detective mandó a matar a testigo
[David M. Halbfinger y Allison Hope Weiner] Su propia novia pidió potección policial después de declarar en su contra.
Los Angeles, Estados Unidos. Anthony Pellicano, el detective privado encarcelado y acusado de interceptación y conspiración en el escándalo más sonado de Hollywood en décadas, conspiró hace poco con figuras del crimen organizado para tratar de asesinar a testigos claves en su contra, dicen fiscales federales.
También hizo declaraciones amenazadoras contra agentes del FBI y el principal fiscal de la causa, según se desprende de evidencias federales.
En una demanda judicial que circuló el lunes tarde, los fiscales dijeron que Pellicano había tratado de mandar a matar a Alexander Proctor, un traficante de drogas condenado que fue el primero en mencionarlo en relación con las amenazas contra una periodista que provocó la investigación federal hace casi cuatro años.
En 2002, Proctor fue grabado contándole a un informante del FBI que Pellicano lo había contratado para amenazar a la periodista de Los Angeles Times, Anita Busch. Un allanamiento de las oficinas de Pellicano ese noviembre revelaron lo que según los fiscales era una montaña de evidencias sobre interceptaciones ilegales.
En enero, durante una visita a la cárcel de su novia Sandra Will Carradine, Pellicano le pidió que visitara a un contacto en la prisión federal de Greenville, Illinis, donde Proctor estaba encarcelado, dijeron los fiscales en una audiencia de fianza en febrero.
"Si algo le pasa a Proctor, no podría declarar contra mí", dijo Pellicano a Carradine, dijeron los fiscales ante el tribunal.
En su acusación del lunes, los fiscales dijeron que ahora habían confirmado que Pellicano había "conspirado hace poco con conocidas conexiones del crimen organizado en Chicago para mandar a matar a Alex Proctor".
El abogado de Pellicano, Steven F. Gruel, dijo que se enteró por primera vez de lo que llamó la "acusación fantasma" del gobierno de que Pellicano había ordenado el asesinato de Proctor en una llamada telefónica de los fiscales el viernes. "Una cosa es decir algo, otra acusarte de algo, y una tercera cosa es probarlo", dijo.
Desde entonces Proctor ha sido trasladado a una prisión federal de seguridad media en Jesup, Georgia.
Los resúmenes escritos por agentes del FBI de sus entrevistas con Carradine describen su versión de una serie de amenazas contra investigadores del gobierno. Según esos sumarios, Carradine oyó hablar a Pellicano de sus lazos con figuras del crimen organizado en Chicago. También dicen que ella lo oyó afirmar que había matado a gente en Chicago antes de mudarse a Los Angeles, y hacer declaraciones amenazadoras sobre los funcionarios policiales que lo perseguían.
Durante una conversación en la cárcel en mayo de 2005, Pellicano criticó agriamente a los agentes del FBI que estaban allanando un local de almacenamiento donde había guardado un ordenador y un alijo de discos, dijo Carradine más tarde al agente especial Stanley E. Ornellas. En un sumario, Ornellas escribió: "Pellicano dijo que si pudiera, los rociaría con gasolina y luego les prendería fuego y cuando estuvieran ardiendo les arrojaría todavía más gasolina encima".
Pellicano también amenazó a Daniel A. Saunders, el fiscal a cargo del caso, durante al menos dos visitas a la cárcel que hizo Carradine, contó ella a Ornellas. Dijo que el 3 de octubre Pellicano había dicho que se imaginaba "embistiendo a Saunders por sobre un escritorio en la sala del tribunal".
Y Carradine contó a Ornellas que el 6 de octubre Pellicano había jurado que un día "le quitaría la vida a Saunders, tal como él me la quitó a mí", de acuerdo a los apuntes de Ornellas. Saunders se negó a hacer comentarios.
En la misma entrevista con el FBI, Carradine manifestó estar preocupada por su seguridad una vez que Pellicano se enterara de su cooperación, de acuerdo al sumario. Su abogado, Peter L. Knecht, se negó a comentar el martes. La demanda del lunes describiendo las presuntas amenazas contra Proctor, que fueron reportadas primero por Los Angeles Times, fue la respuesta del gobierno a la exigencia de Gruel de que los fiscales le entregaran todas las evidencias, incluyendo las órdenes de detención y declaraciones de testigos, involucrando a Proctor o Steven Seagal, el actor de cine que Busch estaba investigando para un artículo sobre él cuando fue amenazada en 2002. (Seagal no ha sido acusado de ningún delito).
Gruel dijo que el FBI había utilizado la "presunta relación Proctor-Pellicano-Seagal" para obtener una orden de allanamiento de la oficina de Pellicano.
