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vigilantes asesinos en centroamérica


[Noé Leiva] Aparecen grupos de ‘limpieza social' contra pandilleros. ONGés en Guatemala, Honduras y El Salvador levantan la voz contra los grupos que se dedican a exterminar pandilleros, algunos incluso con colaboración de policías.
Tegucigalpa, Guatemala. La aparición de grupos de ‘limpieza social' en Guatemala, Honduras y El Salvador, que ejecutan a presuntos pandilleros y delincuentes, ha encendido las alarmas de los grupos de derechos humanos.
En la región centroamericana «operan grupos de exterminio para matar a los jóvenes», y si bien «no identificamos en estos escuadrones de la muerte a policías o militares, hay quienes dicen que sí participan», opina el director de la oenegé Casa Alianza para Honduras, Manuel Capellín.
Casa Alianza señala que en Honduras han sido ejecutados 3.300 menores de 23 años desde 1998. Pero aclara que los asesinatos se dan no sólo por los grupos de exterminio sino por parientes de víctimas, autoridades y por la encarnizada lucha que protagonizan las pandillas Mara 18 (M-18) y Mara Salvatrucha (MS-13) que en Honduras podrían tener hasta 100.000 miembros. «En este gobierno (de manuel Zelaya, que asumió el 27 de enero) ya llevamos 320 asesinatos, es decir, un promedio de 40 por mes y en de Ricardo Maduro (2002-2006) murieron 1.974 jóvenes, 42 por mes», detalló Capellín. Según éste, algunos de los crímenes son cometidos por grupos de exterminio por el patrón que utilizan: «Aparecen los cadáveres de dos o tres jóvenes ejecutados, amarrados de manos, y con el tiro de gracia en la cabeza». El alcalde de la ciudad salvadoreña de San Miguel, Wilfredo Salgado, denunció la existencia de al menos dos grupos de exterminio -la sombra negra y Comando Maximiliano Hernández Martínez-, que exigen a pandillas y bandas de delincuentes que ‘abandonen' esa localidad so pena de eliminarles.
Aunque no hay constancia de la participación de policías en los grupos, muchos opinan que la hay. La jefa de Asuntos internos de la Policía Preventiva salvadoreña, María Borjas, fue cesada en enero del 2003 por protestar por el despido, por los superiores, de sus asistentes que investigaban escuadrones de la muerte de la policía. «Es una política de Estado más fácil que establecer programas de rehabilitación», subraya. En Guatemala, el defensor de derechos humanos, Miguel ángel Albizures, opina que en au país «hay elementos del Estado integrados en esa misión».

15 de septiembre de 2006
©diario de león
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