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identifican restos de estudiante


Identificaron los restos de una estudiante de 21 años secuestrada y asesinada por la última dictadura militar. María Victoria que estaba enterrada como NN en Andino. El trabajo del Equipo de Antropología Forense permitió establecer que era el cuerpo de María Victoria Gazzano Bertos.


[José Maggi] Argentina. El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a una joven asesinada durante la última dictadura y que estaba enterrada como NN en el cementerio de Andino. Merced a un trabajo de investigación previo Miguel Nievas aconsejó a la fiscal federal Mabel Colalongo que las huellas dactilares de una mujer que apareció acribillada a balazos en un camino de Andino, fueran cotejadas con las de María Victoria Gazzano Bertos, una estudiante de Arquitectura de 21 años, que fuera secuestrada en setiembre de 1976. El expediente de Gazzano Bertos, que comenzó con la denuncia de su prima María Luz Pierola, estuvo años sin avanzar en la fiscalía federal Nº 1. La demora trajo además, una tragedia anexa: su padre José Alejandro Gazzano falleció solo unos días antes que la justicia federal le informara el hallazgo de los restos de su hija. La fiscal Colalongo debió relatarle la novedad, a su madre que se llama -curiosamente- Argentina, Lidia Argentina Bertos. En este sentido la fiscal Colalongo remarcó que "hace falta sensibilidad y compromiso genuino con estos temas más que conocimiento, porque a veces la gente habla muy bien de su compromiso, el tema es cuando en la práctica ese compromiso es genuino, y esto en Rosario es bastante complicado. Las discusiones, las peleas, las competencias, y no estamos hablando del enemigo, porque se supone que estamos todos del mismo lado, y en muchos casos, pareciera que no es así".
María Victoria Gazzano Bertos tenía 21 años el 14 de setiembre de 1976 cuando fue secuestrada fue inhumada como NN en el cementerio de Andino. El hecho conmocionó al pueblo porque la aparición del cuerpo coincidió con la desaparición de una joven de similar edad, con quien fue confundida, hasta que obviamente la joven retornó a su hogar, y María Victoria, fue enterrada como NN.
Miguel Nievas explicó que esta causa tuvo inicio "en 1976 cuando apareció un cuerpo de una mujer joven acribillado a balazos a la vera de camino cerca de la localidad de Andino. Esto surge a través de un relevamiento que se hizo en el 2005, cuando a través de un relevamiento de los libros de la comisaría de ese lugar se supo de la aparición de este cuerpo. A raíz de esto se empezó a investigar y se formó una causa judicial, tras lo cual se concretaron excavaciones que no arrojaron resultados. Dentro de este expediente se había solicitado al juzgado de instrucción Nº 13 (de la justicia provincial) que había intervenido en su momento, que remitiera la causa de hallazgos NN, trámite que fue negativo hasta que en el año 2010, hubo un cambio en el juzgado y apareció el expediente de 1976 con las huellas correspondientes a esa persona que había aparecido acribillada a balazos" dijo Nievas.
A raíz de ese expediente, la fiscal Colalongo me consultó los pasos a seguir y les recomiende que envíen las huellas a la División Dactiloscopía de la Prefectura, y que las comparen con las de María Victoria Gazzano. En enero de 2011 llegó la identificación y fueron concordantes, hasta que en mayo de 2011, hicimos la excavación en el cementerio de Andino, porque estaba inhumada allí".
Allí había llegado luego de ser secuestrada en un Ford Falcon verde desde donde la apuntaron, sin alcanzar a reaccionar porque un grupo de hombres vestidos de civil se le abalanzaron y la empujaron dentro del vehículo.
A las 5 de la mañana del día siguiente, un grupo de uniformados que se presentaron como "de la policía" irrumpieron en la casa familiar, enfrente del Parque Gazzano, en Paraná, y se llevaron a su padre y su hermano, que era militar. Estuvieron un rato revolviendo la casa. La dieron vuelta. Al mediodía, cuando ya no estaban, una voz en el teléfono le advirtió a la madre de María Victoria lo que había pasado en Rosario, sin saber que para esa hora ella ya estaba muerta.
"Había nacido en Paraná el 26 de agosto de 1955 y era la mayor de dos hijos de José Alejandro Gazzano y Lidia Argentina Bertos. Su padre era uno de los 29 nietos del fundador del parque que lleva su apellido y uno de los preferidos de aquel italiano que llegó cargado de sueños, vivió 96 años, formó familia, un barrio, un parque y mantuvo siempre vivo el espíritu de niño. Heredó de él algo más que esos rasgos de mujer alta, de contextura grande, regordeta, piel blanquísima, cara redonda, frente amplia, grandes ojos pícaros ávidos de mundo, sonrisa permanente y cabellos negros, lacios, largos" según la describió en una rápida biografía el periodista Juan Cruz Varela.
María Victoria era parte de esa generación. Las influencias de su formación religiosa y las inquietudes por los conflictos sociales terminaron marcando sus rasgos de personalidad: inquieta, lúcida, ávida de conocer y ayudar.
19 de diciembre de 2011
18 de diciembre de 2011
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romano destituido por unanimidad


El Consejo de la Magistratura expulsó al camarista mendocino y la justicia ordenó su detención.Refugiado en Chile para evitar el juicio político, Romano fue separado del cargo por “haber omitido” las denuncias de tormentos e investigar secuestros y desapariciones.


