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qué pasará con los nazis de chile


[Rebeca Araya y Bárbara Hayes] Los 44 años de Colonia Dignidad. Probablemente, Paul Schäfer morirá en la cárcel, o entrando y saliendo de ella, junto a sus más prominentes secuaces. Pero muchos sostienen que las redes de poder de la secta siguen activas y fortaleciéndose en la sombra, protegidas por un intrincado tejido de intereses, urdido de mil maneras en años de impunidad.
Último martes de enero. Jorge Zepeda, juez que concentra los procesos por derechos humanos en contra del ente denominado ‘Dignidad’, comenzaba sus vacaciones. Justo ese día, la Corte de Apelaciones liberó a Gerhard Mücke, sempiterno guardaespaldas de Paul Schäfer, sindicado como torturador en tiempos de la DINA y encargado del ‘trabajo sucio’ en la colonia.
Internado desde hace un año en la cárcel de alta seguridad de Santiago, el anciano pederasta que encabezó la secta juega perversos juegos con los interrogadores, refugiado en la aparente fragilidad de su vejez, mientras algunos de sus cómplices entran y salen del penal, como Mücke o el doctor Hartmut Hopp. Otros, tales como Hans Jürgen Riesland, Reinhard Doring o Albert Schreiber, huyeron del país.

Ingenuidad
Corría 1968. El entonces senador Patricio Aylwin escribía al ministro del Interior, Edmundo Pérez Zujovic, que en Dignidad sucedían hechos "ante los cuales ningún gobierno que se respete y quiera ser respetado puede permanecer indiferente". Defendía a su amigo Héctor Taricco, intendente de Linares y primer funcionario del Estado que confrontó a la Colonia, lo que le costó el desafuero y luego un proceso judicial del cual salió bien librado gracias a la defensa del propio Aylwin.
El senador, por su parte, se enemistó con el Presidente Eduardo Frei Montalva, y sus ministros del Interior y Justicia. Taricco, decepcionado por la conducta de la DC y la actuación del Gobierno de la época, renunció al cargo y se marginó para siempre de las lides políticas. En síntesis, el conflicto permitió a la colonia, por primera vez, exhibir públicamente su poder.

Señor Aylwin, con tantos años de distancia, ¿cómo se explica lo ocurrido?
No me lo explico. Me jugué a fondo por el caso, en el debate del Senado intervine con pasión. No obstante, la Cámara Alta votó el desafuero de Taricco con sólo dos votos en contra: el de Tomás Chadwick [senador socialista] y el mío.

¿Cree usted que había corrupción?
No, no creo.

¿Y después?
Creo que había más ingenuidad que corrupción. Para mí fue muy doloroso, porque tras la resolución pedí que se formara una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Y esa comisión, donde había democratacristianos, radicales, liberales, conservadores y socialistas, informó a favor de la colonia.
Un libro reciente de los periodistas Claudio Salinas y Hans Stange dice: "¿Quiere nombres de amigos de la colonia? Vea las composiciones de las Cortes de Apelaciones de Talca y Santiago, de Chillán, de la Corte Suprema", ¿Qué opina de esta afirmación?
No soy malpensado. Mi experiencia es que los jueces son gente honesta e independiente. No creo que en esta historia haya existido tanto corrupción como ingenuidad.

¿Ingenuidad sostenida durante 44 años?
No pues, tanto tiempo no. Yo digo que la hubo en los años ’60.

¿Le parece correcto que hoy se hayan generado condiciones legales para que muchos de los mandamases de la colonia escaparan? ¿O eso también es ingenuidad?
No me gusta su pregunta. ¿Quiénes habrían creado esas condiciones?¿Las autoridades? ¿El gobierno? ¿Los intendentes? ¿Los jueces? Yo no vivo sospechando de todo el mundo. Acusé a la colonia y mantengo mis cargos. Pero no me nace andar buscando una malla de influencias perversas.

Todo Se Transforma
Dignidad cruzó indemne y cada vez más poderosa los gobiernos de Alessandri, Frei Montalva, Allende y Pinochet. En enero de 1991, el entonces Presidente Aylwin le quitó la personería jurídica y ordenó el traspaso de sus bienes a la Corporación Metodista. Demasiado tarde: en 1990, los jerarcas de la colonia habían constituido la sociedad comercial Cerro Florido y las sociedades de inversión Agripalma, Bardana y Cinaglosa, a las que traspasaron propiedades y bienes de la secta. Más bien, Dignidad dejó a la Corporación Metodista deudas por 94 millones de pesos.
El 3 de febrero de 1995, jerarcas y amigos de la colonia constituyen la organización comunitaria y de desarrollo social Perquilauquén, que obtuvo personería jurídica, a pesar de la oposición del Concejo Municipal de Parral y de un informe de la Subsecretaría del Interior que concluye: "La ONG Perquilauquén es, de hecho, la continuidad de la disuelta Sociedad Benefactora Dignidad".
Según el senador PS Jaime Naranjo, la sociedad Perquilauquén mantiene estrechos vínculos con personeros de la UDI. Los ex diputados de ese partido Ignacio Urrutia y Jorge Ulloa serían parte de los más de 250 socios con que hoy cuenta dicha organización.
Entre los dirigentes de Perquilauquén figuran Gert Seewald, Kurt Schenellenkamp (confeso de haber conducido el bus en que se trasladaba a presos políticos hacia Dignidad), Günther Schaffrick, Gerhard Mücke, Kart van der Berg, todos procesados con diversos niveles de responsabilidad en los casos de derechos humanos y abusos a menores imputados a Schäfer.

