un linchamiento entre otros
[Héctor Tobar] Hace un año lincharon al alcalde de un pueblo peruano de los Andes. El imperio de la ley es frágil, y los sospechosos como si nada. Este año ya van 19 linchamientos en Perú.
Illave, Perú. El alcalde Cirino Fernando Robles estaba condenado a morir esa fría mañana de abril cuando volvía a este pueblo que se eleva en una pequeña meseta sobre el Lago Titicaca, a 3.846 metros en el delgado aire de los Andes.
Llegó antes del amanecer para presidir una reunión del ayuntamiento. Antes de la puesta del sol fue pateado y aporreado por otros indios aimara, golpeado con su propio cinturón y hecho desfilar a través del pueblo en un velotaxi, desangrándose y muriendo lentamente.
En vida, Robles repartía caramelos de su despacho entre los niños del pueblo y se enorgullecía de ver su nombre en placas de la ciudad, incluyendo su título universitario peruano. En sus últimos minutos, la turba lo obligó a subir los cuatro escalones del ayuntamiento donde dijo sus últimas palabras y cayó, golpeándose la cabeza con un escalofriante crujido.
Dependiendo del punto de vista, el asesinato del alcalde el año pasado fue el trabajo de un ranchero que había sido su rival desde que los dos estaban en la universidad. O de los 42 hombres y mujeres acusados formalmente de su asesinato. O de los 20.000 indios aimara que habían marchado sobre Ilave desde las aldeas circundantes para exigir la renuncia de Robles por acusaciones de corrupción.
"Estas cosas pasan siempre cuando se engaña al pueblo aimara, cuando son traicionados', dijo Edgar Larijo, un líder comunitario y uno de los acusados del asesinato.
Si estuviera vivo, Robles podría preguntar lo que preguntan su viuda, familia y amigos: ¿Por qué casi toda la gente que participó en el asesinato camina libremente por la plaza, las calles e incluso en el ayuntamiento como si no hubiera pasado nada?
Sólo una persona acusado sigue encarcelada. Varios otros han vuelto a sus trabajos en la ciudad.
A pesar de una orden de detención pendiente, Larijo habló sobre el asesinato dentro del ayuntamiento, a vistas de un pequeño grupo de partidarios del alcalde y un aburrido empleado de la Policía Nacional.
Las miradas de Larijo eran de desafío, como si su enemigo muerto estuviera vivo y parado frente a él.
"Un coronel de la Policía Nacional advirtió al alcalde que no viniera", dijo.
Explicando por qué no se había entregado, el militante nacionalista aimara dijo: "Todos en el Perú sabemos que no hay verdadera justicia, que eso es sólo para la gente rica".
La historia de la muerte del alcalde es de muchas maneras una alegoría del Perú moderno. Tanto el país como esta ciudad de 55.000 habitantes cerca de su frontera sur son lugares inestables donde gobiernos débiles hacen del imperio de la ley algo tenue. Un año más tarde no está todavía claro si las acusaciones de corrupción eran fundadas. Un informe preliminar de la Oficina del Contralor General de Perú el mes pasado determinó que al menos dos de las ocho acusaciones no eran fundadas, pero el informe final todavía está pendiente.
Pero aquí, como en otras partes en el país, los malignos espíritus del desorden y la violencia están listos para salir de la caja de Pandora de la desigualdad social y el desgobierno -como los jóvenes enmascarados que subieron al tejado para entrar a la casa donde Robles presidía su última reunión con el ayuntamiento.
Esos hombres persiguieron al alcalde, rompiendo ventanas y saqueando las habitaciones, hasta que lo descubrieron escondido en un armario.
Castigo Colectivo
En los pueblos aimara el individualismo occidental está patas arriba: El individuo sirve a la comunidad. La ciudadanía se define como una serie de obligaciones y los que no lo aceptan pierden sus derechos a las tierras de pastoreo y aguas de riego. Un líder que traiciona la confianza de su comunidad corre el riesgo de un castigo colectivo. Incluso en los vecindarios urbanos aimara no es raro encontrar la figura de espantapájaros de un ladrón local ahorcada en su lugar.
"Habría sido homicidio si se tratara de sólo una o dos o cinco personas implicadas", dijo Albino Zapana Cueva, otro líder de la comunidad acusado del linchamiento. "Aquí había 25.000 personas. Tendrías que llevar a juicio a todo Ilave".El pequeño grupo de partidarios del alcalde creen que ninguno de los acusados será condenado.
La autopsia indicó que la causa de muerte fue una conmoción provocada por hemorragia interna y múltiples contusiones. Pero muchas personas vistas en el video provocando esas lesiones con sus pies y puños aparentemente no temen ser castigados, ni legalmente ni de otra manera.
