se extienden regímenes de excepción
[Katrin Bennhold] Leyes antiterroristas, supresión de libertades civiles y nuevas formas de autoritarismo y xenofobia se extienden en las viejas democracias europeas que se han asociado a Estados Unidos.
París, Francia. Cuando su reloj de pulsera se acerca a las 3:26 de la tarde, el argelino de 23 años arrastra su silla de madera más cerca de la puerta de atrás. A las 3:30 precisas su pierna tiene que estar dentro de su casa en el norte de Londres. El hombre, cuyo nombre por orden judicial no puede ser divulgado, porta un grillete electrónico en su tobillo izquierdo y sólo se le permite salir de su casa cuatro horas al día.
Hace cuatro años fue detenido en Londres bajo sospechas de tener vínculos con el Grupo Islámico Armado, una organización terrorista argelina, y pasó más de tres años en cárceles de alta seguridad antes de ser puesto bajo arresto domiciliario parcial en octubre. Ahora el gobierno británico quiere deportarlo a Argelia.
Pero no se le ha acusado formalmente de nada, y, dicen él y su abogado, no ha sido interrogado ni una sola vez, ni se le ha informado de ninguna prueba contra él. "Desde el día que me detuvieron, nunca se me ha preguntado nada ni se me ha dicho de que se me acusa", dice el hombre. "¿Cómo te puedes defender en una situación así?"
Cuatro años y medio después de los atentados del 11 de septiembre y después de los mortíferos atentados con bomba en Madrid y Londres, el difícil debate al interior de las democracias occidentales sobre cómo equilibrar la seguridad y la mantención de las libertades básicas sólo ha crecido y expandido, a medida que las medidas para enfrentarse a los terroristas se han multiplicado.
El conflicto de prioridades ha quedado en claro en Estados Unidos, en los debates nacionales que precedieron a la renovación de la Ley Patriótica, y en el escándalo internacional sobre las torturas en Abu Ghraib y el tratamiento de los detenidos en Bahía Guantánamo.
Pero muchos gobiernos europeos, entre ellos algunos que han criticado a Estados Unidos por sus medidas antiterroristas, han estado extendiendo sus propios poderes de vigilancia y persecución. Funcionarios, abogados y expertos en derechos humanos dicen que Europa también está sufriendo una lenta erosión de sus libertades civiles a medida que los gobiernos otorgan prioridad a la prevención de posibles acciones terroristas por sobre las preocupaciones de protección de los derechos de ciudadanos sospechosos de actividades terroristas, aunque no estén condenados por ningún delito.
La mayoría de las nuevas leyes antiterroristas de Gran Bretaña, que prohíbe la vaga definición de la ‘glorificación’ del terrorismo, fue aprobada el jueves. Italia y Holanda han ablandado las condiciones bajo las cuales los servicios de inteligencia pueden realizar labores de espionaje. La legislación francesa otorgó recientemente más acceso a los investigadores a datos telefónicos y de internet. La legislación alemana está siendo modificada para permitir que los servicios de inteligencia tengan un acceso más fácil a registros bancarios y de coches.
"Estamos manipulando derechos que hace algunos años nos parecían intocables", dice Álvaro Gil-Robles, comisionado de derechos humanos del Consejo de Europa, un grupo intergubernamental que estudia la situación de los derechos humanos.
Las áreas más conflictivas tienen que ver con el tratamiento de los sospechosos de actividades terroristas, dijo. Varios países europeos están ampliando el período de tiempo en que se puede detener o restringir la libertad de sospechosos sin presentar cargos.
Algunos países están buscando modos de deportar a sospechosos, incluso si en sus países natales se practica la tortura. Esto choca incómodamente con importantes tratados europeos y de Naciones Unidas que prohíben la deportación si el sospechoso corre el riesgo de ser torturado.
"Está pasando algo muy fundamental", dice Gareth Peirce, abogado de Birnberg y Peirce en Londres que representan al argelino bajo vigilancia en Londres del Norte y otros nueve hombres de Oriente Medio y África del Norte, detenidos sin cargos tras los atentados del 11 de septiembre.
"Varios países han estado tratando de eludir las obligaciones de los tratados en relación con detenciones arbitrarias y tortura", dijo.
Como en Estados Unidos, los defensores de una seguridad reforzada dicen que el terrorismo internacional exige nuevos métodos y que la ley penal está mal equipada para hacer frente al peligro.
"Siempre pensamos sobre los derechos de los terroristas", dice August Hanning, el secretario de estado de Interior de Alemania y ex jefe de la inteligencia. "Pero si hay un ataque que pudiste haber evitado, también tienes que ser capaz de mirar a los familiares a los ojos".
