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esclavos en el paraíso


[Gerardo Reyes] Condiciones infrahumanas en centrales azucareros dominicanos.
Por un callejón oscuro del batey, Emmanuel camina somnoliento mientras se pone su camisa blanca de trabajo curtida de barro seco. Son las 5 y media de la mañana del segundo domingo de diciembre.
Hoy no hay escuela, y el tímido muchacho haitiano de 14 años se adentra en ayunas en el cañaveral blandiendo un machete prestado con el que ha cortado cuatro toneladas de caña en las dos últimas semanas.
De una multiplicación pavorosamente simple depende su supervivencia en estos días de zafra. Por cada tonelada de caña que corte recibirá $1.80, el precio de cinco libras de azúcar refinada en Publix.
Es decir, que por el trabajo de sol a sol que ha hecho en los dos últimos fines de semana, más unas horas que se ha escapado de la escuela, le pagarán un poco menos de $8.
Nadie le garantiza que recibirá el dinero contante y sonante. Lo más seguro es que el sábado siguiente la empresa le entregue un comprobante por el valor de lo devengado, que tendrá que empeñar en la tienda de abastos del batey para comer arroz y habichuelas, o sólo arroz como lo hizo ayer.
La tienda le descuenta un 10 por ciento.
''Como está la vida yo no sé que voy a hacer'', afirmó Emmanuel, quien aprendió a hablar español en los 18 meses que ha trabajado en República Dominicana
Emmanuel Sanjuan es uno de los miles de braceros de todas las edades que viven y trabajan en condiciones infrahumanas en los extensos centrales azucareros del sureste de República Dominicana.
La habitación de madera sin ventanas de seis metros cuadrados, sin luz, sin agua, sin baño y de piso de tierra, donde vive como huérfano porque sus padres se quedaron en Haití, es la más reciente estación de su deambular laborioso, desde que tenía 13 años, por las plantaciones y los bateyes de miseria diseminados a lo largo y ancho del imperio azucarero de los Vicini, o de la familia Moreno, o del gobierno dominicano en el municipio de San Pedro de Macorís, a 60 kilómetros de Santo Domingo.
Dentro de estas fronteras que forman las murallas verdes de la caña de azúcar con sus pendones florecidos, más de 20,000 haitianos resuelven cada año la penosa encrucijada de salir de su país para no morir de hambre a vivir en otro ajeno, donde posiblemente mueran por exceso de trabajo, desnutrición o falta de atención médica y sin un peso en el bolsillo.
La mayoría de los entrevistados no quiere regresar a Haití.
''Son esclavos en el paraíso'', sostuvo el padre Christopher Hartley Sartorius, párroco de San José de los Llanos quien se ha convertido en el defensor de oficio de los trabajadores agrícolas de la región.
El sacerdote hispano-británico, discípulo de la Madre Teresa de Calcuta, explicó que el degradante paisaje de contraste lo forman la situación deplorable de los trabajadores haitianos y la cercanía de las mansiones de recreo de las familias más ricas del mundo en el lujoso balneario de Casa de Campo.
''¿Díganme si esto no es la cabaña del Tío Tom?'', preguntó el sacerdote luego de apuntar hacia unos alambres de púas que fueron instalados en el techo del pasillo de un barraca calurosa y maloliente para evitar que los obreros escaparan.
Durante cuatro días, un reportero y un fotógrafo de El Nuevo Herald recorrieron los rincones amargos de esta zona y entrevistaron a decenas de trabajadores en unos 10 bateyes del Consorcio Vicini y en dos del Central Romana, de la familia Fanjul.
La denuncia común es el hambre, los malos tratos que reciben por parte de los capataces en los terrenos de los Vicini, desde insultos hasta golpizas y encarcelaciones clandestinas, los deficientes y en muchos casos inexistentes servicios médicos y la explotación inhumana de su trabajo a cambio de un estipendio que escasamente alcanza para comer una vez al día.
Las matemáticas de la avaricia llegan a tal extremo en estos lugares que en el Central Romana, propiedad de los Fanjul, influyentes magnates del azúcar cubanoamericanos del sur de la Florida, algunos trabajadores denunciaron que la empresa les cobra el machete con el que cortan la caña.
Las condiciones de vida en La Romana, sin embargo, son menos agobiantes que las del consorcio Vicini, según explicó Marie Maude, una monja haitiana de las Hijas de María que dirige varios proyectos de la comunidad religiosa en esta zona.
En su visita El Nuevo Herald pudo constatar que el pago que reciben los trabajadores por tonelada en el Central Romana es de 20 a 30 centavos de dólar más alto y en general las viviendas son más sólidas, aunque la mayoría no cuentan con luz eléctrica, agua, servicios sanitarios ni cocinas.
''De todas maneras muchos de los picadores pasan hambre porque no les alcanza el poco dinero que ganan .... Hay muchísimas necesidades de los trabajadores que no han sido escuchadas: hay bateyes en donde sólo hay una pluma [llave] de agua para 600 y más personas'', explicó la religiosa quien dirige un centro de educación y nutrición cercano al batey La Higuera.
El vicepresidente de relaciones públicas del Central Romana, Francisco A. Micheli, declaró a El Nuevo Herald por escrito que el central fue reconocido, en el marco de la XII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, como ''una gerencia modelo que ha hecho grandes contribuciones al desarrollo económico y social'' del país caribeño.
''Es posible que muchas de esas personas que han mostrado algún tipo de queja, según usted afirma, vivan en peores condiciones en su país que aquí en la República Dominicana'', agregó el ejecutivo. ``En cuanto al machete, éste es un implemento personal de trabajo''.
El nuevo gobierno de República Dominicana, que lleva cinco meses en el poder, parece interesado en empinarse a mirar lo que está ocurriendo en la zona.
Carlos Amarante Baret, director de la Dirección de Migración de República Dominicana, afirmó a El Nuevo Herald que la administración del presidente Leonel Fernández no permitirá que esta situación continúe.
''Nosotros no propiciaremos ni vamos a apoyar abusos ni condiciones de salubridad que denigren la dignidad humana'', aseguró Amarante, quien es abogado laboralista. ``Nuestros inspectores, y ahí nos puede ayudar el padre Christopher, y nosotros mismos personalmente, iremos a chequear las condiciones de vida y de trabajo de estas personas''.
Los observadores del Departamento de Estado de Estados Unidos ya pasaron por el lugar. El informe del 2003 parece un copia de las repetidas quejas escuchadas por El Nuevo Herald. ``Las condiciones de los trabajadores agrícolas son malas, especialmente en la industria del azúcar. La mayoría de los caseríos de los trabajadores de la caña de azúcar no tienen escuelas, instalaciones médicas, agua corriente, servicio de alcantarillado y presentan altos índices de enfermedades''.
En un esfuerzo por conocer la opinión de la familia Vicini, El Nuevo Herald se comunicó con sus oficinas en Santo Domingo.
Una mujer, que se identificó como secretaria de Juan Bautista Vicini, presidente del grupo agro-industrial, reclamó al reportero por haber ingresado a los bateyes sin autorización de la compañía.
Los bateyes son poblados abiertos donde funcionan oficinas del gobierno dominicano e iglesias de diferentes denominaciones. Las vías empolvadas de acceso son públicas. Por allí transitan turistas que conduce motocicletas de tres ruedas en espontáneos safaris de misericordia cuyo fin es repartir juguetes y monedas a los niños.
La secretaria de Vicini informó que sería difícil que la persona encargada de las relaciones con los medios de comunicación pudiera atender al reportero porque estaba en los campamentos repartiendo regalos de Navidad.

25 de enero de 2005
©el nuevo herald
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