pobres jubilados chilenos
[Indira A.R. Lakshmanan] Las pensiones privadas no proporcionan una red de seguridad.
Santiago, Chile. Irma Moya Benech ha trabajado durante cuarenta años en hospitales públicos cuidando de enfermos y ancianos, y ahora que es ambas cosas, dice que el estado no se está ocupando de ella.
Pasados ya cinco años la edad legal de jubilación de las mujeres en Chile, Moya, 65, sigue trabajando como técnica médico para pacientes con sida, tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, aunque su sistema inmunológico está debilitado por la radioterapia de su cáncer a los pechos. Necesita desesperadamente jubilar, pero no puede, dijo, porque su pensión privada sería menos del 30 por ciento de su salario mensual de 1.738 dólares. Ya no podría pagar los seguros médicos de calidad para cubrir los costes de la quimioterapia y recetas.
Su marido de 71 años, que padece de leucemia, todavía trabaja como contador en la Universidad de Santiago, porque su pensión sería sólo un 20 por ciento de su salario mensual de 2.127 dólares.
"Creo que hemos cumplido con nuestro deber y debería permitírsenos descansar después de haber trabajado durante 40 años", dijo Moya, las lágrimas cayendo por sus mejillas.
En una época en que el presidente Bush ha hecho de la revisión de la Seguridad Social un objetivo central de su segundo mandato, él y otros partidarios de la privatización se han referido a Chile, el primero en privatizar las pensiones en 1981, como un modelo.
Al transformar su sistema, este país de 16 millones de personas esquivó una ominosa deuda de pensiones debidas a su población mayor y dio un impulso a los mercados domésticos de capitales, contribuyendo a altas tasas de crecimiento y la reducción a la mitad de la pobreza en el que ha sido unos de los países más afluentes de América Latina. Para chilenos con empleo fijo que canalizan consistentemente el 10 por ciento de sus salarios en cuentas de jubilación privadas, como exige la ley -y preferiblemente agregan más cotizaciones libres de impuestos-, las pensiones pueden llegar a ser un 70 por ciento de sus salarios, proporcionando un confortable estándar de vida a los jubilados, de acuerdo a cálculos de la asociación de gestores de fondos de pensión.
Pero lo que los partidarios del modelo chileno no han publicitado es que para los trabajadores pobres, temporales e itinerantes, e incluso para una gran parte de la clase media misma y de los independientes, el sistema privado ha demostrado ser inadecuado, en gran parte porque esos trabajadores no pueden cotizar lo suficiente a sus cuentas privadas. Más del 17 por ciento de los chilenos de 65 y más siguen trabajando porque sus pensiones son insuficientes, según un estudio encargado por el gobierno.
Basándose en la experiencia de Chile -y de más de 20 países, la mayoría de ellos en América Latina y Europa del Este que siguieron su ejemplo privatizando parte o todos sus sistemas de pensiones-, una de las conclusiones del informe del Banco Mundial es que el gobierno tendrá que jugar un papel en cualquier sistema de pensión reformado que lo que sugieren los partidarios de la privatización. Las cuentas privadas pueden ser un pilar del sistema de Seguridad Social, pero el estado deberá proporcionar una red de seguridad.
"Los Años Dorados' no existen para ellos", dijo Yasmir Farina, de la asociación que encabeza de 157.000 jubilados de la administración pública que están presionando al gobierno para que cubra el déficit de sus pensiones privadas y lo que deberían recibir según el viejo sistema público.
Pasarán otros 20 años antes de que jubile la primera generación de trabajadores chilenos que hicieron sus carreras en el sistema de jubilación privado, y quizás sólo entonces se pueda juzgar verdaderamente a la privatización. Pero desde fines de los años noventa ha surgido un debate sobre cómo reformar el sistema para que sea mejor para todo el mundo.
En dos décadas, los fondos de pensión gestionados privadamente en Chile, cuyos capitales combinados llegan a los 60 billones de dólares, han dado beneficios anuales impresionantes. Pero recientes estudios independientes y de gobierno han concluido que cerca de la mitad de los 7 millones de inscritos corrientes no está cotizando los 20 años necesarios para obtener la pensión mínima: Se transformarán en cargas para el estado o simplemente caerán entre las grietas.
Otras aparentes deficiencias de la experiencia chilena, desde las tarifas de la gestión financiera que los críticos dicen que son muy altas, hasta los altos costes de transición, ofrecen lecciones a cualquiera que quiera adaptar el modelo a Estados Unidos.
