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abolir justicia militar es ineludible


columna de lísperguer
Justicia militar deja en libertad a ex sargento Millacura, autor del asesinato del joven Manuel Gutiérrez y de otro homicidio frustrado.

Esta es una decisión aberrante e injusta que confirma, lamentablemente, las peores sospechas que abriga la ciudadanía sobre la justicia militar. En sí misma, la decisión da más peso al clamor ciudadano que exige eliminarla derechamente y llevar a juicio a esos jueces militares por casos evidentes de prevaricación. Ciertamente, es una abierta provocación contra las autoridades políticas en momentos en que buscan recomponer las relaciones con la ciudadanía después de los terribles abusos cometidos por las fuerzas especiales de Carabineros. Qué duda cabe que la ausencia de justicia en el país podría conducir, en el mejor de los casos, a llevar este caso, y otros similares, a instancias internacionales, y, en el peor, a hacerse justicia por propia mano. La decisión del tribunal castrense enturbiará evidentemente la percepción de los esfuerzos del gobierno de intervenir en los fallos judiciales, porque se entenderá que mientras pide mano dura para los manifestantes, deja en la impunidad a los elementos policiales que usan su posición para cometer delitos tan graves como homicidios, y hará más profunda la brecha entre ciudadanía de un lado, y fuerzas policiales y gobierno del otro.
La impudicia de la decisión castrense es inaceptable por muchos motivos. Primero, no se entiende por qué fue juzgado por la justicia militar en circunstancias en que el ex sargento Millacura disparó contra civiles y estando de franco. Pero, además, el tribunal castrense deja sin investigar lo que pareció evidente después de cometido ese asesinato, a saber, que ese crimen fue cometido con premeditación, que el entonces sargento Millacura, sin estar de servicio, pudo sin embargo sacar armas de servicio de la comisaría y convenció a otros carabineros para armarse de similar manera y dirigirse al lugar donde cometería el asesinato y el asesinato frustrado contra otra persona que se encontraba en el lugar. Eso se llama conspiración para delinquir, y el crimen, homicidio premeditado.
¿A qué organización pertenece el ex sargento Millacura? ¿Quién le ordenó cometer ese crimen? ¿Quiénes son los otros carabineros que extrajeron armas ilegalmente para cometer ese y otros crímenes? ¿Qué relación tiene el asesinato del joven Gutiérrez con el llamado a carabineros del vicepresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, el día anterior, a disparar a matar contra los manifestantes?
Si el gobierno permite esta impunidad, dañará de manera definitiva la imagen que tiene la ciudadanía de la derecha. Manuel Gutiérrez no era un manifestante ni un encapuchado. Era simplemente un observador y fue víctima de una táctica frecuente de Carabineros de disparar a mansalva y a ciegas contra personas en poblaciones pobres en una deleznable estrategia de intimidación social. Si el gobierno admite esta aberración, la ciudadanía le pasará la cuenta de muchas maneras.
La decisión es también mucho más que una provocación contra el gobierno. Es también un repudio explícito de las condenas internacionales que ha recibido Carabineros por los intolerables abusos que ha cometido contra ciudadanos chilenos en los últimos meses.

Lo que también queda en evidencia con esta decisión es que la justicia militar, y en realidad las fuerzas armadas y Carabineros, siguen siendo un enclave autoritario, empecinado en defender no sólo los crímenes del pasado, sino además los abusos policiales actuales.
Por eso es urgente que el gobierno y la clase política emprendan dos tareas que siguen siendo urgentes: la derogación de la justicia militar y una purga definitiva de las fuerzas armadas y carabineros para eliminar de entre sus filas a sus elementos parias, aliados o subalternos de la derecha psicótica.
lísperguer

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