Los disk-jockeys y líderes comunitarios que convocaron a la indignada multitud, y los cinco miembros del ayuntamiento listados como acusados en el caso, siguen como si nada. De hecho, de muchos modos, los enemigos del último alcalde manejan ahora el ayuntamiento.
Valentín Ramírez, líder comunitario y acusado, hizo una campaña abierta por otro candidato en las elecciones para remplazar a Robles, a pesar de una orden de detención pendiente. Su candidato, Miguel Ángel Flores Chumbi, ganó.
"Nombramos a Miguel Ángel y ahora es el alcalde" dijo Ramírez desde su casa, refiriéndose a otros líderes aimara. "Dimos la autoridad para que siguieran las elecciones. Prevaleció nuestra fuerza democrática".
Ramírez sigue teniendo conflictos sobre la muerte del alcalde. Cree que Robles provocó su propio linchamiento. Pero empezó a llorar cuando recordó esos momentos en la plaza mayor de Ilave, ante una estatua de un héroe del siglo 19 de la Guerra del Pacífico.
"Fue terrible, terrible", dijo Ramírez. Agachó su cara tostada por el sol, dominado por el recuerdo de tanta crueldad. "Le pregunté a la gente: ¿Por qué hacen esto?'"
Sor María Julia Ardito, una monja argentina asignada a la parroquia católica de Ilave, también estaba en la plaza. Confirma lo que dicen Ramírez y otros dirigentes: Al final, la turba perdió el control.
"Todavía hay una profunda sensación de trauma", dijo. "La gente no sabe en quién confiar. Nadie habla sobre lo que pasó, pero el miedo toca todo".
Es muy inquietante, dijo, ir a la plaza y caminar entre la gente que ayudó a matar a otro ser humano.
Y sin embargo para Ardito, como para muchos habitantes, la muerte del alcalde parecía completamente evitable. Si las autoridades provinciales y nacionales hubieran respondido a las súplicas de ayuda que llegaban de todas partes, el alcalde estaría vivo hoy.
No a la Intervención
Como alcalde de Ilave, Robles gobernaba la provincia circundante de El Collao, una colección de 180 pueblos de casas de adobe, donde vagan los corderos y fríos vientos soplan a través de las ruinas de iglesias coloniales del siglo 16.
Miles de campesinos de los pueblos habían sido convocados por sus líderes a la ciudad semanas antes. Los campesinos creían, como les habían contado sus jefes, que el alcalde había robado el dinero para construir el viejo y derruido puente del río Ilave y los fondos para pavimentar la carretera que conecta a la ciudad con sus pueblos.
Dos semanas antes de la muerte de Robles, turbas hostiles lo obligaron a buscar refugio en Puno, la capital regional a una hora de camino.
"Fue capricho del alcalde venir aquí cuando había tanta gente contra él", dijo Teófilo Contreras, otro acusado.
Hasta hoy no está claro para muchos si la indignación de los campesinos era justificada.
"No creo que Robles haya sido más o menos corrupto que la mayoría de los otros alcaldes del país", dijo Wilfredo Ardito, un activista de derechos humanos de Lima, la capital, que ha seguido los acontecimientos en Ilave.
Lo que realmente estuvo detrás del linchamiento, alegan Ardito y otros, fue la enemistad entre Robles y otro líder aimara, Alberto Sandoval. Los dos habían sido rivales desde sus días de activistas universitarios.
Los partidarios de Robles dicen que Sandoval, un próspero ganadero, organizó los sucesos en Ilaves, usando sus contactos con líderes campesinos en los pueblos. Sandoval es la única persona que sigue detenida.
Pero el alcalde era de muchos modos su propio peor enemigo. Cometía los habituales actos de nepotismo de pueblo chico, pero desdeñó repartir la riqueza con las aldeas, donde los líderes comunitarios están acostumbrados a recibir puestos oficiales para distribuir entre gente de las localidades, dijo Carlos Degregori, un activista de derechos humanos que estudió el asesinato para el grupo Propuesta Ciudadana de Lima.
También hizo arquear las cejas que el alcalde usara el título de magister, o profesor universitario, en placas y letreros conmemorando proyectos de obras públicas. En la sociedad racialmente dividida de Perú, los títulos son más a menudo privilegio de no-indios. Porqué se daba el alcalde esos aires, era lo que se preguntaban algunos campesinos aimara.
El 2 de abril de 2004 Robles realizó una reunión del ayuntamiento en la plaza mayor de la ciudad para tratar las quejas en su contra. La reunión se transformó pronto en un tumulto, con los partidarios peleando contra los anti-roblistas' con piedras y palos.
Días después un grupo de anti-roblistas ocupó el ayuntamiento. Marina Robles, la viuda del alcalde, dijo que la policía local rechazó las peticiones de su marido de que desalojara a los manifestantes hasta que ofreció pagarles "de su propio bolsillo".