Los críticos observan que el gobierno militar que impuso el sistema privatizado por consejos de economistas del libre mercado -y sin los obstáculos de una oposición política-, conservó a los miembros de las fuerzas armadas cubiertos por el viejo sistema financiado con impuestos, donde siguen hasta hoy. Y lejos de liberarse de su obligación fiscal, 24 años después el estado paga un asombroso 30 por ciento de su presupuesto anual en pensiones -lo mismo que gasta en salud y educación juntos.
"Es una ficción decir que la transición no cuesta nada", dijo Ricardo Solari, ministro del Trabajo y Seguridad Social.
Esos dólares de los contribuyentes se destinan a los jubilados todavía cubiertos por el viejo sistema, a bonos de compensación para los empleados que abandonaron el viejo sistema y para trabajadores cuyas cuentas privadas no han acumulado lo suficiente después de 20 años para generar la "pensión mínima" de 150 dólares al mes, casi dos tercios del salario mínimo chileno. Chile también paga pensiones de asistencia de 50 dólares mensuales a ancianos indigentes. Pero muchos más que pertenecen a la clase media, pero cuyos empleadores erraron al calcular sus cotizaciones -como Moya- han sido obligados a trabajar más allá de la edad de jubilación para mantener un modo de vida decente o simplemente sobrevivir.
Willy Contreras, un asesor financiero de uno de los fondos de pensión privados más grandes, atribuye las pensiones bajas a los salarios bajos. "Si tu salario es bajo, no hay sistema que te pueda ayudar a jubilarte decentemente".
El reto, dijo Solari, "es idear un verdadero sistema de seguridad social que permita que la gente financie su propia jubilación, al mismo tiempo que se ocupe de los que no pueden".
La propuesta de Bush permitiría que los trabajadores de menos de 55 años de edad destinen un 4 por ciento de sus impuestos al salario de la Seguridad Social a cuentas individuales, pero no ha sugerido de que las cuentas privadas remplacen al sistema público.
En contraste, incluso los trabajadores chilenos de edad mediana que estaban inscritos en el viejo sistema en 1981 fueron alentados enfáticamente a asociarse al nuevo sistema. Los trabajadores fueron compensados con bonos basados en sus salarios de 1978, 1979 y 1980, tres años durante los cuales los salarios chilenos estuvieron severamente deprimidos.
Los trabajadores asalariados que se integraron a la fuerza de trabajo en 1981 o más tarde, 10 por ciento de sus salarios se destinan por ley en fondos de pensión privados y un 2.4 por ciento adicional se destina a gerentes de fondos de comisiones y seguros. Los empleadores no contribuyen nada. (En Estados Unidos, los trabajadores contribuyen un 6.2 por ciento de sus salarios a la Seguridad Social, que es igualada por los empleadores). Los independientes y los trabajadores informales -desde negocios hasta taxistas- no están obligados a integrarse al sistema chileno, y menos de un 3 por ciento lo hace, sea porque no pueden reducir sus ingresos mensuales o por ignorancia.
Con un tercio de los trabajadores chilenos auto-empleados, y muchos más entrando y saliendo de trabajos temporales, "más de la mitad de la fuerza de trabajo contribuye menos de cuatro meses en un año" a sus pensiones, de acuerdo a un análisis de Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo.
Guillermo Arthur Errázuriz, presidente de la asociación de Administradores de Fondos de Pensión, dice que "de los que no pagan debe responsabilizarse el estado. Esa no es nuestra responsabilidad. No podemos criticar a este sistema preguntando por qué no pago a la gente pobre que no cotiza".
Para los que cotizan, los fondos privados han entregado altas tasas de retorno, un promedio de 10.3 por ciento al año, dijo Arthur Errázuriz, ministro del Trabajo y Seguridad Social durante el régimen militar. Deduciendo las comisiones de los gerentes de fondos, el beneficio real de los depósitos netos fue de 6.3 por ciento, de acuerdo al economista Manuel Riesco, autor del estudio del Centro de Desarrollo Alternativo.
Los seis fondos de pensión de Chile, cuyos miembros de los consejos de administración incluyen al menos a 17 miembros de gabinete del antiguo régimen militar que impuso el sistema, de acuerdo a Riesco, se han transformado en una de las industrias más rentables de Chile, entrenado un retorno más alto en acciones que las más grandes utilidades de Chile.
