fascistas rechazan tribunal internacional
[Ivonne Toro A.] Fallo de Corte Interamericana de Derechos Humanos puso en guardia al gremialismo. UDI suma problema con la amnistía a su rechazo a aprobación del TPI.
En contraste con RN, que sólo exige la tipificación interna de los delitos que competen al Tribunal Penal Internacional, en la UDI hay mayor reticencia a que se acepte la jurisdicción de la entidad, en especial luego de que la CIDH se pronunció sobre la denegación de justicia en el caso Almonacid.
Fue en noviembre de 2006 cuando el gremialismo resolvió que el consensuado respaldo al Tribunal Penal Internacional (TPI), cuya votación fue suspendida el martes por el Gobierno, ante la inminente falta de apoyo en el Senado, no se concretaría. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sancionó a Chile por denegación de justicia, a raíz de la aplicación de la ley de amnistía en la investigación del crimen de Luis Alfredo Almonacid Arellano -un profesor ejecutado el 17 de septiembre de 1973-, alertó a la oposición respecto de los riesgos que implica para el mundo militar, al cual el sector estuvo ligado durante la dictadura, ratificar el acuerdo con el Ejecutivo de aceptar la jurisdicción internacional.
El fallo de la CIDH fue crucial, incluso más que los reparos de Estados Unidos al TPI, al momento de definir la posición frente al proyecto que el Ejecutivo esperaba aprobar esta semana, porque, explicó ayer el timonel de la UDI, Hernán Larraín, la resolución "abrió una inquietud de que las reservas que la Constitución establecería y que habíamos convenido (con el Gobierno) no iban a ser respetadas por un tribunal externo".
En esta línea se estimó "que era prudente dejar pasar un tiempo y advertir cómo iba ser la operativa de la Corte Penal Internacional antes de que Chile adhiriera a ella". La lógica detrás de esta determinación es el temor, fundado tras el caso Almonacid, de que sean revisados por instituciones extraterritoriales procesos de violaciones a las garantías fundamentales que estén cerrados por la aplicación de la polémica normativa que absuelve crímenes contra los derechos humanos entre 1973 y 1978. De ahí la decisión de la UDI de retroceder en el comprometido apoyo a la validez del TPI.
Según Larraín, en la nueva perspectiva de su colectividad también han pesado otros elementos, ya que el acuerdo que se asumió con La Moneda en 2005 fue sobre la base de premisas que "han cambiado". "Entendíamos en ese minuto que no había consecuencias en la defensa y hay hechos que ocurrieron después y que según algunos son de una cierta magnitud", afirmó en referencia a la advertencia de Washington de frenar la cooperación militar con las naciones que apoyen la aplicación de las reglas del TPI.
Otro punto, agregó, es la necesidad de legislar acerca de los delitos de genocidio y lesa humanidad, normas que no existen en Chile. "Si nosotros no las tenemos y se aplica el tratado, se nos van a aplicar los conceptos de genocidio y delitos de lesa humanidad contenidos en el tratado, que son muy genéricos, muy amplios, es decir, hay un grado de incertidumbre jurídica muy grande", postuló Larraín.
Espina ‘Liberal'
Mientras en la UDI los argumentos para restar el apoyo al TPI son múltiples y prolíferos, en RN el senador Alberto Espina –que firmó el pacto con el Gobierno- está abierto a que la iniciativa sea aprobada con algunas condiciones. El legislador sostiene que, personalmente, la sentencia del caso Almonacid y los cuestionamientos a la ley de amnistía no inciden en su respaldo al Estatuto de Roma, pero -afirmó- él se resiste a dar su voto si el Ejecutivo no cumple con su promesa de enviar al Congreso una propuesta para complementar el tratado que creó el tribunal.