Una amplia tendencia ha sido la extensión de las medidas cautelares y restricciones a la representación legal.
En diciembre Francia aumentó el período de detención sin cargos para sospechosos de terrorismo de cuatro a seis días; mantuvo las reglas que han permitido negar a los sospechosos detenidos el acceso a abogados durante los primeros tres días.
El año pasado Italia extendió la detención preventiva de 12 a 24 horas y autorizó a la policía a interrogar a los detenidos sin la presencia de sus abogados. En 2003, España extendió el período de detención en régimen de aislamiento de los sospechosos de terrorismo a un máximo de trece días, de acuerdo al grupo de derechos humanos Human Rights Watch.
Gran Bretaña ha ido todavía más lejos. La última ley duplica el período durante el cual un sospechoso puede ser detenido sin cargos, a 28 días. En 2001 era de apenas 48 horas, y el primer ministro Tony Blair intentó alargarlo a tres meses.
La nueva ley siguió a otra decretada poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, de permite que los extranjeros sospechosos de actividades terroristas puedan ser detenidos sin cargos indefinidamente. En 2004 la Cámara de los Lores declaró ilegal esa ley.
El gobierno, apañándose para encontrar un nuevo método de tratar a diez hombres detenidos bajo esa ley en la cárcel de Belmarsh en Londres, introdujo una forma de arresto domiciliario parcial conocida como orden de control, que restringe severamente su libertad de movimiento. Desde el verano pasado Gran Bretaña también ha estado buscando modos de deportar a ocho de los hombres a sus países natales que son conocidos por practicar la tortura.
Uno de ellos es el argelino no identificado, al que se le permite dejar su casa sólo entre 11:30 de la mañana y 3:30 de la tarde, y no puede alejarse a más de un kilómetro y medio de su casa.
No se le permite el uso de un celular ni de internet, y todos sus visitantes deben ser aprobados por el ministerio del Interior.
La semana pasada un juez del Tribunal Superior británico, Jeremy Sullivan, condenó severamente una orden de control a otro sospechoso, identificado como M.B., como "evidentemente injusta", diciendo que los derechos del sospechoso estaban siendo determinados por "una decisión ejecutiva no limitada por ninguna expectativa de supervisión judicial efectiva".
El gobierno declaró después que recurriría la decisión del juez, y el ministerio del Interior emitió una declaración defendiendo sus leyes antiterroristas como "un balance correcto entre la protección de la sociedad y la protección de los derechos del individuo".
En Holanda un proyecto de ley que será probablemente aprobado en las semanas venideras introduce algo parecido a las órdenes de control británicas para los sospechosos de terrorismo que las autoridades sean "incapaces de condenar".
Durante un máximo de dos años esos sospechosos pueden ser limitados en su libertad de movimiento, ser obligados a presentar regularmente a la policía y no pueden contactarse con individuos específicos.
En algunos países las medidas restrictivas son anteriores a los atentados del 11 de septiembre, pero su utilización ha aumentado. En Francia, donde una combinación de terrorismo vasco, corso e islámico llevó al gobierno a sentar los fundamentos de su arsenal legal antiterrorista ya en 1986, los sospechosos pueden ser retenidos sobre acusaciones vagas durante cuatro años.
Para noviembre de 2005 ochenta sospechosos se encontraban retenidos bajo esta medida, más que en cualquier otro país europeo, de acuerdo a Alain Marsaud, que fue el jefe coordinador de antiterrorismo en los años ochenta y ahora diputado.
"No vamos a esperar a que detone la bomba", dijo Marsaud, que escribió hace poco un informe parlamentario sobre las medidas antiterroristas. "Es por eso que hemos dado más poder al sistema judicial: para detener a la gente antes de que actúen".
El número de musulmanes arrestados por "asociación son malhechores implicados en una actividad terrorista" ha aumentado explosivamente desde el 11 de septiembre. De acuerdo al ministerio francés del Interior, aumentó de 58 personas en 2002 a 77 en 2003, 101 en 2004 y 170 el año pasado.
Algunos diputados dicen que las prácticas británicas, holandesas y francesas son formas más blandas de detención de los "enemigos combatientes" de Estados Unidos.
"Hay un claro paralelismo con lo que está pasando en Estados Unidos", dijo Jacques Debra, un abogado de Lyon especializado en inmigración y derecho penal, que ha representado a varios sospechosos de terrorismo. "Detienen a gente con motivos administrativos, mientras creemos un marco legal. Pero la lógica es la misma: la detención preventiva".