[Irina Hauser] Argentina. “No le cabe a este cuerpo colegiado un mínimo atisbo de duda para decidir que el doctor Otilio Ireneo Roque Romano no merece continuar en el ejercicio de la magistratura por no tener las condiciones morales para ostentar tan alto honor”, leyó con nitidez el secretario del Jurado de Enjuiciamiento. La destitución del camarista mendocino, que está prófugo, fue una decisión unánime del jury: lo acusaron de haber “omitido” en forma “sistemática” denunciar e investigar secuestros, desapariciones, torturas, apremios ilegales y violaciones, de los que tenía conocimiento directo por las declaraciones y reclamos de las víctimas que recibió como fiscal desde 1975 –con la Triple A– y durante la última dictadura. Apenas se oficializó la remoción, el juez Walter Bento ordenó la captura internacional de Romano en la causa en la que está procesado como partícipe de 103 crímenes de lesa humanidad. Hasta el fin de semana pasado la Justicia tenía datos de que seguía en Chile.
Romano se tomó un avión un día antes de que lo suspendiera el Consejo de la Magistratura por haber actuado en complicidad con el terrorismo de Estado. El Jurado, que preside la jueza Alicia Noli, guarda casi como una pieza de colección un papel de la empresa LAN, que confirmaba que había volado el 24 de agosto, prueba de lo más insólita para un juez: escaparse a la hora de rendir cuentas ante la Justicia, lo que según el tribunal “refuerza la convicción” de expulsarlo. Romano, en rigor, había hecho de todo para evitar el juicio, que logró frenar casi un año con una medida cautelar de un juez ad hoc.
El proceso de destitución se puede hacer en ausencia. El juicio penal, no. Y como el fiscal Omar Palermo y el juez Bento consideran a Romano en rebeldía, ayer mismo activaron la orden de detención, enviada a Interpol, supeditada a la pérdida de sus fueros. Romano había pedido asilo político al gobierno chileno, una salida improbable para acusados de delitos de lesa humanidad. Si ahora lo encuentran, la lógica es que quede detenido y sea sometido a un juicio de extradición.
A falta del acusado, estaba su cara multiplicada en cartelitos sostenidos por varillas que empuñaban militantes de H.I.J.O.S. “Genocida Judicial”, “Te llegó la hora de la justicia”, “103 razones para ir preso”, se leía. El grupo estalló en una ovación cuando se escuchó la frase que anunciaba la decisión de “remover al señor juez” por “mal desempeño”. El secretario leyó una novedosa declaración de principios: “Las conductas relacionadas con la violación de derechos humanos merecen el más vigoroso repudio de este Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por atentar contra valores humanos fundamentales”.
La sentencia dice que en tiempos de la “brutal persecución de grupos armados, ya sean policiales, militares o paramilitares acaecida entre los años 1975 y 1976”, “Romano desempeñó sus funciones de fiscal federal en una abultada cantidad de casos y, paradójicamente, cuando más se necesitaba la garantía de contar con funcionarios judiciales independientes, que sin requerírseles actos de arrojo o de peligro para sus vidas, se les exigía la valentía de actuar con firmeza y sobre todo rectitud en su conducta procesal, él desdeñaba reiteradamente los reclamos, denuncias y hasta clamores de los detenidos en función de aquellas leyes de seguridad nacional o los de sus familiares, así como los de tantos otros de los que jamás se supo su paradero y destino”.
Los testimonios de las víctimas, destaca el fallo, dieron “una vívida muestra del período de ignominia”. En los centros de detención, dice, como el Departamento de Policía (D2) de Mendoza, se “extraía mediante amenazas” y “torturas las declaraciones y confesiones” que “eran utilizadas posteriormente en sedes judiciales como presunción o prueba en contra de los imputados”. Se les aplicaba la llamada “ley antisubversiva” y la de seguridad nacional.
Hubo testigos, como Luz Faingold y Luis Toledo, que denunciaron haber sido visitados por Romano en sus celdas. Luz tenía 17 años cuando fue llevada al D2, donde también fue atacada sexualmente. Romano y el destituido juez Luis Miret negaban la restitución a sus padres, que la reclamaban. Su novio León Glogowsky contó cómo la escuchaba implorar en el calabozo vecino que dejaran de violarla. Aseguró que denunció las torturas de todos los detenidos, sin ningún eco. Lo mismo contaron abogados de presos en aquellas circunstancias a quienes el jury les dedicó un párrafo especial, donde mostró cómo los terminaban secuestrando y acusando de lo mismo que a sus defendidos.
“El acusado, en contraposición con la celeridad y diligencia que demostraba para investigar las infracciones”, “en función de la Ley 20.840 (o “antisubversiva”), nada hizo respecto de los graves delitos de torturas, violaciones y robos” denunciados en “forma directa” y con “detalles” ante él, incluso durante las indagatorias. “Incumplió sus obligaciones como funcionario esencial del sistema de justicia”, dice la sentencia.
La acusación original de los consejeros Hernán Ordiales (del Poder Ejecutivo) y Carlos “Cuto” Moreno (FpV) fue avalada en su mayor parte, y unos pocos cargos rechazados. Sobre un planteo de la defensora oficial, Fabiana León, el jurado aclaró que si Romano fue ascendido en 1994 es porque no se conocía su papel en la dictadura.
Los grandes impulsores del juicio a Romano fueron los organismos de derechos humanos de Mendoza, en especial el Movimiento Ecuménico (MEDH). Hace algunos años intentaban descifrar por qué allí no avanzaban las causas por crímenes dictatoriales. Hasta que advirtieron que el problema estaba en la Cámara, con los jueces que habían actuado en el terrorismo de Estado y otros que en democracia fallaban a favor de los represores y de sus propios colegas que comenzaban a ser cuestionados como colaboracionistas. A comienzos de este año fue destituido Miret. Ahora avanzan denuncias contra Julio Petra, acusado de haber intentado ayudar a Romano con maniobras judiciales y de liberar a militares en masa.
17 de diciembre de 2011
16 de diciembre de 2011
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unrc albergará restos de desaparecido


