cárcel, escuela del delito
La realidad carcelaria en Chile continúa en deplorable estado, sin políticas estructurales serias ni una adecuada coherencia entre las instituciones estatales. Así lo constató hace un año un estudio de la Universidad Diego Portales, y así lo confirmó la misma institución en el segundo informe anual hecho público ayer. O sea, poco y nada ha mejorado. E incluso ha empeorado.El director del Programa de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos de dicha casa de estudios, Felipe González, reiteró los "graves problemas de hacinamiento, la falta de atención médica adecuada, las muertes, la tortura y los malos tratos a internos, la corrupción de gendarmes y una falta de transparencia y control en la gestión de las cárceles.
El informe 2006 añade la pésimas condiciones laborales de los gendarmes y cómo esta realidad influye en la relación con los reos. No es todo el problema. Los académicos plantean una severa crítica al rol que no cumplen los jueces de garantías pues no representan un "monitoreo real de las condiciones carcelarias a que los reos se ven sometidos. No hay un efectivo control ni reciben denuncias".
El tema no es en absoluto menor, menos cuando -apunta Felipe González-, diversas voces plantean la cárcel como solución para la delincuencia. "Algunas medidas parecen inconducentes. Un tema grave es el hacinamiento que existe hoy, si a eso se suma que es tan bajo el presupuesto que se asigna para rehabilitación que, en la práctica, los reos se preparan para seguir delinquiendo", resume el académico.
Penosa Cárcel
González junto al investigador Álvaro Castro abordaron una por una las principales conclusiones de un problema que, enfatizaron, es responsabilidad del Estado, de sus instituciones y de las políticas no implementadas e incluso "promesas incumplidas".
El extremo hacinamiento es uno de los grandes temas. El sistema nacional está preparado para absorber 22 mil reclusos, pero hoy el número de presos es casi el doble: 40 mil internos. "Chile tiene incluso tasas más altas de reos que países con mayores niveles de delincuencia. Brasil y Argentina no pasan de 180 internos por cada cien mil habitantes, pero Chile bordea los 240", anota Castro.
"Y más cárceles tampoco resuelven el problema. Debe haber políticas serias. Además, hay ineficiencia y negligencias en la construcción de nuevas cárceles concesionadas, varias de ellas paralizadas, pero en no más de diez años todas ellas llenas y generando los mismos problemas que hoy", fundamenta González.
Si bien los investigadores acusan la persistente violación de los derechos humanos al interior de las cárceles a través de torturas y malos tratos, la responsabilidad de Gendarmería -a diferencia del informe 2005-, es matizada por la nula acción de los jueces de Garantía, y además por las "paupérrimas condiciones laborales" en que se desenvuelven los seis mil funcionarios. "La cultura organizacional y la gestión de Gendarmería de Chile, concluye el informe, facilita la corrupción y las violaciones de los derechos humanos", dicen.
Si hoy son unos nueve mil gendarmes para 40 mil reclusos, antes era peor. Ocurrió que el aumento de dotación gatilló la reducción de remuneraciones. Si antes ganaban 300 mil pesos, los nuevos funcionarios están ganando 200 mil pesos. "Y peor. Los ‘practicantes' ganan 20 mil pesos", advierte Castro. Los gendarmes también acusan malos tratos de sus superiores.
Un tema tanto o más delicado es la rehabilitación. "Menos del 1% del presupuesto anual de Gendarmería va a rehabilitación y no más de un 6% de los internos accede a esos planes. A eso se suma que no hay medición sobre el éxito o fracaso de estos programas", critica Castro.
En la Diego Portales lamentan lo difícil que resulta elaborar estos informes, básicamente por la escasa transparencia y las "serias limitaciones para acceder a información". Investigadores de ese plantel alegan que en 2005 demandaron a Gendarmería ante el 16º juzgado civil de Santiago, corte que ordenó a la institución entregar la información solicitada por la universidad. Gendarmería perdió y apeló. El caso está pendiente.
Extraoficialmente, en Gendarmería de Chile restan validez a "un informe que concluye una realidad para 40 mil internos habiendo entrevistado a 58 reclusos, diez gendarmes, siete fiscales, tres jueces del crimen y ocho de garantía".
"Es cierto, las cifras son correctas y dicen que por eso nuestro informe es poco serio, pero si abrieran las puertas y transparentaran muchas situaciones sería fantástico. Nuestro informe se confirma con el diagnóstico hecho por la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, o por la denuncia del juez Daniel Urrutia sobre los reos que duermen a la intemperie", se defiende Castro.
Bajo todo este oscuro panorama, los 3,5 dólares diarios que gasta el Estado por cada reo tras las rejas es casi dinero lanzado al tacho de la basura.
6 de julio de 2006
©la nación 
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