La Convención Contra la Tortura de Naciones Unidas y la Convención de Derechos Humanos europea, ratificadas por todos los países miembros de la Unión Europea y por Estados Unidos, prohíben la tortura y otros tratamientos crueles o degradantes.
Prohíben la deportación de gente a países donde corran el riesgo de ser torturados y la utilización en tribunales de evidencias obtenidas posiblemente bajo apremios físicos.
Pero varios países europeos han intentado obtener garantías diplomáticas de países con magros antecedentes en materia de derechos humanos, de que si los sospechosos son deportados allá, no serán maltratados.
Suecia permitió que dos egipcios sospechosos fueran repatriados en un avión de la CIA en diciembre de 2001, después de que El Cairo diera esas garantías. Subsecuentemente el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas declaró que Suecia había violado sus obligaciones en el marco de la Convención de Naciones Unidas.
Alemania, Holanda y Austria también han tratado de deportar a sospechosos a Turquía y Egipto con esas garantías.
En Gran Bretaña el gobierno ha recibido garantías diplomáticas de Libia, Jordania y el Líbano, y estaba trabajando sobre acuerdos similares con Egipto y Argelia. Activistas de derechos humanos dicen que esas garantías no son fiables.
"¿Por qué respetaría un país que desconoce convenciones internacionales importantes contra la tortura un mero acuerdo bilateral?", preguntó Kenneth Roth, el director ejecutivo de Human Rights Watch en Nueva York. Es una hoja de parra legal".
El gobierno británico está también tratando de hacer posible esas deportaciones sin esas garantías, tratando de intervenir en un caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos que involucra a Holanda. En ese caso, un sospechoso argelino, Mohammed Ramzy, que fue absuelto de cargos de asociación con un grupo terrorista, recurrió a la corte para impedir su deportación a Argelia por parte del gobierno holandés sobre la base de que puede ser torturado.
Gran Bretaña está pidiendo a la corte que siente un precedente resolviendo que el riesgo de tortura del sospechosos debe ser contrapesado con el riesgo a la seguridad que sufre el país anfitrión.
Un portavoz del ministerio de Interior británico calificó la Convención Europea de Derechos Humanos una "piedra angular" de la Unión Europea, pero agregó que "hay una pregunta válida sobre cómo balancear e interpretar los derechos y las libertades en una fase de crecientes amenazas a la seguridad de Europa".
París, Francia. Cuando su reloj de pulsera se acerca a las 3:26 de la tarde, el argelino de 23 años arrastra su silla de madera más cerca de la puerta de atrás. A las 3:30 precisas su pierna tiene que estar dentro de su casa en el norte de Londres. El hombre, cuyo nombre por orden judicial no puede ser divulgado, porta un grillete electrónico en su tobillo izquierdo y sólo se le permite salir de su casa cuatro horas al día.Hace cuatro años fue detenido en Londres bajo sospechas de tener vínculos con el Grupo Islámico Armado, una organización terrorista argelina, y pasó más de tres años en cárceles de alta seguridad antes de ser puesto bajo arresto domiciliario parcial en octubre. Ahora el gobierno británico quiere deportarlo a Argelia.
Pero no se le ha acusado formalmente de nada, y, dicen él y su abogado, no ha sido interrogado ni una sola vez, ni se le ha informado de ninguna prueba contra él. "Desde el día que me detuvieron, nunca se me ha preguntado nada ni se me ha dicho de que se me acusa", dice el hombre. "¿Cómo te puedes defender en una situación así?"
Cuatro años y medio después de los atentados del 11 de septiembre y después de los mortíferos atentados con bomba en Madrid y Londres, el difícil debate al interior de las democracias occidentales sobre cómo equilibrar la seguridad y la mantención de las libertades básicas sólo ha crecido y expandido, a medida que las medidas para enfrentarse a los terroristas se han multiplicado.
El conflicto de prioridades ha quedado en claro en Estados Unidos, en los debates nacionales que precedieron a la renovación de la Ley Patriótica, y en el escándalo internacional sobre las torturas en Abu Ghraib y el tratamiento de los detenidos en Bahía Guantánamo.
Pero muchos gobiernos europeos, entre ellos algunos que han criticado a Estados Unidos por sus medidas antiterroristas, han estado extendiendo sus propios poderes de vigilancia y persecución. Funcionarios, abogados y expertos en derechos humanos dicen que Europa también está sufriendo una lenta erosión de sus libertades civiles a medida que los gobiernos otorgan prioridad a la prevención de posibles acciones terroristas por sobre las preocupaciones de protección de los derechos de ciudadanos sospechosos de actividades terroristas, aunque no estén condenados por ningún delito.