Un lugar para José Santiago. La Universidad Nacional de Río Cuarto aprobó resguardar los restos de José Santiago “Pocho” Amato, a pedido de su familia, hasta que la Justicia autorice su cremación.


Argentina. Los restos de José Santiago Amato, secuestrado y asesinado por la dictadura, permanecerán en la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde Amato fue alumno. Es inédita la resolución del Consejo Superior de la UNRC, que dio lugar al pedido de Leticia Amato, hermana de José, para que los restos del estudiante sean cuidados por la universidad hasta tanto la Justicia permita su cremación, lo que, en definitiva, ha decidido la familia. “Acompañamos humanitariamente, desde el abrazo, el pedido de la familia de José Santiago, en un compromiso afectivo con ellos –dijo el rector de la UNRC, Marcelo Ruiz–. Es un gesto simbólico y un acto educativo. En nombre de José, la idea es hacer visible al conjunto de los desaparecidos.”
Nacido en Río Cuarto en septiembre de 1954, José Santiago “Pocho” Amato fue estudiante de Medicina Veterinaria de la UNRC entre 1973 y 1975, al tiempo que militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ante la represión que encabezó en la provincia el gobierno del interventor y brigadier José Lacabanne, el joven se marchó a Buenos Aires. Ya en 1976, Amato fue secuestrado en el partido bonaerense de Berazategui y asesinado el 31 de enero de ese año, cuando tenía 22 años.
Su cuerpo fue hallado en Munro, en 1984, junto a otros siete militantes asesinados, y todos fueron enterrados en una fosa común en el cementerio de Vicente López. Recién en noviembre de este año, a partir de los estudios de ADN realizados por el Equipo de Antropología Forense, pudo establecerse su identidad. Al fin, una resolución judicial estableció que la familia tomara posesión de los restos. Sin embargo, aún no los han autorizado a realizar su cremación, cosa que ya han decidido. Hasta entonces, los Amato le confiarán a la UNRC el cuidado de los restos de José.
Para ello, Leticia Amato, hermana de Pocho, escribió una carta dirigida al rector de la UNRC, Marcelo Ruiz, pidiéndole que los restos de su hermano permanecieran en el campus de la universidad. “Mi hermano tuvo un profundo cariño por esta universidad, y siempre la sentía junto al pueblo como una instancia liberadora. Por esta razón sería un orgullo y un honor que sus restos pudiesen descansar en este predio”, anotó Leticia. Su nota fue acompañada por el texto “José Santiago Amato: Crónica de un estudiante”, escrito por Juan Muzzolón, amigo y compañero de militancia de Amato.
El Consejo Superior de la UNRC resolvió esta semana, por unanimidad, aceptar la solicitud de los Amato. “Desde la universidad hoy hay una política de hacer visibles las marcas de la dictadura –le dijo a Página/12 el rector Marcelo Ruiz–. En nuestro caso no tenemos aún una reconstrucción histórica de esta etapa, y en eso estamos, haciéndolo con distintos tipos de registros.” Ruiz también destacó el trabajo de docentes de la universidad en el vínculo con la familia Amato. La idea es “hacer visible en la persona de José a todos los desaparecidos y muertos por la dictadura militar argentina –dijo–. La figura perversa del desaparecido fue la creación del horror de la dictadura. Ponerlo en palabra, volver a nombrar a José, es continuar con la tarea de las organizaciones de derechos humanos de poner en palabra donde existía el hueco del horror”.
Los restos de José Santiago Amato serán entregados a la Universidad de Río Cuarto el próximo martes, en un acto que encabezará el rector Ruiz y que contará con la presencia del profesor Guillermo Ashworth, representante de la UNRC en la Comisión Municipal por la Memoria, y familiares y amigos de los Amato. Los restos del estudiante permanecerán junto a un monolito en el patio de la Facultad de Agronomía y Veterinaria.
[Informe de Agustín Saavedra.]
17 de diciembre de 2011
16 de diciembre de 2011
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el caso de macarena gelman


El testimonio de un periodista uruguayo que investigó el caso de Macarena Gelman y el traslado de su madre.