Los manifestantes volvieron, y en mayor cantidad. Aldeas enteras se quedaron vacías. Las radios de Ilave transmitieron diatribas contra el alcalde, dicen los vecinos, en el exagerado estilo tabloide de la radio local.
"¡Estamos aburridos de su arrogancia!", dijo una emisión, de acuerdo al acusado Zapana Cuevas. "¡Los aimara no nos dejaremos humillar!"
Mientras los campesinos se ponían cada vez más inquietos, Ardito y otros en Ilave trataron de llamar la atención de mediadores y funcionarios de gobierno.
Finalmente viajaron a Lima donde fueron rechazados a las puertas del Congreso Nacional y del despacho del presidente Alejandro Toledo.
"Nadie nos prestó atención", dijo Ardito. "Fue puro racismo. Todo esto estaba pasando en una zona india lejos de Lima. A la gente no le importó".
Funcionarios de varias agencias locales y nacionales negaron repetidas peticiones de que se tomaran medidas, dijo Ardito, la esposa de Robles y los líderes de la protesta acusados de su muerte. El ministerio del Interior de Perú se negó a enviar más policías. Los fiscales locales y la oficina del contralor general hicieron poco para investigar las acusaciones de corrupción.
De vuelta en Ilave los campesinos levantaron barricadas en la Carretera Panamericana. En el puente los campesinos soldaron las señales de tráfico entre los soportes de acero, cerrando la carretera y el acceso a la ciudad.
"Teníamos a Ilave cerrado, como si con llave y cerrojo", dijo Rufino Vidal Flores, líder del sindicato campesino local y otro acusado.
A fines de abril, miles de campesinos estaban pasando su tercera semana acampando en las calles. Algunos vecinos dijeron que Sandoval, el ganadero, agasajó a los campesinos con alcohol y hojas de coca para mantenerlos en la ciudad.
(Localizado en su apartamento de Puno, donde está bajo arresto domiciliario, Sandoval se negó a hacer comentarios).
Después de volver a la ciudad, Ardito observó la presencia de "extraños" entre los manifestantes -bolivianos que apoyan el nacionalismo aimara, los viejos senderistas peruanos y hombres asociados a los hermanos Humala, oficiales peruanos que ha montado varias insurrecciones fracasadas.
Ilave se ha transformado en un punto de reunión de rebeldes descontentos de todos los colores.
Marina Robles temía por la vida de su marido. Pero un funcionario de seguridad de alto rango le aconsejó seguir en el cargo, dijo, negándose a nombrar a esa persona. "Nos dijo que a Sandoval lo iban a meter en la cárcel", dijo.
Pero los anti-roblistas finalmente idearon una estrategia para removerlo. Por ley, si el alcalde fracasa tres veces consecutivas de asistir a las reuniones del ayuntamiento, el cargo se declara vacante. Los cinco miembros del consejo de 10 que se oponían a Robles se reunieron separadamente en dos reuniones oficiales'. Sin embargo antes de que pudieran realizar una tercera reunión, Robles anunció que volvía a Ilave a realizar su propia reunión en la casa de su hermana, con los cinco miembros que todavía le apoyaban.
"Nuestro plan se estropeó", dijo Flores, el líder campesino. "La gente estaba más enojada que antes... Decidieron bloquear las calles para impedir que se realizara la reunión".
A las 6 de la mañana Radio San Miguel empezó a transmitir noticias sobre la inminente reunión. De acuerdo a la acusación el propietario de la emisora, Henry Galo Medina, "incitó a la gente para que se acercaran al domicilio de la hermana del alcalde armados con palos, látigos y otros objetos con el objetivo de impedir que se realizara la reunión del consejo municipal".
Medina pasó ocho meses en la cárcel por estos cargos, pero dejado en libertad hace poco. Negó haber llamado a la turba a atacar la casa y capturar al alcalde.
En Ilave esa mañana había solo 60 policías, de acuerdo a un informe de Degrerori, el activista de derechos humanos. Todos estaban en la comisaría, custodiando a los miembros de una comisión de reconciliación del gobierno que habían llegado tarde a la ciudad.
El comandante de la Policía Nacional de Ilave dijo más tarde que había advertido a Robles no retornar.
¿Por qué volvió entonces?
Marina Robles dijo que su marido pensaba que no había hecho nada malo. Días antes de su muerte, dijo, ella sugirió que renunciara por razones de seguridad, pero él dijo: "Si renuncio van a pensar que soy un ladrón".
"Sé que mi marido nunca pensó que lo iban a matar".
Robles llegó a la casa de su hermana para la reunión del consejo antes del amanecer. Cuando su esposa llamó por primera vez esa mañana, todo estaba en orden. "No había policías, pero tampoco había gente", recordó que le dijo su marido. Pero cuando llamó más tarde, él dijo: "Hay un montón de gente. Están tirando piedras".
"¿Qué vas a hacer?", preguntó ella.
"Esperar".