La mayoría de las nuevas leyes antiterroristas de Gran Bretaña, que prohíbe la vaga definición de la ‘glorificación’ del terrorismo, fue aprobada el jueves. Italia y Holanda han ablandado las condiciones bajo las cuales los servicios de inteligencia pueden realizar labores de espionaje. La legislación francesa otorgó recientemente más acceso a los investigadores a datos telefónicos y de internet. La legislación alemana está siendo modificada para permitir que los servicios de inteligencia tengan un acceso más fácil a registros bancarios y de coches.
"Estamos manipulando derechos que hace algunos años nos parecían intocables", dice Álvaro Gil-Robles, comisionado de derechos humanos del Consejo de Europa, un grupo intergubernamental que estudia la situación de los derechos humanos.
Las áreas más conflictivas tienen que ver con el tratamiento de los sospechosos de actividades terroristas, dijo. Varios países europeos están ampliando el período de tiempo en que se puede detener o restringir la libertad de sospechosos sin presentar cargos.
Algunos países están buscando modos de deportar a sospechosos, incluso si en sus países natales se practica la tortura. Esto choca incómodamente con importantes tratados europeos y de Naciones Unidas que prohíben la deportación si el sospechoso corre el riesgo de ser torturado.
"Está pasando algo muy fundamental", dice Gareth Peirce, abogado de Birnberg y Peirce en Londres que representan al argelino bajo vigilancia en Londres del Norte y otros nueve hombres de Oriente Medio y África del Norte, detenidos sin cargos tras los atentados del 11 de septiembre.
"Varios países han estado tratando de eludir las obligaciones de los tratados en relación con detenciones arbitrarias y tortura", dijo.
Como en Estados Unidos, los defensores de una seguridad reforzada dicen que el terrorismo internacional exige nuevos métodos y que la ley penal está mal equipada para hacer frente al peligro.
"Siempre pensamos sobre los derechos de los terroristas", dice August Hanning, el secretario de estado de Interior de Alemania y ex jefe de la inteligencia. "Pero si hay un ataque que pudiste haber evitado, también tienes que ser capaz de mirar a los familiares a los ojos".
Una amplia tendencia ha sido la extensión de las medidas cautelares y restricciones a la representación legal.
En diciembre Francia aumentó el período de detención sin cargos para sospechosos de terrorismo de cuatro a seis días; mantuvo las reglas que han permitido negar a los sospechosos detenidos el acceso a abogados durante los primeros tres días.
El año pasado Italia extendió la detención preventiva de 12 a 24 horas y autorizó a la policía a interrogar a los detenidos sin la presencia de sus abogados. En 2003, España extendió el período de detención en régimen de aislamiento de los sospechosos de terrorismo a un máximo de trece días, de acuerdo al grupo de derechos humanos Human Rights Watch.
Gran Bretaña ha ido todavía más lejos. La última ley duplica el período durante el cual un sospechoso puede ser detenido sin cargos, a 28 días. En 2001 era de apenas 48 horas, y el primer ministro Tony Blair intentó alargarlo a tres meses.
La nueva ley siguió a otra decretada poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, de permite que los extranjeros sospechosos de actividades terroristas puedan ser detenidos sin cargos indefinidamente. En 2004 la Cámara de los Lores declaró ilegal esa ley.
El gobierno, apañándose para encontrar un nuevo método de tratar a diez hombres detenidos bajo esa ley en la cárcel de Belmarsh en Londres, introdujo una forma de arresto domiciliario parcial conocida como orden de control, que restringe severamente su libertad de movimiento. Desde el verano pasado Gran Bretaña también ha estado buscando modos de deportar a ocho de los hombres a sus países natales que son conocidos por practicar la tortura.
Uno de ellos es el argelino no identificado, al que se le permite dejar su casa sólo entre 11:30 de la mañana y 3:30 de la tarde, y no puede alejarse a más de un kilómetro y medio de su casa.
No se le permite el uso de un celular ni de internet, y todos sus visitantes deben ser aprobados por el ministerio del Interior.
La semana pasada un juez del Tribunal Superior británico, Jeremy Sullivan, condenó severamente una orden de control a otro sospechoso, identificado como M.B., como "evidentemente injusta", diciendo que los derechos del sospechoso estaban siendo determinados por "una decisión ejecutiva no limitada por ninguna expectativa de supervisión judicial efectiva".
El gobierno declaró después que recurriría la decisión del juez, y el ministerio del Interior emitió una declaración defendiendo sus leyes antiterroristas como "un balance correcto entre la protección de la sociedad y la protección de los derechos del individuo".
