MÉXICO INICIA BATALLA LEGAL PARA PODER JUZGAR LOS CRÍMENES DE SU PASADO
México intenta cerrar viejas heridas e intenta llevar a la justicia a los responsables de decenas de asesinatos y desapariciones.
Ciudad de México, México. El poder ejecutivo de México, a través de una fiscalía especial, inició el domingo una batalla legal que promete llegar hasta la Suprema Corte, para juzgar los crímenes de la guerra sucia' de los años 70 en la que murieron o fueron desaparecidos decenas de jóvenes. Luego de que un juez federal desestimó el sábado sus acusaciones por el delito de genocidio hechas contra el ex presidente Luis Echeverría (1970-1976), la fiscalía especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) apunta hacia la máxima instancia judicial del país.
"La justicia en México es algo que se nos debe todavía, por años se ha sufrido la impunidad de los actos más detestables de los gobernantes, (...) no descartamos que esto llegue hasta la Corte", manifestó el ex líder estudiantil y ex preso político, Salvador Ruiz.
Si bien, el fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto, perdió una batalla ante el juez federal César Flores, quien consideró que el delito de genocidio ya prescribió, "la guerra apenas empieza", considera la parte acusadora.
"Yo seguiré insistiendo en que hubo una represión brutal el 10 de junio de 1971, que esa represión fue organizada, dirigida, apoyada y orientada por la política de Luis Echeverría contra la población estudiantil, y que terminó en una masacre ese jueves de 'corpus' de 1971", dijo a la AFP Jesús Martín del Campo, el principal acusador del ex presidente.
El 10 de junio de ese año, una manifestación de miles de estudiantes en la capital mexicana fue disuelta violentamente por las fuerzas de seguridad, entre las cuales había un grupo paramilitar denominado Los Halcones', con un saldo de "decenas" de muertos, según la fiscalía.
El fiscal Carrillo insistió ante la prensa que en este caso se aplica la imprescriptibilidad de los crímenes, porque México signó desde 1966 -sin reserva alguna- el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Durante 30 años "no hubo investigación, nunca quisieron recibirnos ninguna denuncia hasta que (en 2001) se creó la fiscalía especial. Yo fui el que interpuse la primer demanda, porque el fondo del asunto sigue vivo", no así algunos de los participantes de la manifestación de 1971, agrega Del Campo.
El mismo sábado, tras el revés sufrido ante el juzgado, el fiscal anunció que apelará a una segunda instancia, y a su vez solicitará a través de la Procuraduría general (PGR), que la Suprema Corte atraiga el caso.
Este proceso podría durar largos meses, considerando el lento y burocrático sistema judicial mexicano, aunque la fiscalía y los acusadores ciudadanos tienen la esperanza de que la Corte acepte revisar el expediente, con lo que podrían acelerarse todos los trámites.
En tanto, la defensa de Echeverría seguirá insistiendo en que ya prescribieron los delitos por los que se acusa al ex mandatario y a varios de sus colaboradores.
"De entrada ya ganamos algo, se reconoce (por parte del juez) que hubo genocidio, pero que éste -según él- ya prescribió, (...) pero no debemos olvidar que todavía hay decenas de muertos y desaparecidos a los que no se les ha hecho justicia", refirió Jesús Martín del Campo.
El fiscal Carrillo, fundamentó sus alegatos contra Echeverría, con base en la demanda de Del Campo, un ex estudiante herido en esa manifestación de en la que murió un hermano suyo por un disparo de "los halcones", un grupo paramilitar.
"Mi hermano recibió un balazo por parte de un francotirador, a mí me golpearon a su vez los 'halcones' con esas varas de madera, lamentablemente (con posterioridad) mi madre murió sin ver juzgados a los responsables", concluyó el ex activista.
26 de julio de 2004
©mipunto
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