criminales chilenos con y sin amnistía
La disímil concesión del beneficio a militares responsables de violaciones de derechos humanos en la dictadura de Augusto Pinochet, sigue siendo objeto de una polémica que aún tiene mucho terreno que recorrer dentro del Poder Judicial.
La aplicación del beneficio de la amnistía a militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura, sigue constituyendo una materia de controversia debido a los distintos criterios que respecto de esta figura tienen los jueces de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones del país, pero especialmente la de Santiago, jurisdicción donde se concentra la mayor cantidad de este tipo de procesos.
Por ello es frecuente que la gente común no comprenda que una vez una sala de una corte aplique este beneficio, y en otra oportunidad, esa misma sala, u otra, no lo haga valer. La explicación tiene que ver con que siempre dependerá de quiénes sean los magistrados que integren una determinada sala de una Corte de Apelaciones, los que a veces, por diversos motivos, van cambiando.
No existe, como algunos piensan, un criterio único, común, o una instrucción de la Corte Suprema sobre cómo tratar la amnistía o la prescripción del delito de que se trate por el transcurso del tiempo.
Lo único que el máximo tribunal del país ha sostenido, no como orden sino como jurisprudencia al fallar un determinado caso, como fue por ejemplo al conceder en 2000 el desafuero de Pinochet en el proceso por la Caravana de la Muerte, es que la aplicabilidad o no del beneficio de la amnistía debe ser resuelta siempre por el juez instructor de una determinada causa, al final del juicio. Vale decir, al momento de dictar una sentencia condenatoria. Sin embargo, esta jurisprudencia puede o no ser recogida por jueces de inferior jerarquía.
Como materia de fondo, llegando hasta la misma Corte Suprema, hasta ahora el único caso en el que a este máximo tribunal le ha correspondido como última instancia debatir y resolver acerca de la amnistía y la prescripción en este tipo de delitos, es el de las condenas de presidio a ex agentes de la DINA dictadas por el juez Alejandro Solís, por el delito de secuestro y desaparecimiento del militante del MIR, Miguel Angel Sandoval Rodríguez.
En esta oportunidad, la Corte Suprema, por una cuestión puntual técnico-procesal reunida extraordinariamente en pleno y no a nivel de los cinco ministros de la Sala Penal como corresponde en juicios criminales, resolvió rechazar el beneficio de la amnistía. Lo mismo hizo respecto de la prescripción del delito por el paso del tiempo y la gracia del concepto llamado "obediencia debida". Este último beneficio invocado frecuentemente por los abogados defensores de los ex agentes, tiene que ver con que aquellos militares más jóvenes que a 1973 eran tenientes o subtenientes de 21 o 22 años, habrían actuado obedeciendo órdenes de sus capitanes, mayores, tenientes coroneles, coroneles o generales, según la escala de grados de abajo hacia arriba.
De esta manera, la discutida cuestión de la amnistía y los otros beneficios referidos está aún demasiado verde en los procesos por delitos de lesa humanidad, porque todos los más de cuatrocientos juicios por estos delitos todavía deben llegar a la Sala Penal de la Corte Suprema, una vez que los respectivos jueces instructores hayan dictado sentencia.
Incluso si un juez instructor resuelve condenar y rechazar la amnistía y todos los otros beneficios invocados, y esta condena es revocada por la sala correspondiente de la Corte de Apelaciones haciendo valer a favor del o los sentenciados la amnistía y las otras gracias, todavía la Sala Penal de la Corte Suprema puede volver a reponer las condenas, aumentándolas o disminuyéndolas. O simplemente confirmar la anulación del tribunal de alzada.
Como se aprecia, el controvertido asunto de la amnistía tiene todavía muchísimo terreno que recorrer dentro del Poder Judicial. Los magistrados aplican e interpretan leyes vigentes. Por lo tanto, si se trata de la amnistía, para muchos el nudo está en el Parlamento y no en las cortes ni en los tribunales unipersonales. "Si no les gusta la amnistía, que la deroguen y se dejen de joder", dijo un día un ministro de la Sala Penal de la Corte Suprema.