Arthur Errázuriz dijo que los críticos que dicen que los fondos de pensión cobran tarifas exorbitantes están mal informados; las comisiones se han reducido y ahora constituyen el 0.6 por ciento de los fondos totales bajo gestión, menos que la mayoría de los mercados de capitales de Estados Unidos, dijo. Juan Yermo, un antiguo investigador de pensiones del Banco Mundial, pone en duda la cifra, diciendo que las tarifas constituyen el 1.2 por ciento de los capitales.
Arthur Errázuriz también afirma que un tercio del crecimiento económico que gozó Chile durante 1985 y 1994 fue un producto secundario de la infusión de fondos de pensión privados en el mercado de capitales, un auge económico que hizo subir los salarios.
Eso es poco consuelo para los trabajadores, que dicen que 20 por ciento de lo que se deduce ahora de sus salarios cada mes se utiliza en pagar tarifas y seguros y no termina en sus cuentas. Cinco de los seis fondos de pensión tienen costes mensuales fijos, dijo Solari, que quiere eliminar esas tarifas.
Uno de los argumentos de Bush para privatizar las pensiones es relacionar recompensas con contribuciones. Guillermo Larraín, el regulador del gobierno que supervisa el sistema chileno, concuerda en que los sistemas de pay-as-you-go [sobre la marcha] son injustos, porque la gente no gana más por trabajar más tiempo. Pero sugiere que el híbrido sistema adoptado por Suecia en 2000 puede ser un mejor modelo para Estados Unidos que el de Chile. Los suecos pagan 2.5 por ciento de sus salarios a cuentas privadas, más un 16 por ciento que se destina a cuentas del gobierno que coteja las pensiones con las cotizaciones de cada cual.
Pero para Rafael Tapia, un ejecutivo de 49 años de una corporación multinacional, el sistema chileno es suficientemente justo.
Tapia ha sacado ventaja de las deducciones impositivas para agregar contribuciones extra a su cuenta y ha acumulado medio millón de dólares, de los que cerca de la mitad son intereses ganados por su dinero, calculó.
"Me quedaría con este sistema, que te recompensa por su propio trabajo", dijo, junto a su piscina. "Es siempre un asunto de responsabilidad personal".
28 de febrero de 2005
18 de marzo de 2005
©boston globe
©traducción mQh
Santiago, Chile. Irma Moya Benech ha trabajado durante cuarenta años en hospitales públicos cuidando de enfermos y ancianos, y ahora que es ambas cosas, dice que el estado no se está ocupando de ella.Pasados ya cinco años la edad legal de jubilación de las mujeres en Chile, Moya, 65, sigue trabajando como técnica médico para pacientes con sida, tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, aunque su sistema inmunológico está debilitado por la radioterapia de su cáncer a los pechos. Necesita desesperadamente jubilar, pero no puede, dijo, porque su pensión privada sería menos del 30 por ciento de su salario mensual de 1.738 dólares. Ya no podría pagar los seguros médicos de calidad para cubrir los costes de la quimioterapia y recetas.
Su marido de 71 años, que padece de leucemia, todavía trabaja como contador en la Universidad de Santiago, porque su pensión sería sólo un 20 por ciento de su salario mensual de 2.127 dólares.
"Creo que hemos cumplido con nuestro deber y debería permitírsenos descansar después de haber trabajado durante 40 años", dijo Moya, las lágrimas cayendo por sus mejillas.
En una época en que el presidente Bush ha hecho de la revisión de la Seguridad Social un objetivo central de su segundo mandato, él y otros partidarios de la privatización se han referido a Chile, el primero en privatizar las pensiones en 1981, como un modelo.
Al transformar su sistema, este país de 16 millones de personas esquivó una ominosa deuda de pensiones debidas a su población mayor y dio un impulso a los mercados domésticos de capitales, contribuyendo a altas tasas de crecimiento y la reducción a la mitad de la pobreza en el que ha sido unos de los países más afluentes de América Latina. Para chilenos con empleo fijo que canalizan consistentemente el 10 por ciento de sus salarios en cuentas de jubilación privadas, como exige la ley -y preferiblemente agregan más cotizaciones libres de impuestos-, las pensiones pueden llegar a ser un 70 por ciento de sus salarios, proporcionando un confortable estándar de vida a los jubilados, de acuerdo a cálculos de la asociación de gestores de fondos de pensión.