"El TPI sanciona tres delitos: delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Esos delitos no están tipificados en Chile y el TPI establece que si existe ese vacío, si alguien es acusado de alguno de esos ilícitos, es juzgado por la Corte Internacional. Si esos delitos existen en Chile son sancionados en nuestro territorio, y sólo si no se administra justicia, porque no operan los tribunales, pasa al TPI", explicó el parlamentario de RN.
Espina sostuvo que es un "falta de criterio" delegar a entidades externas la responsabilidad de penalizar ilícitos cuando es posible evitar tal instancia: "En Chile existen tribunales de justicia, pero está ese vacío, por eso es fundamental que se legisle, porque no se puede delegar la responsabilidad a organismos internacionales porque sí".
Para el representante del ala liberal de RN, "el Gobierno no se ha decidido a legislar sobre estas materias y, por lo tanto, si el TPI no se aprueba es sólo por responsabilidad del Ejecutivo".
La ratificación del TPI requiere de 23 votos, es decir, tres quintos del Senado, por lo cual los sufragios de la derecha son fundamentales. El problema es que si bien Espina y otros RN, como Andrés Allamand, podrían dar su apoyo al Estatuto de Roma, otros como el conservador Sergio Romero están más cerca de la directriz que ha seguido el gremialismo y que se aleja de aceptar la jurisdicción del TPI.
Sule Culpa a Oposición
El diputado del PRSD Alejandro Sule culpó directamente a la oposición por la postergación de la votación que incorpora a Chile al tratado que creó el Tribunal Penal Internacional (TPI). De acuerdo con el parlamentario, dicha situación "es una irresponsabilidad de la derecha, sobre todo habiendo dado su palabra en octubre del 2005 a la Comisión de Constitución".
Sule aseveró que "se han generado excusas ante un tratado que es necesario firmar, pues da cuenta de la voluntad de la gran mayoría de los países de la comunidad internacional de crear un TPI permanente e independiente".
"La Alianza había comprometido su apoyo y creo que el Gobierno actuó correctamente al retirar el proyecto debido a la amenaza de la derecha de votarlo en contra. Creo que el Gobierno está buscando una mejor instancia para que este tratado sea aprobado", agregó.
En contraste con RN, que sólo exige la tipificación interna de los delitos que competen al Tribunal Penal Internacional, en la UDI hay mayor reticencia a que se acepte la jurisdicción de la entidad, en especial luego de que la CIDH se pronunció sobre la denegación de justicia en el caso Almonacid.Fue en noviembre de 2006 cuando el gremialismo resolvió que el consensuado respaldo al Tribunal Penal Internacional (TPI), cuya votación fue suspendida el martes por el Gobierno, ante la inminente falta de apoyo en el Senado, no se concretaría. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sancionó a Chile por denegación de justicia, a raíz de la aplicación de la ley de amnistía en la investigación del crimen de Luis Alfredo Almonacid Arellano -un profesor ejecutado el 17 de septiembre de 1973-, alertó a la oposición respecto de los riesgos que implica para el mundo militar, al cual el sector estuvo ligado durante la dictadura, ratificar el acuerdo con el Ejecutivo de aceptar la jurisdicción internacional.
El fallo de la CIDH fue crucial, incluso más que los reparos de Estados Unidos al TPI, al momento de definir la posición frente al proyecto que el Ejecutivo esperaba aprobar esta semana, porque, explicó ayer el timonel de la UDI, Hernán Larraín, la resolución "abrió una inquietud de que las reservas que la Constitución establecería y que habíamos convenido (con el Gobierno) no iban a ser respetadas por un tribunal externo".
En esta línea se estimó "que era prudente dejar pasar un tiempo y advertir cómo iba ser la operativa de la Corte Penal Internacional antes de que Chile adhiriera a ella". La lógica detrás de esta determinación es el temor, fundado tras el caso Almonacid, de que sean revisados por instituciones extraterritoriales procesos de violaciones a las garantías fundamentales que estén cerrados por la aplicación de la polémica normativa que absuelve crímenes contra los derechos humanos entre 1973 y 1978. De ahí la decisión de la UDI de retroceder en el comprometido apoyo a la validez del TPI.