La aplicación del beneficio de la amnistía a militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura, sigue constituyendo una materia de controversia debido a los distintos criterios que respecto de esta figura tienen los jueces de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones del país, pero especialmente la de Santiago, jurisdicción donde se concentra la mayor cantidad de este tipo de procesos.Por ello es frecuente que la gente común no comprenda que una vez una sala de una corte aplique este beneficio, y en otra oportunidad, esa misma sala, u otra, no lo haga valer. La explicación tiene que ver con que siempre dependerá de quiénes sean los magistrados que integren una determinada sala de una Corte de Apelaciones, los que a veces, por diversos motivos, van cambiando.
No existe, como algunos piensan, un criterio único, común, o una instrucción de la Corte Suprema sobre cómo tratar la amnistía o la prescripción del delito de que se trate por el transcurso del tiempo.
Lo único que el máximo tribunal del país ha sostenido, no como orden sino como jurisprudencia al fallar un determinado caso, como fue por ejemplo al conceder en 2000 el desafuero de Pinochet en el proceso por la Caravana de la Muerte, es que la aplicabilidad o no del beneficio de la amnistía debe ser resuelta siempre por el juez instructor de una determinada causa, al final del juicio. Vale decir, al momento de dictar una sentencia condenatoria. Sin embargo, esta jurisprudencia puede o no ser recogida por jueces de inferior jerarquía.
Como materia de fondo, llegando hasta la misma Corte Suprema, hasta ahora el único caso en el que a este máximo tribunal le ha correspondido como última instancia debatir y resolver acerca de la amnistía y la prescripción en este tipo de delitos, es el de las condenas de presidio a ex agentes de la DINA dictadas por el juez Alejandro Solís, por el delito de secuestro y desaparecimiento del militante del MIR, Miguel Angel Sandoval Rodríguez.
En esta oportunidad, la Corte Suprema, por una cuestión puntual técnico-procesal reunida extraordinariamente en pleno y no a nivel de los cinco ministros de la Sala Penal como corresponde en juicios criminales, resolvió rechazar el beneficio de la amnistía. Lo mismo hizo respecto de la prescripción del delito por el paso del tiempo y la gracia del concepto llamado "obediencia debida". Este último beneficio invocado frecuentemente por los abogados defensores de los ex agentes, tiene que ver con que aquellos militares más jóvenes que a 1973 eran tenientes o subtenientes de 21 o 22 años, habrían actuado obedeciendo órdenes de sus capitanes, mayores, tenientes coroneles, coroneles o generales, según la escala de grados de abajo hacia arriba.
De esta manera, la discutida cuestión de la amnistía y los otros beneficios referidos está aún demasiado verde en los procesos por delitos de lesa humanidad, porque todos los más de cuatrocientos juicios por estos delitos todavía deben llegar a la Sala Penal de la Corte Suprema, una vez que los respectivos jueces instructores hayan dictado sentencia.
Incluso si un juez instructor resuelve condenar y rechazar la amnistía y todos los otros beneficios invocados, y esta condena es revocada por la sala correspondiente de la Corte de Apelaciones haciendo valer a favor del o los sentenciados la amnistía y las otras gracias, todavía la Sala Penal de la Corte Suprema puede volver a reponer las condenas, aumentándolas o disminuyéndolas. O simplemente confirmar la anulación del tribunal de alzada.
Como se aprecia, el controvertido asunto de la amnistía tiene todavía muchísimo terreno que recorrer dentro del Poder Judicial. Los magistrados aplican e interpretan leyes vigentes. Por lo tanto, si se trata de la amnistía, para muchos el nudo está en el Parlamento y no en las cortes ni en los tribunales unipersonales. "Si no les gusta la amnistía, que la deroguen y se dejen de joder", dijo un día un ministro de la Sala Penal de la Corte Suprema.
11 de febrero de 2006
pinochet ya no cuenta
El comandante en jefe del Ejército se mostró a favor de que se minimice el rol del nonagenario en el escenario actual del país, señalando que "hace mal" que Pinochet ocupe el centro del debate.