Pero en su respuesta Saunders y otro fiscal, Kevin M. Lally, dijeron que la evidencia sobre Proctor y Seagal era irrelevante para el caso de interceptación, aunque Pellicano hace frente a cargos separados por amenazar a Busch en un tribunal del estado, no en el caso federal.
En lugar de eso los dos fiscales acusaron a Pellicano de subterfugio. "El gobierno cree que el acusado esta usando esta moción para tratar de descubrir qué dijo Proctor sobre él, y no porque se relevante para este caso (que no lo es), sino para determinar si Proctor está cooperando contra él en conexión con el caso federal".
En enero Carradine se declaró culpable de perjurio y ha estado colaborando con el gobierno desde julio, lo que ha dado origen a otra disputa entre los fiscales y el abogado de Pellicano. Gruel ha argumentado que Carradine, que continuó visitando frecuentemente a Pellicano y actuó como intermediaria con Gruel, se ha convertido de hecho en un operativo del gobierno, violando el privilegio de la relación abogado-cliente de Pellicano.
En su demanda del lunes los fiscales insistieron en que ellos no recibieron ninguna información de Carradine sobre las comunicaciones de Gruel con Pellicano. Pero dijeron que las informaciones sobre las conversaciones de Pellicano con Carradine eran permisibles. "Simplemente no existe un ‘privilegio de novia' reconocido por la ley", escribieron.
Interrogado sobre la versión de Carradine sobre las declaraciones amenazadoras de Pellicano sobre los agentes policiales, Gruel se negó a hacer comentarios. "No quiero hablar sobre algo que el gobierno está vigilando, debido a que puede haber filtraciones", dijo.
Los sumarios de las entrevistas del FBI, incluyendo las entrevistas con Carradine, algunas de las cuales han sido reseñadas por el New York Times y citadas en artículos sobre la investigación de Pellicano, son en sí mismos tema de otra pesquisa federal.
Los resúmenes del FBI citado por el Times fueron incluidos entre las evidencias entregadas a los abogados de la defensa por los fiscales a principios de abril, sujetas a una orden de protección, dijeron los fiscales en la demanda judicial. Después de que el Times empezara a publicar artículos basados en los resúmenes, los fiscales federales dijeron que ellos entregarían algunas de las evidencias adicionales a los abogados de la defensa, y también empezaron una investigación sobre cómo se filtraron los resúmenes. Esa pesquisa la está realizando el despacho del fiscal de San Diego.
También hizo declaraciones amenazadoras contra agentes del FBI y el principal fiscal de la causa, según se desprende de evidencias federales.
En una demanda judicial que circuló el lunes tarde, los fiscales dijeron que Pellicano había tratado de mandar a matar a Alexander Proctor, un traficante de drogas condenado que fue el primero en mencionarlo en relación con las amenazas contra una periodista que provocó la investigación federal hace casi cuatro años.
En 2002, Proctor fue grabado contándole a un informante del FBI que Pellicano lo había contratado para amenazar a la periodista de Los Angeles Times, Anita Busch. Un allanamiento de las oficinas de Pellicano ese noviembre revelaron lo que según los fiscales era una montaña de evidencias sobre interceptaciones ilegales.
En enero, durante una visita a la cárcel de su novia Sandra Will Carradine, Pellicano le pidió que visitara a un contacto en la prisión federal de Greenville, Illinis, donde Proctor estaba encarcelado, dijeron los fiscales en una audiencia de fianza en febrero.
"Si algo le pasa a Proctor, no podría declarar contra mí", dijo Pellicano a Carradine, dijeron los fiscales ante el tribunal.
En su acusación del lunes, los fiscales dijeron que ahora habían confirmado que Pellicano había "conspirado hace poco con conocidas conexiones del crimen organizado en Chicago para mandar a matar a Alex Proctor".
El abogado de Pellicano, Steven F. Gruel, dijo que se enteró por primera vez de lo que llamó la "acusación fantasma" del gobierno de que Pellicano había ordenado el asesinato de Proctor en una llamada telefónica de los fiscales el viernes. "Una cosa es decir algo, otra acusarte de algo, y una tercera cosa es probarlo", dijo.
Desde entonces Proctor ha sido trasladado a una prisión federal de seguridad media en Jesup, Georgia.
Los resúmenes escritos por agentes del FBI de sus entrevistas con Carradine describen su versión de una serie de amenazas contra investigadores del gobierno. Según esos sumarios, Carradine oyó hablar a Pellicano de sus lazos con figuras del crimen organizado en Chicago. También dicen que ella lo oyó afirmar que había matado a gente en Chicago antes de mudarse a Los Angeles, y hacer declaraciones amenazadoras sobre los funcionarios policiales que lo perseguían.
