitualmente a personas, por lo general inocentes, que se encuentran en las cercanías de disturbios, y en eso obviamente no se puede fundar ninguna acusación seria.
El Congreso debe acusar constitucionalmente al ministro de Justicia, Teodoro Ribera, a fin de conseguir su destitución. Dejar de hacerlo significaría avalar los planes del gobierno y dejar a los jueces a merced de sus temores y de represalias. Así no se puede dictar justicia. Ribera debe marcharse.
lísperguer

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