Pero lo que los partidarios del modelo chileno no han publicitado es que para los trabajadores pobres, temporales e itinerantes, e incluso para una gran parte de la clase media misma y de los independientes, el sistema privado ha demostrado ser inadecuado, en gran parte porque esos trabajadores no pueden cotizar lo suficiente a sus cuentas privadas. Más del 17 por ciento de los chilenos de 65 y más siguen trabajando porque sus pensiones son insuficientes, según un estudio encargado por el gobierno.
Basándose en la experiencia de Chile -y de más de 20 países, la mayoría de ellos en América Latina y Europa del Este que siguieron su ejemplo privatizando parte o todos sus sistemas de pensiones-, una de las conclusiones del informe del Banco Mundial es que el gobierno tendrá que jugar un papel en cualquier sistema de pensión reformado que lo que sugieren los partidarios de la privatización. Las cuentas privadas pueden ser un pilar del sistema de Seguridad Social, pero el estado deberá proporcionar una red de seguridad.
"Los Años Dorados' no existen para ellos", dijo Yasmir Farina, de la asociación que encabeza de 157.000 jubilados de la administración pública que están presionando al gobierno para que cubra el déficit de sus pensiones privadas y lo que deberían recibir según el viejo sistema público.
Pasarán otros 20 años antes de que jubile la primera generación de trabajadores chilenos que hicieron sus carreras en el sistema de jubilación privado, y quizás sólo entonces se pueda juzgar verdaderamente a la privatización. Pero desde fines de los años noventa ha surgido un debate sobre cómo reformar el sistema para que sea mejor para todo el mundo.
En dos décadas, los fondos de pensión gestionados privadamente en Chile, cuyos capitales combinados llegan a los 60 billones de dólares, han dado beneficios anuales impresionantes. Pero recientes estudios independientes y de gobierno han concluido que cerca de la mitad de los 7 millones de inscritos corrientes no está cotizando los 20 años necesarios para obtener la pensión mínima: Se transformarán en cargas para el estado o simplemente caerán entre las grietas.
Otras aparentes deficiencias de la experiencia chilena, desde las tarifas de la gestión financiera que los críticos dicen que son muy altas, hasta los altos costes de transición, ofrecen lecciones a cualquiera que quiera adaptar el modelo a Estados Unidos.
Los críticos observan que el gobierno militar que impuso el sistema privatizado por consejos de economistas del libre mercado -y sin los obstáculos de una oposición política-, conservó a los miembros de las fuerzas armadas cubiertos por el viejo sistema financiado con impuestos, donde siguen hasta hoy. Y lejos de liberarse de su obligación fiscal, 24 años después el estado paga un asombroso 30 por ciento de su presupuesto anual en pensiones -lo mismo que gasta en salud y educación juntos.
"Es una ficción decir que la transición no cuesta nada", dijo Ricardo Solari, ministro del Trabajo y Seguridad Social.
Esos dólares de los contribuyentes se destinan a los jubilados todavía cubiertos por el viejo sistema, a bonos de compensación para los empleados que abandonaron el viejo sistema y para trabajadores cuyas cuentas privadas no han acumulado lo suficiente después de 20 años para generar la "pensión mínima" de 150 dólares al mes, casi dos tercios del salario mínimo chileno. Chile también paga pensiones de asistencia de 50 dólares mensuales a ancianos indigentes. Pero muchos más que pertenecen a la clase media, pero cuyos empleadores erraron al calcular sus cotizaciones -como Moya- han sido obligados a trabajar más allá de la edad de jubilación para mantener un modo de vida decente o simplemente sobrevivir.
Willy Contreras, un asesor financiero de uno de los fondos de pensión privados más grandes, atribuye las pensiones bajas a los salarios bajos. "Si tu salario es bajo, no hay sistema que te pueda ayudar a jubilarte decentemente".
El reto, dijo Solari, "es idear un verdadero sistema de seguridad social que permita que la gente financie su propia jubilación, al mismo tiempo que se ocupe de los que no pueden".
La propuesta de Bush permitiría que los trabajadores de menos de 55 años de edad destinen un 4 por ciento de sus impuestos al salario de la Seguridad Social a cuentas individuales, pero no ha sugerido de que las cuentas privadas remplacen al sistema público.
En contraste, incluso los trabajadores chilenos de edad mediana que estaban inscritos en el viejo sistema en 1981 fueron alentados enfáticamente a asociarse al nuevo sistema. Los trabajadores fueron compensados con bonos basados en sus salarios de 1978, 1979 y 1980, tres años durante los cuales los salarios chilenos estuvieron severamente deprimidos.