Según Larraín, en la nueva perspectiva de su colectividad también han pesado otros elementos, ya que el acuerdo que se asumió con La Moneda en 2005 fue sobre la base de premisas que "han cambiado". "Entendíamos en ese minuto que no había consecuencias en la defensa y hay hechos que ocurrieron después y que según algunos son de una cierta magnitud", afirmó en referencia a la advertencia de Washington de frenar la cooperación militar con las naciones que apoyen la aplicación de las reglas del TPI.
Otro punto, agregó, es la necesidad de legislar acerca de los delitos de genocidio y lesa humanidad, normas que no existen en Chile. "Si nosotros no las tenemos y se aplica el tratado, se nos van a aplicar los conceptos de genocidio y delitos de lesa humanidad contenidos en el tratado, que son muy genéricos, muy amplios, es decir, hay un grado de incertidumbre jurídica muy grande", postuló Larraín.
Espina ‘Liberal'
Mientras en la UDI los argumentos para restar el apoyo al TPI son múltiples y prolíferos, en RN el senador Alberto Espina –que firmó el pacto con el Gobierno- está abierto a que la iniciativa sea aprobada con algunas condiciones. El legislador sostiene que, personalmente, la sentencia del caso Almonacid y los cuestionamientos a la ley de amnistía no inciden en su respaldo al Estatuto de Roma, pero -afirmó- él se resiste a dar su voto si el Ejecutivo no cumple con su promesa de enviar al Congreso una propuesta para complementar el tratado que creó el tribunal.
"El TPI sanciona tres delitos: delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Esos delitos no están tipificados en Chile y el TPI establece que si existe ese vacío, si alguien es acusado de alguno de esos ilícitos, es juzgado por la Corte Internacional. Si esos delitos existen en Chile son sancionados en nuestro territorio, y sólo si no se administra justicia, porque no operan los tribunales, pasa al TPI", explicó el parlamentario de RN.
Espina sostuvo que es un "falta de criterio" delegar a entidades externas la responsabilidad de penalizar ilícitos cuando es posible evitar tal instancia: "En Chile existen tribunales de justicia, pero está ese vacío, por eso es fundamental que se legisle, porque no se puede delegar la responsabilidad a organismos internacionales porque sí".
Para el representante del ala liberal de RN, "el Gobierno no se ha decidido a legislar sobre estas materias y, por lo tanto, si el TPI no se aprueba es sólo por responsabilidad del Ejecutivo".
La ratificación del TPI requiere de 23 votos, es decir, tres quintos del Senado, por lo cual los sufragios de la derecha son fundamentales. El problema es que si bien Espina y otros RN, como Andrés Allamand, podrían dar su apoyo al Estatuto de Roma, otros como el conservador Sergio Romero están más cerca de la directriz que ha seguido el gremialismo y que se aleja de aceptar la jurisdicción del TPI.
Sule Culpa a Oposición
El diputado del PRSD Alejandro Sule culpó directamente a la oposición por la postergación de la votación que incorpora a Chile al tratado que creó el Tribunal Penal Internacional (TPI). De acuerdo con el parlamentario, dicha situación "es una irresponsabilidad de la derecha, sobre todo habiendo dado su palabra en octubre del 2005 a la Comisión de Constitución".
Sule aseveró que "se han generado excusas ante un tratado que es necesario firmar, pues da cuenta de la voluntad de la gran mayoría de los países de la comunidad internacional de crear un TPI permanente e independiente".
"La Alianza había comprometido su apoyo y creo que el Gobierno actuó correctamente al retirar el proyecto debido a la amenaza de la derecha de votarlo en contra. Creo que el Gobierno está buscando una mejor instancia para que este tratado sea aprobado", agregó.
19 de enero de 2007
©la nación 
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