JUSTICIA EN LA GUERRA SUCIA DE MÉXICO
La decisión de un juez mexicano de no dar lugar al procesamiento del ex presidente Luis Echeverría por la masacre de 30 manifestantes en 1971, preocupa a la prensa. México espera que Fox cumpla su promesa de llevar a los criminales a justicia. Sigue un editorial de New York Times del 29 de julio.
Cuando el presidente Fox fue elegido presidente de México en 2000, prometió descubrir y juzgar las violaciones de los derechos humanos cometidas por sus predecesores. En los años setenta y ochenta el gobierno mexicano llevó a cabo una guerra sucia' que condujo a la tortura y asesinato de cientos de personas. Aunque el presidente Fox ha hecho muchas promesas poco realistas, esta es una que los mexicanos sí esperan que cumpla, incluso si significa contrariar al antiguo partido dominante Partido Revolucionario Institucional, todavía el más grande en el Congreso.Hoy, los intentos de México de dar cuenta de las violaciones del pasado parecen ser sin embargo otra de las oportunidades despilfarradas de Fox. El sábado, un juez de Ciudad de México anulaba una orden de detención contra el antiguo presidente Luis Echeverría y once otros bajo el caro de genocidio. Ignacio Carrillo Prieto, el fiscal especial de México para los crímenes del estado durante la guerra sucia, ha pedido la detención de Echeverría bajo la acusación de permitir que un escuadrón de matones adiestrados militarmente mataran a 30 estudiantes que participaban en una demostración en 1971.
Pero el juez prohibió lo que habría sido el primer juicio de un ex presidente en la historia del México moderno, desdeñando los cargos sobre la base de que la ley de prescripción de 30 años ya había caducado. Carrillo podrá argumentar en la apelación que la ley de prescripción no ha caducado porque fue el gobierno el que impidió los procesos durante décadas. De todos modos, será difícil convencer con la teoría de que la masacre de los estudiantes se pueda tipificar como una forma de genocidio.
El principal problema de Carrillo es la falta de apoyo del gobierno de Fox, que se ha mostrado persistentemente ambivalente a la hora de exigir justicia. El presidente Fox decidió no establecer una comisión de la verdad a causa de esa ambivalencia.
Decidió descansar solamente en el escandalosamente politizado poder judicial mexicano y el despacho insuficientemente financiado de Carrillo -que ha sido constantemente frustrado en sus esfuerzos por los militares y el propio ministerio del interior y fiscal de Fox. Hasta ahora, el fiscal extraordinario sólo ha arrojado más combustible al extendido cinismo del público mexicano de que los delincuentes poderosos -entonces y ahora- logran prácticamente siempre escapar de la justicia.
29 de julio de 2004
31 de julio de 2004
©traducción mQh
©newyorktimes
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goleech -