Los trabajadores asalariados que se integraron a la fuerza de trabajo en 1981 o más tarde, 10 por ciento de sus salarios se destinan por ley en fondos de pensión privados y un 2.4 por ciento adicional se destina a gerentes de fondos de comisiones y seguros. Los empleadores no contribuyen nada. (En Estados Unidos, los trabajadores contribuyen un 6.2 por ciento de sus salarios a la Seguridad Social, que es igualada por los empleadores). Los independientes y los trabajadores informales -desde negocios hasta taxistas- no están obligados a integrarse al sistema chileno, y menos de un 3 por ciento lo hace, sea porque no pueden reducir sus ingresos mensuales o por ignorancia.
Con un tercio de los trabajadores chilenos auto-empleados, y muchos más entrando y saliendo de trabajos temporales, "más de la mitad de la fuerza de trabajo contribuye menos de cuatro meses en un año" a sus pensiones, de acuerdo a un análisis de Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo.
Guillermo Arthur Errázuriz, presidente de la asociación de Administradores de Fondos de Pensión, dice que "de los que no pagan debe responsabilizarse el estado. Esa no es nuestra responsabilidad. No podemos criticar a este sistema preguntando por qué no pago a la gente pobre que no cotiza".
Para los que cotizan, los fondos privados han entregado altas tasas de retorno, un promedio de 10.3 por ciento al año, dijo Arthur Errázuriz, ministro del Trabajo y Seguridad Social durante el régimen militar. Deduciendo las comisiones de los gerentes de fondos, el beneficio real de los depósitos netos fue de 6.3 por ciento, de acuerdo al economista Manuel Riesco, autor del estudio del Centro de Desarrollo Alternativo.
Los seis fondos de pensión de Chile, cuyos miembros de los consejos de administración incluyen al menos a 17 miembros de gabinete del antiguo régimen militar que impuso el sistema, de acuerdo a Riesco, se han transformado en una de las industrias más rentables de Chile, entrenado un retorno más alto en acciones que las más grandes utilidades de Chile.
Arthur Errázuriz dijo que los críticos que dicen que los fondos de pensión cobran tarifas exorbitantes están mal informados; las comisiones se han reducido y ahora constituyen el 0.6 por ciento de los fondos totales bajo gestión, menos que la mayoría de los mercados de capitales de Estados Unidos, dijo. Juan Yermo, un antiguo investigador de pensiones del Banco Mundial, pone en duda la cifra, diciendo que las tarifas constituyen el 1.2 por ciento de los capitales.
Arthur Errázuriz también afirma que un tercio del crecimiento económico que gozó Chile durante 1985 y 1994 fue un producto secundario de la infusión de fondos de pensión privados en el mercado de capitales, un auge económico que hizo subir los salarios.
Eso es poco consuelo para los trabajadores, que dicen que 20 por ciento de lo que se deduce ahora de sus salarios cada mes se utiliza en pagar tarifas y seguros y no termina en sus cuentas. Cinco de los seis fondos de pensión tienen costes mensuales fijos, dijo Solari, que quiere eliminar esas tarifas.
Uno de los argumentos de Bush para privatizar las pensiones es relacionar recompensas con contribuciones. Guillermo Larraín, el regulador del gobierno que supervisa el sistema chileno, concuerda en que los sistemas de pay-as-you-go [sobre la marcha] son injustos, porque la gente no gana más por trabajar más tiempo. Pero sugiere que el híbrido sistema adoptado por Suecia en 2000 puede ser un mejor modelo para Estados Unidos que el de Chile. Los suecos pagan 2.5 por ciento de sus salarios a cuentas privadas, más un 16 por ciento que se destina a cuentas del gobierno que coteja las pensiones con las cotizaciones de cada cual.
Pero para Rafael Tapia, un ejecutivo de 49 años de una corporación multinacional, el sistema chileno es suficientemente justo.
Tapia ha sacado ventaja de las deducciones impositivas para agregar contribuciones extra a su cuenta y ha acumulado medio millón de dólares, de los que cerca de la mitad son intereses ganados por su dinero, calculó.
"Me quedaría con este sistema, que te recompensa por su propio trabajo", dijo, junto a su piscina. "Es siempre un asunto de responsabilidad personal".
28 de febrero de 2005
18 de marzo de 2005
©boston globe
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