En Holanda un proyecto de ley que será probablemente aprobado en las semanas venideras introduce algo parecido a las órdenes de control británicas para los sospechosos de terrorismo que las autoridades sean "incapaces de condenar".
Durante un máximo de dos años esos sospechosos pueden ser limitados en su libertad de movimiento, ser obligados a presentar regularmente a la policía y no pueden contactarse con individuos específicos.
En algunos países las medidas restrictivas son anteriores a los atentados del 11 de septiembre, pero su utilización ha aumentado. En Francia, donde una combinación de terrorismo vasco, corso e islámico llevó al gobierno a sentar los fundamentos de su arsenal legal antiterrorista ya en 1986, los sospechosos pueden ser retenidos sobre acusaciones vagas durante cuatro años.
Para noviembre de 2005 ochenta sospechosos se encontraban retenidos bajo esta medida, más que en cualquier otro país europeo, de acuerdo a Alain Marsaud, que fue el jefe coordinador de antiterrorismo en los años ochenta y ahora diputado.
"No vamos a esperar a que detone la bomba", dijo Marsaud, que escribió hace poco un informe parlamentario sobre las medidas antiterroristas. "Es por eso que hemos dado más poder al sistema judicial: para detener a la gente antes de que actúen".
El número de musulmanes arrestados por "asociación son malhechores implicados en una actividad terrorista" ha aumentado explosivamente desde el 11 de septiembre. De acuerdo al ministerio francés del Interior, aumentó de 58 personas en 2002 a 77 en 2003, 101 en 2004 y 170 el año pasado.
Algunos diputados dicen que las prácticas británicas, holandesas y francesas son formas más blandas de detención de los "enemigos combatientes" de Estados Unidos.
"Hay un claro paralelismo con lo que está pasando en Estados Unidos", dijo Jacques Debra, un abogado de Lyon especializado en inmigración y derecho penal, que ha representado a varios sospechosos de terrorismo. "Detienen a gente con motivos administrativos, mientras creemos un marco legal. Pero la lógica es la misma: la detención preventiva".
La Convención Contra la Tortura de Naciones Unidas y la Convención de Derechos Humanos europea, ratificadas por todos los países miembros de la Unión Europea y por Estados Unidos, prohíben la tortura y otros tratamientos crueles o degradantes.
Prohíben la deportación de gente a países donde corran el riesgo de ser torturados y la utilización en tribunales de evidencias obtenidas posiblemente bajo apremios físicos.
Pero varios países europeos han intentado obtener garantías diplomáticas de países con magros antecedentes en materia de derechos humanos, de que si los sospechosos son deportados allá, no serán maltratados.
Suecia permitió que dos egipcios sospechosos fueran repatriados en un avión de la CIA en diciembre de 2001, después de que El Cairo diera esas garantías. Subsecuentemente el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas declaró que Suecia había violado sus obligaciones en el marco de la Convención de Naciones Unidas.
Alemania, Holanda y Austria también han tratado de deportar a sospechosos a Turquía y Egipto con esas garantías.
En Gran Bretaña el gobierno ha recibido garantías diplomáticas de Libia, Jordania y el Líbano, y estaba trabajando sobre acuerdos similares con Egipto y Argelia. Activistas de derechos humanos dicen que esas garantías no son fiables.
"¿Por qué respetaría un país que desconoce convenciones internacionales importantes contra la tortura un mero acuerdo bilateral?", preguntó Kenneth Roth, el director ejecutivo de Human Rights Watch en Nueva York. Es una hoja de parra legal".
El gobierno británico está también tratando de hacer posible esas deportaciones sin esas garantías, tratando de intervenir en un caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos que involucra a Holanda. En ese caso, un sospechoso argelino, Mohammed Ramzy, que fue absuelto de cargos de asociación con un grupo terrorista, recurrió a la corte para impedir su deportación a Argelia por parte del gobierno holandés sobre la base de que puede ser torturado.
Gran Bretaña está pidiendo a la corte que siente un precedente resolviendo que el riesgo de tortura del sospechosos debe ser contrapesado con el riesgo a la seguridad que sufre el país anfitrión.
Un portavoz del ministerio de Interior británico calificó la Convención Europea de Derechos Humanos una "piedra angular" de la Unión Europea, pero agregó que "hay una pregunta válida sobre cómo balancear e interpretar los derechos y las libertades en una fase de crecientes amenazas a la seguridad de Europa".
17 de abril de 2006
©new york times
©traducción mQh
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