[Alejandra Dandan] Argentina. Gabriel Mazzarovich, que coordinó un equipo del diario uruguayo La República que empezó a investigar el paradero de la nuera y la nieta nacida en cautiverio del poeta Juan Gelman, detalló el trabajo en la causa por robo de bebés.

La causa por el plan sistemático de robo de bebés actualiza las presiones y el poder de lobby que ejerció el Partido Colorado uruguayo, una vez recuperada la democracia, para impedir u obstaculizar el avance de la investigación sobre el paradero de Macarena Gelman, la nieta del poeta argentino Juan Gelman. “Tuvimos que enfrentar a todo el Estado uruguayo, que en esa época no sólo no colaboró sino que puso todos los obstáculos posibles”, declaró durante el juicio el periodista Gabriel Mazzarovich, que coordinó un equipo de investigación desde el diario La República y finalmente dio con Macarena. “Toda la investigación hubo que hacerla al margen de la Justicia, al margen y en contra del Estado, porque fuimos vigilados, pincharon nuestros teléfonos, nos siguieron en autos durante la madrugada cuando salíamos del diario, vigilaron a mi hijo en la escuela y lo siguieron. Nos amenazaron de muerte varias veces telefónicamente, la mayoría anónimos, algunas no. Estuvimos con vigilancia policial durante meses y finalmente se logró ubicar a Macarena Gelman, pero la investigación no terminó cuando el presidente de la República lo anunció: nosotros seguimos investigando para ver qué había pasado con la madre.”
Mazzarovich declaró ante el Tribunal Oral Federal seis días después de la declaración de Juan y Macarena Gelman y dos días antes del testimonio de otro periodista uruguayo, Roger Rodríguez, que aportó un documento que arroja una nueva hipótesis sobre el posible día del traslado ilegal a Montevideo de María Claudia Iruretagoyena, embarazada, a bordo de un avión de Pluna y en medio de comunicaciones entre la Cancillería uruguaya y sus delegados en el país. Mazzarovich fue convocado, en cambio, para dar cuenta de la investigación que llevó adelante con otros dos colegas del diario y en coordinación con Juan Gelman para dar con Macarena. “Llegamos a la conclusión de que la trajeron a mi país solamente como una incubadora y para robarle la bebé, después la mataron”, explicó. Contó en la audiencia cómo debió abordar un coche tirado en el piso y con los ojos vendados para entrar clandestino al Hospital Militar ya en democracia, pero en una reedición de las peores imágenes de la dictadura. Y describió los mecanismos con los que el Partido Colorado intentó “desterritorializar” la presencia de esa niña.

