uruguay juzgará a dictadura
El flamante presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, prometió cumplir la dura tarea de levantar el velo que cubre los crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985), para lo cual deberá superar los obstáculos legales y las resistencias del sector castrense.
Montevideo, Uruguay. El anuncio de Vázquez la noche del martes en el sentido de que su gobierno no considera comprendidos en la Ley de Caducidad (que en 1986 dio una amplia amnistía a las violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura) el secuestro y desaparición de María Irureta Goyena, nuera del poeta argentino Juan Gelman, ni los asesinatos en 1976 en Buenos Aires de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz remueve estructuras selladas por casi 30 años de impunidad.
En uno de los discursos que pronunció el día de su asunción, Vázquez afirmó que "el país tiene aún una asignatura pendiente" en relación a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar, y se comprometió a saldarla.
Con ese fin, investigadores de la Universidad de la República, con asistencia de técnicos argentinos, ingresarán a instalaciones militares "para comenzar los estudios correspondientes para saber si hubo enterramientos de ciudadanos muertos y desaparecidos durante la dictadura militar", anunció el mandatario ante una multitud que le aclamaba.
Vázquez añadió que el nuevo gobierno "promoverá sin distinción de clase alguna la reparación de todas las víctimas de los hechos acaecidos en aquellos terribles años que tanto hirieron y dividieron a la sociedad urruguaya", e hizo hincapié en que los cambios que promoverá su gobierno serán "posibles", "progresivos" y "continuados" y dijo que tendrán "la mirada en la utopía y los pies en la realidad".
Este jueves se echará a andar la tarea: el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, quien representó a Vázquez en la denominada "Comisión para la Paz" que creó el ex presidente Jorge Batlle para dar respuesta a las desapariciones de ciudadanos, se reunirá con los jefes de las Fuerzas Armadas para organizar el ingreso a los cuarteles.
En su discurso Vázquez dijo que si en esas excavaciones se encuentran restos humanos, éstos serán indentificados para devolverlos a sus familiares y si no los hay llevará adelante indagatorias para "saber qué pasó con ellos".
Pero Vázquez sabe también que los caminos hacia la verdad pueden estar regados de rispideces, como se advirtió hace apenas unas semanas en un acto celebrado en una unidad militar, cuando un general que ocupó cargos de relevancia en la dictadura increpó públicamente a la desde el martes ministra de Defensa, Azucena Berrutti, sobre el trato a la oficialidad.
"Da la impresión de que usted está comandando robots y no hombres. Y eso puede tener alguna implicancia negativa", le espetó el general retirado Iván Paulós, ex director del Servicio de Información de Defensa.
Añadió que "lo que yo digo es el sentir de mucha gente", a la que portavoces de las organizaciones defensoras de los derechos humanos califica de "nostálgicos" de los años de la dictadura.
Estos militares desarrollan en general sus actividades en cargos de dirección de dos instituciones de carácter social, pero que constituyen grupos de poder y en las que también tienen cabida oficiales jóvenes en actividad, aunque éstos están impedidos de emitir opiniones en torno a temas políticos e institucionales.
Por otra parte Uruguay, un país firmemente encorcetado en el marco legal, en particular la "ley de Caducidad" y el Código del Proceso Penal (CPP) deja asimismo intersticios que deberá ocupar la Justicia para llegar a la verdad y se avente lo que parece ser una interminable duda que ensombrece al pueblo uruguayo.
3 de marzo de 2005
©mi punto
Montevideo, Uruguay. El anuncio de Vázquez la noche del martes en el sentido de que su gobierno no considera comprendidos en la Ley de Caducidad (que en 1986 dio una amplia amnistía a las violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura) el secuestro y desaparición de María Irureta Goyena, nuera del poeta argentino Juan Gelman, ni los asesinatos en 1976 en Buenos Aires de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz remueve estructuras selladas por casi 30 años de impunidad. En uno de los discursos que pronunció el día de su asunción, Vázquez afirmó que "el país tiene aún una asignatura pendiente" en relación a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar, y se comprometió a saldarla.
Con ese fin, investigadores de la Universidad de la República, con asistencia de técnicos argentinos, ingresarán a instalaciones militares "para comenzar los estudios correspondientes para saber si hubo enterramientos de ciudadanos muertos y desaparecidos durante la dictadura militar", anunció el mandatario ante una multitud que le aclamaba.
Vázquez añadió que el nuevo gobierno "promoverá sin distinción de clase alguna la reparación de todas las víctimas de los hechos acaecidos en aquellos terribles años que tanto hirieron y dividieron a la sociedad urruguaya", e hizo hincapié en que los cambios que promoverá su gobierno serán "posibles", "progresivos" y "continuados" y dijo que tendrán "la mirada en la utopía y los pies en la realidad".
Este jueves se echará a andar la tarea: el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, quien representó a Vázquez en la denominada "Comisión para la Paz" que creó el ex presidente Jorge Batlle para dar respuesta a las desapariciones de ciudadanos, se reunirá con los jefes de las Fuerzas Armadas para organizar el ingreso a los cuarteles.
En su discurso Vázquez dijo que si en esas excavaciones se encuentran restos humanos, éstos serán indentificados para devolverlos a sus familiares y si no los hay llevará adelante indagatorias para "saber qué pasó con ellos".
Pero Vázquez sabe también que los caminos hacia la verdad pueden estar regados de rispideces, como se advirtió hace apenas unas semanas en un acto celebrado en una unidad militar, cuando un general que ocupó cargos de relevancia en la dictadura increpó públicamente a la desde el martes ministra de Defensa, Azucena Berrutti, sobre el trato a la oficialidad.
"Da la impresión de que usted está comandando robots y no hombres. Y eso puede tener alguna implicancia negativa", le espetó el general retirado Iván Paulós, ex director del Servicio de Información de Defensa.
Añadió que "lo que yo digo es el sentir de mucha gente", a la que portavoces de las organizaciones defensoras de los derechos humanos califica de "nostálgicos" de los años de la dictadura.
Estos militares desarrollan en general sus actividades en cargos de dirección de dos instituciones de carácter social, pero que constituyen grupos de poder y en las que también tienen cabida oficiales jóvenes en actividad, aunque éstos están impedidos de emitir opiniones en torno a temas políticos e institucionales.
Por otra parte Uruguay, un país firmemente encorcetado en el marco legal, en particular la "ley de Caducidad" y el Código del Proceso Penal (CPP) deja asimismo intersticios que deberá ocupar la Justicia para llegar a la verdad y se avente lo que parece ser una interminable duda que ensombrece al pueblo uruguayo.
3 de marzo de 2005
©mi punto
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