pinochet a juicio por asesinato
La Corte Suprema chilena le despojó de su inmunidad -algo que para cuando su detención en Londres el gobierno y la justicia chilena se negaron a hacer en virtud del acuerdo entre gobierno y militares- y resolvió recientemente que puede ser llevado a juicio. Lo comenta un editorial de Los Angeles Times.
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Durante más de tres décadas el general Augusto Pinochet, el ex dictador chileno responsable de la muerte y desaparición de miles de personas, ha logrado escapar de la justicia. Su impunidad puede finalmente estar terminando. Una reciente resolución de la Corte Suprema chilena para revocar la inmunidad de Pinochet ha contribuido a elevar las esperanzas que el tirano sea finalmente procesado.
Pinochet está acusado de conspirar con otros dictadores sudamericanos para eliminar a sus opositores políticos en la infame Operación Cóndor -un plan montado por cinco regímenes militares con el apoyo tácito del gobierno estadounidense para capturar y asesinar a sus disidentes en todo el mundo. Una de las víctimas fue el antiguo ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Orlando Letelier, que fue asesinado en 1976 en un atentado con bomba en Washington.
Pinochet se hizo con el poder mediante un golpe militar en 1973 y gobernó Chile hasta 1990. Ocho años después fue detenido en Londres por una orden de captura del juez español Baltazar Garzón, acusándole de genocidio, terrorismo y torturas, incluyendo víctimas españolas. Garzón pidió la extradición de Pinochet a España, pero el Reino Unido lo devolvió a Chile, determinando que no estaba en condiciones mentales como para ser llevado ajuicio.
Pinochet no podía ser juzgado en Chile como parte de un acuerdo que le permitió ser nombrado senador vitalicio' después de dejar la presidencia en 1990. La Corte Suprema pudo entonces despojarle de su inmunidad, pero en lugar de eso aceptó el veredicto de los jueces británicos de que era incompetente.
Irónicamente, fueron los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 los que renovaron las iniciativas para enjuiciar a Pinochet. Después del 11 de septiembre detectives estadounidenses empezaron a investigar cuentas secretas posiblemente vinculadas a Al Qaeda. En el proceso descubrieron una cuenta en el Banco Riggs de Washington que pertenecía a Pinochet, con un saldo de entre ocho y diez millones de dólares. Pinochet manejaba activamente esa cuenta, poniendo en entredicho la idea de que estaba mentalmente incapacitado. Además, en noviembre, el ex dictador de 88 años concedió una entrevista a una estación de televisión de Miami en la que demuestra que no está senil. Por ello la Corte Suprema resolvió el mes pasado despojarle de su inmunidad.
La Corte no sólo quiere saber más sobre la Operación Cóndor. Nadie con un salario de soldado, ni siquiera un general, puede ahorrar ocho millones de dólares. Y los funcionarios chilenos quieren saber si pagó los impuestos debidos por ese dinero.
La recién recuperada estabilidad política chilena ha hecho posible tratar de llevar a juicio a Pinochet sin poner en peligro los enormes progresos hechos por el país en materias políticas, sociales y económicas. Sus víctimas y familiares de los muertos y desaparecidos' merecen asistir a ese juicio. El sistema judicial del país es lo suficientemente maduro como para poner fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia de América Latina.
18 de septiembre de 2004
©angelestimes
©traducción mQh
Durante más de tres décadas el general Augusto Pinochet, el ex dictador chileno responsable de la muerte y desaparición de miles de personas, ha logrado escapar de la justicia. Su impunidad puede finalmente estar terminando. Una reciente resolución de la Corte Suprema chilena para revocar la inmunidad de Pinochet ha contribuido a elevar las esperanzas que el tirano sea finalmente procesado.Pinochet está acusado de conspirar con otros dictadores sudamericanos para eliminar a sus opositores políticos en la infame Operación Cóndor -un plan montado por cinco regímenes militares con el apoyo tácito del gobierno estadounidense para capturar y asesinar a sus disidentes en todo el mundo. Una de las víctimas fue el antiguo ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Orlando Letelier, que fue asesinado en 1976 en un atentado con bomba en Washington.
Pinochet se hizo con el poder mediante un golpe militar en 1973 y gobernó Chile hasta 1990. Ocho años después fue detenido en Londres por una orden de captura del juez español Baltazar Garzón, acusándole de genocidio, terrorismo y torturas, incluyendo víctimas españolas. Garzón pidió la extradición de Pinochet a España, pero el Reino Unido lo devolvió a Chile, determinando que no estaba en condiciones mentales como para ser llevado ajuicio.
Pinochet no podía ser juzgado en Chile como parte de un acuerdo que le permitió ser nombrado senador vitalicio' después de dejar la presidencia en 1990. La Corte Suprema pudo entonces despojarle de su inmunidad, pero en lugar de eso aceptó el veredicto de los jueces británicos de que era incompetente.
Irónicamente, fueron los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 los que renovaron las iniciativas para enjuiciar a Pinochet. Después del 11 de septiembre detectives estadounidenses empezaron a investigar cuentas secretas posiblemente vinculadas a Al Qaeda. En el proceso descubrieron una cuenta en el Banco Riggs de Washington que pertenecía a Pinochet, con un saldo de entre ocho y diez millones de dólares. Pinochet manejaba activamente esa cuenta, poniendo en entredicho la idea de que estaba mentalmente incapacitado. Además, en noviembre, el ex dictador de 88 años concedió una entrevista a una estación de televisión de Miami en la que demuestra que no está senil. Por ello la Corte Suprema resolvió el mes pasado despojarle de su inmunidad.
La Corte no sólo quiere saber más sobre la Operación Cóndor. Nadie con un salario de soldado, ni siquiera un general, puede ahorrar ocho millones de dólares. Y los funcionarios chilenos quieren saber si pagó los impuestos debidos por ese dinero.
La recién recuperada estabilidad política chilena ha hecho posible tratar de llevar a juicio a Pinochet sin poner en peligro los enormes progresos hechos por el país en materias políticas, sociales y económicas. Sus víctimas y familiares de los muertos y desaparecidos' merecen asistir a ese juicio. El sistema judicial del país es lo suficientemente maduro como para poner fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia de América Latina.
18 de septiembre de 2004
©angelestimes
©traducción mQh
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