Red TRansversal
El libro ‘Los amigos del Dr. Schäfer’, de los periodistas Salinas y Stange, gira en torno a una pregunta: "¿Cómo es posible que se haya consagrado, a lo largo de 44 años y siete gobiernos. la impunidad de este estado dentro del Estado?". A juicio de ambos, la red de protección que posibilitó el desarrollo de Dignidad sigue operando:

"Como toda organización criminal, Dignidad posee una red de protección poderosa. Pero no debemos imaginarnos una escena del tipo el hombre del maletín, que compra amistades y clientelas. Lo interesante en Dignidad es que la red es transversal. Los favores y los vínculos no se limitan exclusivamente a la derecha o a la dictadura", dicen.

¿Y cómo operan esos vínculos?
La mantención de la red de protección –afirma Salinas–. Existen demasiadas lealtades, que con las investigaciones actuales pueden quebrarse. Por lo tanto, hay más celo para echarle tierra al caso. Mientras no se aclaren los reales intereses que hay en Dignidad, difícilmente se puede evaluar el proceder de la justicia.

En 1996, el abogado Hernán Fernández asumió la defensa de una campesina cuyo hijo fue abusado por Schäfer. Sus gestiones terminaron con la condena del alemán por 26 delitos de abuso sexual y cinco violaciones a menores, pero logró escapar. Luego, y asociado con un equipo periodístico de Canal 13, Fernández fue pieza clave en la captura en Argentina, en marzo pasado, del anciano prófugo, tras ocho años.
Hoy es un crítico de la gestión del ministro Zepeda. Según Fernández, el ministro otorgó "impunidad garantizada" a los delincuentes al dejar sin efecto el sometimiento a proceso por asociación ilícita de los líderes de Dignidad. Éste, afirma, era "el delito madre, y posibilitó la fuga de muchos de los cabecillas a Alemania, desde donde son inextraditables de acuerdo a la Constitución de ese país". Pero su crítica más dura es al Estado chileno y su incapacidad de abordar hasta hoy en toda su magnitud la situación.

¿Cómo se explica la conducta del Estado?
Incapacidad de asumir un problema de esta complejidad. Se dan paradojas como que Felipe Letelier, diputado PPD que apoyó a la colonia, llegó a presidir la Comisión de Sectas de la Cámara de Diputados. Colonia Dignidad tiene mucha suerte o es muy hábil, de modo que logra tener siempre a gente que la apoya en los lugares que le conviene.

¿Por ejemplo?
Entre los recursos de amparo rechazados, emblemático es uno de 1996 en favor de Karl Sticker, quien intentó fugarse cinco veces y murió en la colonia en enero de 2002. Otro recurso de amparo rechazado fue el de Doris Gert, que hoy figura entre las víctimas de drogas y castigos al interior del enclave. A eso me refiero cuando hablo de redes de poder.

¿Poder que se sustenta en qué?
En la información que ocultan y les permite extorsionar personas, y en el poder económico que les permite maniobrar la riqueza oculta de Dignidad. Una riqueza surgida del trabajo no remunerado, trabajo esclavo, cuestión de la cual la justicia aún no se hace cargo, pese a que muchas de esas víctimas viven casi en la indigencia y otros permanecen en la colonia, pues no tienen adónde ir.

¿Sostiene que, aun con Schäfer y los principales líderes detenidos o encausados, Colonia Dignidad sigue siendo poderosa?
La subsistencia de Colonia Dignidad se basa en su poder económico; por tanto, lo que hay que buscar es el tejido que sostiene ese poder. Y ahí también están involucrados empresarios chilenos. Hay que investigar cuánto se generó en 44 años y dónde está el producto de lo generado. Y eso no se encontrará revisando libros de contabilidad, porque los cabecillas lo tienen todo impecable, todo calza. Lo que no calza son los números con la realidad.

El Mínimo Moral
Para sus críticos, el ministro Zepeda es un juez excesivamente mediático que arriesga el éxito de sus investigaciones anticipándolas a través de los medios. Para sus defensores, en cambio, transparentó la gestión judicial de un caso demasiado oscuro para abordarlo de espaldas a la opinión pública y ha obtenido en un plazo mínimo avances considerables.
"No me interesan las críticas ni los halagos", dice Zepeda, "mi objetivo es dar respuesta a casos de derechos humanos que, hasta hoy, tienen a los deudos de muchos desaparecidos en la colonia buscando sus cuerpos, o respuestas que les permitan vivir y cerrar sus duelos. Desde 1968, Villa Baviera viene siendo investigada, pero los procesos siempre llegan hasta un punto y se empantanan. No quiero que ahora ocurra eso".
–Se dice que, al dejar sin efecto el procesamiento por asociación ilícita de sus jerarcas, usted posibilitó su fuga.
–Es posible que retome el tema de la asociación ilícita. Pero, si lo hago, será con imputaciones y procedimientos irrefutables.

¿Y qué pasa con los delitos económicos, con los capitales de Dignidad no investigados?
Los delitos se configuran en el marco de una legislación definida. El delito de lavado de activos, por ejemplo, sólo está vigente desde 2003; antes regía exclusivamente para casos de narcotráfico Mi acción está limitada por el marco legal que define los delitos, y ese es el ámbito en que debo y puedo actuar. Pregunto: ¿Puede exigírsele a este juez terminar con Colonia Dignidad? ¿Se puede exigir más a un juez que a siete gobiernos? Un autor dice que el derecho establece el mínimo moral que una sociedad está dispuesta a aceptar. Ese es mi límite y, ajustado a ese marco, haré lo que esté a mi alcance y me corresponda.

26 de febrero de 2006

©la nación

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