Al ver a cientos de personas fuera tratando de romper la puerta para entrar, los que estaban dentro recurrieron a arrojar cacerolas con agua hirviendo por las ventanas, dijeron testigos.
En un video se ve a hombres enmascarados trepándose al tejado antes de entrar en la casa. La turba finalmente encontró a los miembros del consejo escondidos debajo de las camas en una casa vecina.
Los miembros del consejo fueron golpeados por la turba y llevados a otras aldeas, donde fueron dejados en libertad. El alcalde fue encontrado en un armario.
"Había tanta gente dentro", dijo el dirigente campesino Flores, "que no podemos decir con certeza quién tuvo la suerte de golpear primero al alcalde".
"Lo llevaron por la ciudad para ver sus proyectos de obras públicas", dijo Flores, con sarcasmo. Una parada fue en el puente de que Robles había prometido reparar, pero no hizo.
De vuelta en Puno, Marina Robles telefoneó frenéticamente a las autoridades en Ilave y Lima. Dijo que el comandante de la policía de Ilave le dijo que no tenía autorización para intervenir.
Ramírez, el líder comunitario acusado, dijo que el alcalde se veía medio muerto cuando la turba lo llevó a la plaza mayor de Ilave. La turba lo metió en un barril de plástico, luego lo sacaron de ahí. Lo obligaron a subir las escaleras del ayuntamiento y le colocaron un micrófono en las manos.
"Apenas se tenía de pie", dijo Ramírez. "La gente estaba gritando: ¡Déjenle hablar! ¡Déjenle hablar!' Él se paró, dijo unas pocas palabras -Lo lamento, perdónenme'- y luego cayó. Ramírez oyó cómo la cabeza del alcalde golpeó contra el cemento.
La turba cogió el cuerpo, lo llevaron hacia el río y lo arrojaron en el puente estropeado. Finalmente llegó la policía. Nubes de gas lacrimógeno alejó a los últimos manifestantes.
Linchamientos Endémicos
A las pocas horas la policía detuvo a un ex-presidiario llamado Wilfredo Llanque Flores, al que se ve a menudo en los videos del linchamiento. Los testigos dijeron que le sacó el cinturón al alcalde para golpearlo con él. En la comisaría de policía confesó haber golpeado a Robles, de acuerdo a la acusación oficial. Pero una inmensa multitud que rodeada la comisaría amenazó con ocuparla. Llanque fue dejado en libertad. No hace mucho, ofreció entregarse si el gobierno peruano proveía de un estipendio a su familia. No se le hizo ninguna oferta.
El mes pasado se nombró a un nuevo juez para que llevara el caso. (En Perú los jueces supervisan la investigación de una acusación y el juicio). Interrogado sobre por qué Llanque y tantos otros se encuentran todavía libres por su crimen, el juez Juan Bravo dijo: "Este tribunal ha decretado la detención de algunas personas. Pero es la policía la que debe aplicar la ley".
Su pesquisa sigue en curso, dijo Bravo. La sabiduría popular en Ilave es que el gobierno está tratando de minimizar el juicio por temor a nuevos disturbios en la ciudad.
Interrogado sobre los fugitivos el director de la Policía Nacional, Marco Enrique Miyashiro, dijo: "Estamos esperando el momento apropiados para prenderles".
Marina Robles vive en Puno pero ha sido obligada a mudarse dos veces tras ser atacado por manifestantes de Ilave. Creen que ella está intentando continuar con el cargo de su marido.
"No me preocupa que esta gente en Ilave piense que él robó", dijo. "Son gente corriente y creerán cualquier cosa. Lo que me molesta es que haya gente educada que piensa que él hizo esas cosas".
En el año que ha pasado desde la muerte de muerte, los linchamientos antes raros se han transformado en endémicos en el Perú rural. De acuerdo a la Policía Nacional, en 2004 hubo 71 linchamientos y 19 en las primeras 10 semanas de 2005. Sólo unas pocas víctimas han sido funcionarios públicos; la mayoría eran sospechosos de delitos menores.
En Ilave, el nuevo alcalde se ha instalado en la oficina con vistas a la plaza donde fue asesinado su predecesor."Cualquiera con una familia que cuidad lo pensaría dos veces antes de aceptar un trabajo como este", dijo el alcalde Flores Chumbi. "Estamos tratando de seguir adelante, sabiendo los riesgos que implica".
Si se pregunta a los ilaveños quién es responsable del asesinato de Robles a menudo citan una obra del un dramaturgo del siglo 17 Lope de Vega, sobre un pueblo español donde un caballero es matado por una turba.
El rey envía una delegación para castigar a los responsables. Pero toda la gente de Fuenteovejuna, incluso los niños, responden la pregunta sobre quién mató al caballero de la misma manera: "¡Fuenteovejuna!"
"Es imposible saber la verdad", le dice finalmente el juez al rey. "Habría que perdonarlos a todos o ejecutar a todo el pueblo".
