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centro de torturas será museo allende


[Eva Vergara] La mansión fue utilizada como centro de espionaje por la temida policía secreta del ex dictador Augusto Pinochet. Ahora albergará un taller de arte y será dedicada al adversario marxista derrocado por el sanguinario golpe militar del general en1973.
Santiago, Chile. El Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que abrirá sus puertas el próximo mes, exhibirá los trabajos de pintores como Pablo Picasso, Roberto Matta y Joan Miró. "Es la venganza de Salvador Allende", dijo José Balmes, el director del museo nacido en España.
La remodelación de la mansión fue un viaje a través de los secretos de la oscura agencia responsable de muchos de los peores abusos de la dictadura. Los trabajadores encontraron pasaportes, documentos con instrucciones para los agentes, y diagramas de lugares bajo vigilancia o escogidos para llevar a cabo operaciones.
"En el sótano encontramos un centro de comunicaciones usado para interceptar teléfonos en todo el país", dice Balmes. "Hay evidencia de que muchos teléfonos fueron interceptados".
Algunas de las habitaciones de la enorme casa de dos pisos en un barrio de clase media cerca del centro de Santiago fueron utilizadas para interrogar a los detenidos o secuestrados, aunque el lugar no era una cárcel, dice Balmes.
La mansión sirvió como embajada de España en los años cincuenta, pero luego estuvo vacía hasta que la ocupó la policía secreta en 1973.
Otra casona, Villa Grimaldi, sirvió como centro de detenciones y torturas. Ese sitio, en un suburbio al sur de la capital, ha sido convertido en un monumento conmemorativo de las víctimas. Entre los que estuvieron detenidos ahí se encuentra la presidente de Chile, Michelle Bachelet, y su madre, Ángela Jeria.
La mansión convertida en el museo Allende fue comprada y remodelada con el apoyo financiero del gobierno chileno y países europeos, entre los que se encuentran España, Francia, Alemania, Italia y Suecia.
Los equipos de espionaje que fueron encontrados allí fueron dejados intactos, como un recordatorio de lo que fue antes, dijo Balmes, 79, que llegó a Chile en 1939, escapando de la dictadura de Franco en España. "El lugar es un monumento conmemorativo", dijo.
Documentos encontrados por los trabajadores fueron entregados a Hugo Dolmetsch, uno de los varios jueves que investigan las violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet.
Muchas de las piezas de arte exhibidas provienen de un museo fundado por Allende en 1972. Artistas e intelectuales de todo el mundo, tales como el pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, y el autor argentino Julio Cortázar, contribuyeron al museo.
Después del golpe, las piezas de arte desaparecieron. No fue sino hasta la restauración del gobierno civil en 1990 que la colección fue descubierta en el sótano de otro museo de Santiago.
Algunas piezas fueron dañadas, otras se conservan en buen estado, dijo Balmes. Algunas pinturas no han sido todavía recuperadas, como una tela de Miró, dijo. Otra de Miró, un tributo a Allende pintado en 1976, será expuesto cuando abra el museo.
Allende, un socialista que fue elegido en 1970, se suicidó cuando el palacio presidencial estaba siendo bombardeado durante el golpe de Pinochet.
"No hay un museo en el mundo que se parezca a este -todas las piezas de arte expuestas fueron donadas como un tributo a Allende y su gobierno", dijo Balmes.
La policía secreta conocida como DINA, torturó, secuestró y asesinó a disidentes durante el régimen de Pinochet. Sus comandantes máximos, entre ellos al menos seis generales en retiro, han sido juzgados y encarcelados.
Pinochet, 90, está siendo juzgado en varios casos de violación de derechos humanos, pero intentos previos de procesarlo han sino torpedeados por su mala salud.

12 de marzo de 2006
©washington post
©traducción mQh
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piden declaraciones a ex ministro