La Historia
En 1998, el poeta se reunió con el director del diario, Federico Fasano, y con Mazzarovich y les pidió ayuda para chequear en Uruguay los primeros datos que iba recibiendo sobre la posibilidad de que su nuera hubiese sido trasladada allí y que la o el bebé hubiese nacido en territorio uruguayo. Para los periodistas, el dato fue llamativo: “Nunca se había planteado la posibilidad de que una ciudadana argentina que no había tenido ningún vínculo con Uruguay, político ni de otro tipo, con 19 años y embarazada, hubiera sido traída a Uruguay en esas condiciones. Hasta ese momento no se había escuchado una cosa así, no estaba planteado”.
Cuando dieron los primeros pasos, empezó la oposición del gobierno: el entonces presidente Julio María Sanguinetti salió a negarlo. Dijo que “era todo falso, que nunca había sido traída a Uruguay, que todo había pasado en Argentina, que ellos no tenían nada que ver”, recordó el testigo.
Los periodistas volvieron a ver testimonios de los sobrevivientes de Automotores Orletti en Argentina, entre los que estaban los uruguayos capturados en el marco del Plan Cóndor. Los relatos les permitieron rápidamente relacionar a María Claudia con la muchacha de la que muchos sobrevivientes habían hablado, que hasta ese momento se pensaba que podía ser uruguaya. Coincidían las fechas y referencias. Los recuerdos de un traslado agitado al Hospital Militar para un parto; el regreso al SID, el llanto de un niño o niña y biberones preparados por otras secuestradas.
“Ahí empezamos a presionar publicando notas –dijo Mazzarovich–. Trabajamos, investigamos, hablamos con testigos, con sobrevivientes, buscamos nuevo material y finalmente hablamos con las fuentes militares. Ante la evidencia, la versión de los militares presuntamente involucrados cambió: aceptaron que María Claudia había llegado a Uruguay, pero dieron la versión de que la bebé había nacido muerta y por lo tanto no podía ser ubicada.”
El dato es curioso también a la luz de los juicios en Buenos Aires. De momento, puede ser sólo una coincidencia, pero los acusados del Circuito Camps juzgados en La Plata en estas semanas dijeron lo mismo sobre Clara Anahí, la nieta que Chicha Chorobick de Mariani busca desde hace 35 años.
En Uruguay, en tanto, el diario siguió publicando. “Para dar una idea, entre octubre de 1999 y marzo de 2000, que fue una fecha clave, en La República publicamos 39 tapas y 55 notas referidas al tema. Hasta la actualidad llevamos más de 112 notas escritas. Todas las notas fueron recusadas por el presidente de entonces y los militares presuntamente involucrados. El cruce de nuestra investigación con la que hacían Juan Gelman y Mara La Madrid –su compañera– permitió ir armando un esquema que incluyó hasta testimonios de vecinos que mencionaban una fecha que coincidía mucho con la fecha del vuelo que había hecho María Claudia, en el marco del Plan Cóndor.”
Entre los primeros datos, contactaron a un soldado que había estado de guardia en el Hospital Militar el día del parto de María Claudia. El testimonio ahora es conocido, pero en aquel momento les dijo que ella había entrado por el portón de la calle Centenario, por la parte de atrás del hospital y más tarde la habían regresado al SID. Otro guardia, también ya conocido, les habló en cambio del momento en el que dos oficiales se la llevaron del SID, uno de los cuales dijo en voz alta: “A veces hay que hacer cosas jorobadas”.
“Nosotros rechequeábamos toda la información con fuentes independientes o cruzando datos con mucha dificultad porque los encuentros con estas fuentes eran clandestinos: se suspendían cuando ellos sentían que nos estaban vigilando demasiado y dependíamos de ellos para que nos avisaran de juntarnos. Llegó un momento en el que, de acuerdo con el diseño de la investigación, le dijimos a una de estas fuentes que necesitábamos algún otro tipo de prueba, más allá de su palabra”, dijo. La persona les pidió unos días. “Nos llamó después, nos encontramos en uno de los tres lugares donde nos reuníamos a tener estos encuentros, siempre los rotábamos. Y nos dijo que sabía que en el Hospital Militar había un registro de una ciudadana argentina que había tenido un parto y que había tenido una niña que había nacido viva.”
“Pedí conocer el registro. Después de varias conversaciones, me llevaron con los ojos tapados. Me muestran uno de esos libros que correspondía al año 1976 y efectivamente en uno de noviembre de ese año estaba establecido, a mano, el nacimiento. Decía: ciudadana argentina, una niña de sexo femenino. Yo pedí sacar fotocopias. Obvio me dijeron que no. Salimos y en base a ese material hicimos varias notas. Las notas fueron desmentidas. Ese archivo acaba de ser ubicado recién ahora: más de diez años después en el mismo lugar donde habíamos dicho, con esa misma cantidad de carpetas. Todavía no ha sido ubicada la carpeta del año ’76. Yo ignoro si sigue allí o fue destruida porque ellos tuvieron acceso indiscriminado desde entonces a ese archivo.”
Cuando los jueces le preguntaron algo más sobre el archivo, dijo que no intentaron profundizarlo: “El objetivo central era encontrar a Macarena y cuando esa carpeta nos llevó a la muchacha dejo de tener interés porque ya no era necesaria”.
17 de diciembre de 2011
16 de diciembre de 2011
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destituyen a juez prófugo en chile


El Jurado de Enjuiciamiento destituyó, por decisión unánime, al camarista federal de Mendoza, Roque Otilio Romano, por el mal desempeño de sus funciones al amparar delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.


Argentina. Romano se encuentra con una visa política en Chile, donde buscó refugio el 14 de agosto último, un día antes de ser suspendido en su cargo por el Consejo de la Magistratura para iniciar el juicio. Con la sentencia ya emitida, se debería activar la orden de captura firmada por el juez mendocino Walter Bento.
El Jurado coincidió con la mayoría de los cargos que los consejeros de la magistratura Hernán Ordiales y Carlos Moreno, en sus roles de acusadores, formularon contra el ahora destituido camarista. Ordiales y Moreno habían pedido el 24 de noviembre pasado la destitución de Romano al considerar que fue "funcional al aparato represivo del terrorismo de Estado", y "deshonró el cargo con el que fue investido por las instituciones de la democracia".
Para tomar la decisión de destituir a Romano, el Jurado evaluó, también, la conducta que tuvo hace cuatro meses, cuando, ante la inminente suspensión por parte del Consejo de la Magistratura y su procesamiento por parte del juez federal de Mendoza Walter Bento, decidió fugarse a Chile. "Por no tener las condiciones morales", es uno de los argumentos de la sentencia.
Entre las conclusiones del jury figuran la "displicencia" e "insensibilidad" que mostró Romano cuando, siendo fiscal federal, omitió denunciar, impulsar y perseguir hechos considerados como delitos contra los derechos humanos que fueron puestos en su conocimiento. "Nada hizo sobre los graves delitos de los que, como fiscal, tomó conocimiento en varios casos a través de las propias víctimas", consignó parte de la sentencia.
Romano, según el Jurado, "desdeñaba reclamos y denuncias de los damnificados" y por lo tanto al tribunal "no le cabe el mínimo atisbo de duda" sobre su responsabilidad en hechos vinculados a la violación de derechos humanos.
La destitución fue votada por unanimidad por el jury integrado por las juezas María Alicia Noli y María Susana Najurieta; los senadores Rolando Bermejo y Emilio Alberto Rached; los diputados Oscar Albrieu y Ricardo Buryaile; y el abogado Fabián Antonio Sahade. Ahora, el destituido juez podría quedar detenido en Chile, que difícilmente contemple el asilo, y le seguiría la extradición.
El caso de Romano es el segundo de un camarista federal de Mendoza en ser juzgado por amparar delitos de lesa humanidad, ya que en marzo fue destituido su colega Luis Miret.
15 de diciembre de 2011
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fotos de los vuelos de la muerte