Hugo Infante contribuyó a este reportaje.
6 de mayo de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
Illave, Perú. El alcalde Cirino Fernando Robles estaba condenado a morir esa fría mañana de abril cuando volvía a este pueblo que se eleva en una pequeña meseta sobre el Lago Titicaca, a 3.846 metros en el delgado aire de los Andes.Llegó antes del amanecer para presidir una reunión del ayuntamiento. Antes de la puesta del sol fue pateado y aporreado por otros indios aimara, golpeado con su propio cinturón y hecho desfilar a través del pueblo en un velotaxi, desangrándose y muriendo lentamente.
En vida, Robles repartía caramelos de su despacho entre los niños del pueblo y se enorgullecía de ver su nombre en placas de la ciudad, incluyendo su título universitario peruano. En sus últimos minutos, la turba lo obligó a subir los cuatro escalones del ayuntamiento donde dijo sus últimas palabras y cayó, golpeándose la cabeza con un escalofriante crujido.
Dependiendo del punto de vista, el asesinato del alcalde el año pasado fue el trabajo de un ranchero que había sido su rival desde que los dos estaban en la universidad. O de los 42 hombres y mujeres acusados formalmente de su asesinato. O de los 20.000 indios aimara que habían marchado sobre Ilave desde las aldeas circundantes para exigir la renuncia de Robles por acusaciones de corrupción.
"Estas cosas pasan siempre cuando se engaña al pueblo aimara, cuando son traicionados', dijo Edgar Larijo, un líder comunitario y uno de los acusados del asesinato.
Si estuviera vivo, Robles podría preguntar lo que preguntan su viuda, familia y amigos: ¿Por qué casi toda la gente que participó en el asesinato camina libremente por la plaza, las calles e incluso en el ayuntamiento como si no hubiera pasado nada?
Sólo una persona acusado sigue encarcelada. Varios otros han vuelto a sus trabajos en la ciudad.
A pesar de una orden de detención pendiente, Larijo habló sobre el asesinato dentro del ayuntamiento, a vistas de un pequeño grupo de partidarios del alcalde y un aburrido empleado de la Policía Nacional.
Las miradas de Larijo eran de desafío, como si su enemigo muerto estuviera vivo y parado frente a él.
"Un coronel de la Policía Nacional advirtió al alcalde que no viniera", dijo.
Explicando por qué no se había entregado, el militante nacionalista aimara dijo: "Todos en el Perú sabemos que no hay verdadera justicia, que eso es sólo para la gente rica".
La historia de la muerte del alcalde es de muchas maneras una alegoría del Perú moderno. Tanto el país como esta ciudad de 55.000 habitantes cerca de su frontera sur son lugares inestables donde gobiernos débiles hacen del imperio de la ley algo tenue. Un año más tarde no está todavía claro si las acusaciones de corrupción eran fundadas. Un informe preliminar de la Oficina del Contralor General de Perú el mes pasado determinó que al menos dos de las ocho acusaciones no eran fundadas, pero el informe final todavía está pendiente.
Pero aquí, como en otras partes en el país, los malignos espíritus del desorden y la violencia están listos para salir de la caja de Pandora de la desigualdad social y el desgobierno -como los jóvenes enmascarados que subieron al tejado para entrar a la casa donde Robles presidía su última reunión con el ayuntamiento.
Esos hombres persiguieron al alcalde, rompiendo ventanas y saqueando las habitaciones, hasta que lo descubrieron escondido en un armario.
Castigo Colectivo
En los pueblos aimara el individualismo occidental está patas arriba: El individuo sirve a la comunidad. La ciudadanía se define como una serie de obligaciones y los que no lo aceptan pierden sus derechos a las tierras de pastoreo y aguas de riego. Un líder que traiciona la confianza de su comunidad corre el riesgo de un castigo colectivo. Incluso en los vecindarios urbanos aimara no es raro encontrar la figura de espantapájaros de un ladrón local ahorcada en su lugar.
"Habría sido homicidio si se tratara de sólo una o dos o cinco personas implicadas", dijo Albino Zapana Cueva, otro líder de la comunidad acusado del linchamiento. "Aquí había 25.000 personas. Tendrías que llevar a juicio a todo Ilave".El pequeño grupo de partidarios del alcalde creen que ninguno de los acusados será condenado.
La autopsia indicó que la causa de muerte fue una conmoción provocada por hemorragia interna y múltiples contusiones. Pero muchas personas vistas en el video provocando esas lesiones con sus pies y puños aparentemente no temen ser castigados, ni legalmente ni de otra manera.
Los disk-jockeys y líderes comunitarios que convocaron a la indignada multitud, y los cinco miembros del ayuntamiento listados como acusados en el caso, siguen como si nada. De hecho, de muchos modos, los enemigos del último alcalde manejan ahora el ayuntamiento.