Durante una conversación en la cárcel en mayo de 2005, Pellicano criticó agriamente a los agentes del FBI que estaban allanando un local de almacenamiento donde había guardado un ordenador y un alijo de discos, dijo Carradine más tarde al agente especial Stanley E. Ornellas. En un sumario, Ornellas escribió: "Pellicano dijo que si pudiera, los rociaría con gasolina y luego les prendería fuego y cuando estuvieran ardiendo les arrojaría todavía más gasolina encima".
Pellicano también amenazó a Daniel A. Saunders, el fiscal a cargo del caso, durante al menos dos visitas a la cárcel que hizo Carradine, contó ella a Ornellas. Dijo que el 3 de octubre Pellicano había dicho que se imaginaba "embistiendo a Saunders por sobre un escritorio en la sala del tribunal".
Y Carradine contó a Ornellas que el 6 de octubre Pellicano había jurado que un día "le quitaría la vida a Saunders, tal como él me la quitó a mí", de acuerdo a los apuntes de Ornellas. Saunders se negó a hacer comentarios.
En la misma entrevista con el FBI, Carradine manifestó estar preocupada por su seguridad una vez que Pellicano se enterara de su cooperación, de acuerdo al sumario. Su abogado, Peter L. Knecht, se negó a comentar el martes. La demanda del lunes describiendo las presuntas amenazas contra Proctor, que fueron reportadas primero por Los Angeles Times, fue la respuesta del gobierno a la exigencia de Gruel de que los fiscales le entregaran todas las evidencias, incluyendo las órdenes de detención y declaraciones de testigos, involucrando a Proctor o Steven Seagal, el actor de cine que Busch estaba investigando para un artículo sobre él cuando fue amenazada en 2002. (Seagal no ha sido acusado de ningún delito).
Gruel dijo que el FBI había utilizado la "presunta relación Proctor-Pellicano-Seagal" para obtener una orden de allanamiento de la oficina de Pellicano.
Pero en su respuesta Saunders y otro fiscal, Kevin M. Lally, dijeron que la evidencia sobre Proctor y Seagal era irrelevante para el caso de interceptación, aunque Pellicano hace frente a cargos separados por amenazar a Busch en un tribunal del estado, no en el caso federal.
En lugar de eso los dos fiscales acusaron a Pellicano de subterfugio. "El gobierno cree que el acusado esta usando esta moción para tratar de descubrir qué dijo Proctor sobre él, y no porque se relevante para este caso (que no lo es), sino para determinar si Proctor está cooperando contra él en conexión con el caso federal".
En enero Carradine se declaró culpable de perjurio y ha estado colaborando con el gobierno desde julio, lo que ha dado origen a otra disputa entre los fiscales y el abogado de Pellicano. Gruel ha argumentado que Carradine, que continuó visitando frecuentemente a Pellicano y actuó como intermediaria con Gruel, se ha convertido de hecho en un operativo del gobierno, violando el privilegio de la relación abogado-cliente de Pellicano.
En su demanda del lunes los fiscales insistieron en que ellos no recibieron ninguna información de Carradine sobre las comunicaciones de Gruel con Pellicano. Pero dijeron que las informaciones sobre las conversaciones de Pellicano con Carradine eran permisibles. "Simplemente no existe un ‘privilegio de novia' reconocido por la ley", escribieron.
Interrogado sobre la versión de Carradine sobre las declaraciones amenazadoras de Pellicano sobre los agentes policiales, Gruel se negó a hacer comentarios. "No quiero hablar sobre algo que el gobierno está vigilando, debido a que puede haber filtraciones", dijo.
Los sumarios de las entrevistas del FBI, incluyendo las entrevistas con Carradine, algunas de las cuales han sido reseñadas por el New York Times y citadas en artículos sobre la investigación de Pellicano, son en sí mismos tema de otra pesquisa federal.
Los resúmenes del FBI citado por el Times fueron incluidos entre las evidencias entregadas a los abogados de la defensa por los fiscales a principios de abril, sujetas a una orden de protección, dijeron los fiscales en la demanda judicial. Después de que el Times empezara a publicar artículos basados en los resúmenes, los fiscales federales dijeron que ellos entregarían algunas de las evidencias adicionales a los abogados de la defensa, y también empezaron una investigación sobre cómo se filtraron los resúmenes. Esa pesquisa la está realizando el despacho del fiscal de San Diego.
10 de mayo de 2006
©new york times
©traducción mQh
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