La CIDH entregará hoy al juez Torres, para incorporar a la megacausa ESMA, parte de sus legajos desclasificados.  


  [Alejandra Dandan] Argentina. El informe es un texto mecanografiado, fechado el 22 de abril de 1976. Alguien, que podría haber sido un perito, describe las referencias del hallazgo de un cuerpo de sexo femenino, cutis blanco, cabello negro, estatura 1,60 metro; complexión mediana; de unos treinta años y con un tiempo de muerte aproximado de entre 20 y 25 días. El cuerpo apareció, según la misma referencia, en la Laguna de Rocha, de Uruguay, comunicada con el mar. Físicamente “presentaba indicios externos de violencia: signos de violación, probablemente con objetos punzantes; fracturas múltiples y el codo izquierdo destrozado; múltiples fracturas en ambas piernas con indicios de haber sido atadas; enorme cantidad de hematomas diseminados por todo el cuerpo; destrozo total del cráneo y del macizo oseofacial”. No encontró el perito “ningún posible elemento identificatorio”: “El cuerpo fue extraído desnudo de las aguas y las huellas dactilares obtenidas no arrojaron respuestas positivas”.
El informe conservado hasta ahora entre los archivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ve la luz por primera vez en 32 años. Es parte de un legajo con más de 130 imágenes y partes de la Prefectura y el servicio de inteligencia uruguayos sobre el hallazgo de cuerpos arrastrados por las corrientes marinas hasta las costas de ese territorio, durante los años de la dictadura argentina. Los informes más viejos datan de 1975. Los indicios permiten inferir que serían desaparecidos argentinos. Entre los papeles, un mapa muestra los ciclos de las corrientes y ubica las costas de Buenos Aires como punto de partida. Los documentos son para la Justicia una de las pruebas más claras de la existencia de los vuelos de la muerte: las imágenes muestran los cuerpos atados con ligaduras en las manos y las piernas, sogas armadas con tiras de persianas y marcas de torturas. Los documentos llegaron al país en manos del secretario ejecutivo de la CIDH, el argentino Santiago Cantón, que hoy los entregará en nombre de la Comisión al juez Sergio Torres, encargado de la megacausa ESMA.
Como informó Página/12, para la CIDH la entrega de los documentos representa un cambio de paradigma en su funcionamiento porque es la primera vez que abre sus archivos confidenciales para un proceso de justicia. El valor de los documentos todavía es materia de análisis, pero el juzgado los considera clave no sólo por los vuelos sino porque podrían habilitar una solicitud para que el Estado uruguayo desclasifique todos los documentos relacionados con el hallazgo de cuerpos en la misma época.
La carpeta de documentos tiene solapas de cartulina, todavía contiene los archivos originales, organizados aparentemente por personas, con más de una imagen en cada caso. Las imágenes son impactantes porque, además del estado de los cuerpos, intentan mostrar algunas de las características de los procesos a los que fueron sometidos. En una se ven marcas que parecen ser rastros de la picana en las piernas de una mujer, cuyos dedos están pintados con esmalte de uñas. En otras, hay cables, sogas y trozos de sogas de persianas sujetando las manos de las víctimas, que para el juzgado podrían ser pruebas del modo en que eran “trasladados” los desaparecidos durante los vuelos de la muerte. “Las imágenes están diciendo que esas personas eran tiradas con ligaduras, muestran cómo los sacaban, tienen el valor de tener además datos de los antecedentes o los pasos previos porque muestran que esos cuerpos están marcados con picana, que fueron entonces arrojados al mar en determinadas condiciones”, dicen en el juzgado.
La primera prueba categórica sobre la existencia de los vuelos apareció en 2005 con la identificación de tres cuerpos de Madres de Plaza de Mayo, entre ellos el de Azucena Villaflor, enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. Según el informe del fiscal Eduardo Taiano y el trabajo del Equipo de Antropología Forense (EAAF), los cuerpos presentaban “múltiples traumatismos originados por el choque contra una superficie dura y las fracturas típicas que presentan los huesos largos (eran) compatibles con las producidas por haberse arrojado el cuerpo al mar en los vuelos de la muerte, previa inyección del sedante Pentotal”.
El origen de la carpeta 37 con los archivos de la CIDH todavía es un misterio. Incluso para Cantón. En una de las solapas, de todos modos, se lee “Argentina observation in loco”. Es decir, el archivo corresponde a los documentos que la CIDH habría tomado durante su visita a la Argentina entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979. Uno de los problemas para precisar su procedencia es que le falta información de contexto, como la que poseen otros documentos acumulados en esa visita. “Esto estaba en una carpeta guardada hace treinta años –dice Cantón–. Si uno va a ver el archivo tiene que suponer que se entregó durante la visita de la comisión, pero, si fue así o no, no se puede saber. Se pudo haber archivado mal o pudo haber sido información relevante para la visita y se entregó después, pero todo eso lo desconocemos. Son 130 fotos en total. Y es de suponer que están tomadas por un perito. No son fotos de un turista. Lo hizo la Prefectura uruguaya y la policía, se nota con el correr de las hojas que al comienzo lo hicieron con mucha más inocencia y después, cuando se dan cuenta, parecen haber cambiado de fórmula.”
Con el paso del tiempo, hoy puede entenderse que esa documentación que ahora se judicializa por primera vez no contiene las únicas imágenes o los únicos informes que se conocieron de los aparecidos argentinos en la costa uruguaya. El mismo Cantón quiso dejar a salvo ese punto. Porque ni para la CIDH ni para el juzgado importa mucho hoy cuánta difusión hayan tenido estas imágenes en otros espacios, sino que estaban archivadas donde estaban archivadas y que por primera vez una causa que investiga los vuelos de la muerte las incorpora como prueba.
Las fotos, al parecer, tuvieron su propia historia fuera de esos archivos. Es posible pensar que copias de ese juego u otras distintas hayan sido las imágenes que capturó un ex marino uruguayo, Daniel Rey Piuma, que desertó de la fuerza, pidió refugio en Brasil y difundió las imágenes a través de una organización civil a comienzos de los ’80 y luego con un libro, Un marino acusa. Publicado en 1988, el libro no muestra las fotos de los cuerpos por su truculencia, pero reseña informes que coinciden con las que estaban en la CIDH.
Otra pista de la circulación de esas fotos la tiene el Equipo Argentino de Antropología Forense. Los antropólogos que trabajan en la identificación de cuerpos hallados en cementerios de Uruguay cuentan con informes que reflejan los datos existentes en la Justicia uruguaya. Entre esos informes, tienen datos del hallazgo de tres cuerpos el 22 de abril de 1976, como también los hay en el legajo de la CIDH. Y hace años trabajaron en la identificación de otro cuerpo que parece coincidir con otro registrado en el legajo de la CIDH, porque menciona la marca de un tatuaje: “FA”. Para el EAAF, aquel cuerpo podría ser el de Floreal Avellaneda, porque ellos mismos hicieron la identificación antes del juicio realizado en San Martín y, entre otros datos, trabajaron con un tatuaje marcado con esas misma letras.
“Yo no sé si estas fotos han sido o no han sido publicadas alguna vez, pero, sin perjuicio de eso, el valor que tienen hoy por hoy es el valor judicial –dice Cantón–. Porque el juez no las tiene y todas estas cosas le permiten, creo yo probar la existencia de un plan sistemático: indican que los ataban y los tiraban y eso hasta ahora no está probado judicialmente. Todo el mundo sabe que existían los vuelos de la muerte, pero no existe una prueba judicial.”