Valentín Ramírez, líder comunitario y acusado, hizo una campaña abierta por otro candidato en las elecciones para remplazar a Robles, a pesar de una orden de detención pendiente. Su candidato, Miguel Ángel Flores Chumbi, ganó.
"Nombramos a Miguel Ángel y ahora es el alcalde" dijo Ramírez desde su casa, refiriéndose a otros líderes aimara. "Dimos la autoridad para que siguieran las elecciones. Prevaleció nuestra fuerza democrática".
Ramírez sigue teniendo conflictos sobre la muerte del alcalde. Cree que Robles provocó su propio linchamiento. Pero empezó a llorar cuando recordó esos momentos en la plaza mayor de Ilave, ante una estatua de un héroe del siglo 19 de la Guerra del Pacífico.
"Fue terrible, terrible", dijo Ramírez. Agachó su cara tostada por el sol, dominado por el recuerdo de tanta crueldad. "Le pregunté a la gente: ¿Por qué hacen esto?'"
Sor María Julia Ardito, una monja argentina asignada a la parroquia católica de Ilave, también estaba en la plaza. Confirma lo que dicen Ramírez y otros dirigentes: Al final, la turba perdió el control.
"Todavía hay una profunda sensación de trauma", dijo. "La gente no sabe en quién confiar. Nadie habla sobre lo que pasó, pero el miedo toca todo".
Es muy inquietante, dijo, ir a la plaza y caminar entre la gente que ayudó a matar a otro ser humano.
Y sin embargo para Ardito, como para muchos habitantes, la muerte del alcalde parecía completamente evitable. Si las autoridades provinciales y nacionales hubieran respondido a las súplicas de ayuda que llegaban de todas partes, el alcalde estaría vivo hoy.
No a la Intervención
Como alcalde de Ilave, Robles gobernaba la provincia circundante de El Collao, una colección de 180 pueblos de casas de adobe, donde vagan los corderos y fríos vientos soplan a través de las ruinas de iglesias coloniales del siglo 16.
Miles de campesinos de los pueblos habían sido convocados por sus líderes a la ciudad semanas antes. Los campesinos creían, como les habían contado sus jefes, que el alcalde había robado el dinero para construir el viejo y derruido puente del río Ilave y los fondos para pavimentar la carretera que conecta a la ciudad con sus pueblos.
Dos semanas antes de la muerte de Robles, turbas hostiles lo obligaron a buscar refugio en Puno, la capital regional a una hora de camino.
"Fue capricho del alcalde venir aquí cuando había tanta gente contra él", dijo Teófilo Contreras, otro acusado.
Hasta hoy no está claro para muchos si la indignación de los campesinos era justificada.
"No creo que Robles haya sido más o menos corrupto que la mayoría de los otros alcaldes del país", dijo Wilfredo Ardito, un activista de derechos humanos de Lima, la capital, que ha seguido los acontecimientos en Ilave.
Lo que realmente estuvo detrás del linchamiento, alegan Ardito y otros, fue la enemistad entre Robles y otro líder aimara, Alberto Sandoval. Los dos habían sido rivales desde sus días de activistas universitarios.
Los partidarios de Robles dicen que Sandoval, un próspero ganadero, organizó los sucesos en Ilaves, usando sus contactos con líderes campesinos en los pueblos. Sandoval es la única persona que sigue detenida.
Pero el alcalde era de muchos modos su propio peor enemigo. Cometía los habituales actos de nepotismo de pueblo chico, pero desdeñó repartir la riqueza con las aldeas, donde los líderes comunitarios están acostumbrados a recibir puestos oficiales para distribuir entre gente de las localidades, dijo Carlos Degregori, un activista de derechos humanos que estudió el asesinato para el grupo Propuesta Ciudadana de Lima.
También hizo arquear las cejas que el alcalde usara el título de magister, o profesor universitario, en placas y letreros conmemorando proyectos de obras públicas. En la sociedad racialmente dividida de Perú, los títulos son más a menudo privilegio de no-indios. Porqué se daba el alcalde esos aires, era lo que se preguntaban algunos campesinos aimara.
El 2 de abril de 2004 Robles realizó una reunión del ayuntamiento en la plaza mayor de la ciudad para tratar las quejas en su contra. La reunión se transformó pronto en un tumulto, con los partidarios peleando contra los anti-roblistas' con piedras y palos.
Días después un grupo de anti-roblistas ocupó el ayuntamiento. Marina Robles, la viuda del alcalde, dijo que la policía local rechazó las peticiones de su marido de que desalojara a los manifestantes hasta que ofreció pagarles "de su propio bolsillo".
Los manifestantes volvieron, y en mayor cantidad. Aldeas enteras se quedaron vacías. Las radios de Ilave transmitieron diatribas contra el alcalde, dicen los vecinos, en el exagerado estilo tabloide de la radio local.