El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, aseguró que a los chilenos les hace mal que el ex dictador Augusto Pinochet "siga estando en el centro" del debate político.
"A todos nos hace mal que Pinochet siga estando en el centro. No ayuda a Chile, ni a hacer justicia objetivamente. El está en el ocaso de su vida y ya no tiene gravitación alguna en el quehacer político", sostuvo Cheyre, en una entrevista aparecida en la última edición de la revista Caras.
Las declaraciones de Cheyre se producen en un escenario marcado por la investigación del ministro Carlos Cerda, a cargo de las pesquisas por el oscuro origen de la fortuna del ex dictador, que ha estrechado el cerco sobre el nonagenario y su familia.
Para el militar, "que se le dé (a Pinochet) tanta importancia sólo produce ruidos e interpretaciones que no le hacen bien ni a él, ni al país ni a su familia".
Cheyre separó aguas de la gestión de Pinochet, reiterando que el Ejército tuvo "una responsabilidad institucional" en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.
A modo de ‘mea culpa’ por la actuación de uniformados en las violaciones de derechos humanos, enfatizó asimismo que "nunca más debe haber gente que, en el cumplimiento de lo que cree es un llamado ante una crisis, transgreda un compromiso con derechos que son vitales, como lo hizo personal del Ejército".
Para Cheyre, "nunca se sabrá cuánto ha costado esta procesión dentro del Ejército" y reflexionó que "las heridas se curan pero las cicatrices quedan".
"En gran parte de la sociedad (las heridas) están sanadas, salvo para dos sectores: quienes sufrieron la violación de sus derechos y perdieron a sus seres queridos y quienes están siendo procesados después de 30 años".
Sin embargo, mencionó que el quiebre institucional tuvo causas políticas. "Para que este clima de violencia no se repita, nunca más tienen que volver a darse el origen y las causas de esa violencia; el quiebre de la sociedad democrática, ni los instigadores", aseveró, agregando que en Chile "se generó un clima que no se controló, se sobrepasaron las instituciones y la legalidad".
El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, aseguró que a los chilenos les hace mal que el ex dictador Augusto Pinochet "siga estando en el centro" del debate político."A todos nos hace mal que Pinochet siga estando en el centro. No ayuda a Chile, ni a hacer justicia objetivamente. El está en el ocaso de su vida y ya no tiene gravitación alguna en el quehacer político", sostuvo Cheyre, en una entrevista aparecida en la última edición de la revista Caras.
Las declaraciones de Cheyre se producen en un escenario marcado por la investigación del ministro Carlos Cerda, a cargo de las pesquisas por el oscuro origen de la fortuna del ex dictador, que ha estrechado el cerco sobre el nonagenario y su familia.
Para el militar, "que se le dé (a Pinochet) tanta importancia sólo produce ruidos e interpretaciones que no le hacen bien ni a él, ni al país ni a su familia".
Cheyre separó aguas de la gestión de Pinochet, reiterando que el Ejército tuvo "una responsabilidad institucional" en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.
A modo de ‘mea culpa’ por la actuación de uniformados en las violaciones de derechos humanos, enfatizó asimismo que "nunca más debe haber gente que, en el cumplimiento de lo que cree es un llamado ante una crisis, transgreda un compromiso con derechos que son vitales, como lo hizo personal del Ejército".
Para Cheyre, "nunca se sabrá cuánto ha costado esta procesión dentro del Ejército" y reflexionó que "las heridas se curan pero las cicatrices quedan".
"En gran parte de la sociedad (las heridas) están sanadas, salvo para dos sectores: quienes sufrieron la violación de sus derechos y perdieron a sus seres queridos y quienes están siendo procesados después de 30 años".
Sin embargo, mencionó que el quiebre institucional tuvo causas políticas. "Para que este clima de violencia no se repita, nunca más tienen que volver a darse el origen y las causas de esa violencia; el quiebre de la sociedad democrática, ni los instigadores", aseveró, agregando que en Chile "se generó un clima que no se controló, se sobrepasaron las instituciones y la legalidad".
11 de febrero de 2006
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