Los Datos
El legajo tiene tres grandes grupos de documentos: informes mecanografiados de tipo pericial, fotos y mapas. Los informes relevan características físicas de las personas al momento de ser encontradas y entre los datos arriesgan una hipótesis sobre el presunto momento de la muerte. La indicación de que la persona podría haber muerto 25 o 30 días antes, por ejemplo, puede ser un indicador para pensar el momento de los “traslados”. También hay descripciones de marcas de pantalones, en ocasiones ropa que sólo se fabricaba en Argentina.
Otro de los informes a los que accedió Página/12, del 22 de abril de 1976, describe a una persona de la que no pudieron establecer el tipo de cutis con exactitud: “posiblemente fuera de raza blanca o amarilla”. De sexo masculino, de entre 30 y 40 años, con cabello “imposible de determinar”, una complexión mediana y un tiempo de muerte estimado entre 25 y 30 días. Los datos son un indicador, por ejemplo, de una de las razones por las que en algún momento los uruguayos creyeron en la hipótesis de que los cuerpos que aparecían en las costas pertenecían a las víctimas del naufragio de un barco asiático. Si bien es posible que los peritos hubiesen puesto “raza blanca o amarilla” porque los rasgos de las personas aparecían alterados por la hinchazón, algún dato de los legajos parece señalar que la versión fue difundida por los militares o la policía uruguaya en el marco de una campaña de desinformación, especulan en la CIDH. Una hipótesis que a los antropólogos del EAAF no les cierra, porque consideran posible la confusión.
Además de las imágenes, hay mapas. Uno señala con referencias las zonas con cuerpos encontrados (Montevideo y Colonia) y las zonas en las que se encontraron restos humanos (entre Carmelo y Colonia, Colonia y Montevideo, y La Paloma y Castillos). Otro mapa es de corrientes marítimas y señala a Buenos Aires como la zona donde fueron arrojados los cuerpos.
15 de diciembre de 2011
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fosa con 15 víctimas de dictadura argentina