"¡Estamos aburridos de su arrogancia!", dijo una emisión, de acuerdo al acusado Zapana Cuevas. "¡Los aimara no nos dejaremos humillar!"
Mientras los campesinos se ponían cada vez más inquietos, Ardito y otros en Ilave trataron de llamar la atención de mediadores y funcionarios de gobierno.
Finalmente viajaron a Lima donde fueron rechazados a las puertas del Congreso Nacional y del despacho del presidente Alejandro Toledo.
"Nadie nos prestó atención", dijo Ardito. "Fue puro racismo. Todo esto estaba pasando en una zona india lejos de Lima. A la gente no le importó".
Funcionarios de varias agencias locales y nacionales negaron repetidas peticiones de que se tomaran medidas, dijo Ardito, la esposa de Robles y los líderes de la protesta acusados de su muerte. El ministerio del Interior de Perú se negó a enviar más policías. Los fiscales locales y la oficina del contralor general hicieron poco para investigar las acusaciones de corrupción.
De vuelta en Ilave los campesinos levantaron barricadas en la Carretera Panamericana. En el puente los campesinos soldaron las señales de tráfico entre los soportes de acero, cerrando la carretera y el acceso a la ciudad.
"Teníamos a Ilave cerrado, como si con llave y cerrojo", dijo Rufino Vidal Flores, líder del sindicato campesino local y otro acusado.
A fines de abril, miles de campesinos estaban pasando su tercera semana acampando en las calles. Algunos vecinos dijeron que Sandoval, el ganadero, agasajó a los campesinos con alcohol y hojas de coca para mantenerlos en la ciudad.
(Localizado en su apartamento de Puno, donde está bajo arresto domiciliario, Sandoval se negó a hacer comentarios).
Después de volver a la ciudad, Ardito observó la presencia de "extraños" entre los manifestantes -bolivianos que apoyan el nacionalismo aimara, los viejos senderistas peruanos y hombres asociados a los hermanos Humala, oficiales peruanos que ha montado varias insurrecciones fracasadas.
Ilave se ha transformado en un punto de reunión de rebeldes descontentos de todos los colores.
Marina Robles temía por la vida de su marido. Pero un funcionario de seguridad de alto rango le aconsejó seguir en el cargo, dijo, negándose a nombrar a esa persona. "Nos dijo que a Sandoval lo iban a meter en la cárcel", dijo.
Pero los anti-roblistas finalmente idearon una estrategia para removerlo. Por ley, si el alcalde fracasa tres veces consecutivas de asistir a las reuniones del ayuntamiento, el cargo se declara vacante. Los cinco miembros del consejo de 10 que se oponían a Robles se reunieron separadamente en dos reuniones oficiales'. Sin embargo antes de que pudieran realizar una tercera reunión, Robles anunció que volvía a Ilave a realizar su propia reunión en la casa de su hermana, con los cinco miembros que todavía le apoyaban.
"Nuestro plan se estropeó", dijo Flores, el líder campesino. "La gente estaba más enojada que antes... Decidieron bloquear las calles para impedir que se realizara la reunión".
A las 6 de la mañana Radio San Miguel empezó a transmitir noticias sobre la inminente reunión. De acuerdo a la acusación el propietario de la emisora, Henry Galo Medina, "incitó a la gente para que se acercaran al domicilio de la hermana del alcalde armados con palos, látigos y otros objetos con el objetivo de impedir que se realizara la reunión del consejo municipal".
Medina pasó ocho meses en la cárcel por estos cargos, pero dejado en libertad hace poco. Negó haber llamado a la turba a atacar la casa y capturar al alcalde.
En Ilave esa mañana había solo 60 policías, de acuerdo a un informe de Degrerori, el activista de derechos humanos. Todos estaban en la comisaría, custodiando a los miembros de una comisión de reconciliación del gobierno que habían llegado tarde a la ciudad.
El comandante de la Policía Nacional de Ilave dijo más tarde que había advertido a Robles no retornar.
¿Por qué volvió entonces?
Marina Robles dijo que su marido pensaba que no había hecho nada malo. Días antes de su muerte, dijo, ella sugirió que renunciara por razones de seguridad, pero él dijo: "Si renuncio van a pensar que soy un ladrón".
"Sé que mi marido nunca pensó que lo iban a matar".
Robles llegó a la casa de su hermana para la reunión del consejo antes del amanecer. Cuando su esposa llamó por primera vez esa mañana, todo estaba en orden. "No había policías, pero tampoco había gente", recordó que le dijo su marido. Pero cuando llamó más tarde, él dijo: "Hay un montón de gente. Están tirando piedras".
"¿Qué vas a hacer?", preguntó ella.
"Esperar".
Al ver a cientos de personas fuera tratando de romper la puerta para entrar, los que estaban dentro recurrieron a arrojar cacerolas con agua hirviendo por las ventanas, dijeron testigos.