[Héctor Cossio] Abogados reactivan querellas sobre su supuesta responsabilidad como ex ministro del Interior. Piden que Fernández declare en casos de derechos humanos a días de dejar el Senado. La Corte Suprema rechazó su desafuero en abril de 2005. Pero ahora, en que el derrotado ex senador por Magallanes dejó de tener esa prerrogativa, los querellantes buscan que testifique en dos casos de tortura por su rol de ex ministro del Interior del régimen militar.
A cuatro días de haber dejado de gozar de fuero parlamentario, el ex senador de la UDI y ex ministro del Interior del régimen militar, Sergio Fernández, comienza a acumular solicitudes para que declare en varias querellas interpuestas en su contra por violación a los derechos humanos.
Las acciones que buscan determinar su supuesta responsabilidad en delitos cometidos por la CNI cuando desempeñaba el cargo de ministro del Interior (de abril de 1978 a abril de 1982, y luego entre julio de 1987 y octubre de 1988), y, por ende, era el superior jerárquico del organismo de inteligencia, comenzaron a reactivarse el pasado 11 de marzo, cuando dejó de ser senador.
El abogado Eduardo Contreras solicitó ayer a los ministros Alejandro Solís y Víctor Montiglio que el ex senador por la Región de Magallanes preste declaración en calidad de inculpado en los casos conocidos como Villa Grimaldi y Operación Cóndor, respectivamente.
Los querellantes basan su solicitud para que el ex senador declare principalmente en un documento firmado por el general Odlanier Mena, ex director de la CNI. El documento dice: "Por órdenes expresas del ministro del Interior, Sergio Fernández, toda información sobre detenidos que se requiera por tribunales debe ser solicitada a través del Ministerio del Interior, prohibiéndose expresamente a este organismo proporcionar directamente a los tribunales cualquier información".
Pero ni los antecedentes ni el afán de los abogados de DD.HH. de llevar al ex senador a los tribunales son nuevos. En abril del año pasado la Corte Suprema analizó una solicitud de desafuero en su contra, que fue rechazada por 13 votos contra 11.
La Tercera intentó sin éxito contactar al ex senador en su celular, su casa y su oficina para recabar su opinión en este tema.
Las solicitudes para que Fernández preste declaración aumentaron después de la publicación, en noviembre de 2004, del informe sobre Tortura y Prisión Política.
La discusión en torno a los apremios llevó a abogados y agrupaciones de DD.HH. a buscar las presuntas responsabilidades no sólo de ex uniformados, sino también de funcionarios civiles.
En febrero del año pasado, Fernández dijo que estaba dipuesto a asumir su responsabilidad política por los hechos que ocurrieron mientras fue ministro, pero afirmó que sus actos "se habían ajustado a derecho". El ex senador también dijo que había firmado decretos para la detención de personas, "cuando existía peligro para la seguridad del Estado o actos terroristas", pero que "ninguna persona que haya sido arrestada con un decreto bajo mi firma desapareció".
La situación judicial de Fernández también fue motivo de análisis en la UDI. En las semanas previas a septiembre de 2005, cuando vencía el plazo para la inscripción de candidatos, el gremialismo evaluó si postular a Fernández -que no marcaba muy bien en las encuestas- o designar a otro. En la decisión de optar por el ex ministro, uno de los numerosos elementos considerados fue el interés de que conservara el fuero para enfrentar lo que en el gremialismo llamaban una "persecución política". Como sea, Fernánez perdió en diciembre frente al PS Pedro Muñoz y al independiente Carlos Bianchi.

Otra Solicitud
Los decretos de detención que firmó Fernández están en el centro de otro caso reactivado esta semana. La abogada Alejandra Arriaza solicitará hoy que declare en la querella por torturas que presentó el 9 de marzo del año pasado el diputado PS Sergio Aguiló.
Según los querellantes, luego de que Aguiló fuera detenido en diciembre de 1981 por la CNI, se presentó un recurso de amparo en su favor. Después se solicitó información al Ministerio del Interior, que aseguró que no estaba detenido en ningún organismo bajo su dependencia. Pero ocho días después apareció un decretó firmado por Fernández donde se ordenaba su detención.

15 de marzo de 2006
©la tercera
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gobierno mantendrá política de clemencia


[José Miguel Wilson] Para militares condenados por derechos humanos. Ministra señaló que se evaluará "caso a caso" sobre la base de razones humanitarias y en la medida que haya arrepentimiento. Al despedir al Esmeralda que zarpará el próximo domingo, la Presidenta Bachelet destacó el aporte de la Armada en el ámbito de los derechos humanos y dijo estar confiada "en que seremos capaces de dar nuevos pasos de reencuentro".
"Allí donde vayan, vistan vuestro uniforme con mucho orgullo", fue la arenga que lanzó ayer la presidenta Michelle Bachelet a la tripulación del buque escuela Esmeralda, que este domingo zarpará en nuevo crucero de instrucción por la costa americana del Pacífico.
En la oportunidad, Bachelet destacó "la positiva y creciente" disposición de la Armada en el ámbito de los derechos humanos y en esa línea dijo estar confiada y optimista "en que seremos capaces de dar nuevos pasos de reencuentro en un futuro cercano".
Los dichos de la presidenta fueron complementados por un anuncio de la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, quien dijo que la nueva administración continuará con la política de clemencia en favor de ex militares condenados en causas de DD.HH, que buscó desarrollar, en medio de críticas e intentos fallidos, el gobierno de Ricardo Lagos.
"El gobierno, en general, la política que tiene y que se va a mantener es que evaluará caso a caso aquellas situaciones que tengan un mérito especial", dijo Blanlot, quien acompañó a la presidenta en la despedida del Esmeralda.
En esa línea condicionó todo acto de clemencia a razones humanitarias, de salud "y finalmente en la medida que haya algún indicio de arrepentimiento eficaz".
El cierre de la causas de DD.HH. o bien la mitigación de los efectos penales de estos juicios, ha sido una reiterada aspiración de los últimos mandos castrenses. En el reciente traspaso de mando del Ejército, el entonces Presidente Lagos confidenció públicamente que intentó avanzar en este sentido y expresó su deseo de que los distintos poderes del Estado tengan una "mejor comprensión" de la situación penal de algunos ex uniformados. Ese tema lo planteó el general Juan Emilio Cheyre en su último discurso.
Al respecto, la saliente administración intentó fallidamente legislar para rebajar las penas a militares que colaborasen con la justicia. Igualmente, en una medida que fue criticada en el oficialismo, Lagos indultó a un suboficial (R) condenado. Sin embargo, finalmente en el saliente gobierno se optó por no hacer nuevos gestos en este campo y heredar el tema al nuevo Ejecutivo.
Consultada, Blanlot si el criterio de clemencia podría plasmarse a través de un beneficio intrapenitenciario (salidas diarias o conmutación de penas), dijo que "eso se va a evaluar", pero "sin olvidar que en este caso son crímenes que son universalmente rechazados". No obstante, la titular de Defensa descartó "por el momento" que sea la intención del gobierno elaborar un proyecto de ley de efecto colectivo, como se hizo en 1990, 2004 y 2005 con condenados por delitos terroristas.