“Los cuerpos hallados se encontraban ubicados como cayeron” en el ex Arsenal del Ejército en Tucumán, y los expertos estiman que “la fosa habría sido quemada” ya que se constató “la presencia de círculos de neumáticos y rastros de combustión en los cuerpos”, según el Centro de Información Judicial trasandino (CIJ). 


Argentina. Restos óseos de por lo menos 15 esqueletos fueron hallados en un predio del ejército donde funcionó el mayor centro clandestino de detenidos de la dictadura, en la provincia argentina de Tucumán (norte), informó el miércoles el Centro de Información Judicial (CIJ).
El descubrimiento se realizó en el marco de las excavaciones que está efectuando el Equipo Argentino de Antropología Forense por orden judicial en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga de la ciudad de Tucumán, capital provincial.
“Hasta la fecha se hallaron restos óseos correspondientes a un mínimo de 15 individuos esqueletizados parcialmente quemados, ubicados en diferentes profundidades", señala la página web del CIJ, que depende de la Corte Suprema trasandina.
El hallazgo se dio a conocer poco después de que se confirmara que en otro centro provincial conocido como el Pozo de Vargas habían sido identificados los restos del ex senador Guillermo Vargas Aignasse, desaparecido en abril de 1976, luego del golpe de Estado de marzo de ese año.
Por la desaparición de Vargas Aignasse fue condenado en 2008 a cadena perpetua el general Antonio Domingo Bussi, quien falleció el 24 de noviembre pasado a los 85 años.
En el ex Arsenal “los cuerpos hallados se encontraban ubicados como cayeron” y los expertos estiman que “la fosa habría sido quemada” ya que se constató “la presencia de círculos de neumáticos y rastros de combustión en los cuerpos”, según el CIJ.
En el lugar también fueron hallados proyectiles de armas de fuego, restos de ropa y calzado.
La causa en que se investiga lo sucedido en el ex Arsenal se inició en 2005 y actualmente se encuentra radicada en el Juzgado Federal a cargo de Raúl Daniel Bejas.
En el predio del ejército funcionó un campo de concentración que tenía barracas para los prisioneros, alambrada perimetral y torres de vigilancia y que fue utilizado en 1975 durante el llamado “Operativo Independencia” contra la guerrilla de izquierda y luego en la dictadura (1976/83).
Los procesos por violaciones a los derechos humanos se reanudaron a partir de la reapertura de centenares de causas tras la anulación en
2003 de las leyes de amnistía de la década de 1980.
Durante la dictadura hubo unos 30.000 desparecidos, según organismos de derechos humanos.
[Foto viene del blog Ahaztuak.]
15 de diciembre de 2011

14 de diciembre de 2011
©la nación

el miércoles dictan sentencia


El Posadas y Campo de Mayo, en la recta final.


Argentina. El próximo miércoles, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Capital Federal reanudará las audiencias de alegatos en el juicio oral contra el represor y expresidente de facto Reynaldo Bignone, por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército durante la última dictadura militar. En tanto, ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín y en el marco de la causa de Campo de Mayo, comenzará el procesamiento del excomisario Juan Demetrio Luna, acusado de privación ilegítima de la libertad y amenazas en perjuicio de Carlos José Fateche y Victorio Derganz.
Así, los jueces Pablo Daniel Bertuzzi, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini darán inicio a las exposiciones de las defensas, en el debate donde, además de Bignone, son juzgados Luis Muiña e Hipólito Rafael Mariani. En los tres casos, la querella solicitó 25 años de prisión.
Se investigan los hechos que habrían ocurrido en el ámbito del entonces “Policlínico Profesor Alejandro Posadas”, donde existió un centro clandestino de detención y tortura, conocido como “El Chalet del Hospital Posadas”, en virtud del cual habrían sido privadas de su libertad 22 personas y el sometimiento a tormentos de cinco de ellas.
Por su parte, el Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín dará inicio a las audiencias de alegatos de las querellas ante los jueces Héctor O. Sagretti, Daniel Alberto Cisneros y Víctor Bianco. Luego será el turno del Ministerio Público Fiscal y finalmente de la defensa.
A Demetrio Luna se le imputan los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional, amenazas y violencia reiterado en dos hechos, y en uno de los casos agravada también por haber transcurrido más de un mes, y tormentos por resultar las víctimas perseguidos políticos en dos hechos.
13 de diciembre de 2011
12 de diciembre de 2011
©página 12
 

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