En un video se ve a hombres enmascarados trepándose al tejado antes de entrar en la casa. La turba finalmente encontró a los miembros del consejo escondidos debajo de las camas en una casa vecina.
Los miembros del consejo fueron golpeados por la turba y llevados a otras aldeas, donde fueron dejados en libertad. El alcalde fue encontrado en un armario.
"Había tanta gente dentro", dijo el dirigente campesino Flores, "que no podemos decir con certeza quién tuvo la suerte de golpear primero al alcalde".
"Lo llevaron por la ciudad para ver sus proyectos de obras públicas", dijo Flores, con sarcasmo. Una parada fue en el puente de que Robles había prometido reparar, pero no hizo.
De vuelta en Puno, Marina Robles telefoneó frenéticamente a las autoridades en Ilave y Lima. Dijo que el comandante de la policía de Ilave le dijo que no tenía autorización para intervenir.
Ramírez, el líder comunitario acusado, dijo que el alcalde se veía medio muerto cuando la turba lo llevó a la plaza mayor de Ilave. La turba lo metió en un barril de plástico, luego lo sacaron de ahí. Lo obligaron a subir las escaleras del ayuntamiento y le colocaron un micrófono en las manos.
"Apenas se tenía de pie", dijo Ramírez. "La gente estaba gritando: ¡Déjenle hablar! ¡Déjenle hablar!' Él se paró, dijo unas pocas palabras -Lo lamento, perdónenme'- y luego cayó. Ramírez oyó cómo la cabeza del alcalde golpeó contra el cemento.
La turba cogió el cuerpo, lo llevaron hacia el río y lo arrojaron en el puente estropeado. Finalmente llegó la policía. Nubes de gas lacrimógeno alejó a los últimos manifestantes.
Linchamientos Endémicos
A las pocas horas la policía detuvo a un ex-presidiario llamado Wilfredo Llanque Flores, al que se ve a menudo en los videos del linchamiento. Los testigos dijeron que le sacó el cinturón al alcalde para golpearlo con él. En la comisaría de policía confesó haber golpeado a Robles, de acuerdo a la acusación oficial. Pero una inmensa multitud que rodeada la comisaría amenazó con ocuparla. Llanque fue dejado en libertad. No hace mucho, ofreció entregarse si el gobierno peruano proveía de un estipendio a su familia. No se le hizo ninguna oferta.
El mes pasado se nombró a un nuevo juez para que llevara el caso. (En Perú los jueces supervisan la investigación de una acusación y el juicio). Interrogado sobre por qué Llanque y tantos otros se encuentran todavía libres por su crimen, el juez Juan Bravo dijo: "Este tribunal ha decretado la detención de algunas personas. Pero es la policía la que debe aplicar la ley".
Su pesquisa sigue en curso, dijo Bravo. La sabiduría popular en Ilave es que el gobierno está tratando de minimizar el juicio por temor a nuevos disturbios en la ciudad.
Interrogado sobre los fugitivos el director de la Policía Nacional, Marco Enrique Miyashiro, dijo: "Estamos esperando el momento apropiados para prenderles".
Marina Robles vive en Puno pero ha sido obligada a mudarse dos veces tras ser atacado por manifestantes de Ilave. Creen que ella está intentando continuar con el cargo de su marido.
"No me preocupa que esta gente en Ilave piense que él robó", dijo. "Son gente corriente y creerán cualquier cosa. Lo que me molesta es que haya gente educada que piensa que él hizo esas cosas".
En el año que ha pasado desde la muerte de muerte, los linchamientos antes raros se han transformado en endémicos en el Perú rural. De acuerdo a la Policía Nacional, en 2004 hubo 71 linchamientos y 19 en las primeras 10 semanas de 2005. Sólo unas pocas víctimas han sido funcionarios públicos; la mayoría eran sospechosos de delitos menores.
En Ilave, el nuevo alcalde se ha instalado en la oficina con vistas a la plaza donde fue asesinado su predecesor."Cualquiera con una familia que cuidad lo pensaría dos veces antes de aceptar un trabajo como este", dijo el alcalde Flores Chumbi. "Estamos tratando de seguir adelante, sabiendo los riesgos que implica".
Si se pregunta a los ilaveños quién es responsable del asesinato de Robles a menudo citan una obra del un dramaturgo del siglo 17 Lope de Vega, sobre un pueblo español donde un caballero es matado por una turba.
El rey envía una delegación para castigar a los responsables. Pero toda la gente de Fuenteovejuna, incluso los niños, responden la pregunta sobre quién mató al caballero de la misma manera: "¡Fuenteovejuna!"
"Es imposible saber la verdad", le dice finalmente el juez al rey. "Habría que perdonarlos a todos o ejecutar a todo el pueblo".
Hugo Infante contribuyó a este reportaje.
6 de mayo de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
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