Gesto al Esmeralda
En tanto ayer, en lo que fue interpretado como un gesto al Esmeralda, que es cuestionado por haber sido lugar de torturas en 1973, la Presidenta Bachelet recordó a los jóvenes marinos que "junto con representar el pasado de nuestro país, y del cual no debemos ni podemos desentendernos", serán "por sobre todas las cosas, los representantes del presente y del futuro de Chile".
Sus palabras fueron valoradas por el alto mando naval que ha mantenido conversaciones con ex presos políticos de Valparaíso para concretar un acto de desagravio. Ayer la ministra Blanlot aseguró que existe "el propósito y la convicción" de que se concretará el acto. Dijo que estas conversaciones continuarán a cargo de la Marina, "pero con el estrecho contacto y coordinacion con el Ministerio de Defensa y obviamente con el comité político del gobierno".

Tres Hijas de Ex Militares Que Hoy Mandan en Defensa
Un eje familiar común comparten la Presidenta Michelle Bachelet, la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, y la subsecretaria de Marina, Carolina Echeverría: las tres son hijas de ex uniformados.
Bachelet, cuya historia personal es más conocida, es hija del general de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet, quien tras el golpe militar de 1973 fue detenido por sus simpatías con el gobierno de Salvador Allende. El padre de la presidenta murió el 12 de marzo de 1974 de un paro cardíaco producto de las torturas recibidas mientras estaba en la Cárcel Pública.
Por su parte, la subsecretaria es hija del oficial Víctor Echeverría, quien fue un estrecho colaborador de Carlos Prats, el ex comandante en jefe del Ejército que fue asesinado el 30 de septiembre de 1974 en su exilio en Buenos Aires, tras el golpe militar.
Echeverría llegó al grado de coronel de Ejército y pasó a retiro a fines de los ’80. Entre sus destinaciones fue agregado en Canadá.
La actual subsecretaria conoció a Bachelet durante un magíster de Política de Defensa impartido en la Academia de Guerra del Ejército.
Al igual que Bachelet y Echeverría, la actual ministra de Defensa tiene un pasado familiar ligado a las Fuerzas Armadas, ya que su padre, Jorge Enrique Blanlot, fue ingeniero militar y pasó a retiro como capitán en los años 60.
Luego, Blanlot trabajó como ingeniero para impulsar la labor de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) en Magallanes.
Además, el abuelo de la actual secretaria de Estado, Enrique Blanlot Reissig, fue general de Ejército en la década de los 40.
Durante el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, organizó y reformó la sección de movilización industrial del departamento de movilización económica del Ministerio de Defensa.
Al igual que su abuelo, pero de manera más profunda, la nueva ministra de Defensa deberá comenzar a hacer reformas al interior de su cartera, en el campo de la carrera militar, del financiamiento y en la parte administrativa del sector defensa.

15 de marzo de 2006
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cde se hace parte en caso por muerte de ex presidente
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió ayer hacerse parte en la investigación que instruye el ministro Alejandro Madrid por la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva.
Para el abogado de la familia Frei, Alvaro Varela, la decisión del CDE resulta "muy importante, puesto que el organismo la adoptó después de haber estudiado los antecedentes que hay en el proceso, que son contundentes en la dirección de que en la muerte del presidente hubo participación de terceros".
Frei Montalva murió en 1982, después de una operación practicada dos meses antes, pero la familia sostiene que habría sido víctima de una bacteria que preparada por el ex químico de la policía política DINA, Eugenio Berríos.

15 de marzo de 2006
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